El gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Podemos está tomando medidas para ilegalizar a Izquierda Castellana, un partido independentista y nacionalista activo en el centro de España.

La ilegalización de un partido político que se declara socialista, republicano e internacionalista es parte de una campaña creciente por parte de la clase gobernante europea contra la libertad de expresión y los derechos democráticos, intensificada por la aparición de la pandemia de COVID-19. Aterrada por la oposición social creciente a las políticas de la 'inmunidad colectiva' y los rescates a bancos y empresas que han dejado más de 1,1 millón de muertos en Europa, la clase gobernante se propone suprimir toda forma de oposición.

Podemos está desempeñando un papel destacado en este ataque a los derechos democráticos. Al tener sus raíces en la clase media pudiente y al basarse en las políticas postmodernistas antimarxistas de la identidad de raza y de género, se dedica por entero a proteger los privilegios de los que gozan sus miembros en el orden existente. Podemos utilizará todos los medios a su alcance para aplastar la oposición social, mientras aplica políticas de austeridad, guerra y represión policial, así como la política criminal de la 'inmunidad colectiva' que ya ha llevado a la muerte a más de 100.000 personas en España por COVID-19.

Esto también constituye una advertencia sobre el papel reaccionario que desempeñarán los aliados internacionales de Podemos como los Socialistas Democráticos de América (DSA), la Francia Insumisa (LFI) y el partido alemán La Izquierda. Si llegaran al poder, implementarían las mismas medidas antidemocráticas que Podemos.

El Comité Internacional de la Cuarta Internacional (CICI) se opone a la persecución de Izquierda Castellana (IzCa). Tiene diferencias políticas infranqueables con IzCa, que promueve el nacionalismo castellano, buscando una 'Castilla unida' que abarque a Cantabria, Castilla-León, Madrid, La Rioja, y Castilla-La Mancha. Eso lleva a dividir a los trabajadores por criterios nacionales, en medio de una promoción que ya dura décadas del independentismo vasco, catalán y gallego, y el azuzamiento del chovinismo español.

Con todo, la persecución a IzCa es un intento por parte de la burguesía española por intimidar la oposición política, sentar un precedente para ilegalizaciones infundadas de partidos políticos, e instalar una atmósfera de Estado policial.

El viernes IzCa publicó una declaración en la que describe el intento de ilegalización. Explica que el Tribunal Nacional, descendiente del Tribunal de Orden Público creado bajo el régimen fascista de Franco para castigar 'crímenes políticos', les ha notificado acerca de una resolución patrocinada por el Ministerio del Interior del PSOE y Podemos, mediante el fiscal general del Estado. La resolución 'exige la 'extinción' de Izquierda Castellana, es decir, su desaparición como organización política legal'.

IzCa explica que el Ministerio del Interior 'está recurriendo a trucos administrativos, argumentando que los estatutos de IzCa no cumplen los cambios introducidos por la reforma legislativa de la Ley Orgánica 3/2015 del 30 de marzo, sobre el control de la actividad económica y financiera de los partidos políticos'.

Tales trucos son ridículos. El principal partido de la oposición en España, el conservador Partido Popular, estuvo siendo financiado ilegalmente por más de dos décadas mediante acuerdos corruptos con grandes empresas, y nunca se lo amenazó con ser ilegalizado. En 2018, la trama Gürtel demostró que el PP mantenía una contabilidad B, originada en abarcadores maquinaciones de sobornos por contratos que afectaron a muchísimos políticos locales y regionales del PP que concedían contratos a dedo a redes empresariales. Este dinero se usaba después para pagar campañas políticas y brindarles una vida de lujo a políticos selectos.

Según una investigación oficial, el PP tuvo 'un sistema de financiación por fuera del circuito económico legal' entre 1990 y 2008.

'Es paradójico', dice IzCa, 'que una organización política que ... nunca en toda su historia solicitó ni recibió cualquier subvención del Estado, sea ilegalizada por esas razones, especialmente cuando a la mayoría de los partidos políticos que violan la ley y los reglamentos de manera ostensible en tales asuntos ni siquiera se les advierte de tal posibilidad'. La ilegalización, añade IzCa, es parte de una política cada vez más represiva del Ministerio del Interior, 'acentuada desde el inicio de la pandemia de COVID-19'.

IzCa es una alianza de agrupaciones nacionalistas castellanas estalinistas, feministas y pequeñoburguesas fundada en 2002, que incluye a Izquierda Comunera, Unidad Castellana Popular, Juventud Castellana Revolucionaria, Mujeres Castellanas y un grupo de línea dura estalinista, el Partido Comunista del Pueblo Castellano, que se retiró al poco.

Un intento anterior de ilegalizar a IzCa fue cerrado por el Tribunal Nacional en 2008. Sus dirigentes, la ahora finada exdirigente Doris Benegas y el actual secretario general Luis Ocampo han sido puestos en la mira repetidamente. En 2012, Benegas fue arrestada al sospecharse que organizaba una manifestación contra el gobierno, la protesta llamada Rodear el Congreso. En octubre de 2014, Benegas fue arrestada en una manifestación antimonárquica en Madrid, fue retenida por 24 horas y fue enjuiciada. En ese juicio, los demandantes pedían un año y medio de cárcel. Al final Benegas sería absuelta, junto a otras dos personas.

El blanco principal de esta amenaza infundada del gobierno del PSOE y Podemos de ilegalizar a IzCa, una organización en bancarrota que no supone ninguna amenaza al capitalismo español, no es tanto IzCa como el ascenso más amplio de la oposición política en la clase trabajadora. IzCa solo hace de pretexto para poner a prueba métodos de represión política mientras crecen entre los trabajadores las huelgas, las protestas y la oposición más generalizada a las políticas de la 'inmunidad colectiva' y los rescates bancarios.

Podemos ha intensificado sus esfuerzos no por crear la 'democracia radical' que prometía, sino un Estado policial. La amenaza de ilegalizar a IzCa tiene lugar cuando se cumplen seis meses del ingreso en prisión del rapero estalinista Pablo Hasél acusado de insultar al Estado español y la monarquía borbona. Hasél es el primer músico encarcelado en España desde 1978 y la caída del régimen fascista dirigido por Francisco Franco.

Podemos ha intensificado la censura en internet, ha azuzado una caza de brujas MeToo contra el cantante de ópera Plácido Domingo y ha implementado una política antiinmigratoria de tipo fascista. Esto ha llevado a que se ahoguen más de 2.000 inmigrantes en las costas canarias, un aumento de la violencia contra los inmigrantes en toda España y reportes de abuso sexual a muchos menores en los campos de concentración gestionados por el gobierno del PSOE y Podemos.

La clase trabajadora debe oponerse a estas medidas autoritarias, empezando por oponerse a aquellos que las están imponiendo: Podemos y sus secuaces pseudoizquierdistas que, aunque publiquen declaraciones de solidaridad con IzCa, siguen dándole a Podemos una tapadera 'izquierdista'.

Esto incluye a Izquierda Revolucionaria, antiguamente sección del Comité por una Internacional Obrera, que publicó una declaración contra la 'acción antidemocrática', una 'prueba [más] del carácter autoritario y reaccionario del régimen de 1978, pero también de la deriva hacia la derecha del actual Ejecutivo'. Se olvidó de añadir que IR actúa como facción de Podemos. En las elecciones de mayo pasado en Madrid, declaró orgullosa que repartió 120.000 octavillas, organizó 70 mesas en la campaña electoral y produjo 80 pancartas grandes pidiendo el voto para Podemos.

Anticapitalistas, que abandonó el gobierno del PSOE y Podemos el año pasado para suprimir mejor la oposición social desde fuera, no ha publicado aún ninguna declaración, ni siquiera un artículo en su publicación en línea Poder Popular. En cambio, publicó un tuit vacío, de una oración, desde su rama regional de Castilla y León, diciendo: 'El régimen de [19]78 no podrá doblegar la voluntad del pueblo que tome el control de su futuro... Seguimos juntos. Ni un paso atrás'.

La morenista Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras publicó una declaración criticando la ilegalización y exigiendo un 'frente único en defensa de los derechos democráticos y contra la represión por el autodenominado gobierno 'progresista' y el régimen monárquico'. No mencionó a quién incluiría tal frente único. Sin embargo, los morenistas tienen largos antecedentes de buscar alianzas con satélites de Podemos como Izquierda Revolucionaria y Anticapitalistas.

La fuerza que puede y debe ser movilizada políticamente contra la maquinaria policial estatal y para defender los derechos democráticos es la clase trabajadora española e internacional, en oposición a los partidos de la clase media acomodada.

(Publicado originalmente en inglés el 9 de agosto de 2021)