Un escándalo de corrupción de dos meses que implica a los partidos de la administración seudoizquierda del presidente Gabriel Boric se ha cobrado finalmente la cabellera de Giorgio Jackson, ministro de Desarrollo Social y hombre de confianza del Presidente. También ha precipitado el segundo cambio del gabinete de Boric en 17 meses y ha forzado la destitución de delegados de los gobiernos regionales.

Las acusaciones de corrupción giran en torno a la transferencia de fondos estatales a organizaciones no gubernamentales, empresas y fundaciones controladas por los partidos de la coalición gobernante, conocido como ' Caso Convenios'.

En junio, la Contraloría General de la República, órgano fiscalizador autónomo de los demás poderes del Estado, pidió al ministro de Vivienda, Carlos Montes (Partido Socialista), que detallara los recursos transferidos a fundaciones que supuestamente prestaban ayuda de emergencia a familias que vivían en los campamentos de Antofagasta, una de las regiones mineras situadas 1.300 km al norte de Santiago.

La región de Antofagasta, un microcosmos de Chile, ha visto aumentar en un 75 por ciento el número de familias, mayoritariamente inmigrantes, que viven en asentamientos precarios 'en sólo un año, pasando de 7.300 a 12.800', informaba El País en un artículo sobre el plan de viviendas de emergencia de Boric.

El mismo artículo informaba que Boric, en su Cuenta Pública ante el Congreso sobre el avance del plan para entregar 260.000 viviendas durante su mandato afirmó que 'ya se han entregado un total de 60.222 y otras 131.077 están en construcción.'

Ese mismo mes, la Contraloría General amplió su auditoría a todas las fundaciones que habían recibido dinero del Ministerio de Vivienda. Mientras tanto, el fiscal general anunció que había iniciado investigaciones para determinar si la Fundación Democracia Viva estaba implicada en tráfico de influencias, conflictos de intereses, malversación y uso indebido de fondos. Ordenó un allanamiento de las oficinas del delegado del Ministerio de Vivienda de Antofagasta y de las oficinas de la fundación en Santiago.

La Fundación Democracia Viva está vinculada a Revolución Democrática (RD). Jackson, el ministro de Desarrollo Social que dimitió a principios de este mes, es miembro fundador de RD, uno de los tres partidos que componen el frente electoral Frente Amplio de Boric, siendo los otros dos la Convergencia Social (CS) del propio Boric y el partido Comunes al cual pertencen los hermanos Mix .

A fines de junio, se reveló que el delegado de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras (de RD), asignó directamente 432.000 de pesos chilenos (500.000 dólares) a la fundación Democracia Viva, encabezada por Daniel Andrade (RD), quien admitió que la vivienda no era su área de competencia. Además, la subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas (RD), tuvo conocimiento de las irregularidades en mayo, pero 'no alcanzó' a informar al ministro.

Revelando más conflictos de intereses, Andrade es pareja de la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Catalina Pérez (RD), mientras que Contreras se había desempeñado como su asesora. Contreras se vio obligado a dimitir, al igual que Rojas a finales de junio y, junto con Andrade, fueron expulsados del partido. Pérez se vio obligada a suspender sus funciones como vicepresidenta de la Cámara de Diputados.

Esto sólo sirvió para exponer aún más los pútridos tejemanejes que se producen en el seno del Estado capitalista. En julio, el Ministerio Público estaba investigando a 53 fundaciones, ONG y empresas por transferencias por un total de 32.156.274.081 pesos chilenos (37,6 millones de dólares) realizadas por gobernadores regionales de todas las tendencias políticas en 11 de las 16 regiones de Chile, así como por organismos del gobierno central.

Sustanciales en sí mismas, estas cantidades palidecen cuando se comparan con los crímenes del general Augusto Pinochet y la Junta Militar —desde el narcotráfico a la venta ilegal de armas y el blanqueo de dinero por valor de decenas de millones—, por los que ni uno solo cumplió condena en prisión, y mucho menos por los crímenes de asesinato, tortura y desaparición forzada de decenas de miles de activistas de izquierda, trabajadores, estudiantes y campesinos.

Tampoco se pueden comparar con el saqueo de los bienes y recursos del Estado durante la década de 1980 por los secuaces civiles de Pinochet. El demagogo multimillonario de Renovación Nacional, Sebastián Piñera, comenzó como director general del Banco de Talca, que quebró concediendo préstamos a empresas fantasma. Más tarde compró empresas fantasmas para hacer 'desaparecer' los beneficios. Aún más tarde Piñera se vio involucrado en el uso de información privilegiada y en la utilización de empresas situadas en las Islas Vírgenes Británicas para ocultar su fortuna y evadir impuestos. Por sus esfuerzos fue recompensado con un escaño en el Senado y con la presidencia en dos ocasiones (2010-2014, 2018-2022).

Sin embargo, a principios de agosto, los partidos de derecha y ultraderecha, las asociaciones de grandes empresarios y los medios de comunicación corporativos aprovecharon la oportunidad para pedir sangre. Amenazando con presentar una acusación constitucional contra Jackson a menos que presentara su dimisión (no se presentaron pruebas de ningún delito en el caso de Jackson), el fascista Partido Republicano, la pinochetista Unión Demócrata Independiente (UDI), Renovación Nacional y Evopolí congelaron todo diálogo con el gobierno.

A continuación, los socialistas del Congreso y el Partido por la Democracia se unieron al coro que pedía la dimisión de Jackson alegando que su presencia obstaculizaba la agenda legislativa del gobierno y condicionaba las negociaciones sobre las reformas fiscal y de las pensiones. Con amigos como éstos, Boric se acercó a la casi difunta casta política de centroizquierda, ofreciéndole puestos ministeriales clave. Se lo pagaron con una puñalada por la espalda.

La Confederación de la Producción y del Comercio, históricamente alineada con la derecha golpista, se sumó a la iniciativa. Su presidente, Ricardo Mewes, llamó a Boric a 'tomar el toro por las astas' y enfrentar el impasse político.

'Muchas veces tendremos que hacer los sacrificios correspondientes, pero claramente él es quien tiene que conducir el país, él es quien tiene la responsabilidad de sacarnos de donde estamos. Porque si no, la verdad es que vamos a seguir en un tira y afloja político que no nos ayuda', advirtió Mewes.

Jackson, Boric y la principal vocera de la actual administración, Camila Vallejo (Partido Comunista), pertenecen a una camada de dirigentes estudiantiles que surgió durante las explosivas movilizaciones estudiantiles de 2011 contra los exorbitantes costos del sistema privatizado de educación superior que ha endeudado a generaciones de jóvenes.

Apenas se calmaron las manifestaciones, estos 'radicales' estudiantiles entraron sin problemas en los pasillos del poder estatal. En 2014 muchos de estos dirigentes se habían convertido en alcaldes de importantes municipios, parlamentarios, asesores de primer nivel en el palacio presidencial de La Moneda y cuadros técnicos en el poder ejecutivo durante el segundo mandato de la presidenta Michelle Bachelet (2014-2018).

Luego, en marzo de 2022, con mucha fanfarria y con la sanción oficial de la fraternidad liberal y seudoizquierda internacional, la recién formada coalición del Frente Amplio y el Partido Comunista estalinista 'Apruebo Dignidad', llegó al poder prometiendo reformas radicales y enterrar el neoliberalismo y la constitución autoritaria de la junta militar que consagraba nostrums extremos de libre mercado.

'Nuestra escala de valores y principios dista mucho de la generación que nos precedió', proclamó Jackson el año pasado.

'Es hora de llegar a acuerdos', suplicó Boric al aceptar la dimisión de Jackson. Tras enumerar sus inadecuadas reformas, declaró que quienes en la derecha 'utilizaron al exministro Jackson para no subir las pensiones, financiar las urgencias y responder a lo que Chile necesita, hoy ya no tienen excusas'.

A nadie convence esta grandilocuencia, y menos a la clase trabajadora. Después de 17 meses incumpliendo sus promesas, reforzando el aparato represivo del Estado hasta proporciones sin precedentes, criminalizando toda protesta social, impidiendo el retiro de las pensiones para proteger los multimillonarios mercados de capitales, y ahora desviando los recursos del Estado hacia sus propias ONG y fundaciones, la administración de la seudoizquierda sólo ha conseguido fortalecer a las fuerzas políticas más reaccionarias y derechistas. Cincuenta años después del sangriento golpe militar del 11 de septiembre de 1973, respaldado por Estados Unidos, una capa aún pequeña pero creciente de la clase media y el lumpen-proletariado han convocado marchas pidiendo una nueva toma del poder por los militares y están recibiendo entrenamiento paramilitar no tan secreto y orquestando actos de sabotaje.

La seudoizquierda, sin embargo, teme mucho menos la amenaza de la derecha que la de un movimiento de la clase obrera.

En medio de los 'Casos Convenios', miles de profesores se declararon en huelga y otros miles salieron a las calles de Concepción, San Antonio, Valparaíso y Santiago para protestar por la grave crisis de la vivienda y contra una nueva ley que penaliza con penas de cárcel todas las formas de toma y ocupación de tierras. Entre muchas demandas, los manifestantes pidieron el fin 'a las alzas indiscriminadas, el congelamiento de los precios de la canasta básica familiar, el aumento del salario mínimo para mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores'.

Boric intervino en la manifestación de Santiago fingiendo apoyo y con megáfono en mano declaró demagógicamente que 'es importante que la gente se organice para exigir sus derechos.' Su actitud se agrió rápidamente con los abucheos de la multitud: 'No daré mi brazo a torcer para cumplir los deseos y el programa que el pueblo nos confió.'

La cuestión de la vivienda tiene un significado histórico en Chile. Al igual que la desigualdad social crónica, la falta de vivienda ha puesto de manifiesto la incapacidad de la burguesía para resolver incluso las demandas democráticas y sociales más básicas de las masas. Los asentamientos precarios surgieron como hongos en Chile en la década de 1950, cuando las familias rurales se trasladaron a la capital en busca de trabajo.

A mediados de los 60, las tomas y ocupaciones de tierras adquirieron una dimensión cada vez más revolucionaria a la que el gobierno burgués del presidente Eduardo Frei (1964-1970) respondió con escasas reformas y una brutal represión.

El asesinato en 1969 de 10 pobladores y las graves heridas causadas a otros 51 durante un violento desalojo policial de cientos de familias de una toma de tierras en Puerto Montt fue un punto de inflexión. Las ocupaciones de tierras pasaron de 35 en 1969 a 172 en 1971, involucrando a miles de familias pobres.

Eran un ejemplo de la creciente radicalización de la clase obrera, y las propias acciones representaban objetivamente un presagio del desafío que el proletariado plantearía a la propiedad burguesa. En 1972, los trabajadores forjaron 'cordones industriales', organizaciones obreras independientes que se hicieron cargo de las fábricas, mantuvieron la producción en marcha, pusieron la dirección de las fábricas bajo el control de los trabajadores, abrieron las cuentas de las empresas y organizaron la distribución de mercancías.

Estos acontecimientos inquietaron profundamente a la burguesía, que reflexionó sobre sus opciones. Tras un golpe fallido en 1969 del general Roberto Viaux, del regimiento Tacna, y otro en octubre de 1970, cuando las mismas fuerzas, financiadas por la CIA, asesinaron al comandante en jefe, general René Schneider, optaron por esperar su momento.

Mientras tanto, el gobierno de la Unidad Popular, dominado por el Partido Socialista y el Partido Comunista, llegó al poder inmediatamente después del intento de golpe de octubre de 1970 que intentó evitar su inauguración. Una de sus principales promesas electorales era proporcionar tierras a los pequeños agricultores y campesinos y mejorar las viviendas con infraestructuras y saneamiento.

En la práctica, sin embargo, el papel político esencial del gobierno fue el de frenar la revolución socialista en Chile e imponer la 'paz social' subordinando la poderosa ofensiva de la clase obrera chilena al Estado capitalista. Como señaló el WSWS:

Esta tarea la llevó a cabo en estrecha colaboración con oficiales chilenos entrenados por los EE.UU. El alto comando, incluyendo al general Pinochet, quien fue designado jefe del comando conjunto por el propio Allende, fueron invitados a participar en el gabinete del, presidente 'socialista' para coordinar mas efectivamente la supresión del masivo movimiento de los trabajadores.

La fabricas que fueron ocupadas por los trabajadores en lo que era conocido como el cordón-industrial, fueron devueltas a sus dueños de derecha, quienes luego victimizaron a los trabajadores más militantes. La ley de control de armas fue aprobada por el gobierno de Allende y fue usada por la policía para llevar a cabo redadas en la fabricas y barrios obreros —un ensayo para el golpe que se venía planeando— mientras que los militares armaban a grupos terroristas fascistas.

Los asentamientos precarios han ido en aumento desde la crisis financiera mundial de 2008. En 2007, 28.578 familias vivían en 'campamentos'. En 2016, el número de familias había aumentado a 38.570, y en 2019 casi se había duplicado a 46.423. Tres cuartas partes de los asentamientos tienen un acceso deficiente a la electricidad, solo el 10 por ciento tiene acceso regular al agua potable y el 81 por ciento tiene un acceso deficiente a los servicios de alcantarillado.

Eso era antes de la pandemia de COVID-19, la guerra por poderes de Estados Unidos y la OTAN en Ucrania, la crisis de la cadena de suministro y el fuerte aumento del coste de la vida en medio de una desaceleración económica mundial. En la actualidad, el número de familias que viven en tierras confiscadas asciende a 113.887, lo que supone un aumento de casi el 400% con respecto a los niveles de 2007. A esta cifra hay que añadir la asombrosa cifra oficial de 650.000 familias sin acceso a la vivienda.

La situación actual es un polvorín a punto de estallar. La burguesía ha agotado completamente a la casta política de centroizquierda y ya no puede confiar adecuadamente en ella para reprimir a la clase obrera, mientras que la coalición Apruebo Dignidad está cada vez más desacreditada entre un gran número de trabajadores y jóvenes.

La tarea decisiva sigue siendo hoy como hace cinco décadas: resolver la crisis de dirección revolucionaria de la clase obrera. La defensa de los derechos democráticos, la lucha contra la desigualdad social y la lucha contra la dictadura y la guerra dependen del surgimiento de una nueva dirección socialista en la clase obrera. Esto significa construir una sección del Comité Internacional de la Cuarta Internacional en Chile.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 23 de agosto de 2023)