La pandemia de COVID-19 está exponiendo cómo los sucesivos gobiernos han devastado el sistema nacional de salud de Chile. Chile comenzó a difundir el evangelio del libre mercado en la atención sanitaria bajo la dictadura fascista-militar del general Augusto Pinochet, ya en la década de 1970. Esta política de terapia de shock socioeconómico continuo fue la que sentó las bases para la incalculable pérdida de vidas que se prevén hoy en día.

En el momento de escribir estas líneas, más de 125.000 personas han muerto por coronavirus, principalmente en los centros imperialistas, mientras que el número de muertos aumenta rápidamente a nivel internacional, incluso en América Latina.

Las cifras más recientes del Ministerio de Salud de Chile —7.917 infectados y 92 muertos desde el 21 de marzo— son, como en todas partes, una grave subestimación del número real de víctimas de la pandemia. Si bien aún no se han notificado casos de cadáveres en las calles —como en el Ecuador—, dada la respuesta criminal del Estado chileno a esta epidemia, es posible que esto suceda en la próxima etapa. Hay muchos factores que mantienen el recuento de infecciones artificialmente bajo.

Las actualizaciones del Ministerio de Salud dan un porcentaje y no cifras para las comunas con infecciones de menos de cuatro. Esto puede parecer insignificante, pero un estudio epidemiológico sobre la región de Valparaíso, del que informó Interferencia el 3 de abril, reveló que el ministerio proporcionó información imprecisa sobre 12 comunas que representan a más de 499.605 personas, o el 25,5 por ciento de la población de la región.

El mismo estudio epidemiológico señaló una anomalía en las actualizaciones de la progresión a partir del 26 de marzo, con el recuento diario constante durante casi dos semanas. “Primero lo notamos como una anomalía en las curvas de tendencia, algo que podría ser muy esperanzador, si se hubiera implementado alguna medida que permitiera tal optimismo, y si se hubieran resuelto todas las dificultades anteriores”, escribieron los académicos de la Universidad de Valparaíso Aníbal Vivaceta, Sebastián Espinoza y Nicolás Schiappacasse.

“Pero, lo normal es que en una epidemia tengamos una progresión exponencial... Sin embargo, nada en las medidas adoptadas, como decimos, permitiría augurar una situación tan favorable, en que solamente nos llegara un número igual de casos nuevos diariamente”.

La razón no es un misterio. Las enfermeras informaron desde casi el principio del brote que se les ordenó probar exclusivamente a aquellos que requerían hospitalización y ventilación. Una razón para esta directiva fue que el personal de los hospitales públicos de todo el país no tenía suficientes pruebas de COVID-19. Pero ese no es el fin del asunto. El sistema de salud pública chileno carece de todo tipo de equipos de protección personal (EPP), respiradores, camas de UCI y, lo más importante, de personal. El sistema está crónicamente infrafinanciado, con un déficit de 1.150 millones de dólares en 2018. El gasto en salud pública como porcentaje del PIB lleva décadas sin superar el cuatro por ciento.

Con sólo 2,5 médicos, 2,7 enfermeras y 2,0 camas por cada 1.000 habitantes, miles de personas en las listas de espera del Fondo Nacional de la Salud (FONASA) estaban muriendo mucho antes de que surgiera el COVID-19. Un informe del Ministerio de Salud de 2018 encontró que “fallecieron 15.600 pacientes de la lista de espera” en 2016, mientras que al menos en otros “6.700 casos podía haber una relación entre la muerte y haber tenido una atención pendiente”.

El sistema de salud pública sólo tiene 1.058 camas en la UCI y sólo 640 con respiradores, pero esto incluye las máquinas que ya están en uso. Sin embargo, el sistema sanitario privado “de conserjería”, cuyas instalaciones se parecen más a hoteles que a hospitales y que atienden a un mero 17% de la población en circunstancias normales, cuenta con 1.597 camas de UCI. Se han pedido otros 1.577 respiradores, pero se espera que no lleguen hasta finales de mayo.

Mientras tanto, las enfermeras están haciendo mascarillas a mano, están haciendo protectores oculares improvisados y poniéndose bolsas de plástico como equipo de protección personal. Como resultado, hasta el 5 de abril, 140 trabajadores de atención primaria han dado positivo en COVID-19, otros 176 están esperando los resultados de sus respectivas pruebas, y más de 1.400 están en cuarentena.

La escasez de personal y equipo no es el resultado de una falta de previsión, sino más bien el producto de una deliberada política de Estado. En una circular del Ministerio de Hacienda a las oficinas públicas, el ministro Ignacio Briones Rojas expuso las medidas de austeridad “durante la emergencia sanitaria producto del virus COVID-19”, en las que se suspende o limita la contratación de nuevo personal, la cobertura de vacantes y los aumentos salariales.

A finales de marzo, los presidentes de 15 sociedades científicas chilenas y de la Academia de Ciencias dirigieron una carta abierta al presidente firmada por más de 1.500 investigadores, entre los que se encontraban el astrónomo de renombre internacional José Maza y el bioquímico Ramón Latorre, entre otros. Sus principales demandas eran: 1) que se implementen de inmediato una cuarentena nacional preventiva y medidas de aislamiento social en los centros urbanos, y 2) la transparencia de los datos. Las medidas propuestas, explicaron, “busca además anticiparse a un eventual colapso del sistema de salud en Chile… No podemos poner en riesgo al sistema, ni a los profesionales de la salud, ni a otros pacientes que sufran de otras patologías que requieren también hospitalización, camas críticas y ventiladores mecánicos”.

“Asimismo, se necesita cuanto antes el 100% de la transparencia de los datos respecto de los casos detectados, positivos, negativos, pendientes de confirmación, cifras importantes para tomar las decisiones oportunas para el país, que deben estar basadas en la evidencia científica. Los firmantes estamos comprometidos con Chile y solicitamos que se evalúen, fundamenten y tomen las mejores decisiones para proteger la salud de la población, entendiendo que estas decisiones son dinámicas en base a la mejor información disponible, la evidencia científica y de manera transparente de cara a la ciudadanía. ¡La vida es lo primero!”, concluyeron.

Hasta la fecha, las medidas de cuarentena se han aplicado de manera selectiva en ciertos municipios de las regiones más afectadas, que luego son burlados rutinariamente por las élites ricas de la sociedad. Han aparecido videos en los medios sociales que muestran a los ricos en helicópteros que se dirigen a sus retiros de verano. Mientras tanto, en las poblaciones y campamentos superpoblados, que en algunos casos carecen de agua corriente y servicios de saneamiento, el virus se está propagando rápidamente. No se han pedido medidas de cuarentena para Puente Alto, un suburbio de clase trabajadora de la Región Metropolitana, aunque recientemente se ha informado de un alarmante crecimiento de casos.

De hecho, todo lo que el Estado chileno ha hecho en relación con esta emergencia sanitaria ha magnificado la crisis hasta tal punto que se prevén muchas muertes innecesarias y evitables.

Por ejemplo, la secretaría regional de salud de la región de La Araucanía, Katia Guzmán, que dio positivo por COVID-19, incapacitó a sabiendas, si no maliciosamente, no solo a las autoridades regionales, incluyendo al alcalde, al jefe de la Defensa Nacional de la zona, al jefe de la policía y a las autoridades regionales de educación, justicia, transporte y deportes, sino también a casi todos los medios de comunicación locales. Un funcionario infectado que llegó del Brasil a principios de marzo no entró en cuarentena preventiva según los protocolos, sino que, con el beneplácito de la autoridad sanitaria regional, siguió trabajando en actividades y reuniones públicas, incluida una reunión de prensa en la que la propia Guzmán saludó a todos con un beso. Ahora está siendo investigada.

Sería un error ver este acto de negligencia extraordinariamente atroz como la conducta de una persona. También a finales de marzo, más de 700 médicos de instituciones sanitarias públicas y privadas de La Araucanía adjuntaron sus nombres a una carta en la que pedían el cierre inmediato de la región y un período de cuarentena estricta.

“Sentimos que hay un subdiagnóstico respecto a los ciudadanos que tienen coronavirus”, dijo la Dra. Javiera Brierly al presentar las demandas de la carta. Hasta ese momento, toda la región había recibido sólo 100 kits de diagnóstico. “Nuestra carta también es un llamado a contar con los insumos suficientes, tests confirmatorios, elementos de protección para población y para los profesionales de salud. Creemos que hay una falta de recursos y de lineamientos un poco más claros desde las instituciones”.

Pero el Ministerio de Salud aplica medidas de cuarentena sólo después de que se produce un brote y luego utiliza a los Carabineros y al ejército como instrumento contundente cuando las personas se ven obligadas por las circunstancias a ir a trabajar o a buscar comida o a buscar agua. De los 347 municipios de Chile, 238 sufren escasez de agua y, de estos, 194 tienen un "índice de pobreza multidimensional", es decir, son pobres y carecen de agua. En Chile 383.204 hogares no tienen agua potable. Tal es el desprecio que el Estado chileno tiene por el pueblo, es un gobierno de, por y para los ricos, y que el resto de la población se vaya al diablo.

“Hay mucho empleo informal y precario; la gente subsiste a diario, por lo que se ha vuelto imposible mantener la cuarentena total, ya que deben ganarse el sustento diario”, explicó un funcionario local de la región de La Araucanía. “El Estado da recomendaciones sobre cómo protegerse del contagio, pero no apoya los problemas sociales”.

La Araucanía, a 680 kms al sur de Santiago, además de ser el lugar donde se encuentran algunas propiedades multimillonarias, es también el hogar de las empobrecidas comunidades indígenas mapuches. La región tiene la mayor cantidad de personas infectadas con COVID-19 después de Santiago, pero su población de unos 950.000 habitantes es una sexta parte de la de la capital. De las diez comunas más pobres del país, La Araucanía tiene siete, y Temuco, la capital regional, es también la ciudad más pobre del país.

Temuco, con la tasa de mortalidad por coronavirus más alta de Chile, “está plagada de altos niveles de contaminación, lo que contribuye a las enfermedades respiratorias de los habitantes”, informó The Guardian el 10 de abril.

La Dra. Carolina Chahin, especialista en enfermedades infecciosas del Hospital Hernán Henríquez Aravena, “predijo que los próximos meses de invierno golpearían duramente a las regiones más frías y meridionales de Chile”, continuó el informe. El hospital, “el único en la región con equipo para atender casos críticos de COVID-19 (tenía) la semana pasada, todos sus ventiladores (a) capacidad. El Ministerio de Salud envió inmediatamente seis máquinas nuevas al hospital, pero Chahin dijo que no contaban con el personal necesario para operarlas”.

Las familias mapuches de las víctimas de COVID-19 han relatado cómo vieron a los enfermos ser rechazados de las salas de emergencia porque el personal no podía hacer frente al aluvión de pacientes. Pablo Huaquilao, cuyos padres contrajeron el COVID-19, les dijo a los medios de comunicación locales: “Empezaron a priorizar a quiénes tratar, muchos ancianos volvieron a sus casas y esos no se contaron en las cifras oficiales”.

“Técnicamente, Chile tiene una atención sanitaria universal, y todo el mundo está cubierto por el Fondo Nacional de Salud pública”, informó la revista médica británica The Lancet en noviembre del año pasado en un artículo titulado “Violentas protestas en Chile relacionadas con las desigualdades en la atención sanitaria”. “Sin embargo”, continuó, “el país tiene un sistema de dos niveles, en el que el sistema público cubre a alrededor del 78% de la población y las aseguradoras privadas cubren a alrededor del 17%”.

(Publicado originalmente en inglés el 15 de abril de 2020)