La jueza argentina María Servini de Cubría acusó a Rodolfo Martín Villa, de 87 años, exministro del régimen fascista franquista español de 1939-1978, por cuatro cargos de homicidio. La jueza ordenó la detención de Villa, que vive en Madrid. Hasta ahora, el gobierno de coalición del Partido Socialista (PSOE) y Podemos se ha negado a cumplir la orden judicial.

Servini, con sede en Buenos Aires, basó su investigación en el principio de jurisdicción universal, que permite a un investigador enjuiciar a personas que no son sus ciudadanos ni se encuentran en su territorio, pero que han cometido delitos graves, incluidos crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio y tortura.

Este es el segundo intento de enjuiciar a los criminales de la época franquista desde que Baltasar Garzón abrió una investigación en 2008 sobre el golpe militar de Francisco Franco del 17 de julio de 1936 y las desapariciones de 114.266 personas. Garzón finalmente acusó a Franco, 44 exgenerales y ministros y 10 miembros del partido fascista Falange. A consecuencia de esta investigación, Garzón fue inhabilitado y obligado a abandonar la carrera judicial por una sentencia del Tribunal Supremo de España en 2012.

Garzón fue acusado de pervertir la justicia y violar la Ley de Amnistía de 1977 aprobada durante la Transición del fascismo a la democracia parlamentaria después de la muerte de Franco en 1975 y que fue apoyada por el estalinista Partido Comunista de España (PCE). Su objetivo era evitar cualquier ajuste de cuentas con los crímenes fascistas cometidos durante la Guerra Civil Española (1936-1939), el franquismo (1939-1975) y el régimen interino posterior a Franco que duró hasta 1978. Desde entonces, ni un solo franquista ha sido llevado ante la justicia por crímenes que incluyen aproximadamente 300.000 opositores políticos asesinados, 500.000 encarcelados y 500.000 forzados al exilio.

Cientos de españoles han intentado sortear la Ley de Amnistía recurriendo a los tribunales argentinos.

El caso comenzó en abril de 2010 después de que el residente argentino Darío Rivas, hijo de un alcalde electo de una ciudad gallega en el noroeste de España que fue secuestrado y ejecutado bajo Franco, recurriera al derecho internacional bajo el cual los crímenes de lesa humanidad no tienen límites jurisdiccionales. El juicio ahora incluye a 120 demandantes individuales y 62 organizaciones de derechos humanos.

Servini acusó a Villa con una larga orden de detención de 968 páginas, como parte de su investigación sobre crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen franquista.

Tres de los homicidios ocurrieron en 1976 durante la llamada “Matanza del 3 de marzo” en Vitoria, cuando la policía española disparó munición real y gases lacrimógenos contra una asamblea de 4.000 trabajadores en huelga que tuvo lugar en una iglesia de esta ciudad vasca. Cinco trabajadores murieron y cientos resultaron heridos.

El otro homicidio tuvo lugar en Pamplona durante las fiestas de San Fermín en 1978, cuando la policía disparó contra una protesta de jóvenes que exigían la libertad de los presos políticos. En las protestas tras la intervención policial, 150 resultaron heridos, entre ellos 11 por disparos, y Germán Rodríguez, de 23 años, miembro de la Liga Comunista Revolucionaria, murió al recibir un tiro en la frente.

Desde 1962, Martín Villa había ocupado diferentes cargos en las instituciones fascistas que operaban durante el franquismo. En 1975 fue nombrado ministro de Relaciones Sindicales en el primer gobierno tras la muerte de Franco, cargo que ocupaba en el momento de la masacre de Vitoria. En junio de 1976, fue nombrado ministro del Interior. Por lo tanto, tenía el control de la policía en 1978 durante los eventos de Pamplona.

Villa se hizo conocido como 'la porra de la Transición', debido a su repetido recurso a la violenta represión policial de las protestas. Solo en 1977, la policía dispersó violentamente 788 manifestaciones en España, es decir, el 76 por ciento de todas las protestas. Para bloquear futuras investigaciones, bajo su mandato Villa también supervisó la destrucción de decenas de miles de documentos y archivos sobre la represión policial bajo Franco.

Después, Villa disfrutó de una lucrativa carrera. En 1997, fue nombrado presidente de ENDESA, la principal compañía eléctrica de España, a la que ayudó a privatizar. En 2013, se convirtió en miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. En 2006 fue nombrado presidente de Sogecable, un proveedor español de televisión de pago. Villa también es miembro del comité asesor de FRIDE (Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior), un grupo de expertos pro-UE con sede en Madrid.

El caso de Martín Villa no es una excepción. La gran mayoría de los dirigentes políticos, policiales y militares de Franco continuaron ocupando altos cargos en el orden postfranquista, tanto en el sector público como en el privado, protegidos y ayudados por los sucesivos gobiernos del Partido Socialista (PSOE) después de la Transición.

La acusación de Servini contra Martín Villa es una denuncia política de la Transición. El hombre promovido por la clase dominante española como contribuyente a lograr la reconciliación entre los españoles después de la Guerra Civil y abrir una nueva era de paz y democracia capitalista bajo los auspicios de la Unión Europea (UE) y la OTAN, se expone como un secuaz despiadado e impenitente del régimen franquista.

En el escrito de acusación la jueza señala que: “Toda la estructura represiva montada por el régimen franquista siguió funcionando bajo la dirección ahora de la nueva dirigencia política a cargo del proceso de transición. Durante los primeros años se mantuvieron las normas, estructuras, agentes y las prácticas represivas propias de aquel y se les aseguró a las fuerzas del orden público la impunidad de su actuación por todos los medios a su alcance”.

Igualmente, añadía que “Rodolfo Martín Villa conocía y propiciaba la política de orden público de ese Gobierno que integraba, y que era la misma implementada durante el Gobierno de Franco”.

Martín Villa ha reaccionado a su acusación declarando al diario conservador español ABC: 'Estoy tranquilo. Apelaré'.

La reacción de Villa no es sorprendente. Goza de un apoyo casi unánime en el establishment político postfranquista de España. Todos los ex presidentes del Gobierno vivos desde la época franquista —Felipe González (PSOE), José María Aznar (PP), Mariano Rajoy (PP) y José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE)— escribieron cartas a Servini el pasado mes de septiembre defendiendo la trayectoria de Villa. A ellos se unieron los ex dirigentes de la burocracia sindical, Cándido Méndez y Nicolás Redondo por UGT y Antonio Gutiérrez y José María Fidalgo por CCOO, así como el actual Alto Representante de la UE para Política Exterior y exministro del PSOE Josep Borrell, entre otros.

En declaraciones a Servini en septiembre de 2020, Martín Villa citó al líder estalinista español Santiago Carrillo, secretario general del PCE durante la década de 1970, fallecido en 2012, para exonerarse de los hechos de Pamplona. Poco después de esos sucesos, Carrillo declaró cínicamente que “en toda su vida no había visto una actuación tan transparente, tan limpia, y con tanta capacidad de decisión inmediata”.

El hecho de que el PSOE y la burocracia sindical salgan en defensa de un criminal franquista como Villa demuestra que solo un movimiento político dentro de la clase obrera puede llevar a los torturadores ante la justicia y desvelar todo el alcance de los crímenes de Franco. Esto no vendrá de apelaciones al poder judicial argentino, ni de partidos como Podemos y los sindicatos. Son herederos directos de quienes defendieron la reaccionaria Ley de Amnistía de 1977 y están orientados al PSOE, el principal partido de gobierno burgués desde la muerte de Franco.

En los últimos dos años, el gobierno del PSOE y Podemos no ha levantado un dedo para facilitar estos juicios o investigaciones de crímenes fascistas. Esto es una burla al cínico tuit de Podemos que dice: 'Que Martín Villa sea procesado por los crímenes del franquismo es un gran paso contra la impunidad, pero es una vergüenza que la justicia argentina esté haciendo lo que se tendría que haber hecho hace mucho tiempo en España'.

El hecho es que los estalinistas y Podemos son profundamente hostiles a cualquier ajuste de cuentas contra el régimen de Franco: tal movimiento se volvería contra su gobierno proausteridad y pro 'inmunidad colectiva'. A medida que las amenazas golpistas de extrema derecha se intensifican en España e internacionalmente, los sindicatos y los partidos pseudoizquierdistas como Podemos temen sobre todo el surgimiento de un movimiento revolucionario en la clase trabajadora, que se oponga a los fascistas sobre la base de una perspectiva revolucionaria e internacionalista. Esto requiere construir una sección del Comité Internacional de la Cuarta Internacional en España.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 5 de noviembre de 2021)