El lunes, un tribunal hondureño anunció el octavo veredicto culpable por el asesinato en marzo de 2016 de Berta Cáceres, una activista ambiental y de derechos indígenas de renombre mundial.

David Castillo Mejía, un oficial de inteligencia militar entrenado por EE.UU. y presidente de la firma hidroeléctrica DESA, fue hallado culpable como “coautor intelectual” del asesinato. El fallo se basó en gran medida en evidencia de comunicaciones electrónicas entre Castillo y cómplices que revelaron “un plan para eliminar cualquier obstáculo que interfiriera con las operaciones de DESA sobre el río Gualcarque”, según los fiscales.

La sentencia se anunciará el 4 de agosto. Los otros siete recibieron penas de 30 años.

En un país donde menos del 5 por ciento de los asesinatos conducen a veredictos culpables, incluyendo de cuantiosos activistas y líderes locales, los fallos están siendo presentados por el Gobierno hondureño y la prensa corporativa como “históricos” y una luz de esperanza.

El Ministerio Público afirmó que fue “un histórico fallo de culpabilidad de juicio oral y público” y prometió que “se trabaja para identificar otros autores intelectuales involucrados en el asesinato de la activista de derechos humanos”. Las redes sociales oficiales del Poder Judicial transmitieron en vivo el anuncio del fallo y publicaron varias imágenes conmemorativas de Cáceres. El presidente Juan Orlando Hernández había proclamado anteriormente que la investigación era una “prioridad” de su Gobierno.

No obstante, la noción misma de que las condenas de varios actores menores en el complot del asesinato de Cáceres podrán ayudar a legitimar el régimen autoritario instalado por el golpe de Estado de 2009 apoyado por el Gobierno de Obama demuestra la desesperada crisis política tanto de la camarilla de Hernández como de toda la oligarquía hondureña respaldada por EE.UU.

El lunes, la familia de Cáceres y la organización que fundó, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), presentaron una declaración que describe el fallo como una “victoria” y “un paso al rompimiento del pacto de impunidad”.

No obstante, luego afirma que Castillo era meramente un “instrumento” de la familia Atala Zablah, la más rica del país y la mayor accionista de DESA.

“No termina con esta resolución”, afirma la declaración y añade: “Exigimos que se cancele de manera inmediata la concesión sobre el sagrado Río Gualcarque de la comunidad [indígena] Lenca y se procese a todas las personas involucradas en su ilegal y corrupta concesión. Exigimos que sean desmontadas las redes criminales que actualmente persisten y que actuaron durante el juicio para promover la impunidad…”

Como lo demostró la evidencia presentada en la propia corte, estas redes van mucho más allá que los Atala e incluso el régimen de Hernández. El asesinato de Cáceres expuso las fuerzas fascistizantes establecidas por décadas por el imperialismo estadounidense para reprimir la oposición a los intereses del capital financiero y que están dirigidas principalmente contra la clase trabajadora.

Mientras el Gobierno de Obama intentaba legitimar el régimen golpista y el entonces vicepresidente Biden viajaba repetidamente a Honduras encabezando estos esfuerzos, la policía, el ejército y los escuadrones de la muerte asociados fueron desatados brutalmente para aplastar la oposición al golpe del 2009 y a la avalancha de recortes sociales, privatizaciones y lucrativas concesiones que le siguieron, incluyendo el proyecto Agua Zarca.

La presa hidroeléctrica Agua Zarca, opuesta por Cáceres y la comunidad Lenca, estaba siendo financiada por el Banco Mundial, la estatal china Sinohydro, el Banco Centroamericano de Integración Económica, las empresas alemanas Siemens y Voith-Hydro, el Fondo para el Desarrollo Holandés y el Fondo Finlandés.

Las fortunas de los Atala en la junta directiva de DESA, cuyos mensajes de texto pidiéndole al Ministerio de Seguridad que “eliminen a esos indios” fueron presentados en la corte, están basadas en su papel como administradores locales de Wall Street y las corporaciones extranjeras, así como las del resto de la oligarquía hondureña. Por ejemplo, Eduardo Atala pertenece a la junta directiva de DESA, es presidente de la Cámara de Comercio Hondureño Americana y es propietario de la distribuidora oficial de John Deere en el país.

Además de David Castillo, quien se graduó de la Academia Militar de West Point en EE.UU., dos otros miembros del escuadrón de la muerte que asesinó a Cáceres eran soldados entrenados en EE.UU., incluyendo a Mariano Díaz Cháves que se unió a las fuerzas estadounidenses en Irak.

El fallo del lunes se produce en medio de una crisis humanitaria cada vez más grave provocada por la crisis de la pandemia del COVID-19, años de sequías en la costa del Pacífico y los devastadores huracanes Eta e Iota del pasado noviembre. Un tercio de la población de 9,5 millones padece hambre aguda.

Con menos del 5 por ciento de la población totalmente vacunada, la llegada de nuevas y más contagiosas variantes del coronavirus y la negativa del Gobierno a aplicar ningún tipo de confinamiento están impulsando un aumento exponencial de nuevos casos. En lo que se considera un recuento sumamente incompleto, el país ha informado oficialmente de 7.149 muertes por COVID-19.

Mientras la Casa Blanca de Biden continúa con las políticas de Trump de violar los derechos de asilo y reprimir militarmente a los cientos de miles de refugiados hondureños con la participación de los regímenes mexicano, guatemalteco y hondureño, las tensiones sociales en Honduras están llegando a un punto de ebullición.

Al mismo tiempo, mientras Washington continúa con su colaboración íntima y ayuda de seguridad, el régimen hondureño ha sido calificado com un “narcoestado” por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en medio de abrumadoras pruebas de los vínculos del presidente Hernández con los cárteles de la droga. Con todos los candidatos a las elecciones presidenciales de noviembre basando sus campañas en desgastados mensajes contra la corrupción, ninguno ofrece ninguna solución para la creciente crisis social.

Las sentencias en el caso de Cáceres son poco más que una fachada para el hecho de que la clase dominante hondureña y sus patrones imperialistas no ofrecen otra respuesta a la crisis aparte de más preparativos de Estado policial para reprimir un inminente estallido social.

El desmantelamiento de las redes que están detrás del asesinato de Cáceres y de la represión en curso requiere el desarrollo de un movimiento político de la clase obrera, que dirija detrás de sí a todas las masas empobrecidas y oprimidas y que luche por el desmantelamiento del capitalismo hondureño y mundial.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 7 de julio de 2021)