En una sangrienta represión el sábado, la policía y las tropas en Birmania dispararon y mataron al menos a 114 personas ante las continuas protestas en todo el país contra el golpe militar del 1 de febrero que derrocó el Gobierno electo encabezado por Aung San Suu Kyi. Según el último recuento de la Asociación de Asistencia a Presos Políticos, al menos 423 personas han muerto desde el golpe de Estado.

A medida que la junta endurece su censura, los detalles de lo que está sucediendo en las calles de Birmania son cada vez más limitados. A partir del 18 de marzo, los últimos periódicos independientes del régimen suspendieron sus publicaciones, dejando a la población dependiente de los medios en línea y las redes sociales, que también se han visto afectados por las restricciones y cierres impuestos por la junta.

En su resumen de la violencia militar, Myanmar Now confirmó que el mayor número de víctimas se había producido en las dos ciudades más grandes: 28 muertos en Yangon y 38 en Mandalay. Sin embargo, los asesinatos se extendieron por todo el país, lo que indica el alcance del movimiento de protesta contra el golpe. La publicación en línea proporcionó algunos detalles de los eventos en los municipios de Yangon:

* Al menos cuatro personas murieron y varias resultaron heridas en el municipio suburbano de Dala, cuando las tropas abrieron fuego contra manifestantes frente a una comisaría, quienes exigían la liberación de dos mujeres.

* Cuatro personas murieron a tiros en Insein durante la represión de una protesta.

* Un bebé de un año resultó herido tras recibir un disparo en el ojo con una bala de goma en el municipio de Mayangone de Yangon. En Mandalay, entre los muertos se encontraba una niña de 13 años en Meikhtila que recibió un disparo en su casa después de que las fuerzas de seguridad abrieran fuego contra zonas residenciales. Es una de al menos seis niños entre las edades de 10 y 16 que fueron asesinados en todo el país el sábado.

Se informó de decenas de muertes en otras ciudades, como Dawei y Kawthaung en la región de Tanintharyi; Monywa, Sagaing y Shwebo en la región de Sagaing; Myingyan y Sintgaing en Mandalay; Kyaikhto en el estado de Mon; y Pathein en la región de Irrawaddy.

El medio Irrawaddy proporcionó más detalles de los eventos en el municipio de Insein en Yangon, donde los residentes colocaron barricadas en las primeras horas del sábado. La policía y los soldados entraron y los asesinatos comenzaron a partir de las 6 a.m. Los residentes de Insein contraatacaron con todo lo que pudieron encontrar, desde ladrillos rotos hasta tirachinas, cócteles Molotov y neumáticos en llamas.

Una enfermera que formaba parte de un equipo médico local dijo a la publicación que entre los muertos y heridos había un repartidor de agua potable y otros transeúntes. Denunció a los militares como “demonios” y preguntó: “¿Cómo puede un ser humano comportarse así? Ni siquiera puedo encontrar palabras adecuadas para describir su brutalidad”.

Han aparecido informes de intensos combates entre el ejército y varias milicias étnicas, principalmente en el norte del país. Se estima que unas 3.000 personas huyeron por la frontera con Tailandia después de que aviones militares bombardearan áreas controladas por la milicia de la Unión Nacional Karen (KNU, por sus siglas en inglés), matando al menos a tres civiles.

La brutal represión militar continuó el domingo cuando reaparecieron las protestas en varias ciudades y pueblos. Testigos presenciales informaron que las fuerzas de seguridad abrieron fuego contra un funeral de un estudiante de 20 años en Bago, cerca de Yangon. Si bien no se han confirmado las muertes, otras 12 personas murieron ayer en tiroteos en otras partes de Birmania.

Los asesinatos del sábado tuvieron lugar cuando la junta celebró el Día de las Fuerzas Armadas de Birmania con un desfile militar en la capital, Naypyitaw. En el desfile, el líder de la junta, el general mayor Min Aung Hlaing, declaró absurdamente que los militares protegerían al pueblo y lucharían por la democracia.

El ejército ha intentado justificar su toma del poder con falsas acusaciones de que las elecciones nacionales celebradas en noviembre pasado, ganadas de forma abrumadora por la Liga Nacional para la Democracia (NLD, por sus siglas en inglés) de Suu Kyi, fueron manipuladas. También ha afirmado que los jóvenes manifestantes están siendo engañados por “secuaces extranjeros”, una vez más sin ningún fundamento.

Sin duda alguna, Estados Unidos y sus aliados están tratando de explotar la situación en Birmania para sus propios fines. Los asesinatos del sábado fueron seguidos por una avalancha de protestas diplomáticas. El canciller de Estados Unidos, Antony Blinken, tuiteó que su país estaba “horrorizado por el derramamiento de sangre perpetrado por las fuerzas de seguridad birmanas, lo que demuestra que la junta sacrificará la vida de la gente para servir a unos pocos”.

En una asombrosa muestra de hipocresía, los jefes de las fuerzas armadas de los EE.UU. y 11 aliados estadounidenses, incluidos Australia, Canadá, Japón, Alemania, el Reino Unido, Corea del Sur y Nueva Zelanda, emitieron un comunicado condenando el uso de la fuerza contra manifestantes desarmados. “Un ejército profesional sigue las normas internacionales de conducta y es responsable de proteger, no de perjudicar, a las personas a las que sirve”, sermonea.

Todas estas potencias son responsables de crímenes de guerra, incluyendo masacres de civiles en las guerras ilegales de agresión del imperialismo estadounidense en Afganistán, Irak y otros lugares. La Administración de Biden está avanzando otra campaña más de “derechos humanos” en un intento por promover sus intereses estratégicos en Birmania y la región del Indo-Pacífico en general. La campaña está dirigida en particular contra China y Rusia, que demostraron su apoyo a la junta enviando representantes al desfile militar del sábado.

Estados Unidos no tiene ningún interés en los derechos democráticos en Birmania, ni en ningún otro lugar. Biden fue vicepresidente de la Administración de Obama, que negoció un acuerdo podrido entre Suu Kyi y el ejército para liberarla en 2010 y permitir elecciones sobre la base de una Constitución antidemocrática. Suu Kyi se convirtió efectivamente en la embajadora itinerante de un régimen dominado por los militares, lo cual quedó evidentemente expuesto al defender las atrocidades militares contra la minoría musulmana rohingya en 2017.

La Administración de Obama consideró el acuerdo como un logro diplomático importante porque Birmania, que había estado estrechamente alineado con China, cambió su postura de política exterior a favor de Estados Unidos. De repente, en la propaganda de Washington, Birmania ya no era “un Estado canalla” sino “una democracia en desarrollo” y las relaciones estadounidenses se desarrollaron en todos los niveles, incluido el ejército del país. La intervención de Obama en Birmania fue parte de su “giro hacia Asia” más amplio, el cual estaba dirigido contra China e involucraba preparativos para la guerra.

Ahora, la Administración de Biden, a medida que intensifica su confrontación con China, ve la oportunidad de volver a ejercer presión, incluso imponiendo sanciones, para imponer un régimen en Naypyitaw más alineado con Washington. Estados Unidos está perfectamente dispuesto a utilizar de nuevo a Suu Kyi e ignorar su defensa de los crímenes militares contra los rohingya. Suu Kyi y su NLD representan sectores de la clase capitalista en Birmania que son hostiles al dominio económico de los militares y se han orientado hacia Occidente en busca de apoyo.

La voluntad de Suu Kyi de actuar como apologista de las atrocidades militares subraya la debilidad política del movimiento de protesta contra el golpe del 1 de febrero. Si bien las protestas han involucrado a amplias capas de la población, incluidos sectores de la clase trabajadora, los líderes de la oposición han limitado sus objetivos a la reinstalación del Gobierno de la NLD liderado por Suu Kyi, que demostró repetidamente su voluntad de sacrificar los derechos democráticos.

Una lucha auténtica por la democracia debe abordar los problemas sociales urgentes que enfrentan los trabajadores, que se han visto exacerbados por la pandemia de COVID-19: el desempleo, los bajos salarios, las condiciones de explotación y la pobreza extrema. Todos los sectores de la burguesía, incluidos los representados por la NLD, son hostiles a un movimiento de masas de la clase obrera que plantee sus propias demandas de clase, que solo pueden cumplirse mediante la lucha por un Gobierno obrero y campesino y políticas socialistas.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 28 de marzo de 2021)