La ley “antiseparatista”, cuya aprobación en la Asamblea Nacional parece inminente, implemente una giro drástico y autoritario en el régimen político de Francia. Sus 51 artículos hacen trizas los derechos democráticos establecidos hace más de un siglo.

A pocas semanas del intento de golpe de Estado de Donald Trump en Washington, el asalto frontal a los derechos democráticos en Francia debe ser tomado como una advertencia para los trabajadores a nivel internacional. Ante el aumento de la oposición al capitalismo y del enejo entre los trabajadores y jóvenes por la política asesina de salud que ha causado dos millones de muertes por COVID-19, la aristocracia financiera está girando hacia la dictadura.

El Gobierno del presidente francés Emmanuel Macron presenta su ley como un arma para erradicar el apoyo “separatista” al islamismo y al terrorismo y para forzar la lealtad al Estado y a sus prohibiciones derechistas de los velos musulmanes o hiyab. Reescribiendo —de hecho, destrozando — la ley de laicidad de 1905 que estableció la separación de la Iglesia y el Estado, la “ley antiseparatista” otorga al Estado un amplio control sobre la organización y la financiación de las instituciones religiosas y poderes arbitrarios para cerrar los lugares de culto. En toda Francia, ya se han cerrado nueve mezquitas y 76 están amenazadas con cierres.

Aprovechando esta amenaza, Macron ya le impuso al Consejo Musulmán Francés un nuevo estatuto humillante, que obliga a los musulmanes a obedecer la “cohesión nacional” y el “orden público”. Esto establece efectivamente a los musulmanes como una categoría separada de ciudadanos sujetos a un juramento de lealtad. Es imposible no recordar que, en el siglo XX, los regímenes fascistas incitaron el odio antisemita para dividir a la clase trabajadora e imponer políticas asesinas.

Además, sería un error considerar esta ley como un ataque a los derechos únicamente de los musulmanes u otros creyentes. El artículo 8 impone el principio fascistizante de que las asociaciones —es decir, organizaciones como las benéficas, los grupos comunitarios y los partidos políticos, creados bajo los términos de una ley de 1901— son colectivamente responsables de las acciones de cada uno de sus miembros individuales.

Esto abre el camino a las prohibiciones arbitrarias de las organizaciones culturales y políticas. La policía podría citar cualquier infracción cometida por un miembro de una asociación para declarar a toda la asociación como criminal, prohibirla y potencialmente procesar a sus miembros. Es un ataque a toda la clase trabajadora.

Como ocurre en toda Europa y a nivel internacional, la clase dominante está cultivando fuerzas abiertamente fascistas. El ministro del Interior, Gérald Darmanin, de 38 años, que supervisó la redacción de la ley, no oculta sus simpatías fascistoides. A la pregunta de si la ley podría utilizarse para prohibir partidos, Darmanin respondió que no perseguiría al partido de extrema derecha Acción Francesa (AF), a pesar de que pretende derrocar la República y sustituirla por una monarquía absoluta, como antes de la Revolución Francesa de 1789. Los miembros de AF confirmaron posteriormente que Darmanin militó en su partido en 2008, y que posteriormente se unió a Los Republicanos y luego al partido de Macron.

Las leyes de 1901 y 1905, a las que ahora apunta Macron, se establecieron en una lucha contra Acción Frances, los más despiadados defensores intelectuales del antisemitismo político, el monarquismo y, en última instancia, el anticomunismo y el fascismo en Francia.

Acción Francesa se fundó en 1898 para mantener en la cárcel al capitán Alfred Dreyfus, quien era judío, tras su injusta condena en 1894 por falsos cargos de espionaje por parte del Ejército, respaldado por la Iglesia. El movimiento socialista, dirigido por Jean Jaurès, desempeñó el papel principal en la lucha que estableció la inocencia de Dreyfus. La devastadora derrota de Acción Francesa en el caso Dreyfus preparó la aprobación de las leyes de 1901 y 1905, que garantizaron la libertad de asociación y la libertad religiosa.

Durante la Segunda Guerra Mundial, Acción Francesa fue la base política del régimen colaboracionista nazi de Vichy. El líder de Acción Francesa, Charles Maurras, saludó la llegada al poder del dictador colaboracionista Philippe Pétain en 1940 como una “sorpresa divina”. Después de la guerra, cuando Pétain y Maurras fueron condenados por traición, Maurras comentó amargamente que era “la venganza de Dreyfus”.

Con la ley “antiseparatista”, el Gobierno de Macron está preparando la venganza de Maurras. Ha repudiado sus pretensiones durante las elecciones de 2017 —que Macron era una alternativa “democrática” a la candidata neofascista Marine Le Pen—.

En 2018, en medio de las protestas masivas de los “chalecos amarillos” contra la desigualdad social, Macron aclamó a Pétain como un “gran soldado”. Ahora, rechazando el apoyo generalizado de la población y los llamamientos de la comunidad médica a una orden de refugio en casa para enfrentar el COVID-19, el Gobierno persigue una línea de extrema derecha. La semana pasada, en un debate televisivo en horario de máxima audiencia, Darmanin atacó a Le Pen desde la derecha por ser “blanda” con el islam, diciéndole que tomara “vitaminas”.

El giro hacia el autoritarismo está ligado a la política homicida de la clase dirigente en respuesta a la pandemia de coronavirus. Como ha explicado el WSWS, la pandemia de COVID-19 es un acontecimiento desencadenante en la historia mundial. Para implementar su política homicida, la clase dominante a nivel internacional está cultivando fuerzas fascistas y recurriendo a formas autoritarias de gobierno.

En toda Europa están en marcha procesos similares. En España, el Ejército reaccionó a las huelgas del año pasado que forzaron la adopción de una política de bloqueo tramando golpes de Estado y rehabilitando al golpista y dictador fascista de 1936, Francisco Franco. En Italia, el banquero Mario Draghi está formando un Gobierno de “inmunidad colectiva”, que incluye tanto al partido de extrema derecha Lega como al exestalinista Partido Democrático. Y la burguesía alemana está intensificando tanto sus llamamientos al rearme como sus campañas para rehabilitar a los nazis.

La fuerza que históricamente se movilizó contra el fascismo, y que hoy debe volver a movilizarse, es la clase obrera internacional, luchando con un programa socialista. Vencer los ataques fascistas contra los derechos democráticos fundamentales, impulsados por el afán de lucro de los bancos, requiere construir un movimiento para transferir el poder a la clase obrera. Esta lucha no puede dejarse en manos de las burocracias sindicales ni sus aliados políticos reaccionarios.

En Francia, los partidos pseudoizquierdistas de la clase media acomodada, que apoyaron tácitamente a Macron en 2017, han respaldado la política de “inmunidad colectiva” de Macron y la ley “antiseparatista”. El estalinista Partido Comunista Francés y el partido Francia Insumisa (LFI) de Jean-Luc Mélenchon, que inicialmente calificaron la ley de “inútil y peligrosa” y de “lío de amalgamas” contra los musulmanes, votan ahora a favor de los artículos de la ley en la Asamblea Nacional. Vinculados a Macron y financiados por los rescates financieros pandémicos de la Unión Europea, están girando bruscamente hacia la derecha.

El historial del Gobierno de Macron ha confirmado la evaluación realizada por el Parti de l'égalité socialiste, la sección francesa del CICI, en las elecciones de 2017. Ante una segunda vuelta entre Macron y Le Pen, llamó a un boicot activo de las elecciones, subrayando que Macron no era una alternativa a Le Pen y que habría que construir un movimiento políticamente independiente en la clase trabajadora contra cualquiera de los candidatos que ganara.

Contra la “inmunidad colectiva” y las políticas fascistizantes, el Parti de l'égalité socialiste lucha por renovar en la clase obrera sus grandes tradiciones de lucha socialista.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 15 de febrero de 2021)