Catastróficas inundaciones han afectado nuevamente a la región centro-sur de Chile, dejando tres muertos y miles de damnificados. Por segunda vez desde junio de este año un 'río atmosférico' —un estrecho corredor de humedad concentrada en la atmósfera— descargó durante seis días ininterrumpidos sobre las regiones de Valparaíso, Santiago, O'Higgins, Ñuble, Maule y Biobío, en un tramo de 700 kilómetros de longitud.

A esta calamidad se suman los incendios forestales de enero pasado en las mismas regiones del Maule, Ñuble, Biobío además de La Araucanía, que cobraron la vida de 26 personas, destruyeron 2.450 viviendas y quemaron 426.000 hectáreas dominadas por agroindustrias y plantaciones de pinos y eucaliptos.

A esta situación contribuyen las altas temperaturas récord provocadas por el cambio climático y la aparición del fenómeno meteorológico de El Niño. Las temperaturas más cálidas durante la actual estación invernal del hemisferio sur elevaron a 3.000 metros la isoterma de cero grados, la altitud a la que se alcanzan los 0°C en la cordillera de los Andes que recorre todo el país.

Esto tiene como efecto que las precipitaciones caigan en forma de lluvia donde normalmente habría caído nieve. El exceso de agua en los terrenos montañosos genera una escorrentía que viaja a una velocidad extraordinaria, arrastrando todo lo que encuentra a su paso y provocando deslizamientos e inundaciones de los sistemas fluviales.

El 21 de agosto, día en que el presidente Gabriel Boric declaró el estado de catástrofe en las cuatro regiones rurales del sur, más de 26.000 personas quedaron sin servicios básicos, 34.000 tuvieron que ser evacuadas y 38.000 se quedaron sin electricidad. El 23 de agosto, las inundaciones se habían cobrado tres vidas.

El 24 de agosto, 204 viviendas estaban completamente destruidas, 10.613 habían sufrido daños importantes, 27.506 tenían daños menores y 16.893 viviendas seguían en evaluación. Esta cifra se suma a las más de 5.400 viviendas destruidas o dañadas el pasado mes de junio. Además, según el Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres, las inundaciones causaron daños de infraestructura en 28 puentes, 522 carreteras, nueve instalaciones médicas y 312 instalaciones educativas.

En un incidente ocurrido en Valparaíso hubo que evacuar un edificio de apartamentos de 17 plantas cuando se abrió un socavón de 30 metros a cinco metros de distancia, tragándose parte de la carretera. Las lluvias torrenciales provocaron un corrimiento de tierras junto a un complejo de costosos condominios que se construyó en la década de 2000 después de que los constructores exigieran que se les permitiera construir en un santuario natural formado por dunas.

La constructora, Besalco construcción, se apresuró a desviar la responsabilidad, afirmando que estructuralmente el edificio era sólido y reiterando las afirmaciones de las autoridades de que 'el derrumbe del terreno adyacente al edificio fue consecuencia del fallo del colector de aguas pluviales situado en la vía pública, que fue diseñado y construido por un tercero... como parte de la urbanización de un gran sector'.

Mónica Seins, una jubilada que se vio obligada a evacuar indefinidamente su apartamento, respondió a la empresa constructora: 'Ellos no son responsables porque la estructura del edificio no está dañada, obviamente, claro, no está dañada todavía, pero no hay calle, entonces quien construye donde no hay calle, cómo se va a lavar las manos, o sea, a eso hemos llegado en este país'.

En un incidente similar en la Región del Maule, 440 casas construidas a menos de 50 metros de la ribera del río Guaiquillo fueron inundadas con lodo y escombros, obligando a los residentes a abandonar sus hogares.

Nuevamente, la empresa Constructora Galilea —que pertenece a la familia del senador por la región, Rodrigo Galilea (Renovación Nacional)— negó cualquier responsabilidad afirmando que el proyecto cumplía con las normas de construcción y contaba con la autorización de la municipalidad y otras autoridades. Todo cierto. En 2011, Galilea, entonces como jefe del gobierno regional, dio el visto bueno a cambios en los planes reguladores hechos tres años antes que permitían la construcción de casas en lo que antes era una zona propensa a inundaciones.

Según Business News Americas, se calcula que las inundaciones de junio y agosto causaron daños en infraestructuras y viviendas por valor de 900 millones de dólares, lo que prácticamente anuló la financiación y la construcción realizadas en el marco del Proyecto de Emergencia Habitacional del gobierno, envuelto en un escándalo de corrupción. Unas 650.000 familias se encuentran oficialmente sin acceso a la vivienda.

Por otra parte, el sector agrícola ha sufrido daños por valor de $1.100 millones de dólares, aún afectados por las inundaciones de junio. Unas 274.000 hectáreas de tierra cultivable quedaron anegadas. En este caso, Boric no tardó en acudir al rescate, decretando el 'Estado de Emergencia Agrícola' para liberar recursos estatales destinados a la agroindustria y las industrias vitivinícolas.

Por si fuera poco, Chile sigue siendo 'el país con la mayor crisis hídrica de todo el hemisferio occidental (con) cerca del 80 por ciento de su territorio afectado por la sequía desde hace una década y media', informó CNN Chile la semana pasada.

Y continuaba: 'Los expertos achacan la falta de agua a la escasez de lluvias, pero también al régimen de propiedad del agua, cuyo 80 por ciento está en manos privadas, principalmente en manos de grandes empresas agrícolas, mineras y energéticas'.

En 1980, el general Pinochet consagró la privatización del agua en la Constitución y adoptó un sistema de asignación basado en el mercado para vender el agua de la nación. Luego, la privatización despegó bajo el gobierno civil de centroizquierda de Eduardo Frei (1994-2000), quien privatizó el sistema de saneamiento y allanó el camino para que empresas internacionales poseyeran derechos de agua. Llegado 2018, el demagogo multimillonario de ultraderecha, el presidente Sebastián Piñera, estaba rematando los ríos.

Hoy los derechos de agua para uso de consumo están en manos del gran capital en el sector agrícola y forestal (77 por ciento), el sector minero (13 por ciento), el sector industrial (7 por ciento) y el sector sanitario (3 por ciento). El 81% de los derechos de agua que no se utilizan para el consumo están controlados por una empresa italiana. Además, el suministro de agua potable —por el que la población paga las tarifas más altas de América Latina— es propiedad de los grupos transnacionales Suez, Agrab y Marubeni y del fondo de pensiones de los profesores de Ontario.

Boric llegó al poder con la promesa de que todo esto cambiaría radicalmente bajo su gobierno de Apruebo Dignidad: 'Chile enterrará el neoliberalismo', afirmó durante la campaña de las elecciones presidenciales de 2021. En particular, el presidente seudoizquierda hizo alarde de sus credenciales ecologistas y, sobre la crítica cuestión del agua, dijo lo siguiente:

'El agua debe ser garantizada para todos como un derecho humano. Nuestro compromiso como gobierno es asegurar el suministro de agua para miles de familias que hoy viven en la precariedad y terminar con los privilegios de quienes la acaparan. ¡Por un Chile mejor y con aguas libres!'.

Por supuesto, se olvidó de esta promesa como de todas las demás. Pero aquí está el quid de la cuestión: incluso si un gobierno burgués propusiera un plan que de alguna manera impactara en la propiedad privada, se encontraría con la ira de vastas corporaciones transnacionales y sus financistas que poseen no sólo el agua sino la tierra, las riquezas naturales, los medios de producción y la riqueza material creada por el trabajo colectivo de la clase trabajadora.

La ciencia, la tecnología y la técnica actuales están más que preparadas para hacer frente a las inundaciones, los incendios forestales, las sequías, las pandemias y todas las demás calamidades que afligen a la civilización moderna. La cuestión fundamental es qué clase controla estos productos del trabajo y el conocimiento del hombre social.

Como señaló recientemente el WSWS 'el sistema capitalista de beneficios, que organiza la sociedad sobre la base del interés propio de la clase capitalista, es orgánicamente incapaz del nivel masivo de planificación y organización social necesario para abordar la crisis climática' o cualquier otra cuestión fundamental.

La tarea de asegurar las condiciones para la planificación socialista de los recursos económicos del mundo y la reorganización de la sociedad sobre una base racional recae sobre los hombros de la clase obrera internacional, que primero debe arrebatar el poder a la burguesía y derrocar su Estado, poniendo fin a la subordinación de la vida económica al beneficio privado y a la división del mundo en Estados-nación rivales.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 1 de septiembre de 2023)