En el primer día completo de argumentos en el juicio político de Trump en el Senado, los administradores del proceso de la Cámara de Representantes presentaron piezas irrefutables y gráficas de evidencia del papel fundamental del expresidente en preparar y organizar el golpe de Estado político del 6 de enero. Trump ha quedado expuesto como un criminal político que causó la muerte de cinco personas ese día y por poco produce un baño de sangre mucho mayor.

La presentación documentó en detalle el caso resumido en términos generales el día anterior: Trump sembró dudas de antemano sobre la legitimidad de la elección, luego negó los resultados después de que el recuento mostró que había sufrido una derrota concluyente ante Joe Biden, y finalmente marcó el 6 de enero, la fecha de la certificación legislativa formal de los votos del Colegio Electoral, como su última oportunidad para permanecer en el poder.

Se presentó un vídeo nunca antes visto que muestra cuando los agentes del Servicio Secreto escoltan al vicepresidente Mike Pence y toda su familia de un escondite en el Capitolio hacia su escape, cuando un policía del Capitolio redirige al senador Mitt Romney para que se aleje de la turba cuando esta se acercaba, y cuando el senador Chuck Schumer da marcha atrás apresuradamente, junto con su equipo de seguridad, para evitar el ataque. Los administradores de la Cámara de Representantes reprodujeron una cinta de audio en la que se escucha a los asustados empleados de la presidenta Nancy Pelosi susurrando por un teléfono móvil mientras se esconden bajo una mesa en una sala de conferencias cerrada, mientras la turba hace estragos en el exterior.

El caudal de detalles estremecedores, vistos ahora por millones de personas, gracias a la cobertura ininterrumpida de las cadenas de noticias de televisión y de cable, tendrá sin duda un impacto en la opinión pública. Pero el marco político en el que se presentan estas pruebas tiene una importancia decisiva. Tal y como lo han desarrollado los demócratas de la Cámara de Representantes, y como lo han reforzado los medios de comunicación corporativos, se encubre por completo el carácter fundamental de los acontecimientos del 6 de enero.

Según los demócratas, el 6 de enero fue un esfuerzo puramente personal de Donald Trump para impedir el recuento de los votos electorales que sellarían su derrota en las elecciones presidenciales. Organizó la concentración de sus partidarios frente a la Casa Blanca, los incitó a marchar hacia el Congreso y “pelear” por su victoria, y luego se recostó a observar con aprobación cómo irrumpían en el Capitolio y detenían el recuento de los votos electorales. Toda la responsabilidad de los acontecimientos de ese día recae en Trump y solo en Trump.

Los demócratas no abordan el 6 de enero como un evento político. El Partido Republicano como institución no figura en lo acontecido y, de hecho, es presentado como una víctima igual junto a los demócratas.

Los demócratas no dijeron nada sobre los diputados y senadores republicanos —más de 150 en total— que votaron, pocas horas después de los sucesos en el Capitolio, a favor de hacer caso a Trump y rechazar los votos electorales de los estados ganados por Biden. Los demócratas habrían tenido perfectamente el derecho de exigir la exclusión de los senadores Ted Cruz y Josh Hawley del jurado por ser cómplices y coconspiradores de Trump. ¿Y, qué tal el senador Tommy Tuberville, a quien Trump llamó por teléfono en la tarde del 6 de enero para hablar sobre seguir retrasando la certificación, incluso mientras la turba estaba dentro del Capitolio tratando de bloquear la certificación por completo?

La gran mayoría de los republicanos, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, defendieron la negativa de Trump a conceder la elección, incluso después de que se completara el recuento de votos y se rechazaran todas las impugnaciones legales a los resultados. Legitimaron sus falsas afirmaciones de que las elecciones habían sido robadas, y contribuyeron así a alimentar la campaña que produjo los acontecimientos del 6 de enero.

El caso presentado por los administradores demócratas se convirtió en un patético llamado moral a los senadores republicanos para que condenen a Trump, impidiéndole postularse a la Presidencia en 2024. Incluso si este llamamiento tuviera éxito, impedirle a Trump una futura campaña es una cuestión menor comparada con la aparición de una poderosa tendencia fascista en la política estadounidense, que ahora domina el Partido Republicano.

Los demócratas saben muy bien que si el golpe hubiera tenido éxito en sus objetivos, Trump habría aprovechado la crisis para permanecer en el cargo indefinidamente, estableciendo una dictadura presidencial. El Partido Republicano habría respaldado tal resultado, independientemente de la voluntad de los votantes que rechazaron contundentemente el intento de reelección de Trump.

Los demócratas evitan todas esas cuestiones. Incluso el lenguaje que utilizan es revelador. Nunca se refieren al golpe como tal. El objetivo de instaurar a Trump como gobernante autoritario nunca se reconoce. Incluso minimizan el papel de los grupos fascistas como punta de lanza de los atacantes —ineludible dado el detallado informe de las acciones de los Proud Boys, los Oathkeepers y otros grupos fascista —. Como declaró el miércoles el principal gestor de la impugnación, Jamie Raskin, en su discurso de apertura: “No importa cuál fuera el contenido ideológico de la turba”. En realidad, el “contenido ideológico” es de importancia crítica: Trump buscaba retener el poder mediante la movilización de una turba dirigida por fascistas, porque buscaba establecerse como un gobernante fascista.

Los demócratas incluso se hicieron eco del lenguaje de la turba pro-Trump en sus propias presentaciones. Un encargado del juicio tras otro lamentó el fracaso de “nuestro comandante en jefe” a la hora de responder a las súplicas de los congresistas y senadores atrapados en el Capitolio por la turba. Trump no es ni ha sido nunca el “comandante en jefe”, y punto.

Ese término, tal y como se define en la Constitución de Estados Unidos, establece que el papel de los militares está subordinado a la autoridad civil: el más alto funcionario civil, el presidente elegido, actúa como “comandante en jefe” sobre el ejército estadounidense. El presidente no es “comandante en jefe” del Congreso, ni de otros funcionarios electos, estatales y locales, y mucho menos del pueblo estadounidense en su conjunto.

Ese uso convertiría al presidente en un rey o gobernante absoluto, y en realidad serviría para legitimar las pretensiones de la turba del 6 de enero de que estaban atacando el Congreso por orden del presidente, “su” comandante en jefe.

El esfuerzo demócrata por encubrir a los cómplices de Trump se extiende no solo al Partido Republicano, sino también a los funcionarios del poder ejecutivo, y especialmente a los militares. Las presentaciones de los administradores de la Cámara de Representantes dieron una cronología casi diaria de los esfuerzos de Trump para mantenerse en el cargo durante los últimos seis meses, pero evitaron una acción por completo: Trump despidió al secretario de Defensa, Mark Esper, quien se había opuesto a movilizar tropas contra la ola de protestas que siguió al asesinato policial de George Floyd el pasado mes de mayo, y lo sustituyó por Christopher Miller, un coronel retirado de las Fuerzas Especiales; además, instaló de repente a otros oficiales leales en el Pentágono tras las elecciones. Se trató de un esfuerzo para asegurar el control de las fuerzas armadas en caso de una crisis política como la que estuvo a punto de estallar por los acontecimientos del 6 de enero.

Este enfoque de dos caras —condenar a Trump mientras encubren a los republicanos— debilitó incluso las presentaciones más eficaces de los diputados demócratas. En un ejemplo, la representante Stacey Plaskett, delegada de las Islas Vírgenes, detalló el papel de Trump en la preparación de la marcha del 6 de enero, incluso en la determinación de la fecha de la protesta y su marcha hasta el Capitolio de los Estados Unidos. Señaló los planes que circulaban por Internet para convertir la marcha en un asalto directo al Capitolio, que estaban siendo monitoreados por la Casa Blanca y Trump personalmente. Citó los mensajes de las redes sociales en los que se pedía la creación de una “milicia MAGA” y se declaraba que era necesaria una “victoria táctica real como asaltar y ocupar el Capitolio” para “tener el efecto que queremos”.

Pero este relato plantea la pregunta: si Trump y la Casa Blanca estaban monitoreando estos pronunciamientos en las redes sociales, ¿no estaban haciendo lo mismo el FBI y otras agencias de seguridad e inteligencia? Teniendo en cuenta que los preparativos para un asalto al Capitolio eran tan públicos e incluso estaban siendo reportados por los medios corporativos, ¿cómo es posible que no se hizo nada para detenerlo? ¿Por qué no estaba preparada la policía del Capitolio? ¿Por qué no se alertó y se desplegaron fuerzas adicionales para ayudar a defender el Capitolio contra la amenaza de ataque?

Si el Partido Demócrata tuviera algún compromiso real con la defensa de la democracia, el Gobierno de Biden tendría motivos para investigar y procesar a Trump, a sus cómplices y facilitadores republicanos en el Congreso y a numerosos funcionarios del aparato de inteligencia y militar, así como a sus patrocinadores financieros, bajo cargos criminales de conspiración para derrocar la Constitución.

Pero pretendían hacer exactamente lo contrario. En varios momentos de las ocho horas de procedimientos del miércoles, el caso demócrata contra Trump sonó como un infomercial para el vicepresidente Mike Pence. El gestor demócrata del juicio político, Joaquín Castro, declaró: “El vicepresidente... es un hombre que respeta su juramento, su fe, su deber y, sobre todo, respeta su deber para con la Constitución. Y Mike Pence no es un traidor a su país”.

Este absurdo elogio —dirigido a un fanático de derecha y fundamentalista cristiano que ha respaldado a Trump en innumerables crímenes— tiene como objetivo potenciar a Pence como la alternativa dentro del Partido Republicano a Trump. Lo que los demócratas quieren por encima de todo es un Partido Republicano “responsable” con el que puedan colaborar, dándoles los medios para llevar a cabo el programa político de derechas exigido por Wall Street mientras se enfrentan a la creciente oposición social desde abajo.

Demostrar la complicidad del Partido Republicano en un intento de golpe de Estado fascista arruinaría esto. Biden ya ha dejado en claro que su prioridad política es mantener al Partido Republicano como una oposición “fuerte”, estableciendo la política a través de la colaboración “bipartidista”. Incluso afirma no estar prestando atención al juicio del Senado, a pesar de que implica la más grave amenaza a la democracia en la historia de Estados Unidos.

La conducta del Partido Demócrata en el juicio político refleja los intereses de clase que representa. Como partido de Wall Street y de las agencias militares y de inteligencia, los demócratas se oponen a cualquier exposición real de las fuerzas sociales y políticas que están detrás del golpe del 6 de enero.

Exponer en detalle el papel de Donald Trump es sólo el primer paso en una investigación sobre los acontecimientos del 6 de enero. Pero si el Partido Demócrata se sale con la suya, también será el último paso. La clase obrera debe oponerse y rechazar tal encubrimiento político de una amenaza mortal para sus derechos democráticos. Trump pretende establecer una dictadura autoritaria, y tiene muchos cómplices y coconspiradores. Cada uno de ellos debe ser expuesto y llevado ante la justicia.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 11 de febrero de 2021)