Han pasado dos meses desde que el huracán Otis devastó el puerto de Acapulco, la capital del estado de Guerrero al suroeste de México, en la madrugada del 25 de octubre.

En un lapso de 12 horas previo a su llegada a tierra, Otis se convirtió de una tormenta tropical a un catastrófico huracán de categoría 5 con vientos sostenidos de 265 km por hora. Según el Centro Nacional de Huracanes de EE.UU., Otis es “el huracán más fuerte del Pacífico Oriental que ha tocado tierra en la era satelital”.

La cifra oficial de víctimas es de 52, lo cual probablemente es un conteo subestimado. Treinta y dos personas siguen desaparecidas. Aproximadamente 274.000 hogares sufrieron daños o quedaron destruidos, afectando a 580.000 personas, alrededor de dos tercios de la población. El huracán devastó más de 7.000 hectáreas e inundó 900 hectáreas, causando daños estimados en $15 mil millones de dólares.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el estado de Guerrero es el segundo estado de México con mayor población en situación de pobreza, con el 64 por ciento de la población (2,3 millones de personas). Adicionalmente, el 25 por ciento (900.000 personas) de la población se encuentra en situación de pobreza extrema.

Asimismo, Acapulco es la ciudad mexicana con el mayor número de personas (126.000) viviendo en pobreza extrema. Es una ciudad de extrema desigualdad, donde las elites mexicanas poseen departamentos lujosos para sus viajes de fin de semana, mientras que los trabajadores que mantienen la ciudad operando pasan sus vidas en zonas marginadas y empobrecidas.

El huracán Otis ha destacado aún más esta desigualdad. En las semanas posteriores al desastre, mientras los turistas y los propietarios de departamentos abandonaron la ciudad portuaria, los residentes de Acapulco no tuvieron otra opción más que quedarse y sufrir las consecuencias del huracán. La destrucción de la infraestructura de la ciudad causó que más de un millón de personas tuvieran que sufrir prolongados cortes de electricidad, agua, provisiones de alimentos, acceso a gasolina e internet.

A pesar de prometer una recuperación y asistencia rápidas, el gobierno ha utilizado esta situación como una oportunidad para incrementar la presencia militar en la ciudad portuaria. En las propias palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador (conocido como AMLO), “si se nos presenta un fenómeno natural que afecta tanto como este huracán, pues vamos a hacer las cosas nuevas, aprovechando también esta circunstancia. Y se va a dar seguridad”.

Es así que, como parte de este plan, a partir de enero la Secretaría de Defensa (Sedena) construirá 56 cuarteles en Acapulco y Coyuca de Benítez, los dos municipios más afectados por el huracán, donde se desplegarán 10.000 miembros de la Guardia Nacional. Este aumento en la presencia militar es una continuación de la política general de AMLO en la que se le da prioridad a la seguridad nacional por encima de la ayuda civil y las necesidades inmediatas de la población.

La Guardia Nacional, un ala nueva del ejército, fue creada por AMLO después de ser elegido presidente, a pesar de sus promesas de campaña de retirar las Fuerzas Armadas de las operaciones de seguridad interna. Actualmente consta de 118.000 miembros.

El gobierno anunció que se gastarán 61 mil 313 millones de pesos ($3,6 mil millones de dólares) para la reconstrucción de Acapulco y otras zonas devastadas en Guerrero. La ayuda proporcionada a la población ha consistido principalmente en un apoyo para “limpieza” de 8 mil pesos ($480 dólares), un apoyo para “reconstrucción” de entre 35 y 60 mil pesos ($2.000 y $3.500 dólares) dependiendo el grado del daño valuado en el censo, y un paquete de enseres domésticos que incluye estufa, refrigerador, colchón, juego de sartenes y un ventilador.

Aunque el gobierno afirma que se ha ya entregado el 96 por ciento de los paquetes de ayuda, la distribución de estos apoyos ha estado plagada de ineficiencias y confusión. Como resultado, han surgido varias protestas en las comunidades afectadas. Los residentes de estas colonias han denunciado las dificultades para encontrar los centros de distribución que les corresponden, así como los obstáculos burocráticos que les ha impedido recibir los apoyos.

Después de esperar horas bajo el sol para recibir ayuda, se les ha negado a algunas familias su paquete de enseres debido a que perdieron sus documentos de identidad durante la inundación ocasionada por el meteoro en sus viviendas. Como lo expresó un trabajador a La Jornada, “aquí tenemos que sufrir para merecer, para recuperar lo perdido”. En otros casos, los fallos en el censo han impedido que comunidades enteras reciban sus paquetes de apoyo. Como respuesta, el gobierno ha culpado a los propios trabajadores alegando que las personas han abusado del sistema al registrarse varias veces. Haciendo un llamado a la “responsabilidad” y a la “paciencia”, los funcionarios han reiterado que la ayuda eventualmente llegará a las comunidades afectadas.

El apoyo ha resultado insuficiente para muchos trabajadores que no sólo perdieron sus casas, sino también sus empleos. Según Julián Uriostegui Carbajal, presidente del Consejo de Cámaras Industriales y Empresariales de Guerrero (Concaingro), se han perdido alrededor de 5.000 trabajos formales. En Acapulco, una ciudad que, según la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, ocupa el segundo lugar a nivel nacional en la informalidad con un 78,1 por ciento, estas cifras solo representan una fracción del número total de empleos perdidos.

El WSWS entrevistó a Lulú, una trabajadora que previamente trabajadora como señora de limpieza en uno de los apartamentos de lujo que se ofrecen en renta a través de AirBnB. Explicó que, dado que vivía en una casa rentada, quien recibió la ayuda económica fue la dueña de la vivienda quien se registró en el censo.

Añadió, “Cuando digo de volver a empezar, es literal en mi situación. Me tocó aguantarme la vergüenza y la angustia de ver a mis hijos y yo dormir en el suelo, pero ni modo. Nos regalaron un colchón y ya es menos [mi angustia]”.

Al no poder encontrar trabajo, decidió abandonar la ciudad en busca de un empleo. Agregó, “Yo me quedé sin nada y me vine para acá para la ciudad [de México]. En Acapulco hay muchas familias que están en la misma situación que yo pero yo ya no quise estar allá para no darle molestias a [mi madre].”

Hablando sobre la condición de los trabajadores que permanecen en Acapulco, comentó, “Todos los que yo conocía siguen en Acapulco trabajando de lo que hay, limpieza, andar recogiendo escombros, limpiando sus mismos lugares de trabajo. No hay de otra. Ahorita en turismo no hay, o no que yo tenga entendido”.

Esto no ha impedido que los medios de la pseudoizquierda alaben los esfuerzos de recuperación como un éxito sin precedentes bajo la presidencia de AMLO, asegurando que el desempleo no ha aumentado y que la normalidad está volviendo a la ciudad portuaria. Como prueba de este supuesto retorno a la normalidad, AMLO comentó recientemente: “Ayer que sobrevolé en la noche Acapulco, ya hay en muchas casas los foquitos de Navidad y me dio mucho gusto eso, el regreso a la normalidad”. Estas narrativas ignoran por completo las dificultades que están enfrentando los trabajadores que luchan por llegar al fin del mes, ya sea trabajando en el empleo que puedan conseguir u optando por irse de la ciudad.

La inédita y rápida intensificación del huracán Otis, el cual pasó de tormenta tropical a huracán de categoría 5 en tan solo 12 horas es un indicador de la intensificación de la crisis climática. Los científicos del clima han vinculado tales intensificaciones rápidas al aumento de temperatura del océano, el cual es consecuencia directa de los mayores niveles de dióxido de carbono en la atmósfera.

La catástrofe de Otis no solo ejemplifica el impacto inmediato del cambio climático, sino que también sirve como una advertencia de la creciente frecuencia y gravedad de tales desastres naturales. El fracaso para prepararse adecuadamente y responder a estos eventos revela la incapacidad del sistema capitalista para resolver el problema fundamental del cambio climático, así como su impacto desproporcionado en las regiones y comunidades más pobres.

El capitalismo es intrínsecamente incapaz de proporcionar una solución a los desastres climáticos que cada vez son más frecuentes y severos, y que a su vez son en el resultado directo de la subordinación de todos los aspectos de la actividad humana a la generación de ganancias, característica esencial del capitalismo. Dos meses después del huracán Otis, la población acapulqueña continúa sufriendo las consecuencias de un desastre que ejemplifica esta realidad con una claridad inusitada. La única manera en que se puede enfrentar y resolver la crisis climática es a través de una reorganización fundamental de la sociedad con una base racional enfocada en satisfacer las necesidades humanas, en vez de la ciega búsqueda de las ganancias privadas que caracteriza al sistema imperante capitalista.

(Publicado originalmente en inglés el 29 de diciembre, 2023)