El martes, el presidente Joe Biden dio su primer discurso en respuesta a los ataques sin precedentes contra el derecho de voto emprendidos por estados controlados por los republicanos tras el intento de golpe de Estado de Donald Trump el 6 de enero.

El discurso de Biden, pronunciado en el Centro Nacional Constitucional en Filadelfia, se produjo dos días después de finalizar la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, por sus siglas en inglés) en Dallas, donde Trump arremetió contra el socialismo, reiteró su mentira de una “apuñalada por la espalda” de que la elección fue robada y defendió el ataque violento contra el Capitolio, describiéndolo como un esfuerzo patriótico para “recuperar EE.UU.” de los “radicales de izquierda” demócratas.

Evaluando el evento del CPAC, el World Socialist Web Site advirtió: “Donald Trump está consolidando su poder sobre el Partido Republicano, transformándolo de un partido burgués conservador a un partido fascista con un líder personalista y un ala paramilitar”.

En sus comentarios el martes, Biden reconoció de la forma más directa y general hasta la fecha la crisis de la democracia estadounidense y su cercano derrocamiento el 6 de enero.

“En 2020”, dijo, “la democracia fue puesta a prueba. En primer lugar, por la pandemia, luego por un intento desesperado para negar la realidad de los resultados electorales, y luego por medio de una insurrección violenta y mortal en el Capitolio, la ciudadela de nuestra democracia”.

Relacionando el ataque al derecho del voto con el intento de anular las elecciones de 2020, señaló que, desde los comicios en noviembre, 17 estados controlados por republicanos han promulgado 28 leyes que limitan el acceso al sufragio para votantes de clase obrera, pobres y de minorías, y que un total de 400 leyes similares se han introducido en todo EE.UU.

El intento de derrocar la Constitución y establecer una dictadura continúa, advirtió. “Escúchenme claramente”, manifestó, “Está en marcha un ataque en EE.UU. hoy, un intento de suprimir y subvertir el derecho de votar en elecciones justas y libres, un ataque contra la democracia, un ataque contra la libertad, un ataque contra lo que somos como estadounidenses”.

Estados Unidos, continuó, enfrenta “una nueva ola de supresión sin precedentes contra los votantes y una subversión cruda y sostenida” en las elecciones legislativas de 2022.

“Nos enfrentamos a la más importante prueba para nuestra democracia desde la guerra civil”, declaró. “Esa no es una hipérbole… Los confederados en ese entonces nunca invadieron el Capitolio como los insurrectos lo hicieron el 6 de enero. No lo digo para alarmarlos. Lo digo porque deberían estar alarmados”.

Este sombrío reconocimiento de que la democracia estadounidense yace a las puertas de la muerte contrasta marcadamente con el carácter cobarde e impotente de las propuestas de Biden para defenderlo. No fueron más allá de apuntar el dedo y hacer llamados morales a “mis amigos republicanos en el Congreso y los estados y ciudades y condados para que resistan, por amor a Dios, y que ayuden a prevenir este esfuerzo concertado para socavar nuestras elecciones y el derecho sagrado del sufragio”.

“¿No tienen vergüenza?”, indago lastimero Biden.

Biden omitió cualquier mención del nombre de Trump —ni, si vamos al caso, de cualquiera de sus cómplices republicanos—. No dijo nada de la amenaza del gobernador tejano Greg Abbott, respaldado por los republicanos de Texas, de que arrestará a los 51 miembros demócratas de la Cámara de Representantes estatal de Texas que huyeron del estado el lunes y escaparon a Washington D.C. para prevenir un quórum y atrasar la aprobación de una nueva ley de supresión a votantes.

La Casa Blanca comunicó que Biden no planea reunirse con los demócratas texanos, quienes están presionando a la Administración a que respalde un cambio en la norma sobre acciones obstruccionistas en el Senado de EE.UU. y que permita la aprobación de dos proyectos de ley que anularían muchas de las medidas antidemocráticas en las leyes estatales republicanas y que restaure el clave mecanismo de la Ley del Derecho de Voto de 1965 que fue abrogado por la Corte Suprema de EE.UU. en 2013.

Los republicanos votaron de manera unánime a favor de bloquear el voto en el plenario del Senado sobre una versión diluida de la “Ley por el Pueblo” redactada por el demócrata Joe Manchin. Manchin y un puñado de otros demócratas de derecha se rehúsan a apoyar un debilitamiento de la norma antidemocrática sobre acciones obstruccionistas a fin de obtener la aprobación de las medidas sobre el derecho de voto.

La cobardía de Biden y la insistencia en el “bipartidismo” y la “unidad” con republicanos supuestamente “moderados” se diferencia de la forma más extrema del salvajismo político del Partido Republicano dominado por Trump. Abbott marcó la pauta para la sesión legislativa especial exigiendo la aprobación del proyecto de ley contra el derecho de voto por medio del arresto y encarcelamiento de un trabajador afroamericano de 62 años por votar el año pasado mientras estaba en libertad bajo fianza.

La única acción concreta que Biden anunció en su discurso de Filadelfia equivale a una aceptación tácita de la derrota de los proyectos de ley demócratas sobre el derecho al voto, que en sí mismos no harían mucho para frenar el asalto al derecho de voto y el impulso acelerado de sectores poderosos de la clase dominante hacia la dictadura. Biden anunció que iba a asignar 25 millones de dólares para que el Comité Nacional Demócrata llevara a cabo una campaña de registro y educación de los votantes, basada en los requisitos más onerosos incluidos en las medidas republicanas.

La mísera suma de 25 millones de dólares da una indicación de las verdaderas prioridades del Gobierno de Biden y del Partido Demócrata, el partido capitalista más antiguo del mundo. Biden ha propuesto, con el apoyo abrumador de los demócratas del Congreso, un presupuesto militar récord de 753.000 millones de dólares. En otras palabras, quiere gastar 30.000 veces más en la preparación de la guerra contra los rivales del imperialismo estadounidense con armas nucleares, China y Rusia, entre otros países, que en oponerse a lo que reconoce que es un asalto fundamental a la democracia.

Ningún partido del capitalismo estadounidense, ni ninguna otra institución oficial, pueden defender los derechos democráticos contra el ascenso de las fuerzas fascistas y el crecimiento del militarismo. El ascenso de Trump y la transformación del Partido Republicano, junto con la trayectoria cada vez más a la derecha de los demócratas, son el resultado de un prolongado proceso de declive económico, cuya expresión más maligna es el asombroso crecimiento de la desigualdad social.

Los derechos democráticos son incompatibles con niveles extremos de desigualdad social y con guerras sin fin. Ya en el año 2000, los demócratas aceptaron sin oponerse el robo de las elecciones por parte de la Corte Suprema, que detuvo un recuento en Florida y entregó la Casa Blanca al perdedor del voto popular, George W. Bush. Después de que la Corte Suprema destruyera la Ley del Derecho de Voto en 2013, el Gobierno de Obama y los demócratas no hicieron nada para aprobar una legislación que la restaurara.

Ahora, la pandemia mundial ha revelado ante miles de millones de personas la incompetencia de los Gobiernos y las élites capitalistas y su indiferencia por la vida humana. La pandemia ha intensificado todas las contradicciones del capitalismo y ha puesto en ebullición las tensiones sociales.

El gobierno de Biden ha continuado la política de inmunidad colectiva de Trump, costando cientos de miles de vidas en interés de las ganancias corporativas y aumentando la concentración de la riqueza en la cima. Según las cifras de la Reserva Federal, desde el inicio de 2020, el 50 por ciento más pobre de la población estadounidense ha ganado 700.000 millones de dólares en riqueza, mientras que el 1 por ciento más rico ha ganado 10 billones de dólares.

Las súplicas de los demócratas para la unidad con el Partido Republicano de Trump están impulsadas por el miedo a que la clase trabajadora acabe con el control de los sindicatos procorporativos y el sistema bipartidista capitalista. Quieren un Estado corporativista para mantener a raya a la clase obrera por la fuerza. Al mismo tiempo, promueven la política racial para dividir y desorientar a la clase obrera.

La creciente ola de huelgas en EE.UU. y a nivel internacional –en Volvo Trucks en Virginia, entre los mineros del carbón, las enfermeras y muchos otros— está tomando la forma de una insurrección contra los aparatos sindicales de la derecha. Estas luchas se intensificarán. Lo fundamental es que adquieran una perspectiva socialista consciente basada en la lucha por el poder de los trabajadores.

Los trabajadores llegarán a ver que no hay democracia fuera de la lucha por el socialismo. Eso significa construir el Partido Socialista por la Igualdad como la nueva dirección política para establecer la independencia política y la unidad internacional de la clase obrera.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 13 de julio de 2021)