Dos estudios recientes publicados en importantes revistas de salud (uno en The Lancet y el otro en Science) arrojan más luz sobre cómo la guerra de clases y las políticas de negligencia maligna contra los sectores más pobres de la clase trabajadora han jugado durante la pandemia de COVID-19 en Chile. Añaden peso a una montaña de evidencias de que el sistema de salud clasista del Estado tiene una responsabilidad criminal en la muerte evitable de decenas de miles de personas y en la propagación de la enfermedad en la población de la clase trabajadora.

El último estudio epidemiológico, dado a conocer por el Ministerio de Salud chileno el miércoles, reportó 1.907.154 casos acumulados desde marzo de 2020 y 43.855 muertes asociadas al coronavirus. Esta tragedia es producto de políticas deliberadas. La rápida e incesante propagación del coronavirus por todos los rincones de la nación se debe a la priorización de los intereses económicos de la élite empresarial y financiera por encima de todo.

La venal y reaccionaria burguesía chilena clama hoy por el fin de toda forma de restricción y confinamiento cuando la variante Gamma, que se estima es dos veces más infecciosa que el virus original, es la cepa más dominante y la variante Delta está ahora en circulación. Para ellos, incluso el programa proempresarial 'Paso a Paso' del ministro de Salud, Enrique Paris, de poner en cuarentena y confinamiento sólo a las comunidades más infectadas, es intolerable.

Los partidos fascistoides UDI (Unión Demócrata Independiente) y Republicano son los que más reclaman el fin de los confinamientos, y están enfureciendo a los propietarios de pequeñas y microempresas y a la clase media, que están siendo aplastados por la casi ausencia de asistencia gubernamental durante la pandemia. Cualquier otro confinamiento 'sólo provocará el desastre y la bancarrota', profetizan los diputados de la UDI, sabiendo perfectamente que sus patrocinadores burgueses han cosechado una bonanza durante el último año y medio.

Sin embargo, todo el Estado capitalista, desde la administración dominada por la derecha del multimillonario presidente Sebastián Piñera hasta la izquierda del Congreso y los sindicatos corporativistas han permitido que se sacrifiquen las vidas, la salud y el bienestar de millones de personas para que los principales sectores exportadores sigan funcionando y las familias más ricas puedan duplicar sus obscenos niveles de riqueza, pasando de US$21.000 millones en marzo de 2020 a $42.700 millones en abril de 2021.

Las insignificantes dádivas del Estado obligaron a las familias de la clase trabajadora a violar los bloqueos para conseguir alimentos y trabajo, mientras la extrema desigualdad social de Chile no hacía más que agravarse en los últimos 16 meses. Tomás Pérez-Acle, de la Fundación Ciencia y Vida, informó a El Mostrador a principios de junio que 'el 78 por ciento de los infectados son menores de 49 años' y que 'el 44 por ciento de las personas en la UCI son menores de 50 años'. No sólo son el grupo demográfico que menos se ha vacunado, sino que están en edad de trabajar.

Los parlamentarios de izquierda aprobaron proyectos de ley que facilitaron la suspensión de cientos de miles de contratos, obligaron a los trabajadores a consumir su seguro de desempleo bajo la 'Ley de Protección del Empleo', permitieron despidos masivos y acordaron posponer las negociaciones de los convenios colectivos. De los dos millones de puestos de trabajo destruidos durante la pandemia, sólo se ha recuperado la mitad y muchos tienen contratos peores.

A día de hoy, no se ha hecho absolutamente nada para resolver la falta de agua potable, electrificación y alcantarillado en cientos de campamentos. Tampoco se ha hecho nada para solucionar el hacinamiento en las comunas obreras del poniente y sur del Gran Santiago, donde el distanciamiento social sigue siendo imposible.

Las revueltas contra el hambre, la falta de agua corriente, la negligencia gubernamental y la violencia policial indiscriminada han sido respondidas con medidas autoritarias y un estado de excepción permanente desde marzo del año pasado. Con el apoyo del Congreso, Piñera aprobó leyes draconianas que reforzaban el aparato represivo y permitían el uso de los militares para operaciones policiales, incluso mientras las organizaciones de derechos humanos presentaban una demanda ante la Corte Penal Internacional contra las autoridades gubernamentales y militares por crímenes de lesa humanidad.

En cambio, el Congreso introdujo medidas populistas (como la retirada de tres ahorros personales de los fondos de pensiones privados) para asegurarse el apoyo de los sectores más acomodados. El gobierno permitió a los ricos viajar sin trabas y abrió el país al turismo internacional, permitiendo así la proliferación de las variantes Alfa, Lamda, Gamma y ahora Delta. Mientras tanto, militarizaron las fronteras para negar la entrada a los refugiados desesperados que huían de las crisis económicas en Venezuela, Bolivia y otras partes de América, e inicialmente se negaron a vacunar a los que habían entrado.

A pesar de las altas tasas de vacunación en Chile, este año el país ha registrado uno de los números más altos de casos diarios desde el brote de COVID-19: casi dos tercios de todas las infecciones se registraron en los primeros seis meses de 2021 y casi la mitad de las muertes.

A principios de 2021, los medios de comunicación internacionales sólo cantaban alabanzas a Chile -el chico del cartel de los economistas del libre mercado- por sus avances en la vacunación. En abril se vieron obligados a dar marcha atrás al aumentar los casos, a pesar de que más de la mitad de la población estaba vacunada. En junio, el gobierno accedió a regañadientes a un cierre total de la densamente poblada Santiago, después de algunas de las peores cifras de casos de COVID-19 desde que comenzó la pandemia.

En una reveladora entrevista publicada en la revista alemana Der Spiegel en junio, Soledad Martínez, experta en salud pública chilena, reveló lo desastrosa que ha sido la respuesta oficial.

'La situación es catastrófica', explicó Martínez. 'Somos un ejemplo muy negativo. No hay que hacer las cosas como las hace Chile. Así que sólo puedo advertir: ningún país del mundo debería actuar ahora como si todo hubiera terminado y suspender medidas como el uso de mascarillas'.

Martínez describió que, tras el agresivo plan de vacunación predominantemente con la vacuna Sinovac, 'las medidas de distanciamiento social (se) tiraron por la borda', permitiendo una gran propagación del virus. 'Los científicos de la salud lo hemos advertido, pero lamentablemente no se nos ha escuchado. Para mí, es como ver un choque de trenes a cámara lenta. Se podría haber evitado'.

'Tenemos altas tasas de mortalidad, y la gente más joven está muriendo. Lo que es especialmente terrible es que, por desgracia, las mujeres embarazadas y sus bebés no nacidos también mueren o tienen que ser intubados, con un resultado incierto. Estos destinos son extremadamente deprimentes', añadió.

Las unidades de cuidados intensivos están sobrecargadas desde hace meses (en realidad, colapsadas) y hoy los pacientes son redirigidos a centros ambulatorios y de atención primaria o son tratados en sus casas.

'Abrir camas nuevas requiere también personal', protestó el doctor Manuel Nájera, vicepresidente de la Sociedad de Epidemiología. 'Se ha conversado el instalar hospitales de campaña, pero la falta de personal es un problema para abrir de golpe más camas. Hoy hay menos personal producto del colapso, el cansancio, las licencias médicas. Por supuesto, hacemos el llamado para abrir más camas, porque la cantidad de población afectada es muy alta, la demanda por hospitalización crítica está superando la capacidad instalada que tenemos. ¿Por qué no se tomaron medidas con suficiente anticipación? No tiene ningún sentido'.

Este escenario catastrófico ha sido confirmado con creces por los informes a nivel nacional y regional del Colegio Médico y de los gremios de la salud.

* La presidenta regional del Colegio Médico en la Región Metropolitana, Francisca Crispi, dijo a CNN Chile que la situación de la red asistencial 'es gravísima. Hemos llegado a una ocupación de un 99 por ciento de las camas críticas con más de 2.500 camas críticas ocupadas, lo que nunca habíamos visto en la historia de nuestro país'.

José Luis Espinoza, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Enfermería de Chile (FENASENF), dijo que sus miembros estaban 'al borde del colapso'.

* El sistema de salud de la región de Valparaíso, la segunda zona más poblada, está colapsado: el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio tiene un 100 por ciento de ocupación, mientras que el Hospital Carlos Van Buren tiene un 97 por ciento de ocupación.

El Dr. Ignacio de la Torre, presidente regional del Colegio Médico de Valparaíso, dijo a los medios locales que 'no es sólo el riesgo de enfermarse de COVID, en este momento cualquier paciente con una enfermedad compleja tiene serias dificultades para ser atendido en forma oportuna y con la calidad necesaria'.

'El ministro siempre dice que aún podemos resistir, pero yo no sé cuánto puede resistir el equipo de salud, cuánto pueden resistir este nivel de estrés teniendo en cuenta que en la región incluso hemos tenido casos de suicidios de personas que han sido maltratadas y, además, tenían el estrés de llevar turnos extenuantes', agregó Francisco Álvarez, presidente de la Federación de Profesionales Universitarios de la Salud Valparaíso-San Antonio.

* El presidente del Colegio Médico de la región del Biobío, doctor Germán Acuña, explicó a Diario U de Chile que las enfermeras, kinesiólogos y médicos fueron dirigidos a trabajar únicamente como personal de cuidados intensivos. 'Hay un agotamiento del personal, una cama no es solo un mueble con un ventilador, es todo el personal asociado, la gente de administración también está cansada. Quisiéramos tener 20, 30 camas más pero no sabemos si podemos tener el personal', explicó.

* La presidenta regional del Colegio Médico del Maule, Dahiana Pulgar, dijo que 'estamos en una situación extrema. En camas de UCI, el Maule está enfrentando una sobrecarga de trabajo abrumadora, con camas que no están disponibles porque no hay personal, están con licencia médica'.

El artículo publicado en The Lancet el 2 de julio, el esfuerzo combinado de académicos de la Universidad de Pensilvania y de varias universidades chilenas, explica concretamente lo que se sabe desde hace décadas: que el sistema de salud chileno, de dos niveles y carente de fondos, personal, infraestructura y recursos, desempeña un papel importante en los resultados desfavorables. Esto sólo se ha agravado durante la pandemia.

A partir de los datos recopilados en 2017 y 2018, el informe encontró que las proporciones de pacientes por enfermera chilenas son 'sustancialmente peores que los estándares internacionales' y también tiene una de las proporciones más bajas de enfermeras por médico entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

'La carga de trabajo de las enfermeras en los hospitales públicos varía sustancialmente, de nueve a 24 pacientes por enfermera, una diferencia notable en un sistema hospitalario público', explican los académicos. Mientras que una enfermera de un hospital privado atiende a una media de 8,7 pacientes (que sigue siendo alta de acuerdo con los estándares internacionales) las enfermeras de los hospitales públicos atienden a una media de 14,7 pacientes.

'Cada paciente adicional que se añade a la carga de trabajo de la enfermera media aumenta el riesgo de muerte intrahospitalaria de los pacientes en un 4%. Los pacientes de hospitales con 18 pacientes por enfermera, comparados con los de hospitales con ocho pacientes por enfermera, tenían un 41 por ciento más de riesgo de muerte, tenían un 20 por ciento más de probabilidades de ser readmitidos en los 30 días siguientes al alta, tenían estancias un 41 por ciento más largas...'.

Este descarado desprecio por el bienestar de los profesionales sanitarios refleja la actitud del Estado hacia la clase trabajadora en su conjunto. Esto queda gráficamente claro en el trabajo publicado en la revista Science a finales de mayo. El informe publicado por múltiples universidades e institutos del Reino Unido, Estados Unidos y Chile evalúa 'cómo los factores sociales impulsan la pandemia (del SARS-CoV-2) en una sociedad económicamente vulnerable con altos niveles de desigualdad de ingresos'.

El estudio, que analizó los primeros cuatro meses del brote de COVID-19 de marzo de 2020 en Chile, demuestra de forma concluyente que las tasas de letalidad de la infección fueron mayores en las comunas más pobres debido a las comorbilidades, la movilidad continua durante los periodos de bloqueo y la falta de acceso a la atención sanitaria. 'Las disparidades entre los municipios en cuanto a la calidad de su sistema de prestación de servicios de salud se pusieron de manifiesto en los retrasos y la capacidad de las pruebas. Estos indicadores explican gran parte de la variación en la subnotificación de COVID-19 y en las muertes, y muestran que estas desigualdades afectaron de forma desproporcionada a los más jóvenes'.

El estudio se centró en el Gran Santiago, donde viven hoy 8,1 millones de personas. El informe señala que, aunque la región representaba el 36% de la población total de Chile a finales de agosto de 2020, registró el 55% de los casos confirmados de COVID-19 y el 65% de las muertes atribuidas a COVID-19.

El verdadero valor del estudio es su enfoque en la correlación de la enfermedad y la muerte con la pobreza. 'La máxima incidencia (de infecciones) en Vitacura (entre las comunas más exclusivas de Santiago) fue de 22,6 casos semanales por cada 10.000 individuos durante mediados de mayo, mientras que (la comuna obrera del sur de) La Pintana reportó un máximo de 76,4 casos semanales por cada 10.000 individuos durante la primera semana de junio'. En otras palabras, la tasa de incidencia de la infección en las comunas obreras fue más de tres veces mayor que en las comunas burguesas.

Las tasas de mortalidad por COVID-19 registradas muestran la misma correlación: 'la tasa más alta de 4,4 muertes semanales por cada 10.000 individuos se observa en San Ramón... mientras que Vitacura reportó un máximo de 1,6 muertes semanales por cada 10.000 en junio'.

Debido a que las zonas Sur y Oeste tienen cuatro veces menos camas por cada 10.000 personas y una proporción cuatro veces menor de inscritos en el sistema privado de salud que la zona Este, '(n)otablemente, más del 90 por ciento de las muertes atribuidas al COVID-19 en las zonas Sur y Oeste ocurrieron en lugares distintos a los establecimientos de salud, comparado con el 55 por ciento en la zona Este'.

En el resumen del Ministerio de Salud del 11 de julio sobre los indicadores comunitarios y los casos de COVID-19 en la Región Metropolitana (véase el mapa), la tasa de incidencia sigue afectando a las comunas occidentales y meridionales de clase trabajadora hasta el doble que en las comunas nororientales ricas.

La pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto cómo los sucesivos gobiernos han destrozado el sistema nacional de salud de Chile. Chile comenzó a difundir el evangelio del libre mercado en la atención sanitaria bajo la dictadura fascista-militar del general Augusto Pinochet ya en la década de 1970. Es esta política de terapia de choque socioeconómica sostenida, a la que se adhirieron la derecha, la falsa izquierda y los sindicatos, la que ha sentado las bases para la incalculable pérdida de vidas que se produce hoy en día.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 22 de julio de 2021)