El domingo, después de un ejercicio de postura política por los dos partidos que duró 27 horas, el Senado estadounidense aprobó la mal llamada “Ley de Reducción de la Inflación de 2022” de la administración de Biden en una votación según partido de 51 contra 50. La vicepresidenta Kamala Harris presentó el voto de calidad en su capacidad como presidenta del Senado.

“El Senado está haciendo historia”, declaró el líder de mayoría del Senado Chuck Schumer, también conocido como el senador de Wall Street, mientras senadores demócratas y sus miembros de personal se levantaron para una gran ovación.

“Para los estadounidenses que han perdido la fe de que el Congreso pueda hacer una gran cosa, este proyecto es para ustedes”, dijo Schumer, y añadió, “Este proyecto cambiará a los Estados Unidos por décadas”. Prosiguió por llamar la legislación “el paquete de energía limpia más audaz en la historia estadounidense”, una que reducirá los costes al consumo de energía y medicamentos.

La celebración fingida reflejaba no el verdadero contenido del proyecto –un achicamiento miserable de antiguas iteraciones de la agenda doméstica de la administración de Biden, purgada de cualquier medida social considerable, restricciones sobre emisiones de gases de efecto invernadero o aumento de la tasa impositiva sobre las corporaciones– sino la desesperación del Partido Demócrata para crear la ilusión de una reforma progresista y anotar una “victoria” legislativa antes de las elecciones a mitad del período en noviembre.

Es improbable que engañe a las masas de gente obrera, que confrontan la inflación brutal y una política deliberada de desempleo creciente para detener un movimiento salarial creciente.

La última versión del proyecto que emergió del llamado proceso de reconciliación presupuestaria, que bloqueó un filibustero republicano y dejó que la medida se aprobase a través de una mera mayoría en la cámara dividida en partes iguales, destina unos $430 mil millones para medidas climáticas y una extensión de tres años de subvenciones subidas para el seguro médico comprado en los intercambios privados bajo la Ley de Atención Sanitaria Asequible.

Los $369 mil millones durante 10 años nominalmente devotados a luchar contra el cambio climático consta enteramente de créditos fiscales para las corporaciones energéticas privadas, las no basadas en carbón, así como las de combustibles fósiles. Es, como algunos comentaristas han notado, “una zanahoria sin el palo”, es decir, para el bienestar corporativo y sin ninguna pena para las compañías que eructan gases de efecto invernadero a la atmósfera.

Es justificable creer, a pesar de todo el revuelo de los demócratas y los medios de comunicación favorables al Partido Demócrata, que el proyecto empeorare la crisis climática. Una expresión de la subordinación completa de los dos partidos a la oligarquía corporativa-financiera, el Gran Petróleo incluido, es la inserción en el proyecto de unas disposiciones que masivamente expanden la exploración y la perforación por petróleo y gas en tierras federales y regiones marítimas, incluidos el Golfo de México y las aguas cerca de Alaska.

Estas disposiciones fueron añadidas según la insistencia de demócrata de Virginia Occidental Joe Manchin, un milmillonario de una empresa carbonífera y el alto receptor en el Senado de fondos de campaña de la industria de combustibles fósiles. Manchin dirige el Comité del Senado de Energía y Recursos Naturales.

Manchin también se aseguró de recibir de Schumer, presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi y la administración de Biden un compromiso para que voten por una medida diferente en el otoño–que no se podría aprobar por el procedimiento de reconciliación presupuestaria–que dramáticamente reduciría el papel de agencias ambientales en autorizar permisos para conductas energéticas y otras instalaciones de combustibles fósiles. Es probable que esa medida gane un gran número de votos republicanos, algo que aumenta la probabilidad de que el Congreso la apruebe.

Manchin tiene un interés directo en este regalo para los que emiten gases de efecto invernadero. Ha estado luchando contra unas protestas por grupos ambientales y terratenientes pequeños en su estado de hogar que se oponen a la realización de una conducta de 300 millas para el transporte de gas de esquisto de los Apalaches de Virginia Occidental a Virginia.

Incluida en el proyecto es una disposición poco reconocida que mudaría la revisión judicial de las demandas contra el proyecto de conducta de la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito, que ha defendido unas de las protestas, a la Corte de Apelaciones Estadounidense del Circuito de Washington D.C., una corte aparentemente más favorable a la industria de combustibles fósiles.

La semana pasada, en una conferencia telefónica con analistas, director general de Exxon Darren Woods llamó el proyecto “un paso en la dirección correcta”, y la rama estadounidense de BP y Shell se unieron a 38 otras compañías en una carta que apoyaba la aprobación rápida del proyecto.

El apoyo abierto por el proyecto de “energía limpia” de productores petroleros importantes –que están sacando unas ganancias récords por aumentar los precios en el medio de la guerra de EE.UU./OTAN contra Rusia en Ucrania y unas interrupciones de suministro relacionadas con la pandemia de COVID-19– enojó a muchos legisladores republicanos, que presionaban a la industria para que hablara públicamente contra la ley. Después de decir muy poco sobre el proyecto durante una semana, el Instituto Estadounidense de Petróleo emitió una declaración en que a él se oponía el viernes.

Sobre la extensión de tres años de subvenciones aumentadas de Obamacare (con un coste de $64 mil millones), la impulsaban unos cálculos electorales cínicos. Los demócratas, que ya enfrentan la propuesta de perder su control de la Cámara de Representantes y posiblemente del Senado en las elecciones del 8 de noviembre, estaban horrorizados que los votantes serían informados de un aumento agudo en las primas del seguro antes del día de las elecciones a menos que se extendieran los beneficios. Si se supone que el proyecto se apruebe en la Cámara más tarde durante esta semana, los beneficios continuarán hasta después de las elecciones de 2024.

El otro beneficio de atención sanitaria muy elogiado en el proyecto es una reducción en el precio de medicamentos con receta, algo que se asegurará por permitir por la primera vez que Medicare negocie sobre los precios de medicamentos con las corporaciones farmacéuticas. Se espera que este programa guarde $288 mil millones durante diez años y se incluye en los estimados ingresos adicionales de $760 mil millones, que mayormente provendrán de aumentos impositivos y la aplicación aumentada por el Servicio de Impuestos Internos (IRS).

No obstante, el proyecto deja que Medicare negocie sobre el precio de un número pequeño de medicamentos, una iniciativa que comienza en 2026, y excluye los medicamentos que ya competen con una versión genérica. También incluye unas disposiciones que permitirán que las compañías farmacéuticas gigantes cobren precios todavía más altos para nuevos medicamentos que aparecen en el mercado.

El carácter bizantino y no democrático del proceso entero fue subrayado por la última disposición de un precio máximo de bolsillo mensual de $35 por la insulina. El diputado del Senado, el árbitro no elegido de lo que puede y no puede ser aprobado bajo el procedimiento de reconciliación presupuestaria, falló que el precio máximo por la insulina sólo podía aplicarse a afiliados de Medicare, y no a los que compran el medicamento de supervivencia en el mercado comercial.

Un beneficio más sustancial que terminó en el proyecto después del Senado es un máximo de $2.000 sobre el desembolso de bolsillo para medicamentos con receta para afiliados de Medicare. Sin embargo, se espera que esto beneficiare a menos de 2 millones de personas mayores, una fracción pequeña de los ancianos que confían en el programa de medicamentos de la Parte D de Medicare.

La afirmación de que el proyecto redujere los precios al consumo es enteramente falsa. Se basa en la afirmación de que el resultado neto del proyecto fuere una reducción del déficit federal de $300 mil millones durante 10 años –una mínima parte del endeudamiento del gobierno–. Incluso la cifra de $300 mil millones ha sido reducida a $102 mil millones por la Oficina de Presupuesto del Congreso, basado en el proyecto que salió del debate en el Senado.

No hay ningunos controles de precios y ninguna pena sobre las compañías que participan en la manipulación de precios. El diputado falló que los reembolsos al gobierno de compañías farmacéuticas que alzan sus precios encima de la tasa de la inflación pueden recaudarse solo sobre las drogas compradas por Medicare, no las compradas en el mercado.

La misma prosternación a los intereses corporativos aplica a las llamadas disposiciones de “equidad tributaria” en el proyecto. Los recortes de impuestos de $1 billón para las corporaciones y los ricos en la revisión impositiva de 2017 bajo Trump siguen existiendo. No hay ningún aumento en ni la tasa impositiva sobre las corporaciones ni la tasa impositiva para los ricos.

La semana pasada, la propuesta de acabar con la escapatoria notoria de “interés devengado”, que permite que los fondos de cobertura y gerentes de equidad privada paguen sus impuestos según una tasa que es una mitad de la normal para asalariados altos, fue quitada del proyecto. Esto fue el precio exigido por la demócrata de Arizona Kyrsten Sinema por dar su ayuda, sin la que el proyecto habría fracasado.

En lugar del fin de la escapatoria de interés devengado, los demócratas incluyeron un impuesto especial de un por ciento sobre la recompra de acciones. Como reportó el Wall Street Journal en un artículo titulado “No se espera que el plan afecte la recompra”, muchos analistas financieros son confidentes de que el impuesto leve no terminará el ritmo récord de una práctica corporativa enteramente parásita que tiene el objetivo de enriquecer más a los ejecutivos y grandes inversores.

Sinema, después de una llamada privada con la Asociación Nacional de Fabricantes y la Cámara de Comercio de Arizona, también exigió la evisceración de un segundo aumento tributario propuesto sobre el negocio: una tasa impositiva mínima de 15 por ciento sobre las corporaciones que reportan ingresos de más de $1 mil millones de dólares a sus accionistas. Sinema exigió que los fabricantes tengan permiso de seguir aplicando una escapatoria tributaria de depreciación acelerada que deja que las compañías que tienen mil millones en ingresos paguen poco o nada de impuestos federales.

Esto también se incorporó en el proyecto final, aunque el día anterior el presidente del Comité de Finanzas del Senado emitió unos datos que demostraban que los ingresos promedios reportados en los estados financieros por corporaciones que ganan más de $1 mil millones eran casi $9 mil millones, pero pagaban una tasa impositiva promedia de solo 1,1 por ciento, mayormente a través del uso de la depreciación acelerada.

Sinema es una sirvienta bien reconocida para la industria de inversión y los fondos de cobertura; ha recibido más de $2,3 millones en fondos de campaña de estas fuentes desde 2017–más que cualquier otro senador.

No obstante, sería un gran error creer que Manchin y Sinema son atípicos en el asunto de prostituirse al gran negocio.

El Wall Street Journal reportó el domingo que el director de Blackstone Stephen Schwarzman personalmente recibió casi $150 millones en interés devengado y la compensación por cuotas incentivadoras solo en 2021, según los archivos de valor. El director en funciones de relaciones gubernamentales en Blackstone es Alex Katz, quien por cinco años sirvió como un asesor mayor a–Chuck Schumer.

Uno no debe faltar de incluir en la fila de esta compañía ilustre al arrogante Bernie Sanders.

Como se esperaba, Sanders aprovechó de las horas de enmiendas al proyecto del recinto del Senado –el llamado proceso de “vote-a-rama”– para hacerse el demagogo sobre su supuesto papel de tribuna para los obreros. A pesar de que sabía que sus propuestas serían rechazadas por los otros demócratas, así como los republicanos, y ya había prometido votar a favor del proyecto final sin importar eso, él dio unos discursos largos en que llamaba por la restauración de medidas sociales en antiguas versiones del proyecto de Biden –nombrado Volver Mejor– que él había elogiado como la legislación más progresista por la administración más progresista desde el Nuevo Trato de Roosevelt.

Verdaderamente, la lista de las medidas sociales descartadas durante los últimos años parece ser impresionante: la matrícula gratis en universidades comunitarias, créditos fiscales por hijo extendidos y expandidos, programas universales antes del kindergarten, permiso pagado por enfermedad y asuntos familiares, la expansión de Medicare para que cubriría el seguro dental, de la vista y del oído, aumentos tributarios importantes sobre los ricos.

Éstas eran, como sabía muy bien el señor Sanders, unas promesas vacías diseñadas para deludir a las masas mientras la administración preparaba para la guerra contra Rusia y China, el abandono de toda medida de atención sanitaria para contener COVID-19 y la promoción de los sindicatos corporativistas para suprimir el movimiento obrero por aumentos salariales y condiciones laborales dignas.

Sanders imploró a los demás demócratas; dijo, “Tenemos que mostrarles que somos capaces de representar las necesidades de estadounidenses ordinarios y no solo de los contribuyentes ricos de campaña”. Contestaron por unirse a los republicanos para rechazar unánimemente cada una de sus enmiendas.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 7 de agosto de 2022)