El dictador militar egipcio Abdel Fattah el Sisi está utilizando los tribunales, las nuevas leyes y la censura de Internet y las redes sociales para reprimir toda oposición a su brutal régimen.

Su objetivo central es defender el capital egipcio y extranjero en el país contra una explosión social de la clase trabajadora que enfrenta pobreza masiva, desigualdad social, una cleptocracia militar y un creciente número de muertos por COVID-19.

ElS isi, que asumió el poder en un sangriento golpe contra el gobierno afiliado a los Hermanos Musulmanes del presidente Mohammed Morsi en julio de 2013, ha tomado medidas enérgicas no solo contra los Hermanos Musulmanes, el partido de oposición político más grande de Egipto que ha sido tildado la organización terrorista y ilegalizado, pero oponentes de todo el espectro político.

Gobierna Egipto a través de desapariciones forzosas, arrestos masivos, la tortura de 60.000 presos políticos, muchos de los cuales nunca han sido juzgados, y ejecuciones, cuyo número registrado, que se cree que es solo una lista parcial, saltó de 32 en 2019 a 107 en 2020 según Amnistía Internacional.

Renovó el estado de emergencia de Egipto por decimoctava vez desde abril de 2017 prohibiendo las reuniones públicas y manifestaciones, sancionando la detención de personas sin juicio o incluso sin cargos y censurando los medios de comunicación. Cientos de personas, incluyendo políticos, abogados, investigadores y periodistas, han sido arrestados y juzgados por el Tribunal de Seguridad del Estado, incluyendo más recientemente Ahmed Samir Santawi, estudiante de posgrado de la Universidad Centroeuropea de Viena, Austria. Santawi fue condenado a cuatro años de prisión por pertenecer a una organización terrorista y difundir noticias falsas en las redes sociales, después de que él y otros miembros de “la alianza esperanza” fueron detenidos por su intento de presentarse a las elecciones parlamentarias de 2020.

El 28 de julio, el Tribunal Penal de Damanhour impuso la pena de muerte a 24 miembros de la Hermandad Musulmana por el asesinato de agentes de policía en 2014 y 2015 en dos casos separados. Ocho de los 24 acusados fueron juzgados en rebeldía.

El mismo día, el Tribunal de Casación, el tribunal más alto de Egipto, rechazó las apelaciones contra sus condenas a cadena perpetua en 2014 presentados por Mohamed Badie, líder de la Hermandad, su adjunto Khairat El-Shater y varios otros. Fueron acusados de 'colaborar con Hamas', el grupo afiliado a los Hermanos Musulmanes que ganó las últimas elecciones palestinas en 2006 y controla Gaza, para desestabilizar la seguridad y la estabilidad nacional. Esto tiene lugar incluso cuando Egipto ha hecho las paces con Qatar, que ha apoyado a Hamas, y ha comenzado un acercamiento con Turquía, a la que ha acusado durante mucho tiempo de proporcionar un refugio seguro para la Hermandad.

El 25 de julio, el Tribunal de Seguridad del Estado pidió al gobierno que pidiera a la Interpol que arrestara a tres ciudadanos egipcios, incluyendo Mohamed Ali, un excontratista de construcción de el-Sisi y ahora crítico en el exilio en España, por incitar al público contra el gobierno: una referencia a las protestas de septiembre de 2020. Los otros dos están acusados de unirse a la ilegalizada Hermandad Musulmana.

Hace dos semanas, las autoridades detuvieron a Abdel Nasser Salama, que era editor en jefe de Al-Ahram, el principal periódico estatal del país, en los años 2012-2014, acusado de “financiar el terrorismo”, difundiendo noticias falsas en redes sociales y socavando las agencias e instituciones estatales. Sigue de su publicación de Facebook pidiendo a el-Sisi que renuncie por su manejo de la Gran Presa del Renacimiento de Etiopía, que ha llevado a una 'gran derrota' para Egipto. Etiopía ha comenzado a llenar el embalse detrás de la enorme presa hidroeléctrica en el Nilo Azul que proporciona alrededor del 80 por ciento de las aguas del río Nilo que desembocan en Sudán y Egipto, lo que genera temores de que los dos países puedan sufrir escasez de agua en los años de sequía.

En junio, Yahya Najm, un exembajador de Egipto en Venezuela que se pronunció contra la 'mala gestión' del gobierno por la crisis de la presa, fue detenido y condenado a 15 días de prisión en espera de una investigación por “unirse a un grupo terrorista, difundir noticias falsas y hacer mal uso de las redes sociales”.

En junio, el tribunal civil más alto de Egipto confirmó la pena de muerte para 12 miembros de la Hermandad Musulmana en relación con las manifestaciones masivas en la plaza Rabaa al-Adawiya en agosto de 2013 contra el golpe de el Sisi. Las fuerzas de el-Sisi llevaron a cabo una de las masacres más sangrientas de la historia reciente, matando al menos a 1.000 manifestantes. Mientras ninguna de las fuerzas de seguridad fue procesada, los 12 miembros de la Hermandad fueron condenados por 'armar a bandas criminales que atacaron a los residentes y resistieron a los policías, así como por poseer armas de fuego ... municiones ... y material para fabricar bombas' y 'matar a policías ... resistir a las autoridades ... y la ocupación y la destrucción de la propiedad pública'.

En abril, al menos nueve personas fueron ejecutadas por cargos falsos similares relacionados con la masacre de 2013.

La Comisión Internacional de Juristas ha calificado al poder judicial egipcio como una 'herramienta de represión', mientras que las Naciones Unidas, Human Rights Watch y Amnistía Internacional han condenado ampliamente el sistema judicial del país.

La sangrienta represión de el Sisi tiene lugar cuando la pandemia de COVID-19 ha devastado las condiciones de vida de los trabajadores. La interrupción repentina del turismo, que al inicio de la crisis representaba alrededor del 15 por ciento del PIB, la caída de las remesas de los trabajadores en el Golfo y las ganancias en moneda extranjera, la retirada por parte de los inversores de al menos 13.000 millones de dólares de los mercados de deuda y acciones de Egipto. y los cierres parciales han llevado a que sólo el 35 por ciento de los egipcios en edad de trabajar tengan un empleo, ya que 800.000 graduados ingresan al mercado laboral cada año. El gobierno, que ya estaba luchando por mantenerse a flote antes de la pandemia después de que sus benefactores del Golfo, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos que habían llevado a el-Sisi al poder en 2013, retiraron su apoyo después de que él no apoyara su guerra criminal en Yemen, y enfrenta niveles de deuda acercándose al 95 por ciento del PIB.

A cambio de dos préstamos del Fondo Monetario Internacional, el Sisi ha implementado sus dictados: recortó los subsidios a los productos básicos domésticos y agrícolas, aumentó los precios del combustible, nuevos impuestos, incluyendo un impuesto al valor agregado, recortó los presupuestos de salud y educación, despidió a empleados del gobierno y permitió que la moneda flotara. Estas medidas han elevado el costo de vida, arruinando a gran parte de la clase media de Egipto y provocando un aumento vertiginoso de las tasas de pobreza.

El régimen se ha negado a hacer nada que pueda afectar las ganancias de las corporaciones, en lugar de proporcionar $6.4 mil millones para que las empresas contrarresten el impacto de la pandemia y anuncian una serie de medidas destinadas a restringir la libertad de movimiento y comportamiento social, con poco apoyo financiero gubernamental para aquellos que perdieron sus medios de vida, hundiendo a millones en la indigencia.

El deteriorado sistema de atención de salud en Egipto ha demostrado ser incapaz de hacer frente a la pandemia. Privado de recursos, el personal médico ha emigrado, mientras que los hospitales y las clínicas carecen de equipos básicos, incluyendo ventiladores, suministros de oxígeno y equipos de protección personal para su personal. A pesar de que más de 500 médicos han muerto a causa de la enfermedad, los médicos han sido arrestados y acusados si hablan sobre la crisis en el país o cuestionan las cifras del gobierno, mientras se les considera responsables de la muerte de los pacientes. Menos del 2 por ciento de los 100 millones de habitantes de Egipto han sido vacunados.

La semana pasada, 2.000 trabajadores de una fábrica de cuchillas de afeitar en la ciudad portuaria de Alejandría se declararon en huelga para exigir que se aumentara su salario al salario mínimo mensual de al menos 2.400 EGP (150 dólares), frente al salario medio actual de aproximadamente 2.000 EGP (127 dólares estadounidenses). Es uno de un número creciente de huelgas y protestas. Según la Red Árabe de Información sobre Derechos Humanos (ANHRI), hubo 80 protestas laborales en el primer trimestre de 2021, incluyendo suicidios, debido al deterioro de las condiciones de vida, y 44 protestas en el segundo trimestre. Una de las protestas más grandes tuvo lugar en junio cuando cientos salieron a las calles en el área de clase trabajadora de Nadi Al-Seed en Alejandría para protestar por la demolición planificada de sus casas para dar paso a nuevos complejos comerciales y de entretenimiento donde se enfrentaron a cientos de policías de disturbios que acompaña a las cuadrillas de demolición.

Las primeras dos semanas de julio fueron testigo de cinco protestas sociales y dos huelgas laborales, de las cuales la más importante fue la de los trabajadores del Nile Linen Group, con sede en la zona económica especial de Alejandría, por la negativa de la empresa a implementar su acuerdo para aumentar el salario mínimo.

La crisis del sistema capitalista y su abyecto fracaso a la hora de abordar la catástrofe social que afecta a las masas se manifiesta en Oriente Medio y el norte de África. Fue el miedo al estallido de las agudas tensiones económicas y sociales de Egipto lo que llevó al dictador militar a apoyar la asunción de poderes de emergencia por parte del presidente de Túnez, Kais Saeid, su destitución del primer ministro Hichem Mechichi, la suspensión del parlamento, la imposición de un toque de queda y la represión de los medios de comunicación asaltando la oficina de Al Jazeera y despidiendo al director de la televisión nacional. Según Middle East Eye, funcionarios de seguridad egipcios estaban presentes cuando el primer ministro tunecino fue golpeado en el palacio presidencial antes de aceptar su dimisión.

La clase trabajadora egipcia debe acudir a sus aliados en la región, sus hermanos y hermanas de clase, para construir una vanguardia revolucionaria internacional que lidere la lucha por la igualdad social y los derechos democráticos.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 4 de agosto de 2021)