Un año después, el 25 de mayo de 2020, George Floyd Jr. fue asesinado por la policía de Minneapolis a plena luz del día, cuando el oficial Derek Chauvin presionó su rodilla en el cuello de Floyd por más de nueve minutos. Floyd suplicó por su vida, exclamando repetidamente “¡No puedo respirar!” cuando estaba esposado boca abajo en el pavimento, y los espectadores les suplicaban a los policías que se detuvieran.

Las protestas por la muerte de Floyd comenzaron como malestar local en Minneapolis y se expandieron rápido, convirtiéndose en un estallido de protestas globales exigiendo poner fin a la brutalidad policial. Las manifestaciones tenían un carácter multiétnico y multinacional. Se registraron protestas en todos los continentes habitados, en más de 2.000 ciudades grandes y pequeñas. Solo en EE.UU., se estima que entre 15 y 26 millones de personas participaron en las manifestaciones, convirtiéndolas en las mas grandes de la historia estadounidense. Los trabajadores ocuparon las calles de las mayores ciudades y las protestas también se propagaron a muchas pequeñas ciudades rurales, de población mayoritariamente blanca.

Si bien la chispa de las manifestaciones masivas fue la indignación por la epidemia de asesinatos policiales en EE.UU., reflejó procesos sociales más profundos. La matanza de Floyd se produjo en un punto crítico de la propagación de la pandemia global de coronavirus.

Después de entregar varios billones de dólares a los bancos a fines de marzo, la clase gobernante estuvo involucrada en una campaña sistemática para obligar a los trabajadores a regresar al trabajo. Al mismo tiempo, la respuesta de la clase gobernante a la pandemia intensificó enormemente el declive prolongado de los niveles de vida de los trabajadores y jóvenes, los niveles aplastantes de deuda y el crecimiento extremo de la desigualdad social.

La respuesta brutal a las protestas, encabezada por el Gobierno de Trump, reflejó el temor a un estallido social más amplio. Varias ciudades impusieron toques de queda, mientras que la Casa Blanca y más de 30 estados activaron a más de 96,000 soldados de la Guardia Nacional y otras agencias militares. Los policías se alborotan y arrasaron con ciudades de todo el país, presididas tanto por demócratas como republicanos.

La respuesta del Gobierno de Trump fue un intento de un golpe de Estado presidencial. Una semana después del asesinato, Trump dio su discurso en la Rosaleda en el que amenazó con invocar la Ley de Insurrecciones para desplegar el ejército en suelo nacional, advirtiéndoles a los gobernadores que se trataba de “un movimiento” que tenía que “aplastar”.

Por el otro lado, mientras apoyaban la represión policial, los demócratas intervinieron para cooptar las protestas y dirigirlas detrás de líneas raciales. Según los demócratas y sus afiliados pseudoizquierdistas, los asesinatos policiales no tienen nada que ver con las clases. En cambio, es una cuestión de “racismo sistémico” por el cual no hay que culpar a la policía como institución estatal, sino a toda la población. Esta fue una campaña muy publicitada y bien financiada, incluyendo donaciones de decenas de millones de dólares de las corporaciones a organizaciones como Black Lives Matter.

No cabe duda de que el racismo juega un papel en muchos asesinatos policiales. Los elementos sociales más atrasados y viciosos supuran en las filas de los “cuerpos especiales de hombres armados” a cargo de defender los intereses de la élite gobernante capitalista.

No obstante, la desproporcionalidad con la que se asesina a las minorías raciales se debe ante todo al alto nivel de pobreza en las minorías raciales. El vínculo común entre la abrumadora mayoría de personas asesinadas a manos de la policía es su origen pobre o de clase obrera, sin importar su raza.

En el año desde el asesinato de Floyd, más de mil personas han sido asesinadas por la policía, en su mayoría blancos. Los blancos representan el mayor número de individuos asesinados por la policía cada año.

El lunes, a casi un año desde la muerte de Floyd, un vídeo recién publicado de Tennessee muestra a los agentes de la cárcel del condado de Marshall arrodillándose sobre la espalda de un hombre maniatado durante casi cuatro minutos. William Jennette, un hombre blanco de 48 años, murió durante el encuentro el 6 de mayo de 2020, apenas unos días antes de que la policía asesinara a Floyd.

En el video, se escucha a la policía burlarse de Jennette mientras suplicaba a los agentes que no podía respirar. Se le oye gritar: “¡Ayuda! ¡Me van a matar!” y gritando que no podía respirar. Uno de ellos le respondió: “No deberías poder respirar, estúpido bastardo”. La Oficina del Médico Forense del Condado de Marshall dictaminó que la muerte de Jennette fue un homicidio, pero un gran jurado se negó a presentar cargos contra ninguno de los agentes implicados.

La horrible muerte de Jennette no fue tratada por los medios de comunicación capitalistas en ese momento porque su muerte —causada casi exactamente de la misma manera que la de George Floyd— no encaja con la narrativa de que la violencia policial es un problema de racismo sistémico arraigado en la sociedad estadounidense. El New York Times y otros grandes medios de comunicación casi nunca informan del asesinato policial de trabajadores y jóvenes blancos.

Como ha explicado el World Socialist Web Site, el esfuerzo por racializar la brutalidad policial, hasta el punto de ignorar a las víctimas blancas, solo sirve para ocultar las cuestiones de clase que hay detrás de la epidemia de violencia policial en Estados Unidos.

El esfuerzo por encubrir las cuestiones de clase tiene como objetivo bloquear lo que se requiere para oponerse a la violencia policial: su conexión con el desarrollo de un movimiento en la clase obrera que una a trabajadores de todas las razas, etnias y nacionalidades. Esta es la única base para oponerse a la desigualdad, la opresión y todas las expresiones de atraso, incluida la promoción del racismo por parte de la clase dominante para dividir a los trabajadores.

La prevalencia de la violencia policial en Estados Unidos es el producto de una sociedad desgarrada por los antagonismos de clase, caracterizada por niveles de desigualdad social sin precedentes. La concentración de la riqueza en manos de las altas esferas de la sociedad ha aumentado masivamente en el último año, con la creación de 412 nuevos milmillonarios en 2020.

¿Qué ha cambiado en el último año? Los demócratas –ahora en control de la Casa Blanca y de ambas cámaras del Congreso— les han prometido a los trabajadores una reforma, pero la policía sigue asesinando a personas al mismo ritmo desde 2013, una media de tres personas cada día. La sobreactuada ley George Floyd Justice in Policing Act de 2020, que supuestamente introduciría políticas para obligar a las fuerzas policiales a rendir cuentas, ha perdido todo el impulso en el Congreso y parece que no va a cumplir el plazo del martes del presidente Joe Biden para aprobar un proyecto de ley de reforma policial.

El Gobierno de Biden está demostrando una vez más que los demócratas, no menos que los republicanos, son defensores implacables del Estado capitalista y de su policía.

Sin embargo, también está en marcha otro proceso: el crecimiento inicial de la oposición explosiva de la clase obrera a las políticas de la clase dominante, en forma de luchas de los trabajadores automotores, los educadores, los trabajadores de la salud, los trabajadores acereros, los mineros y otros sectores de la clase obrera que buscan liberarse del control de los sindicatos corporativistas.

La pandemia ha tenido un enorme impacto radicalizador en la conciencia de los trabajadores y los jóvenes de todas las razas y nacionalidades. Es esta fuerza social, movilizada bajo un programa socialista, la que constituye la verdadera base de la oposición a la epidemia de asesinatos policiales en Estados Unidos.

(Publicado originalmente en inglés el 24 de mayo de 2021)