Perú está en el medio de fuertes tensiones políticas, debido a que el país completará una segunda semana desde las elecciones presidenciales del 6 de junio sin que se declare oficialmente un ganador.

Con el 100 por ciento de los votos contados, Pedro Castillo, exlíder de una huelga magisterial y candidato del partido Perú Libre, supera a la candidata de derecha de Fuerza Popular Keiko Fujimori, hija del exdictador Alberto Fujimori, quien está preso por 25 años por crímenes de lesa humanidad, por un margen de 50,12 por ciento frente a 49,87, respectivamente. Solo 43.000 votos de los más de diecisiete millones y medio emitidos separan a los dos candidatos, pero está claro que Castillo ha ganado.

Sin embargo, una declaración de que Castillo ha ganado ha sido bloqueada por el campo de Fujimori, que ha montado una ofensiva legal basada en falsas acusaciones de fraude electoral, buscando revocar los resultados de cientos de centros de votación en las regiones andinas y amazónicas donde Castillo ganó por márgenes abrumadores.

Hasta el miércoles, la Junta Nacional Electoral (JNE) anunció que de las 942 impugnaciones presentadas por el campo de Fujimori, 792 han sido resueltas, sin que ninguna de ellas establezca fraude electoral de ningún tipo. La mayoría de las reclamaciones se habían presentado después de la fecha límite del 9 de junio por presentar tales impugnaciones.

Si bien las impugnaciones no tienen base legal ni como hecho, estás han sido presentadas por un ejército de abogados de alto perfil provenientes de la principal firma de abogados de Lima, con el objetivo de retrasar la confirmación de los resultados de las elecciones el mayor tiempo posible. El campo de Fujimori está jugando con el tiempo, con la intención de que sus desafíos e incesantes reclamos de fraude creen las condiciones para revertir las elecciones por medios extra constitucionales, incluyendo un golpe militar.

Esta conspiración cuenta con el apoyo de los medios corporativos, la mayor parte de la oligarquía financiera del país y secciones del ejército.

Las similitudes entre las tácticas seguidas por Fujimori y las empleadas por Trump en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2020 no se detienen en el uso de acusaciones fabricadas de fraude electoral para revocar las elecciones o, al menos, deslegitimar al gobierno entrante. Al igual que Trump, Fujimori, junto con otros miembros de su familia y sus principales asesores, enfrentan la perspectiva de una condena penal y encarcelamiento si no logran tomar la presidencia.

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido que Keiko Fujimori sea devuelta a prisión preventiva por cargos de lavado de dinero relacionados con sobornos políticos, incluido el del gigante brasileño de la construcción Odebrecht. También está acusada de encabezar una organización criminal, es decir, su propio partido, Fuerza Popular.

La amenaza de violencia política o incluso de un golpe militar es real. Los seguidores de Fujimori han protagonizado manifestaciones fascistas, repletas de antorchas y el canto del himno nacional mientras dan el saludo nazi.

Los simpatizantes de Castillo, incluidos muchos que han venido a Lima desde el interior, también se han manifestado en la capital exigiendo que su candidato sea declarado oficialmente ganador.

Mientras tanto, 63 generales retirados y otros oficiales de alto rango emitieron un comunicado exigiendo la renuncia del titular de la junta electoral, advirtiendo del peligro de una victoria de Castillo y pidiendo el “fortalecimiento de la confianza en las fuerzas armadas y la policía”. El Ministerio de Defensa se sintió obligado a emitir una declaración en respuesta deplorando el uso de símbolos militares oficiales en el comunicado.

Desde que Castillo emergió con el mayor número de votos en la primera vuelta, y Fujimori con el segundo más alto —cada uno de ellos con menos del 20 por ciento—, la derecha peruana y los medios de comunicación han llevado a cabo una vehemente campaña calificando a Castillo de “comunista” y de "terrorista", alegando que convertirá a Perú en otra Venezuela.

Desde que ganó la segunda vuelta, Castillo y sus partidarios han buscado desvincularse de las políticas radicales, incluida la nacionalización de las industrias mineras que se pide en la plataforma de Perú Libre mientras que atraen a un grupo de "asesores" moderados. El más destacado entre ellos es Pedro Francke, economista de la Universidad Católica y exfuncionario del Banco Mundial y del Banco Central de Perú. Francke se había desempeñado como asesor principal de Veronika Mendoza, la candidata del partido pseudoizquierdista Juntos por el Perú, quien se ubicó en un distante sexto lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

El papel cada vez más importante de los asesores de Mendoza es políticamente significativo. En las elecciones presidenciales de 2016, Mendoza apoyó al exfinanciero de Wall Street Pedro Pablo Kuczynski como el "mal menor" en su exitosa segunda vuelta con Keiko Fujimori, dejando en claro el enfoque "responsable" de Mendoza de los intereses del capital peruano e internacional.

En una rueda de prensa en Lima el martes, Francke tranquilizó a la burguesía peruana e internacional: “No habrá expropiaciones, no habrá nacionalizaciones. Ni confiscaciones, ni nada”. Se espera ampliamente que Francke sea nombrado ministro de Economía de Castillo.

A principios de semana, Scotiabank Perú, la tercera institución financiera más grande del país, emitió un comunicado declarando su aprobación del papel de Francke y de un documento emitido a nombre de Castillo “sugiriendo una postura política más suave, más promercado (o al menos, menos radical) sobre temas como los derechos de propiedad, el respeto por las instituciones económicas, la relación con la empresa privada, los controles de precios y otras preocupaciones ". Concluyó que en lugar de ser un "izquierdista radical", el principal asesor económico de Castillo es un "keynesiano".

Tanto Castillo como Francke han llevado a cabo un torbellino de encuentros con grandes empresarios. Como resultado de estas reuniones, Roque Benavides, titular de la minera Buenaventura, que durante décadas extrae minerales por valor de miles de millones de dólares a costa de la destrucción de los ríos y valles del Perú, y también presidente de la principal organización empresarial, Confiep, declaró que aceptaría propuestas de aumentos de impuestos, pero no toleraría nacionalizaciones.

El programa de Castillo se ha reducido a la reforma tributaria, la renegociación de regalías de las empresas mineras transnacionales y una reforma agraria que renuncia a cualquier expropiación o redistribución de la tierra.

Los medios corporativos y el establishment político peruano han exigido que Castillo demuestre su confiabilidad rompiendo con el fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, el exgobernador del departamento central de Junín. Cerrón, quién combina retórica pseudomarxista, demagogia populista y políticas sociales de extrema derecha —aceptadas por Castillo— en temas como el aborto y la “política de género”, fue condenado penalmente por cargos de corrupción.

La declaración oficial de la victoria de Castillo difícilmente resolverá la profunda crisis política, social y económica de Perú. El país se encuentra entre los más afectados por la pandemia COVID-19, registrando el número de muertos per cápita más alto del mundo. Los efectos sobre las condiciones económicas de la clase trabajadora y las masas oprimidas han sido catastróficos, con un estimado de nueve millones de empleos destruidos, la pobreza aumentando en un 10 por ciento y los precios de los productos básicos disparándose.

El verdadero temor de la burguesía peruana no es de Castillo, quien ya está dejando en claro que es alguien con quien pueden hacer negocios, sino de una erupción de lucha de clases impulsada por la disminución de los niveles de vida y un aumento dramático de la desigualdad social debido a que los de arriba se han enriquecido mientras que los trabajadores se han enfrentado a la muerte, las enfermedades, el desempleo y el empobrecimiento.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 17 de junio de 2021)