Los trabajadores portuarios pusieron fin a un paro de protesta de 48 horas en Chile el 28 de octubre, pero amenazaron con una huelga indefinida si el gobierno de pseudoizquierda del presidente Gabriel Boric no cumple las promesas que hizo al sector.
La acción de protesta fue convocada en medio de un empeoramiento de la situación provocado por la espiral inflacionaria y el alza de las tasas de interés que están empujando la economía a la recesión. Forma parte de una movilización más amplia entre los jóvenes y los trabajadores; en octubre estallaron protestas estudiantiles y varias huelgas de profesores, profesionales de la salud, empleados farmacéuticos y repartidores inmigrantes.
A la luz de esta creciente militancia en la clase obrera, es necesario extraer lecciones políticas del pérfido papel de todas las organizaciones actuales —incluyendo los sindicatos chilenos, los partidarios de la pseudoizquierda de Boric y varias tendencias pablistas, que dominan la clase obrera para evitar otra serie de traiciones invariablemente vendidas como victorias.
El último paro portuario fue convocado por la Unión Portuaria de Chile (UPCh) y su filial el Frente de Trabajadores Portuarios Centrales (FTPC), que dice representar a 8.000 trabajadores, principalmente eventuales y temporales, en 24 terminales de todo el país.
Los trabajadores exigen la creación de un sistema especial de pensiones para los empleados que se ven obligados a jubilarse anticipadamente debido a la alta peligrosidad y exigencia física de su trabajo. La pensión que piden equivale al 75% de su último salario y un complemento para acceder a una sanidad de calidad, que en Chile es un privilegio exclusivo de unos pocos ricos. Se encontraron con la represión policial, que se ha convertido en el recurso de la administración Boric cuando se enfrenta a cualquier forma de oposición social.
Comenzando en la ciudad portuaria de San Antonio, en la Región de Valparaíso, en las terminales de San Antonio Terminal Internacional, DP World y Puerto Panul, siguieron otros paros en las terminales de las ciudades de Iquique, Antofagasta, al norte, y San Vicente y Puerto Montt al sur. Cabe destacar que varios puertos no participaron, y el puerto de Valparaíso se encargó de algunos de los servicios desviados, actuando de hecho como rompehuelgas.
El portavoz del Sindicato Portuario de San Antonio Terminal Internacional (STI), Ricardo Rodríguez, dijo a Telesur que el paro se debió a 'la falta de seriedad mostrada por el Estado con los trabajadores portuarios', afirmando que 'de un día para otro se cortó la comunicación a pesar de los grandes intentos de nuestra parte por mantener el diálogo'.
La UPCh, alineada con el Frente Amplio, es promovida por las organizaciones de pseudoizquierda y pablistas como un sindicato combativo. Fundado en 2011, pretende ser una alternativa de base a la Confederación de Trabajadores Portuarios de Chile (COTRAPORCHI) y al Sindicato de Estibadores del Puerto de Valparaíso que están estrechamente identificados con la supresión de la lucha de clases desde los años 90 con la consigna de la 'paz social', entrando en acuerdos de no huelga con los empresarios y las administraciones de centroizquierda.
El ministro de trabajo de la dictadura de Pinochet, José Piñera, implementó leyes laborales que imponían una fuerte restricción a la negociación colectiva, permitiendo la contratación de rompehuelgas durante las mismas y promoviendo sindicatos competidores dentro de las empresas. El Partido Socialista y el PPD en el gobierno y los sindicatos dominados por los estalinistas mantuvieron las leyes antilaborales de Pinochet, invocando la despectiva mentira de que la constitución de Pinochet les impedía hacer algo al respecto.
Esta casta política que se formó bajo los gobiernos de coalición de centro-izquierda se aprovechó de las ilusiones de una generación que sólo había conocido la dictadura militar para mantenerse en el poder desde 1990 hasta 2010. Se apoyaron en su vínculo con el gobierno del Frente Popular, brutalmente derrocado por el golpe fascista-militar del general Pinochet en 1973, que les dio un falso barniz de 'izquierda'.
En el poder, el centro-izquierda y los sindicatos profundizaron en las políticas de libre mercado de Pinochet, lo que significó privatizaciones combinadas con despidos masivos y la precarización de la mano de obra bajo un sinfín de contratos, lo que hace que los salarios varíen enormemente por el mismo trabajo. Los eventuales no tienen acceso a un seguro de salud cuando están desempleados y sólo pueden acceder a la pensión mínima básica, una suma de hambre de 193.000 CLP al mes (204 dólares). También se les niega el permiso parental, las vacaciones pagadas y la compensación por años de servicio. Su contrato dura literalmente lo que dura un día de trabajo.
En 1997, la Ley Nº 19542 transformó el sistema portuario público en empresas autónomas que licitaron las operaciones de los terminales a holdings privados con concesiones de hasta 30 años. Matte, Luksic y Von Appen, poderosas familias capitalistas chilenas, controlan gran parte de la actividad portuaria. En alianza con los intereses transnacionales, han hecho un gran negocio.
Los trabajadores portuarios, de los cuales el 70 por ciento son eventuales, soportan salarios irrisorios y turnos inhumanos, junto con rachas de subempleo y desempleo y condiciones extremadamente peligrosas. En un caso, la empresa portuaria de Antofagasta se negó a indemnizar a la familia de un trabajador que murió tras ser obligado a trabajar 35 horas seguidas. Estas tragedias no son infrecuentes; desde el año 2000 se han producido 3.864 accidentes y 40 muertes de trabajadores permanentes, y muchas más entre los temporales.
En la década de 2010 se alcanzó un punto de inflexión en el marco de un recrudecimiento de la lucha de clases internacional tras la crisis financiera mundial. Esto se expresó con una radicalización de los estudiantes que protagonizaron inmensas protestas contra el disfuncional y costoso sistema educativo privatizado y el crecimiento de la actividad militante en varios sectores de la clase obrera, incluyendo la aparición de huelgas salvajes en oposición directa a los desacreditados sindicatos oficiales y los partidos de centro-izquierda.
La Unión Portuaria de Chile y otros sindicatos, los partidos de la coalición del Frente Amplio, así como toda una gama de organizaciones sociales y comunitarias vinculadas a los estalinistas y a la pseudoizquierda, surgieron durante este periodo para tomar el control de la situación y encauzarla de nuevo bajo el ala de la política parlamentaria. En todos los casos contaron con la ayuda de las organizaciones pablistas.
Este fue el caso de las amargas huelgas portuarias de un mes que surgieron en 2014 y 2018.
En diciembre de 2013, durante los últimos días del gobierno derechista de Sebastián Piñera (2010-2014), 400 estibadores cerraron el puerto de Angamos en la Región de Antofagasta. La huelga desafiaba directamente las leyes laborales de Pinochet: en concreto, reclamaba la inclusión de los eventuales en el marco de la negociación colectiva.
En la segunda semana de enero de 2014, ante la brutal represión carabinera y militar, unos 7.000 trabajadores se sumaron a la huelga. Los puertos de Iquique, Angamos, Antofagasta, Chañaral, Huasco y Caldera, al norte, así como San Antonio en el centro y Lirquén, Penco, Coronel, San Vicente, Calbuco, Corral, Puerto Montt y Chacabuco, al sur, fueron paralizados con piquetes y barricadas.
Fedefruta informó que sólo el paro de San Antonio estaba causando pérdidas semanales de hasta 40 millones de dólares. Asoex, la asociación de exportadores, afirmó que las exportaciones de carne y vino estaban perdiendo 80 millones de dólares a la semana. Bolivia reportó una pérdida de 30 millones de dólares como resultado del paro en el puerto de Iquique. Codelco informó de la paralización de 130 millones de dólares en exportaciones de cobre en Mejillones.
Como señaló en su momento el World Socialist Web Site: 'La poderosa huelga sacudió a la clase dominante, no sólo por su efecto directo en la economía del país (con pérdidas multimillonarias en importaciones y exportaciones), sino por su puesta en peligro de la imagen internacional de Chile como país preferido y refugio seguro para la inversión extranjera.'
La burguesía también se vio sacudida por el apoyo que la huelga había obtenido entre amplios sectores de las masas. Los mineros, los trabajadores de la banca y los estudiantes se unieron repetidamente a la huelga y se movilizaron en solidaridad, al igual que los trabajadores contratados de Codelco, los trabajadores forestales, los agricultores y los camioneros.
Fue entonces cuando la UPCh entró en discusiones con el gobierno, cosiendo un acuerdo traicionero a espaldas de los huelguistas el 25 de enero de 2014. Dejó intacto lo que había desencadenado la huelga en primer lugar y provocó que se extendiera a lo largo de la costa chilena: las leyes laborales de Pinochet diseñadas para mantener a los trabajadores portuarios atomizados, el contrato y otras formas de trabajo informal, y los bloqueos al derecho de sindicación.
Las innumerables organizaciones pablistas redujeron su programa al de asesores o consultores, entregándose a la más burda glorificación del sindicalismo, mientras exigían a las burocracias sindicales que dieran credibilidad a estas instituciones burocráticas anticuadas y en quiebra.
El Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) pablista llamó a los estalinistas que controlaban la Central Única de Trabajadores (CUT) a salirse del pellejo, 'abandonar el apoyo a los gobiernos patronales y organizar la más amplia solidaridad con los portuarios', línea de la que se hizo eco su rival, el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS).
El PTS también sermoneó a la Unión Portuaria para que no reprodujera 'los métodos burocráticos de la vieja burocracia sindical', llamándola a ser 'una fuerza para disputar los sindicatos de la burocracia sindical de la CUT del PC y la Concertación' para 'unificar los sindicatos y organizaciones de la clase trabajadora desde las bases.'
La derrota de 2014 fue un ensayo general del papel que iban a jugar los sindicatos, el recién fundado Frente Amplio pseudoizquierda y los pablistas en la amarga huelga portuaria de Valparaíso de 2018, la primera desde el año 2000.
En noviembre de 2018 estalló una huelga salvaje de 600 trabajadores temporales en los terminales TSP y TCVAL en rebelión directa contra la dirección oficial del Sindicato Nº1 de Estibadores de Puerto Valparaíso y su presidente, Roberto Rojas.
Desde el principio, los estibadores mostraron una inmensa determinación, coraje y militancia, combatiendo la violencia policial-estatal y ganando el apoyo de estudiantes y trabajadores. Pero sin dirección ni liderazgo, los sindicatos pudieron tomar rápidamente las riendas de la rebelión y empezar a aislar la huelga.
Pablo Klimpel, líder de una facción disidente dentro del Sindicato de Estibadores y representante en la terminal de TCVAL, y Osvaldo Quevedo, presidente del Sindicato Unificador de Especialidades Marítimas y Portuarias (Sudemp), se convirtieron en los portavoces de los eventuales en TPS.
Autoproclamado marxista y estrecho aliado del recién fundado Frente Amplio y partidario del alcalde frenteamplista de Valparaíso, Jorge Sharp, la línea de Klimpel era que la huelga sería indefinida hasta que las empresas discutieran sus demandas. Dio un giro de 180 grados el 28 de noviembre, al cumplirse 12 días de huelga, cuando la ministra de Transportes, Gloria Hutt, citó a los representantes sindicales a Santiago y se reunió por separado con el grupo disidente de Klimpel y con la dirigencia sindical oficial.
'La ministra, en respuesta a este llamado, logró que los trabajadores permitieran el acceso de los estibadores contratados a las instalaciones de TPS como un acto de 'buena voluntad' para poder promover —bajo la garantía del diálogo ministerial— una mesa de trabajo con las empresas', informó Portal Portuario.
TCVAL, donde trabajaba Klimpel, aceptó la llamada y entró en negociaciones al día siguiente.
Los trabajadores de base de TPS, que habían iniciado la huelga salvaje, quedaron en la estacada. Ahora que podía reanudar sus actividades por cortesía de los sindicatos, TPS no sintió ningún reparo en negociar y así lo hizo hasta el 11 de diciembre, cuando se cumplían 25 días de huelga.
TPS es una filial del grupo Von Appen, un conglomerado valorado en más de 1.000 millones de dólares con 55 empresas operativas en 17 países y 14.000 trabajadores. En Chile, además de TPS, el grupo Von Appen gestiona las terminales de Mejillones, Puerto Coquimbo, Puerto Arica y Graneles del Norte y los puertos de Angamos, Mejillones y Coronel en el norte, centro y sur del país. La empresa también administra terminales en Brasil, Uruguay y Argentina.
Durante esos primeros 25 días, ni Klimpel ni la UPCh ni ningún otro sindicato portuario convocó a sus miembros a una huelga en ninguna de las operaciones de Von Appen ni en ninguna otra operación portuaria en Chile o en otra industria, o —¡Dios no lo quiera! — apeló a sus hermanos y hermanas explotados por la misma corporación en América Latina. El alcalde de pseudoizquierda, Jorge Sharp, condonó la represión de Carabineros y, más allá de los llamados simbólicos para mejorar las condiciones de los trabajadores, apeló varias veces al gobierno de Piñera para 'terminar la huelga lo antes posible.'
Como señaló correctamente el WSWS: 'El papel de Sharp, el Frente Amplio y sus compinches en los sindicatos en descarrilar la oposición social a instancias de los grandes grupos económicos demuestra que este flanco “de izquierda” relativamente nuevo de la élite política burguesa no es diferente al desarme político de los trabajadores durante el último siglo por parte de la socialdemocracia y el estalinismo.'
Cuando quedó claro que la empresa estaba dispuesta a negociar, los sindicatos se apresuraron a llegar a un acuerdo. Una vez más, los sindicatos apelaron a la clase obrera para que no paralizara la estratégica industria, sino que se limitara a protestar. 'Estamos radicalizados. Con el hecho de que la empresa no se haya acercado a negociar con nosotros, estamos radicalizando el movimiento', dijo Osvaldo Quevedo, presidente de Sudemp.
Durante los nueve días siguientes se organizaron marchas por las calles de la ciudad portuaria, se levantaron barricadas en medio de días de represión policial-estatal que incluyeron el asalto ilegal a la sede del sindicato y la detención violenta de al menos 20 trabajadores. Los estibadores, que realizaron paros de dos horas en varios puertos del país a principios de esa semana, organizaron huelgas salvajes y levantaron barricadas en respuesta a esta provocación estatal.
Los estudiantes de la Universidad de Valparaíso, que habían realizado sentadas en el campus en apoyo de los estibadores, también fueron dispersados violentamente por las fuerzas especiales de Carabineros. En oposición a la represión contra los estibadores y sus compañeros, los estudiantes de la Universidad de Playa Ancha votaron para suspender las clases.
El 21 de diciembre, 35 días después del inicio de la huelga, Klimpel et al. hicieron aprobar a última hora un acuerdo miserable: una tarjeta de regalo de 250.000 CLP (360 dólares), una cesta de alimentos, un bono navideño de 75.000 CLP (100 dólares), dos sesiones de formación sobre seguridad laboral y la opción de un préstamo de 550.000 CLP (722 dólares) de la empresa.
La rebelión de los eventuales, que dependen de turnos de ocho horas distribuidos en listas de 'guardia', había supuesto semanas, e incluso meses, sin ser llamados a trabajar. Lo mínimo que pedían era una bonificación de 5.000.000 de CLP (7.600 dólares) para compensar el subempleo y el fin de las 'listas negras' de la empresa contra los trabajadores que se manifiestan.
Esto supuso una derrota para los trabajadores. Casi seis años después, decenas de trabajadores implicados en las huelgas portuarias de 2018 siguen en la lista negra. Tres de ellos están actualmente en juicio por daños y perjuicios en una demanda presentada por el gobierno de Piñera, que Boric ha mantenido.
Sin embargo, fue definitivamente una victoria para los sindicatos, que se aseguraron un asiento en las discusiones tripartitas. Klimpel se sinceró en un foro organizado en la Universidad de Valparaíso el 27 de diciembre de 2018, seis días después de la venta, acerca de su participación en las mesas de discusión que homologarían las necesidades de los conglomerados portuarios.
Los sindicatos buscan integrarse como un componente crítico en la modernización de los puertos que el capital corporativo y financiero viene demandando.
Con más de 4.200 kilómetros de costa en el Pacífico, el 95 por ciento del comercio exterior de Chile se realiza por vía marítima, lo que subraya la importancia estratégica de los puertos, tanto públicos como privados, para la burguesía nacional e internacional. Chile produce el 28 por ciento del suministro mundial de cobre y el 21 por ciento del suministro mundial de litio y, junto con Perú, Bolivia y Argentina, posee las mayores reservas de ambos, elementos esenciales en la producción moderna que Estados Unidos, Europa y China se disputan.
La OCDE realizó dos misiones a instancias del gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018) y de la administración de Sebastián Piñera (2018-2022) precisamente con este fin. En su segunda misión realizada para mejorar 'las condiciones laborales y la competitividad' la OCDE constató que 'El alto nivel de conflictividad laboral portuaria está vinculado a condiciones laborales mediocres y a la falta de espacios institucionalizados de consulta y negociación... Esto no estimula la confianza entre las partes y debilita a los sindicatos...'
Recomendó 'Establecer un diálogo estructural y permanente sobre el trabajo portuario, que incluya a representantes de los empresarios, los trabajadores y el gobierno. Dicho diálogo debería desarrollar una agenda móvil de los principales temas a discutir y resolver que preocupan a las principales partes interesadas ...'
Como en el caso del apoyo del gobierno de Biden a la sindicalización de los trabajadores de Amazon en Alabama, la OCDE reconoció la función crítica que desempeñan los sindicatos para sofocar la oposición social, especialmente en condiciones en las que la clase trabajadora se ha radicalizado por décadas de obscena desigualdad social y pobreza y por el aumento del coste de la vida y las subidas de las tasas de interés. La intervención de Biden en Amazon y la de la OCDE forma parte de una estrategia más amplia de la burguesía internacional para integrar a los sindicatos en el aparato estatal y la gestión empresarial.
El papel de los pablistas
Durante la lucha de 2018, los pablistas chilenos llegaron a nuevas profundidades en su cobarde subordinación a los sindicatos, los estalinistas y la pseudoizquierda del Frente Amplio. Todo lo que escribieron fue desde el punto de vista de blindar a estos organismos de la clase capitalista chilena.
El Socialismo Revolucionario (SR), la sección chilena del Comité por una Internacional de los Trabajadores (CWI), trató de convencer a los lectores inquietos por la traición de que realmente no lo era. En su único artículo sobre la huelga del 31 de diciembre, SR explicaba:
Muchos compañeros hacen el cálculo e indican que el no haber obtenido el movimiento la integridad de su petitorio, ello importaría una derrota para los estibadores. Esta conclusión debe ponderarse cuidadosamente y creemos que al respecto hay un debate abierto. En efecto, los medios patronales han difundido la especie de que el movimiento fue derrotado, por cuanto tienen un interés de clase en esta conclusión: impedir el contagio de la experiencia de la huelga de Valparaíso al conjunto de los trabajadores en Chile, si la movilización es intransigente y el movimiento conserva su unidad desde las bases, resulta imposible para la patronal derrotar a cualquier movimiento obrero.
La cobertura y el análisis proporcionado por La Izquierda Diario del PTR, que fue compartido en las redes sociales por los sindicatos, no fue menos vergonzoso en sus extravagantes fabricaciones en defensa de los sindicatos.
'Casi por cumplir un mes de intensa lucha, los portuarios eventuales (…) han realizado una de las más grandes hazañas sindicales y políticas de este Chile patronal: sentar en una misma mesa a la empresa de la ultraderechista familia Von Appen', escribió el 12 de diciembre.
Para los pablistas, los sindicatos y la clase obrera son equivalentes y utilizan ambos términos indistintamente. En realidad, los intereses de la burocracia sindical se oponen diametralmente a los de los trabajadores. El historial demuestra que la 'hazaña' del sindicato de sentarse a la mesa de la dirección ha estado pavimentada con una letanía de traiciones.
La Izquierda Diario admitió que 'este inmenso logro, sin embargo, tiene una pata coja' y acusó a la empresa de 'imponer' a Rojas como representante en las negociaciones y de 'imponer que los rompehuelgas pudieran entrar pacíficamente', una mentira descarada que queda desmentida por el hecho de que ambas cosas habían sido acordadas por Klimpel ya el 28 de noviembre.
El 16 de diciembre escribieron que 'sin la unidad de los trabajadores y despedidos, junto al Colegio de Profesores, la ANEF, la Constramet, el comercio minorista y los auxiliares de aula, así como otros sectores como las organizaciones feministas, las organizaciones ecologistas y las federaciones estudiantiles, no habría sido posible desarrollar una lucha de esta magnitud.'
Lo que el PTR ocultó en este engañoso comentario es que los trabajadores portuarios fueron mantenidos aislados por los sindicatos, los estalinistas y la pseudoizquierda mientras duró la huelga y que los burócratas de la educación, la salud y otros sindicatos que hicieron acto de presencia lo hicieron como representantes y 'asesores' individuales —no se podría inventar una contribución más inútil de su parte.
El 20 de diciembre, el PTR hacía su habitual llamamiento a la 'CUT, sindicatos, federaciones y todas las organizaciones sociales, así como a Sharp y al Frente Amplio... así como al PC, que dirigen diversas organizaciones sindicales, estudiantiles y culturales, y cuentan con amplias tribunas' para 'poner todas sus fuerzas al servicio del triunfo de los portuarios en todas sus reivindicaciones', etc.
Sin tomarse en serio su llamamiento, en el mismo artículo el PTR desarrollaba las justificaciones de la venta que llegaría al día siguiente: 'Bajo ciertas relaciones de fuerzas' los sindicatos deben entrar en 'inevitables negociaciones' y 'compromisos', razonaba.
El PTR es la sección chilena de la llamada 'Fracción Trotskista-Cuarta Internacional' (FT-CI) dirigida por el PTS de Argentina.
Independientemente de sus pretensiones de ser trotskistas, rompieron decisivamente con la IV Internacional en los años 50 y 60 cuando adoptaron las concepciones antimarxistas, avanzadas por Michel Pablo y Nahuel Moreno, de que las fuerzas de clase no proletarias podían dirigir la revolución socialista sin la construcción previa de partidos de tipo bolchevique.
Los estalinistas, los socialdemócratas y los nacionalistas pequeñoburgueses y burgueses podían convertirse en 'marxistas naturales' en respuesta a la presión de los acontecimientos objetivos, obviando así la necesidad de desarrollar y educar a los cuadros marxistas como la dirección autorizada de la clase obrera, la única fuerza consistentemente revolucionaria en la sociedad moderna.
En la práctica, esto ha significado sembrar ilusiones en caudillos nacionalistas burgueses como Juan Domingo Perón o reformistas burgueses del tipo de Salvador Allende y respaldar al guerrillerismo pequeñoburgués castrista junto con entrar en coaliciones al estilo del Frente Popular con los estalinistas, todo ello con resultados desastrosos.
El objetivo principal de estas tendencias profundamente pesimistas sigue siendo mantener a la clase obrera atada a las viejas y más recientes organizaciones burocráticas, a los nacionalistas pequeñoburgueses y burgueses y a otras agencias del capitalismo y del imperialismo en medio del resurgimiento de las luchas de la clase obrera.
El Comité Internacional de la Cuarta Internacional y su órgano diario, el WSWS, hace un llamamiento a los trabajadores y a la juventud chilena y latinoamericana para que saquen algunas lecciones vitales y pongan fin a su subordinación a las organizaciones burocráticas, a los nacionalistas pequeñoburgueses y burgueses, a la pseudoizquierda y a otras agencias del capitalismo, e inicien el proceso de construcción de sus propios órganos de poder, comités de fábrica de base y otras formas de autoorganización democrática.
En esta lucha, el CICI es más que capaz de proporcionar orientación y liderazgo, habiendo establecido la Alianza Internacional Obrera de Comités de Base, 'la forma organizativa a través de la cual los miles de millones de proletarios del mundo moderno articularán sus intereses, se unirán a través de las fronteras nacionales y pondrán fin a la contrarrevolución social de décadas. A través de la AIO-CB, la clase obrera tomará conciencia de su papel como fuerza social progresista para lanzar, ampliar y sostener una contraofensiva coordinada a nivel mundial capaz de abrir un camino hacia la revolución socialista mundial.'
(Artículo publicado originalmente en inglés el 13 de noviembre de 2022)