Se ha producido un desastre humanitario en Nicaragua según el Gobierno del presidente Daniel Ortega se arrastra ante los intereses patronales, particularmente el imperialismo estadounidense, en su respuesta a crisis políticas, económicas y ambientales cada vez más graves.

Tres años desde que aplastó protestas masivas detonadas por recortes a las pensiones que había exigido el FMI, dejando más de 300 muertos y cientos más heridos, el Gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) ha empleado medidas cada vez más autoritarias para suprimir la oposición popular a su política de inmunidad colectiva ante la pandemia de COVID-19.

Lo que es más urgente, cuatro meses después de que dos potentes huracanes devastaran gran parte de la región del Caribe norte de Nicaragua, cientos de miles siguen privados de sus necesidades básicas.

Aproximadamente medio millón de personas en la región del Caribe norte permanecen sin agua corriente, según la UNICEF, y “dependen del agua de lluvia para consume y saneamiento” en plena temporada seca. La agencia añade que 1,8 millones de personas siguen necesitando ayuda humanitaria, incluyendo 720.000 niños.

Las comunidades de la región, predominantemente de indígenas miskitos, han sufrido por meses escasez de agua, electricidad y agua, mientras intentan a duras penas reconstruir sus hogares de la madera caída.

Un reporte de Onda Local publicado la semana pasada descubrió que la ayuda del Gobierno se ha limitado a láminas de zinc y clavos insuficientes, así como utensilios de cocina, pero los residentes piden madera, agua, comida y ropa. Más allá, son urgentes las reubicaciones de pueblos enteros, así como infraestructura sólida para hogares, caminos, puentes edificios públicos, tratamiento de agua y corriente eléctrica, debido a las advertencias de expertos de que las tormentas se seguirán intensificando debido al calentamiento global.

En Haulover, donde había más de mil habitantes, la economía se basaba en recibir turistas atraídos a las playas, pero ahora es un desierto plagado por mosquitos.

En Wauhta Bar, que depende de la agricultura, una mujer explicó: “Hacemos diferentes trabajos acá, tenemos nuestros propios negocios, antes del huracán criábamos animales, vendíamos pescado… Pero ahora estamos paradas totalmente”. Las familias no tienen dinero para invertir en granos, animales o botes, añade el reporte.

El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas calcula que la población que pasa hambre se ha multiplicado por cuatro en los dos últimos años en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, con 1,7 millones de personas que sufren un nivel de inseguridad alimentaria “de emergencia”. La escasez de alimentos es especialmente crítica a lo largo de la región del Pacífico, que ha sido bautizada como “El Corredor Seco Centroamericano” tras años de graves sequías.

Mientras tanto, el coronavirus sigue propagándose sin obstáculos. El Ministerio de Salud ha informado de un total de 6.582 casos de coronavirus y 176 muertes, la cifra oficial más baja de muertes por millón en América, excepto Haití. Sin embargo, el Gobierno de Ortega nunca puso en marcha un cierre de las escuelas ni de las actividades no esenciales, y estas cifras son sumamente incompletas. Los informes sobre hospitales desbordados y entierros nocturnos ya en mayo de 2020 fueron seguidos por una oleada de despidos de trabajadores sanitarios que alzaron la voz.

El Observatorio Ciudadano de COVID-19, compuesto por trabajadores y funcionarios de la salud que recopilan cifras sobre los casos sospechosos de COVID-19 y las muertes basadas en los síntomas, reportó un total de 13.728 casos sospechosos y 3.009 muertes hasta el 17 de marzo, incluidas 117 muertes entre los trabajadores sanitarios. El informe cita siete nuevas muertes en la semana anterior y advierte específicamente del aumento de los brotes entre estudiantes y profesores.

Un Comité Científico Multidisciplinario, creado también por especialistas en salud durante la pandemia, determinó que solo entre marzo y agosto, según datos del Gobierno, el país registró 7.772 muertes en exceso.

El programa de vacunación comenzó el 2 de marzo en pacientes con cuadros crónicos, yendo en contra de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud de comenzar con el personal sanitario. El país ha recibido 135.000 dosis del Programa COVAX dirigido por la ONU y 6.000 dosis donadas por Rusia.

Los funcionarios sandinistas se han jactado de que el país experimentó un aumento del 9,5 por ciento en las exportaciones durante el año 2020, presumiblemente el único país del mundo con tal salto. El presidente de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, Wálmaro Gutiérrez, exclamó en televisión: “La realidad, los hechos, los resultados han demostrado que la decisión de no cerrar la economía fue la más acertada”.

Pero mientras las grandes transnacionales textiles y agrícolas siguen sacando beneficios de los trabajadores mal pagados de Nicaragua, el comercio y otros sectores se vieron gravemente afectados, dado que la mayoría de los nicaragüenses han tratado de limitar su propia exposición al virus. En 2020, se perdieron unos 21.000 empleos formales afiliados al sistema de seguridad social y muchos más en el sector informal, que comprende el 75 por ciento de los trabajadores.

La consultora empresarial Copades, que anteriormente ha alabado las políticas de Ortega, estimó que cerca del 30 por ciento de la población económicamente activa no generó ningún ingreso en 2020, y criticó al Gobierno por no proporcionar ningún tipo de ayuda a los trabajadores ni a las pequeñas empresas.

La Comisión Económica para América Latina de la ONU pronosticó que el porcentaje de individuos bajo el umbral de la pobreza aumentaría del 46 al 50,7 por ciento debido a la crisis de 2020.

Desde las protestas masivas y la represión de 2018, 88.000 nicaragüenses han solicitado asilo político en Costa Rica, donde viven más de 300.000 nicaragüenses. Los superexplotados migrantes nicaragüenses representaron en un momento dado un tercio de todos los contagios en Costa Rica, incluso cuando el porcentaje con empleos cayó del 93 por ciento al 59 por ciento en 2020, según la ONU.

Si bien los ingresos fiscales se mantuvieron relativamente estables, la Administración del FSLN solicitó 1.670 millones de dólares en préstamos en 2019-2020. Esto incluye al menos 185 millones de dólares del FMI, aprobados en noviembre pasado. Esto es políticamente significativo dado el rechazo absoluto a la solicitud de préstamo de emergencia de Venezuela. El FMI ha expresado una gran confianza en la capacidad de Nicaragua para pagar sus préstamos, incluso después de tres años consecutivos de recesión.

“Una ampliación del déficit presupuestario este año para preservar la salud pública y contener el impacto económico de la pandemia es apropiada”, dice el anuncio del FMI. Y añade: “Las autoridades se han comprometido a salvaguardar la sostenibilidad de la deuda a mediano plazo y a reconstruir las reservas una vez que la pandemia merme”, incluyendo “reformas estructurales”. Estos son los eufemismos habituales para referirse a profundos recortes sociales.

Detrás de esta confianza yace la voluntad del régimen de Ortega de reprimir brutalmente la oposición de la clase trabajadora contra la austeridad y de sacrificar innumerables vidas en defensa de las ganancias empresariales durante la pandemia. Una reforma constitucional aprobada en enero castigará con cadena perpetua los poco definidos “crímenes de odio”, mientras que 13 de los participantes en las protestas de 2018 siguen tras las rejas.

Nicaragua es el único país centroamericano que no registró un déficit público en 2019, luego de que su gasto social cayera 3,3 por ciento. El gasto social per cápita bajó de 207 a 190 dólares, lo que lo convierte junto a Honduras en el más bajo de América, frente a los más de 2500 dólares de Chile y Uruguay.

Más allá de sus políticas favorables a los inversores, el paso más importante para ganarse el favor del imperialismo estadounidense ha sido el abandono del proyecto de un canal interoceánico con una firma china, que desapareció de la discusión pública tras las protestas de 2018. Bajo el mandato de Ortega, Nicaragua también ha participado en los ejercicios militares anuales Panamax patrocinados por Estados Unidos y basados en el escenario de proteger el Canal de Panamá.

Este acercamiento a Washington ha sido reciprocado a través de préstamos del FMI, una cantidad simbólica de ayuda de USAID después de los huracanes, y un régimen de sanciones a funcionarios e instituciones públicas que ha sido mucho menos oneroso que aquellos que están destruyendo las economías de Irán y Venezuela.

Sin embargo, con matonismo Washington ha seguido amenazando al régimen de Ortega para mantenerlo alineado con el imperialismo estadounidense, en la medida en que Washington intensifica su confrontación de “gran potencia” con China y Rusia.

El Departamento de Estado de Biden acusó a Ortega de empujar a Nicaragua hacia la “dictadura”, mientras que el jefe del Comando Sur de EE.UU., el almirante Craig Faller, nombró a Cuba, Venezuela y Nicaragua como “actores estatales regionales malignos”. Faller afirmó que Rusia está empleando asistencia en seguridad y humanitaria “en una estrategia para subyugar al Gobierno nicaragüense y contrarrestar los objetivos regionales de Estados Unidos”. Significativamente, no mencionó a China.

Además, en 2020, la Fundación Nacional para la Democracia (NED por sus siglas en inglés) de Estados Unidos desembolsó 1,57 millones de dólares para sus programas en Nicaragua, que se utilizan para financiar medios de comunicación, partidos políticos y grupos de protesta opuestos a Ortega. Esto eleva el total gastado por la NED en Nicaragua a 6 millones de dólares en los últimos cinco años.

Sin embargo, estas organizaciones patrocinadas por Estados Unidos, incluyendo a políticos y líderes estudiantiles que se reportan físicamente del Departamento de Estado, desempeñaron un papel clave en encarrilar las manifestaciones masivas detrás de la inútil mesa de diálogo con el Gobierno de Ortega a lo largo de 2018.

El lunes, Biden nombró a Ricardo Zúñiga, quien fue director de Asuntos del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional de Obama, como su enviado especial al Triángulo Norte de Centroamérica. Durante un reciente debate auspiciado por Inter-American Dialogue, pidió junto a varios analistas y expresidentes centroamericanos que Biden incluya a Nicaragua en su plan de $4.000 millones para el Triángulo Norte, con Zúñiga afirmando que “Nicaragua debería ser parte de todo”.

En el foro del Inter-American Dialogue, Cristiana Chamorro, probable candidata presidencial e hija de la expresidenta apoyada por EE.UU., Violeta Barrios, calificó al régimen de Ortega como “una amenaza para la seguridad del continente americano”, pero luego llamó a Biden a “negociar con Ortega y entender qué es lo que Ortega necesita en este momento”, y eventualmente “iniciar profundas negociaciones para restaurar la democracia”.

Los partidos de la oposición apoyados por Estados Unidos, que siguen siendo muy impopulares según las encuestas, han denunciado hostigamiento de la policía y esfuerzos por interrumpir sus campañas de cara a las elecciones presidenciales de noviembre de 2021. Sin embargo, aunque siguen profundamente divididos, han insistido en que participarán en las elecciones y buscarán un candidato común.

Las políticas derechistas y la pobreza generalizada presididas por el FSLN, que llegó al poder por primera vez durante la revolución de 1979 como uno de los movimientos nacionalistas pequeñoburgueses más radicales del hemisferio, son una prueba del callejón sin salida que representan todas las tendencias nacionalistas y procapitalistas, promovidas por mucho tiempo como alternativas a la lucha por una dirección genuinamente marxista en la clase obrera.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 23 de marzo de 2021)