El jueves, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el Partido Demócrata pusieron fin a los esfuerzos por aumentar el salario mínimo federal a 15 dólares la hora como parte del paquete de estímulo por COVID-19 que se está tramitando en el Congreso. El salario mínimo federal actual de 7,25 dólares la hora no se ha incrementado desde 2009, y la eliminación del aumento dejará a millones de trabajadores en la más absoluta indigencia.

La Casa Blanca y los demócratas del Congreso han tratado de hacer creer falsamente que tienen las manos atadas, poniendo como excusa el criterio consultivo de la árbitra en asuntos parlamentarios del Senado, Elizabeth McDonough. McDonough, una funcionaria no elegida nombrada para su función por los demócratas en 2012, dictaminó que no es permitido incluir un incremento salarial en un proyecto de ley que utilice el proceso de conciliación presupuestaria.

Pero la decisión de los demócratas de abandonar el aumento salarial es su elección, incluso su preferencia, no una necesidad.

La vicepresidenta Kamala Harris, en su papel de presidenta del Senado, tiene la capacidad de invalidar el dictamen de la árbitra del Senado. O bien, si los demócratas tuvieran alguna inclinación a presionar el asunto, podrían haber despedido a McDonough y sustituirla, como hicieron los republicanos para hacer avanzar los recortes fiscales en el Senado bajo el entonces presidente George W. Bush en 2001.

Sin embargo, los demócratas han rechazado llanamente estas opciones. Por el contrario, durante varias semanas, Biden ha dejado en claro --sin manifestar explícitamente su deseo-- que espera que el aumento salarial no sobreviva en el Senado, y un funcionario de la Casa Blanca dijo a CNN que consideran el dictamen de la árbitra parlamentaria como algo positivo, que “despeja el camino” para el proyecto de ley, que ahora se diluirá aún más en el Senado.

Algunos demócratas del Senado, entre ellos el presidente de la comisión presupuestaria del Senado, Bernie Sanders, han intentado posteriormente salvar su imagen diciendo que están estudiando la posibilidad de utilizar incentivos fiscales para animar a las grandes empresas a aumentar los salarios. Sin embargo, tal propuesta, además de que es improbable su aprobación por la árbitra y los 50 senadores demócratas, sería inevitablemente una medida desdentada, que eximiría a grandes sectores del empresariado mientras subvenciona a otros.

De manera reveladora, Biden ha demostrado que, cuando se trata de defender los intereses del imperialismo estadounidense, no ve la menor necesidad de respetar las normas parlamentarias ni legales. Mientras los funcionarios demócratas se lamentaban en la prensa por su impotencia para superar las arcanas reglas del Senado para aumentar el salario mínimo, llovían misiles estadounidenses sobre Siria, en un ataque ordenado por Biden sin ninguna pretensión de autorización del Congreso ni respeto por el derecho estadounidense o internacional.

Pocas semanas desde el inicio del Gobierno de Biden, el Partido Demócrata está demostrando una vez más su total sumisión a los intereses de la oligarquía financiera y su oposición a cualquier medida significativa para atender las necesidades de la clase trabajadora.

El previsible cinismo, duplicidad y falta de carácter de los demócratas respecto al aumento del salario mínimo a 15 dólares, una promesa central de la campaña de Biden, expone al mismo tiempo la bancarrota de la perspectiva propugnada por Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez, los Socialistas Demócratas de Estados Unidos (DSA, por sus siglas en inglés), y otros promotores pseudoizquierdistas del Partido Demócrata, de que representa el “mal menor” y que puede ser presionado para implementar reformas progresistas.

El salario mínimo de 15 dólares en sí habría sido un salario de pobreza, sumamente inadecuado para cubrir el coste de vida en gran parte de Estados Unidos. Según la propuesta demócrata, el salario mínimo federal no habría alcanzado los 15 dólares hasta 2025, erosionando para entonces su poder adquisitivo por la inflación.

Si el salario mínimo federal hubiera seguido el ritmo de la inflación y el aumento de la productividad desde 1968, ahora sería de unos 24 dólares, lo que subraya el carácter mísero de la propuesta de 15 dólares.

Pero incluso esta mísera mejora en cuanto a una necesidad social desesperada ha demostrado ser efectivamente imposible de promulgar bajo las Administraciones demócratas y republicanas, que subordinan todas las decisiones a las necesidades de las grandes empresas y de la oligarquía financiera.

El actual salario mínimo federal de 7,25 dólares –aproximadamente 15.000 dólares al año antes de impuestos para un solo trabajador— equivale a raciones de hambre. Los casi 12 años transcurridos desde su último aumento es el período más largo en la historia sin un incremento desde que se instituyó el salario mínimo nacional en virtud de la Ley de Normas Laborales Justas de 1938, en medio de las explosivas batallas de clase de la Gran Depresión.

La prolongada congelación del salario mínimo federal durante este tiempo no es un accidente. El período que siguió a la crisis económica y la recesión de 2008-2009 se caracterizó por una enorme redistribución de la riqueza hacia arriba, de la mayoría de la población hacia la cima de la sociedad, llevada a cabo por la Administración del presidente demócrata Barack Obama y acelerada bajo su sucesor, el republicano Donald Trump.

La desigualdad social se disparó entre 2009 y 2020, y se produjo el mayor salto del mercado bursátil de la historia de Estados Unidos: el índice bursátil S&P 500 se triplicó con creces durante ese periodo, y la riqueza total de los milmillonarios estadounidenses se disparó de unos 1,3 billones de dólares a unos 4 billones.

La vertiginosa subida del valor de las acciones y de las fortunas de los más ricos se ha basado en dos procesos. En primer lugar, el suministro prácticamente infinito de dinero barato por parte de la Reserva Federal y los bancos centrales, que ha aumentado enormemente desde el inicio de la pandemia. En segundo lugar, la dramática intensificación de la explotación de la clase trabajadora, ejemplificada por la reestructuración de la industria automovilística llevada a cabo por Obama en 2009, cuando redujo los salarios de los nuevos empleados a la mitad.

Estas condiciones de bajos salarios, perpetuadas tanto por los demócratas como por los republicanos a través de la supresión del salario mínimo y otros medios, se han convertido en factores fundamentales para el funcionamiento del capitalismo estadounidense, la inflación artificial de los precios de las acciones y el mantenimiento y crecimiento de las fortunas de la oligarquía financiera.

La función del llamado ala progresista del Partido Demócrata, junto con los partidarios de la pseudoizquierda como DSA, la revista Jacobin y Alternativa Socialista, es encubrir esta realidad básica y convencer a los trabajadores y a los jóvenes de que todavía se pueden lograr reformas progresistas dentro del capitalismo en general, y bajo los demócratas en particular.

Sanders, Ocasio-Cortez y los principales miembros de DSA apoyaron a Biden en 2020, aclamándolo como una alternativa a las políticas reaccionarias de Trump. Cuando hacía campaña por el candidato demócrata al Senado de Georgia, Jon Ossoff, Sanders presentó el control demócrata del Senado como el camino hacia reformas de gran alcance, tuiteando: “Un salario mínimo de 15 dólares, la lucha contra el cambio climático y la ampliación de la atención sanitaria están en juego en la segunda vuelta del Senado de hoy”.

Esta afirmación tardó menos de dos meses en ser desmentida, al igual que todas las garantías políticas fraudulentas de Sanders antes. Biden y los demócratas no son capaces ni están dispuestos a elevar el nivel de vida de los trabajadores, abordar de forma significativa el cambio climático, poner fin a la maquinaria bélica estadounidense ni resolver cualquiera de los otros grandes problemas sociales a los que se enfrenta la humanidad.

Con el control de la Casa Blanca y de ambas cámaras del Congreso, los demócratas defenderán agresivamente los mismos intereses fundamentales de clase que sus homólogos republicanos, es decir, los de la clase dominante capitalista. Esto implicará ataques cada vez más brutales contra los trabajadores a nivel nacional –incluyendo los intentos de reabrir las escuelas y los lugares de trabajo mientras la pandemia continúa— y más agresiones imperialistas depredadoras y potencialmente catastróficas en el extranjero, como lo demuestran los ataques aéreos contra Siria de la semana pasada.

La única alternativa se basa en la clase obrera, el desarrollo de la lucha de clases y un programa socialista. La destrucción del nivel de vida de los trabajadores y el grotesco enriquecimiento de la clase dominante plantean objetivamente la necesidad de expropiar a los oligarcas y poner a las principales empresas y bancos bajo el control democrático de los trabajadores y redistribuir esta inmensa riqueza sobre la base de las necesidades sociales, como parte de la lucha por el socialismo a nivel internacional.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 1 de marzo de 2021)