Las acusaciones de que el ex ministro de Salud de Chile, Jaime Mañalich, manipuló los datos sobre infecciones y muertes por coronavirus han profundizado la grave crisis de gobierno político que ha atenazado al país desde finales del año pasado. Confirman además que el gobierno de ultraderecha del multimillonario presidente Sebastián Piñera manejó criminalmente mal la pandemia, infligiendo un sufrimiento desproporcionado a las capas más oprimidas, incluida la clase obrera, los ancianos y la población indígena.

Esta negligencia criminal se ilustra gráficamente en un informe reciente que revela que una cuarta parte de las personas que han muerto a causa de COVID-19 lo hicieron sin haber sido hospitalizadas. Un total de 3.491 ciudadanos, en su mayoría ancianos, que aunque desarrollaron serias condiciones debido a COVID-19, nunca fueron hospitalizados y murieron fuera del sistema de salud.

El sitio de noticias investigativas CIPER publicó la semana pasada un informe detallado de las declaraciones declaratorias presentadas a los fiscales por los empleados del Ministerio de Salud a finales de septiembre. En un testimonio condenatorio, Johanna Acevedo, la jefa de la División de Planificación de la Salud del Ministerio (conocida como DIPLAS) y Andrea Albagli del Departamento de Epidemiología, corroboraron las acusaciones de que Mañalich manipuló consciente y deliberadamente las cifras y mintió al público. También afirmaron que sus asesores de gabinete --Paula Daza, actual subsecretario de salud pública, e Itziar Linazasoro, ex jefa de gabinete del Ministerio de Salud-- estaban al tanto de las alteraciones.

Acevedo dijo a los fiscales que, a petición del ministerio, los informes epidemiológicos de su departamento tenían que ser "ajustados" para que coincidieran con los que reportaba diariamente Mañalich, que tenía su propio sistema de recuento paralelo.

"Tuve que... ajustar los datos de los informes epidemiológicos a lo que (el ministerio) anunció", dijo Acevedo a los fiscales. Los informes públicos de DIPLAS "tenían que ser consistentes con lo que informaba la autoridad. Siempre informé todo a la autoridad, internamente, pero los informes epidemiológicos publicados tenían que ser consistentes con la información que el ministro anunciaba en la cuenta pública".

Acevedo explicó que los registros del DIPLAS se basan en Epivigila --el software del ministerio de salud que registra las infecciones reportadas por los médicos y el de las secretarías regionales de salud ministerial del país-- y las bases de datos de los laboratorios que reportan pruebas de PCR positivas. DIPLAS funciona sobre la base de criterios establecidos por organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, mientras que el anterior ministro utilizaba un sistema de recuento desconocido.

El 29 de abril, dos meses después de la pandemia en Chile, Acevedo envió un correo electrónico a Linazasoro y Daza sobre la discrepancia entre los registros de su departamento y el recuento paralelo de Mañalich. Chile registró su primer caso de coronavirus el 3 de marzo. El 29 de abril, el total de casos registrados por el DIPLAS alcanzó los 9.060 casos. Sin embargo, Mañalich había informado públicamente esa mañana que Chile tenía un total de 8.869 casos de coronavirus.

Para el 26 de mayo, cuando el total de casos registrados por el DIPLAS había alcanzado los 99.302, Mañalich informó en su discurso diario a la nación sólo 82.289 casos y en la víspera de su renuncia, dos semanas después, la diferencia se había ampliado a la enorme cifra de 30.000 casos. Acevedo volvió a sacar a relucir las discrepancias con el ministerio, pero sus informes cayeron en saco roto. El 7 de junio, sin embargo, Mañalich se vio obligado a reconocer públicamente que 653 muertes no habían sido contabilizadas en las cifras oficiales. Cinco días después renunció.

Graves acusaciones de ocultamiento de cifras, mentiras y manipulación fueron levantadas en el testimonio dado a los fiscales por Andrea Albagli, quien durante el mandato de Mañalich trabajó en el Departamento de Epidemiología, encargado de presentar informes sobre los progresos de COVID-19.

Albagli está asociado políticamente con el grupo parlamentario de seudoizquierda Comunes, una permutación de Revolución Democrática (RD) que a su vez surgió de la coalición del Frente Amplio. Ella trabajó en la comisión de salud de la RD para las elecciones presidenciales de 2017 y entró en el ministerio de salud bajo la presidencia de Piñera. Ella está muy alineada con los hermanos Mix que pertenecen a Comunes: Claudia Mix es una de las copatrocinadoras de la acusación constitucional presentada contra Mañalich en septiembre y Thomas Mix es un burócrata sindical de la asociación de funcionarios del Ministerio de Salud (Afuminsal).

La "izquierda" chilena que se sienta en la legislatura y domina el aparato sindical inició la investigación penal contra Piñera y su ex ministro de salud, Jaime Mañalich, quien se vio obligado a renunciar en junio pasado cuando se supo que estaba dando dos cifras de infecciones y muertes por coronavirus, una a la OMS y otra menor al público chileno.

El Partido Comunista y los Progresistas estalinistas y las organizaciones de seudoizquierda Frente Amplio, Revolución Democrática y Comunes han encabezado la investigación con un doble objetivo. En primer lugar, es un cínico intento de conseguir el favor de la clase obrera en la preparación de un referéndum sobre la constitución del país a finales de este mes. Desde que las explosivas convulsiones sociales del año pasado revelaron hasta qué punto la casta política de "izquierda" de Chile ha perdido toda la credibilidad y ha sufrido unos índices de aprobación sin precedentes, hoy en día está desesperada por mantener su dominio ideológico sobre la clase obrera y la juventud.

Lo que es más significativo, como pilar esencial de larga data de las relaciones de propiedad capitalistas y del sistema de estado-nación, la principal misión histórica de la "izquierda" chilena ha sido impedir que la clase obrera se dirija hacia una alternativa socialista revolucionaria, canalizando la oposición de las masas hacia los parámetros seguros de la política parlamentaria. Es el caso de Albagli y los estalinistas y la seudoizquierda en general, que, lejos de utilizar su evidencia condenatoria para educar a la clase obrera en la naturaleza de clase del estado capitalista, está sembrando más ilusiones en las instituciones del estado y manteniendo a las masas atadas a ellas.

El 30 de septiembre, Albagli dijo a los fiscales que ella recibió, en varias instancias, instrucciones sobre qué incorporar o qué sacar de los informes epidemiológicos, para pintar una "situación más favorable". La deliberada ofuscación de información impactó severamente a las comunas de la clase trabajadora. Esto queda claro en los siguientes puntos que Albagli planteó en su testimonio ante los fiscales:

- El 24 de abril, sus superiores pidieron a su departamento que borrara 30 registros para que su informe epidemiológico "coincidiera" con el del ministro. Cuando se negaron, se les instruyó para que presentaran otro informe con el punto de corte "ajustado" para que las cifras del DEIS fueran iguales o menores que el recuento del Ministerio. Esto continuó durante los meses siguientes, ya que su departamento se vio obligado a cambiar el punto de corte hasta dos días. Albagli dejó de trabajar en los informes epidemiológicos en junio.

- En una correspondencia interna del 10 de abril, Albagli se opuso a la caracterización engañosa del gobierno de los casos "recuperados" que "no seguían ninguna indicación de los organismos internacionales". Advirtió que "las implicaciones no son inocuas: estamos informando erróneamente que todas las personas que han sido diagnosticadas hace quince días ya no son contagiosas y por lo tanto no son "casos activos" y, como esta definición no es precisa, contribuimos a la propagación del virus en aquellas personas que siguen siendo contagiosas después del período de 14 días".

- En la correspondencia interna del 6 de abril, Albagli planteó diferencias con el ministerio en cuanto al uso de datos incompletos al informar sobre los brotes a nivel regional y comunal. A nivel nacional, se utilizaron dos bases de datos (Epivigila y la prueba de PCR), mientras que a nivel regional y local sólo se utilizaron las pruebas de PCR. Las pruebas de PCR daban tasas de incidencia significativamente más bajas, especialmente en la clase obrera y las comunas pobres de Valparaíso, Santiago y el sur, zonas que sufrieron brotes masivos debido a la tardanza en llamar a las medidas de cuarentena y a los cierres sanitarios.

Tal vez la prueba más significativa que se presentó al tribunal fue la modelación que demostró que dentro de la totalidad de los casos confirmados, la probabilidad de morir por COVID-19 es 86 por ciento más alta en las personas asignadas al sistema de salud pública en comparación con las clínicas de salud privadas, una vez ajustadas por sexo, edad y presencia de enfermedades crónicas.

El actual ministro, Enrique Paris, se apresuró a rebatir las pruebas, afirmando que "la verdad es que cuanta más pobreza haya, mayor será la posibilidad de contagio, pero no mas posibilidad de fatalidad. No hay relación entre letalidad y pobreza, porque eso significaría que los pacientes son atendidos en forma discriminada por su lugar de origen". Este último punto si se puede demostrar y que se debe de muchas maneras al sistema de salud de dos niveles de Chile. Las casi 3.500 personas que murieron fuera del sistema hospitalario muy probablemente experimentaron una muerte agonizante: COVID-19 ataca el sistema respiratorio provocando una grave reacción del sistema inmunológico que causa estragos en los pulmones y otros órganos e inflama los vasos sanguíneos.

La respuesta del gobierno ha sido impedir la investigación. La solicitud del Ministerio Público y de los investigadores policiales de una orden de registro y confiscación de documentos y correos electrónicos pertenecientes al antiguo ministro de salud fue denegada por Enrique Paris, el actual ministro de salud, citando la protección especial de las comunicaciones del departamento y alegando que la "seguridad nacional" estaba en juego. Su bloqueo ha sido defendido por Piñera incluso después de que la Corte Suprema ordenara la liberación de los correos electrónicos.

El conflicto dentro de la clase política por el control del estado sólo se intensificará a medida que se acerque la campaña para el referéndum sobre el cambio de la constitución de la era militar. Hay mucho en juego para la profundamente desacreditada "izquierda" chilena, que, después de casi un siglo de existencia, encuentra que su control sobre las masas se está debilitando constantemente.

Si hay una lección central que se puede aprender de esta reciente experiencia, es que los estudiantes, los jóvenes y los trabajadores necesitan dar un paso más y romper con la perspectiva política, ideológica y teórica de los oportunistas nacionales que conforman las organizaciones parlamentarias y pseudoizquierdistas y su promoción del reformismo nacional. El Estado no puede ser reformado y debe ser derrocado por la clase obrera e instaurar un gobierno obrero genuinamente democrático en el marco de la lucha por la revolución socialista mundial.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 14 de octubre de 2020)