La reciente serie de marchas violentas en Chile contra los refugiados económicos, principalmente de Venezuela, es el producto final de una campaña antiinmigrante de cuatro años azuzada por el gobierno derechista del multimillonario presidente del país, Sebastián Piñera. Los incidentes más graves se produjeron el 25 de septiembre, cuando una turba de 5.000 personas marchó por la ciudad portuaria de Iquique, en el norte del país. Al final del día, la turba encendió una gran hoguera en medio de una plaza y quemó documentos, coches de niños, juguetes, ropa, tiendas de campaña y cualquier otra pequeña posesión de los venezolanos.

Según los informes, no se realizó ni un solo arresto a pesar de que existía un peligro real de que los solicitantes de asilo fueran linchados. Los acontecimientos acusan al Estado capitalista, que ha sancionado y fomentado las expresiones de chovinismo nacional y xenofobia con fines electorales.

Que en un momento dado la escoria fascista y ultranacionalista tomó la delantera es obvio. Sin embargo, en el grupo también había funcionarios del Estado. Se ha sabido que en la marcha participaron personajes como el alcalde de Colchane, el director de un colegio privado y el director de la Zona Franca de Iquique nombrado por el gobierno, Felipe Hübner Valdivieso. Seguramente había más personas al acecho.

A principios de septiembre, el gobierno anunció que comenzaría a expulsar a los llamados 'migrantes ilegales' en base a una nueva Ley de Migraciones promulgada en abril que facilita las deportaciones.

El gobierno de Piñera ya había deportado a 321 refugiados este año y pretendía llevar a cabo 1.500 deportaciones más antes de que Naciones Unidas interviniera para instar a su suspensión. Esto se debe a que los defensores de los derechos humanos y de la migración revelaron que el Departamento de Inmigración y la PDI realizaron redadas masivas de inmigrantes, lanzaron detenciones masivas sin orden judicial, los mantuvieron incomunicados, les negaron representación legal y procedieron a expulsarlos en masa haciendo caso omiso de las normas y garantías constitucionales, incluyendo el debido proceso.

'El gobierno de Chile ha de detener de inmediato estas expulsiones colectivas de inmigrantes ya que estos tienen derecho a una evaluación individual de sus casos', declaró la oficina de la ONU para los Derechos Humanos en América del Sur.

'Las deportaciones no se pueden llevar a cabo de manera sumaria, sino que requieren una evaluación individual teniendo en cuenta las consideraciones humanitarias de arraigo', añadió el relator especial sobre los derechos humanos de los migrantes, Felipe González Morales.

Sólo un día antes de la marcha, funcionarios de Carabineros desalojaron violentamente a 100 familias de refugiados de la Plaza Brasil, una plaza pública de Iquique, con el argumento de que su campamento improvisado representaba un riesgo para la salud.

Al anunciar la reactivación de los desalojos, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, señaló cínicamente que 'no está permitido utilizar los espacios públicos de esparcimiento y recreación para instalar viviendas temporales'.

Varios miles de indocumentados venezolanos, haitianos, colombianos, peruanos y bolivianos que han entrado por las fronteras cada vez más militarizadas de Chile llevan meses varados en Iquique y Arica -la ciudad más septentrional fronteriza con Perú-. Sin hogar, en la indigencia y sin asistencia gubernamental, han tenido que instalar tiendas de campaña donadas en plazas públicas, en la playa o en calles con barricadas sin los servicios más rudimentarios. El campamento de la Plaza Brasil estaba ocupado desde 2020.

El viernes 24 de septiembre, los policías 'empezaron a derribar nuestras tiendas y aquí estábamos, parados en una esquina, mirando a ver qué podíamos coger, dónde podíamos pasar la noche con nuestros hijos. Porque realmente no tenemos dónde dormir, no tenemos dónde quedarnos', dijo a El Ciudadano la refugiada venezolana Mariana Contreras.

'Durante el desalojo de la ex Plaza Brasil, fuimos testigos de golpes a menores de edad y mujeres embarazadas', escribieron grupos sociales y de derechos humanos en un comunicado en el que reclamaron la garantía de los derechos de los refugiados que el gobierno de Piñera ha pisoteado descaradamente. En contraste con la actitud de guante de terciopelo de Carabineros hacia los manifestantes del sábado, hasta 14 solicitantes de asilo fueron detenidos.

Ayudado por los monopolios mediáticos Grupo Copesa y El Mercurio, con sus informes inflados y salaces sobre supuestas olas de delincuencia de migrantes, narcotráfico y delincuencia, el gobierno de Piñera intenta recrear el mismo ambiente político inmundo que lo llevó al poder con el apoyo de la extrema derecha en 2018. Piñera ha calculado que deshumanizando a los migrantes -el sector más pobre y vulnerable de la clase trabajadora y oprimida- puede aumentar sus menguadas posibilidades de ganar las elecciones presidenciales de noviembre.

Durante el último ciclo electoral, los candidatos de la derecha y de la izquierda parlamentaria se presentaron con una plataforma que pedía restricciones a la entrada de inmigrantes, excluyendo en particular a los nacionales de Haití y Venezuela, países asolados por la pobreza. Piñera acusó a los migrantes de 'importar males como la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado'.

El gobierno saliente de la presidenta del Partido Socialista, Michelle Bachelet, preparó el terreno para esta represión antiinmigrante con un proyecto de ley de inmigración que supuestamente pretendía actualizar la ley de migración chilena, que tiene décadas de antigüedad, pero que en realidad se centraba en reforzar la seguridad fronteriza.

El hecho es que los migrantes y refugiados haitianos se desviaron hacia Chile en 2016 y 2017 -se estima que 150.000 haitianos llegaron durante este período- porque su destino de elección, Estados Unidos, estaba cerrado por la reanudación de las deportaciones masivas por parte de la administración Obama, que sólo se intensificó bajo Trump.

Una vez en el poder, Piñera puso en práctica su programa con dos decretos ejecutivos que apuntaron particularmente a los venezolanos y haitianos que enfrentaban una situación económica y política que empeoraba, causada principalmente por la intromisión imperialista de Washington durante décadas.

El primer decreto puso fin al sistema que antes permitía a los haitianos pasar de ser 'turistas' a migrantes regulares una vez que obtuvieran un empleo, y luego buscaran la reagrupación familiar. Ahora los haitianos tenían que obtener un visado de turista de 90 días como máximo antes de entrar en el país y presentar extractos bancarios, una comprobación de antecedentes penales y una reserva de hotel o una carta de invitación notariada. Las solicitudes de reagrupación familiar se limitaban a 10.000 y tenían una duración de 12 meses, lo que convertía el concepto en una burla. El objetivo calculado era hacer que las condiciones fueran tan insoportables y discriminatorias que los haitianos se marcharan.

El segundo decreto afectó al éxodo venezolano. Piñera dio a conocer su 'Visa de Responsabilidad Democrática' con una retórica anticomunista dirigida contra el régimen nacionalista burgués del presidente Nicolás Maduro en Caracas. Sin embargo, el propósito de este visado era también frenar la afluencia de venezolanos exigiendo un visado antes de la entrada para una estancia de 12 meses, renovable una vez.

Para poner el asunto en perspectiva, se calcula que en 2017 hubo 489.000 migrantes, que aumentarán a 1,3 millones en 2018; 1,45 millones en 2019 y 1,46 millones en 2020. En cuatro años, los migrantes pasaron del 2,65% de la población a aproximadamente el 7%, pero su número se ha mantenido estancado desde entonces. Junto con las políticas antiinmigración, el movimiento masivo anticapitalista de 2019 y la pandemia paralizaron la migración regular.

No obstante, la migración continuó, pero a través de entradas irregulares precarias y vulnerables. Entre enero de 2018 y enero de 2021 se produjeron más de 35.400 entradas por pasos no autorizados. En los primeros seis meses de este año esta cifra aumentó a 23.675.

Son estas personas desesperadas, muchas de las cuales han viajado miles de kilómetros a través de la selva amazónica y el altiplano andino sólo para llegar a los pasos fronterizos irregulares hacia Chile, las que son objeto de este cínico ejercicio político.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 12 de octubre de 2021)