El lunes, una jueza federal desestimó varias denuncias contra el expresidente Donald Trump por enviar a la policía para infringir los derechos constitucionales de los manifestantes pacíficos que, junto a miembros de la prensa, fueron atacados violentamente en la plaza Lafayette el 1 de junio de 2020.

Las denuncias presentadas por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), Black Lives Matter y otros denunciantes alegaron que Trump, el ex fiscal general William Barr y otros oficiales en la policía y las agencias federales violaron los derechos de los manifestantes consagrados en la Primera Enmienda a la Constitución. Acusan al Gobierno de Trump por conspirar para emplear violencia y expulsar a los manifestantes de la plaza Lafayette en Washington D.C. antes del toque de queda de las 7 p.m. para que Trump pudiera realizar una sesión de fotos frente a la iglesia episcopal St. John’s.

El Gobierno de Biden respaldó a los funcionarios de Trump, argumentando que el caso debería ser descartado.

En su fallo de 51 páginas, la jueza Dabney Friedrich de la Corte Federal del distrito de Columbia desestimó las acusaciones de los denunciantes. Escribió que, al no presentar registros o declaraciones escritas demostrando inequívocamente la planificación y ejecución de una conspiración de los acusados, “simplemente es demasiado especulativo” que la corte decida si el ataque de Estado policial contra los manifestantes pacíficos estuvo justificado o no. Friedrich también falló que los oficiales federales como Barr y Trump son inmunes a cualquier imputación civil.

Al pronunciarse sobre el carácter “especulativo” de las alegaciones de los demandantes, Friedrich escribió: “En esta fase preliminar, sin un expediente de hechos, las resoluciones de la Corte se basan únicamente en las alegaciones de las demandas. Antes de que ninguna de las partes haya tenido la oportunidad de aportar pruebas, sería prematuro que la Corte sacara conclusiones sobre por qué la plaza Lafayette fue desalojada el 1 de junio o si las acciones de los agentes del orden estaban justificadas”.

Friedrich alegó que existían “obvias explicaciones alternativas” de por qué la plaza Lafayette fue desalojada por la policía, incluida la posible violencia de los manifestantes. En consecuencia, dictaminó que las demandas no podían seguir adelante.

En respuesta a la sentencia, Scott Michelman, director de asuntos jurídicos de la ACLU del Distrito de Columbia, declaró: “La sentencia de hoy da esencialmente luz verde al Gobierno federal para utilizar la violencia, incluida la fuerza letal contra los manifestantes, siempre que los funcionarios federales afirmen estar protegiendo la seguridad nacional”.

Friedrich no es imparcial. Sirvió durante tres años como abogada asociada de la Administración de George W. Bush, durante los cuales defendió la posición de que el Gobierno tiene un derecho “claro” a detener a ciudadanos estadounidenses como combatientes enemigos. También describió las condiciones de los detenidos en la “guerra contra el terrorismo” como “de las mejores que jamás haya ofrecido un país a individuos que se han levantado en armas contra él”. Fue nombrada para la Comisión de Sentencias por el presidente Obama y luego nominada para un puesto en la Corte Federal de D.C. por Trump en 2017.

La veracidad de las “alegaciones” presentadas por los demandantes es evidente para todo aquel que haya visto el vídeo del suceso. Nadie puede disputar el hecho de que, sin ser provocados, los policías antidisturbios y agentes federales agredieron violentamente a manifestantes pacíficos. Se difundieron por todo el mundo imágenes de manifestantes que huían y jadeaban mientras la policía los apaleaba y gaseaba.

El desalojo de la plaza Lafayette tuvo lugar mientras Trump pronunciaba un discurso en la rosaleda de la Casa Blanca en el que anunciaba que iba a movilizar a las tropas en Washington D.C. Proclamándose a sí mismo “presidente de la ley y el orden”, Trump amenazó con invocar la Ley de Insurrecciones para desplegar al ejército en ciudades de todo Estados Unidos. Calificó de “terrorismo nacional” las protestas masivas contra la violencia policial que siguieron al asesinato de George Floyd.

Es decir, los funcionarios de la Administración de Trump no solo conspiraron para violar los derechos democráticos de los manifestantes en la plaza Lafayette, sino que conspiraron para anular la Constitución, establecer una dictadura presidencial y abolir los derechos democráticos de todos los estadounidenses.

En la mañana de la acción en la plaza Lafayette, Trump sostuvo una conferencia telefónica con los gobernadores en la que advirtió que las protestas por la violencia policial eran “un movimiento, y si no lo sofocan se pondrá cada vez peor. Tienen que dominarlo”. En la llamada, Barr dijo a los gobernadores que “tenemos que controlar las calles”, lo que requeriría “una fuerte presencia”.

La brutal acción en Washington D.C. solo horas después, transmitida en directo por televisión nacional, pretendía ser una demostración de lo que la Administración planeaba hacer en todo el país.

Más tarde se supo que la única razón por la que Trump no invocó la Ley de Insurrecciones en ese momento fue la reticencia de una parte de los mandos militares, a los que les preocupaba que una derogación tan abierta de los derechos democráticos fuera prematura y corriera el riesgo de provocar un estallido social.

La postura de la Administración de Biden es tan significativa como la decisión de la jueza Friedrich. Antes de la sentencia, el Departamento de Justicia del presidente Joe Biden argumentó a favor de los demandados, es decir, de Trump, que el caso del demandante fuera desestimado. La Administración argumentó que, dado que Trump ya no estaba en el cargo, la demanda era improcedente. Los abogados de la Administración también argumentaron que la represión para despejar la plaza fue justificada por razones de seguridad presidencial, alegando esencialmente que las amenazas inexistentes a la seguridad del presidente anulan los derechos constitucionales de todos los demás.

En cuanto a los medios de comunicación, han ignorado en gran medida el fallo de la jueza. El New York Times publicó un artículo superficial de nueve párrafos que no decía nada sobre el contexto político de la acción de Trump, incluyendo el discurso en la rosaleda y la amenaza de invocar la Ley de Insurrecciones. El Washington Post publicó un análisis más detallado que tampoco hacía referencia al discurso de la rosaleda. En cuanto a los noticieros de televisión, ni siquiera informaron de la decisión.

El papel de los demócratas durante todo el Gobierno de Trump y después ha sido encubrir el asalto de gran alcance a los derechos democráticos. Esto incluyó el complot fascista para secuestrar a los gobernadores demócratas de Michigan y Virginia, alentados por los llamamientos de Trump a “¡Liberar Michigan!” y otros estados de toda restricción a la propagación de la pandemia.

La conspiración antidemocrática culminó con el intento de golpe fascista del 6 de enero, cuyo objetivo era bloquear la certificación de los resultados electorales de 2020 y prevenir el traspaso de poder. Los demócratas y la prensa están encubriendo las revelaciones continuas de la complicidad de la policía y el ejército en la intentona golpista del 6 de enero, mientras que la línea de Biden ha sido que es necesario “seguir adelante” en nombre de la “unidad” y el “bipartidismo” con los cómplices republicanos de Trump.

La intervención del Gobierno de Biden en el caso de la plaza Lafayette es otra confirmación más de que no existe ninguna base de apoyo en la clase gobernante para la defensa de los derechos democráticos. Ambas facciones reaccionarias de la clase gobernante abogan en las cortes por el derecho de emplear la violencia estatal contra la oposición política en el país.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 22 de junio de 2021)