En una exposición descarada de su sumisión a la oligarquía financiera-corporativa, la administración de Biden y la dirección demócrata en el Senado acordaron el jueves a eviscerar unas disposiciones en su proyecto de ley climático y fiscal que modestamente harían aumentar la tasa de impuestos sobre corporaciones milmillonarias y los milmillonarios de fondos de cobertura.

El líder de mayoría del Senado Chuck Schumer (demócrata de Nueva York), también conocido como “el senador de Wall Street”, anunció un trato con demócrata de Arizona Kyrsten Sinema que abandona una disposición que terminaría la escapatoria infame de “interés devengado”, que permite que los fondos de cobertura y gerentes de equidad privada paguen impuestos sobre sus ingresos al mismo nivel que la tasa para plusvalías, que es casi 50 por ciento menos que la tasa normal para asalariados muy altos.

Esta disposición sólo habría afectado a un puñado de milmillonarios y ganaría una suma estimada de $14 mil millones en ingresos fiscales durante 10 años.

Además, la dirección demócrata acordó a recortar el alcance de su propuesto impuesto mínimo de 15 por ciento sobre corporaciones que valen más de mil millones de dólares para virtualmente excluir a las grandes compañías fabricantes. Esto ocurrió a pesar del hecho de que, sólo horas antes de que Schumer y Kyrsten anunciaran su trato, el Comité de Finanzas del Senado emitió los datos del Comité Junto sobre Impuestos que demostraban que hasta 125 compañías milmillonarias pagaron una tasa impositiva promedia de 1,1 por ciento en 2019.

Sinema había sido la última demócrata en contra de la denominada Ley de Reducción de Inflación, anunciada la semana pasada después de que Schumer y senador de Virginia Occidental Joe Manchin acordaron a una versión drásticamente reducida del proyecto “Volver Mejor” de presidente Joe Biden, un paquete de medidas climáticas, impositivas y sociales.

Biden y los demócratas están buscando conseguir que se apruebe el proyecto en el Senado dividido en partes iguales a través del proceso de reconciliación presupuestaria, que requiere una votación de mera mayoría y bloquea un filibustero por republicanos, que unánimemente votarán en contra de la ley. Esto significa que cada demócrata del Senado necesitará votar a favor de la medida, y en este caso la vicepresidenta Kamala Harris, como presidenta del Senado, tendría el voto de calidad.

La administración de Biden –cada vez más desacreditada como resultado de sus políticas de COVID-19 de infección masiva, su guerra indirecta contra Rusia en Ucrania, su rechazo a hacer responsabilizarse a Trump y sus cómplices en formular un golpe de Estado y sus esfuerzos de empobrecer a obreros a través de la inflación récord– está enfrentando una situación de encuestas en declive y la posibilidad de una toma del poder por los republicanos sobre una o las dos cámaras del Congreso en las elecciones a medio período en noviembre.

Es desesperada para anotar una “victoria” legislativa, y cínicamente está presentando su trato con Manchin como un avance para el medioambiente, para costes reducidos para medicamentos con receta y para la equidad impositiva. No es ninguna de estas cosas.

El año pasado, Manchin, un milmillonario de una compañía carbonífera, bloqueó varias iteraciones del paquete de política doméstica de la administración de Biden –que se achicó de unos $6 billones a $3,5 billones y finalmente a $1,75 billones–por sus restricciones sobre la industria de combustibles fósiles y la oposición derechista de Manchin a cualquier expansión de medidas de asistencia social.

El nuevo proyecto, fraudulentamente presentado como una medida contra el cambio climático, no sólo fracasa en refrenar a los contaminadores corporativos con carbón, petróleo y gas, también expande dramáticamente el arrendamiento por el gobierno federal de territorios terrestres y marítimos a productores del petróleo y el gas, algo que extiende la perforación costa afuera desde el Golfo de México hasta las aguas cerca de Alaska.

En un artículo publicado el 29 de julio bajo el título “Proyecto climático es un bono para el sector de combustibles fósiles”, el Wall Street Journal citó al director general de Shell Ben van Beurden, quien elogió el proyecto, y dijo, “El mundo necesita más petróleo y el gas tiene que encontrarse en camino”.

Una parte del trato entre Manchin y Schumer es un acuerdo, promocionado por Biden y la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, a votar en un proyecto distinto durante el otoño que haría que fuere más fácil para que los desarrolladores invaliden la oposición basada en el medioambiente mientras construyen las conductas, instalaciones para la exportación del gas natural y otra infraestructura energética. Manchin tiene un interés directo en una evisceración tan amplia de la supervisión ambiental ya que está promocionando la conducta de gas de Mountain Valley entre Virginia Occidental y Virginia durante unas protestas continuas por grupos medioambientales y terratenientes pequeños en la región.

Brett Hartl, el director de asuntos gubernamentales en el Centro para la Diversidad Biológica, llamó el proyecto un “pacto de suicidio climático”.

Manchin es sirviente para el gran negocio de petróleo y gas. Es el alto receptor en el Senado de fondos de campaña de la industria de combustible fósiles. Según el rastreador OpenSecrets, recibió $888.917 de la industria petrolera y de gas entre 2017 y 2022. Entre el julio y el octubre de 2021, cuando Manchin era el opositor principal de la agenda “Volver Mejor” de Biden, recaudó $400.000 de intereses de combustibles fósiles, aunque no se presenta en las elecciones en 2022 pues su mandato actual extiende hasta 2024.

Evidentemente, en el entorno corrupto del sistema capitalista de dos partidos, la fortuna personal de Manchin en la industria carbonífera y de gas y sus beneficios recibidos del Gran Petróleo lo califican para ser presidente del Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado, que él ha encabezado desde 2021. Durante la administración de Trump, Manchin votó según la posición de Trump más que una mitad del tiempo, según FiveThirtyEight.

Los servicios de Sinema para la oligarquía estadounidense se centran en su servilismo a parásitos de fondos de cobertura y la equidad privada. Ella es la alta receptora de fondos de campaña de la industria de inversión; ha acumulado $2,2 millones desde 2017 a 2022, según OpenSecrets.

“Hemos asentido a remover la disposición de impuestos sobre el interés devengado, proteger la fabricación avanzada, y estimular nuestra economía de energía limpia en la legislación de reconciliación presupuestaria del Senado”, afirmó Sinema en una declaración emitida el jueves.

Si ella hablara de verdad, habría dicho: “Hemos asentido a retener la escapatoria impositiva milmillonaria para especuladores en los fondos de cobertura, proteger a los principales fabricantes de pagar impuestos federales, y dar cientos de mil millones en créditos fiscales a la industria de energía renovable mientras no imponemos ninguna pena contra las compañías de combustibles fósiles que eructan gas”.

CNN reportó el jueves que Sinema había realizado una llamada privada más temprano durante la semana con la Cámara de Comercio de Arizona y la Asociación Nacional de Fabricantes, que instaron a Sinema a exigir un cambio en la disposición sobre el impuesto corporativo mínimo en el proyecto.

El presidente de la Cámara de Comercio de Arizona Danny Seiden dijo a CNN que él dejó clara la oposición de la comunidad empresarial hacia la disposición, y dijo que impactaría a fabricantes que aprovechan de una deducción de impuestos sobre depreciación que recorta su presión fiscal.

“¿Está escrito de una mala manera?” preguntó Sinema, según Seiden. Hay muy poca duda sobre la autora de la reescritura de la disposición.

Al mismo tiempo, los supuestos beneficios sociales del proyecto, cuyo coste total se estima en $433 mil millones durante 10 años (comparado con el presupuesto de defensa bipartidista de sobre $800 mil millones durante este mismo año), constan de una extensión de tres años de subvenciones existentes de la Ley de Atención Sanitaria Asequible y la habilidad de Medicare de negociar el precio de un número relativamente bajo de medicamentos con receta. Todas las medidas sociales sustanciales en el proyecto Volver Mejor de Biden han sido eliminadas, tales como los créditos extendidos por hijo, las subvenciones para el cuidado de niños y ancianos, el permiso por enfermedad y asuntos familiares pagado, ayuda con la vivienda, la idea de programas universales antes del kindergarten, y la expansión de Medicare para cubrir el seguro dental, de la vista y del oído.

Si el diputado del Senado falla que las disposiciones del proyecto satisfacen los requisitos del proceso de reconciliación presupuestaria, que de ningún modo es el resultado seguro, Schumer planea realizar una votación procesal sobre la medida el sábado, 6 de agosto. Después de esto habrá un debate y una ráfaga de enmiendas bajo el llamado procedimiento de “vote-a-rama”.

Los republicanos propondrán medidas ultraderechistas y antiinmigrantes y otras ideas fascistizantes para retrasar el voto final. Bernie Sanders propondrá medidas más duras para imponer impuestos sobre las corporaciones en otro ejercicio de demagogia, y sabrá que sus enmiendas serán rechazadas, y él ya habrá anunciado que al fin y al cabo votará a favor del proyecto proempresarial.

Los demócratas esperan obtener la aprobación antes de las vacaciones de verano del Congreso, que según el horario iniciará el lunes, 8 de agosto.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 5 de agosto de 2022)