El índice de gastos de consumo personal (PCE), principal medida del coste de la vida en Estados Unidos, aumentó un 3,6% en abril, la mayor subida en 13 años, según un informe publicado por el Departamento de Comercio la semana pasada.

El aumento del índice, mayor de lo que esperaban los economistas, subraya un problema global de aumento de los costes, especialmente de los bienes de consumo básicos y de los componentes básicos de esos productos. El impacto recae de forma desproporcionada en los trabajadores.

El coste de la vida en Estados Unidos, al igual que en la mayoría de los países del mundo, se encuentra en una pronunciada curva ascendente. Por poner algunos ejemplos:

• Los precios de la carne aumentaron un 1,5% sólo en abril y han subido un 4% este año, impulsados por el aumento de los precios de los cereales para la alimentación animal, como la soja y el maíz.
• Los costes de la madera han subido entre un 300 y un 400% en el último año, debido a las interrupciones y desajustes en la cadena de suministro a causa del COVID-19.
• Los precios de los coches usados se dispararon un 10% en abril y han subido un 21% desde hace un año. El coste medio de un coche usado superó los $25.000 por primera vez en Estados Unidos.
• En el último año, los precios de los carburantes han aumentado más del 50%, pasando de una media nacional de unos 2 dólares a 3 dólares.
• Las frutas y verduras subieron un 3,3% en abril en comparación con el mismo mes de 2020. Los precios de los alimentos en su conjunto subieron un 2,4 por ciento.
• Los precios de la electricidad subieron un 3,6 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior, y en abril subieron un 1,2 por ciento respecto al mes anterior.
• Las zonas menos pobladas del interior de Estados Unidos han experimentado un aumento de los precios de la vivienda, ya que los residentes de las ciudades más grandes, a menudo costeras, se trasladan. En Boise, Idaho, por ejemplo, el precio de la vivienda ha aumentado un 32% en el último año.

Otro de los principales índices de EE.UU., el índice de precios al consumo (CPI), aumentó aún más que el PCE, con un incremento del 4,2% en abril. El CPI tiene más peso en los costes que los trabajadores soportan de su bolsillo, como la vivienda, los servicios públicos, los bienes de consumo y los pagos de seguros. El PCE es una medida más abstracta de la inflación en la economía, que incluye el coste de los servicios que no necesariamente afectan directamente a la mayoría de los consumidores.

Aunque una serie de factores, muchos de ellos relacionados con la COVID-19, están impulsando esta inflación, destacan algunos en particular.

En primer lugar, los precios de la energía, especialmente los del petróleo, han repuntado fuertemente desde su caída durante la COVID-19. Hace apenas seis meses, el coste del West Texas Intermediate, el crudo de referencia en EE.UU., estaba a $35 dólares el barril. Ahora, supera los $65 y se acerca a los $70.

En segundo lugar, la escasez mundial de chips semiconductores, utilizados en casi todos los aparatos electrónicos, ha hecho subir el coste de toda una serie de productos. Por ejemplo, Ford calcula que sólo entregará la mitad de su número habitual de vehículos hasta finales de junio porque la escasez de chips le impide completar la producción de sus vehículos.

En tercer lugar, el cambio en la demanda de los consumidores como consecuencia del COVID-19 ha alterado los patrones de compra. Por ejemplo, hay un gran aumento de la demanda de productos electrónicos para el hogar, lo que hace que las principales empresas reorienten su producción.

En cuarto lugar, otros problemas de suministro, a menudo debidos al COVID-19, han perturbado las cadenas de suministro mundiales. En la costa oeste de EE.UU., por ejemplo, hay largas colas de barcos esperando a ser descargados en los puertos, como el de Los Ángeles. La escasez de productos agrícolas del año pasado, unida al exceso de producción que ahora se convierte en su contrario, ha provocado diversos retrasos.

El aumento del coste de la vida, sin embargo, no es una carga aislada. Mientras los precios aumentan, los salarios y los niveles de empleo siguen deprimidos.

Un informe publicado este mes sobre los bebés en Estados Unidos reveló que el 40% de ellos viven ahora en hogares cercanos o por debajo del umbral de la pobreza. (Este último se fija en un nivel de ingresos notoriamente bajo, lo que da lugar a una gran subestimación del número real de personas que viven en la pobreza en Estados Unidos). El 21% de los bebés no tienen un padre que trabaje.

Antes de la pandemia, el 15 por ciento de las familias estadounidenses declaraban estar en situación de inseguridad alimentaria. Esa cifra aumentó al 26,8% en 2020. Casi la mitad (45,4 por ciento) de las familias con bajos ingresos estaban en situación de inseguridad en 2020, frente al 29,2 por ciento.

Mientras tanto, los gobiernos estatales han suspendido o recortado las prestaciones a grandes sectores de desempleados en Estados Unidos.

A principios de este mes, el consejo editorial del Wall Street Journal publicó una declaración en la que pedía el fin de todas las prestaciones federales de empleo, quejándose de que "los aumentos salariales se incrustarán en las expectativas", es decir, que los trabajadores estadounidenses esperarán cobrar más.

Aunque en los últimos meses se han añadido puestos de trabajo, el informe sobre el empleo de abril se consideró una enorme decepción, ya que sólo se añadieron 266.000 puestos de trabajo, cuando los economistas habían previsto la adición de un millón de nuevos empleos. En total, hay unos 8 millones de personas menos empleadas en Estados Unidos en comparación con hace un año. La tasa de participación laboral se mantiene en niveles deprimidos que no se veían desde mediados de la década de 1970.

Ese informe sobre el empleo fue aprovechado por sectores de los medios de comunicación corporativos y del Partido Republicano para exigir el fin anticipado de los suplementos federales por desempleo, promulgados por primera vez en 2020 como parte de la Ley CARES, que entregó billones a los bancos y las corporaciones. Se permitió que los beneficios caducaran durante meses después de que expiraran a finales de julio de 2020, y luego se restablecieron al final de la administración Trump, pero recortados de $600 a $300. La administración Biden extendió los suplementos en el nivel reducido.

Tras el informe de empleo de abril, Biden accedió rápidamente a restablecer los requisitos que impedirán que muchos trabajadores despedidos reciban el suplemento, que expirará en todo Estados Unidos el 6 de septiembre.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 30 de mayo de 2021)