La semana pasada, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) conmemoró el 30º aniversario de su rebelión armada en el estado de Chiapas al extremo sur mexicano. A pesar de los bailes y la música en su cuartel en la selva Lancadona, la guerrilla glorificada alguna vez como un nuevo faro de esperanza por parte de pseudoizquierdistas prominentes muestra todos los síntomas de un colapso inminente.

El 1 de enero de 1994, unos 3.000 zapatistas armados con viejos rifles, machetes y palos tomaron ranchos y algunos pueblos en el centro de Chiapas. Sus comandantes leyeron y distribuyeron su “Primera Declaración de la Selva Lacandona”, que proclamaba el objetivo de tomar control de la Ciudad de México y deponer al Gobierno federal para ganar “trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz”. Sin embargo, en un par de días, los zapatistas se vieron obligados a replegarse a la selva y los Altos de Chiapas.

Con el apoyo de la Administración de Bill Clinton, el presidente Carlos Salinas de Gortari desplegó entre 30.000 y 60.000 soldados, aviones de combate y helicópteros que abrumaron a la guerrilla. El ejército recurrió a bombardeos indiscriminados y ejecuciones sumarias, matando en total a unos 200 combatientes y civiles. Estallaron protestas globales contra la embestida estatal, incluida una manifestación con más de 100.000 personas que llenó el Zócalo en la Ciudad de México, y Salinas declaró un alto al fuego el 12 de enero.

Las “discusiones de paz” comenzaron al mes siguiente, con el portavoz zapatista y líder de facto, el subcomandante Marcos, declarando en televisión la intención de “transformarnos completamente en una fuerza política civil y pacífica”. Adicionó: “¿La toma del poder? Apenas algo más difícil: un mundo nuevo”.

En 1996, se firmaron los Acuerdos de San Andrés que supuestamente otorgaban soberanía a los zapatistas sobre los municipios que controlaron en la selva, pero las represalias continuaron. La agresión más famosa fue la masacre de 45 indígenas, incluidos niños, en la iglesia de Acteal en 1997, presuntamente dirigida contra un grupo de derechos humanos que simpatizaba con el EZLN.

En 2001, el presidente de derecha Vicente Fox del Partido Acción Nacional (PAN) invitó a los zapatistas a la Ciudad de México, donde se les permitió marchar sin obstáculos y dar discursos en el Congreso. Se acordaron una desmilitarización y una Ley de Derechos y Cultura Indígena que otorgaba un conjunto de derechos diluidos de autogobierno y el uso de los recursos, pero Fox solo observó parcialmente estos acuerdos.

No obstante, el EZLN estableció gradualmente un enclave indígena en las selvas de Chiapas, que siguió dependiendo de la ayuda de las ONG y visitantes.

Un balance

El levantamiento zapatista fue programado para coincidir con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) el 1 de enero de 1994 entre México, Estados Unidos y Canadá. Durante la década anterior, la eliminación de subsidios, precios mínimos y programas sociales, y otras políticas para “abrir” México al capital globalizado amenazaron los medios de vida de los trabajadores en las plantaciones, y la viabilidad de las pequeñas fincas de café, maíz y frijol en Chiapas.

Un cambio constitucional de 1992 que permitía la venta de ejidos como condición previa para el TLCAN fue la gota que colmó el vaso para el EZLN, que había logrado reclutar a varios cientos de jóvenes jornaleros-campesinos de las comunidades mayas locales. El ejido es una forma tradicional de propiedad comunal de la tierra que involucra el uso individual de unas pocas hectáreas a la vez.

Los líderes iniciales eran intelectuales pequeñoburgueses que pertenecían a la organización guerrillera Fuerzas de Liberación Nacional (FNL). Al fundar el EZLN en 1983, decidieron abandonar cualquier mención al socialismo y al marxismo, profesando en su lugar una mezcla del agrarismo radical y concepciones de “autogobierno” local de Emiliano Zapata, las tácticas guerrilleras del “Che” Guevara, la teología de la liberación y la política de identidades.

Detrás de su retórica pequeñoburguesa radical y ecléctica, ocultaban objetivos políticos definidos. A medida que los grifos de apoyo político, dinero y armas de Moscú y La Habana se secaban y finalmente se cerraban con la disolución estalinista de la URSS, los antiguos movimientos guerrilleros sellaron “acuerdos de paz”—el Acuerdo de Esquipulas de 1986 en Centroamérica, el Acuerdo de Oslo de 1993 entre Israel y la Organización de Liberación Palestina, entre otros— y se transformaron en partidos burgueses.

Los zapatistas nunca ganaron una militancia significativa entre las comunidades indígenas fuera de pequeñas regiones chiapanecas, y su mayor impacto político fue como un accesorio para las organizaciones nacionalistas pequeñoburguesas más establecidas en Europa, Estados Unidos y América Latina.

Sin embargo, incluso dentro de su territorio, el experimento de “autonomía” local no dio resultado. Junto con el resto de Chiapas, que sigue siendo el estado más pobre de México, las comunidades zapatistas se han visto arrastradas por la misma tormenta de violencia, represión, privaciones persistentes y migración inducida por la crisis capitalista global.

En noviembre pasado, el EZLN anunció la disolución de sus principales estructuras políticas, los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas y los Consejos de Buen Gobierno, y el cierre de sus Caracoles o centros comunitarios al público exterior.

En una serie de comunicados, anunció que, a excepción de las parcelas privadas existentes, la tierra zapatista se convertirá en “no propiedad” o “tierra del común” que explícitamente no será ejidal. En cambio, estará abierto para el cultivo por parte de no zapatistas, incluyendo varias hectáreas para la “sociedad civil nacional e internacional”. El plan es que supuestos Gobiernos Autónomos Locales (GAL) gestionen los territorios.

Más allá de las etiquetas vacías, este es un plan para establecer una estructura política que atraiga a inversionistas extranjeros y aumente los ingresos para el aparato zapatista, que ya cobra a individuos una cuota y un impuesto del 10 por ciento sobre los ingresos agrícolas de las familias, según un informe militar filtrado. Además de otras iniciativas para llegar a los no zapatistas, su plan se puede resumir como: “Si no puedes vencer a tu enemigo, únete a él”.

Si bien estos anuncios son en sí una señal de bancarrota económica y política, no está claro si el EZLN todavía controla territorios significativos o si podrá aferrarse a ellos. Miles de jóvenes han emigrado, al no poder hacerse de medios de vida dignos. Los lugareños entrevistados recientemente por los medios nacionales y varios investigadores dicen que las estructuras zapatistas cerradas no habían podido renovarse generacionalmente, que la ayuda externa se ha secado y que quedan pocos o ningún zapatista en muchas comunidades.

Esta disipación ha alentado la invasión de los cárteles de la droga, las fuerzas militares y paramilitares vinculadas al gobierno y las organizaciones de terratenientes. El año pasado, el Centro de Derechos Humanos Frayba informó que miles de familias han sido desplazadas debido a la violencia, que ha incluido docenas de ataques contra zapatistas, junto con la quema de escuelas y almacenes de café. Frayba escribe: “Esos grupos usan armas exclusivas del ejército, están uniformados”.

El EZLN culpa al actual presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y a su partido Morena, que gobierna Chiapas, por permitir que la violencia se salga de control. Afirman que el Gobierno busca “justificar la acción militar para ‘limpiar’ el sureste y por fin poder imponer sus megaproyectos”, en particular la atracción turística multimillonaria de AMLO, el Tren Maya, a la que los zapatistas se oponen por su impacto ambiental.

El País informó sobre documentos internos filtrados del ejército mexicano que muestran una vigilancia aún mayor del EZLN que de los cárteles de la droga. Un informe militar de enero de 2020 descartó cualquier peligro para el Tren Maya, concluyendo que el EZLN simplemente no tiene los recursos para oponerse a éste.

La dirección del EZLN ha respondido aislándose aún más y apelando al mismo Gobierno capitalista para que lo defienda. La organización desalentó a las personas de afuera a que asistieran a la celebración del aniversario, afirmando: “No es seguro”.

Una trampa nacionalista pequeñoburguesa para la clase obrera

El Comité Internacional de la Cuarta Internacional (CICI), que publica el WSWS, fue el único que se opuso a la glorificación de esta guerrilla nacionalista pequeñoburguesa por parte de la pseudoizquierda internacional.

En diferentes documentos en ese momento, el CICI subrayó que el guerrillerismo había resultado en “demasiadas derrotas y traiciones”, desarmando a los trabajadores políticamente y allanando el camino para las dictaduras militares fascistas en la región. Para la década de 1990, el enamoramiento con tales movimientos había alcanzado un carácter profundamente reaccionario.

“En lugar de proporcionar un camino revolucionario para los trabajadores mexicanos y el campesinado oprimido”, como se destacó en una conferencia de Bill Van Auken en 1998, los zapatistas “se han convertido en otro instrumento para ajustar cuentas políticas dentro de la burguesía mexicana”.

En un artículo sobre la marcha de los zapatistas a la Ciudad de México en 2001, el mismo autor escribió:

“Su programa de autonomía cultural y étnica encaja con la orientación de aquellos que consideran que la respuesta apropiada a la explotación intensificada de la clase trabajadora bajo un capitalismo globalmente móvil consiste en restaurar el poder económico del Estado nacional”.

A fines de la década de 1980, la austeridad social, las privatizaciones y la desregulación para competir mejor por este capital globalizado habían despojado al Partido Revolucionario Institucional (PRI), que había gobernado México desde 1929, del barniz reformista de una época pasada. La política del EZLN no representaba una amenaza real para estas políticas; por el contrario, sus vagos llamamientos a la democratización, la autonomía y contra la corrupción fueron aprovechados por muchos políticos capitalistas de derecha como Fox e incluso un sector del PRI.

Solo unos meses después de su acción armada, el EZLN recibió con honores y dio su respaldo a Cuauhtémoc Cárdenas, el candidato presidencial de 1994 del burgués Partido de la Revolución Democrática (PRD), que recientemente había dejado el PRI para dar una nueva fachada de “izquierda” al desacreditado Estado capitalista. El EZLN declararía posteriormente su apoyo a los Gobiernos de Hugo Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia y otros en la llamada “marea rosa” que tenían agendas similares.

En su última gran actividad política, en 2018, el EZLN y el Congreso Nacional Indígena (CNI) seleccionaron a María de Jesús Patricio Martínez, conocida como “Marichuy”, como su candidata presidencial, negándose a respaldar a AMLO. La campaña tenía como objetivo sobre todo revivir su propia imagen basándose en la política de identidad, afirmando, por ejemplo, que ella es “la más pobre de los pobres por el solo hecho de ser mujer”. Frente a los obstáculos antidemocráticos conocidos a nivel mundial para los partidos más pequeños, los voluntarios de la campaña de Marichuy, en su mayoría estudiantes, reunieron solo 282.000 firmas en todo el país, menos de un tercio de los requeridos para aparecer en la papeleta electoral. Esto fue visto como una señal más de la crisis política de los zapatistas.

Brevemente un modelo para la “Nueva Izquierda”

El entusiasmo por la rebelión armada a la distancia, su rechazo a una revolución y el énfasis en las identidades indígenas y femeninas presionaron cuadraron perfectamente con los ánimos del entorno de la “Nueva Izquierda” en Europa y Norteamérica, que se había radicalizado en gran medida por el castrismo y otros movimientos nacionalistas burgueses.

Estas capas sociales se habían asentado en estilos de vida de clase media y carreras profesionales y, en 1991, apoyaron abrumadoramente el triunfalismo capitalista que declaraba el “socialismo muerto” después de la disolución estalinista de la URSS. Al promover la causa zapatista como un nuevo modelo de lucha aplicaban un tinte “radical” a su política de identidades y adopción del posmodernismo, que fueron herramientas ideológicas para avanzar en sus carreras profesionales y justificar su abandono de cualquier asociación con el marxismo. A cambio, el liderazgo del EZLN consiguió patrocinadores adinerados, al menos durante algunos años.

Tras afirmar que el castrismo había demostrado que se podía lograr una revolución democrática o incluso el socialismo y un Estado obrero sin la construcción de un partido marxista en la clase obrera, para fines de siglo estas capas se habían vuelto hostiles a cualquier movimiento que pudiera alterar seriamente el mercado de valores y las guerras lideradas por Estados Unidos que hoy se expandido en una conflagración global.

El EZLN se convirtió en el ejemplo más célebre de la “política democrática radical” defendida por figuras como Ernesto Laclau y Chantal Mouffe. Hablando en nombre de estas capas exradicales de la clase media, Laclau y Mouffe en su libro Hegemonía y estrategia socialista de 1985 presentaron una forma de “posmarxismo sin disculpas” que rechazaba asignar cualquier papel importante a la clase trabajadora en la historia, ni mucho menos un papel revolucionario.

Sin embargo, la clase media-alta continuó girando hacia la derecha y ahora ha cambiado sus botones con la estrella roja zapatista por gorras de AMLO.

El fin del enamoramiento con el EZLN fue señalado por un artículo titulado “Por qué amábamos a los zapatistas”, que fue una de las primeras contribuciones de Bhaskar Sunkara, miembro de los Socialistas Democráticos de Estados Unidos (DSA, por sus siglas en inglés), a la revista Jacobin después de su fundación en 2011. Representando a las mismas capas pseudoizquierdistas de la clase media, argumentó que “nosotros” amábamos a los zapatistas “porque fueron lo suficientemente valientes como para hacer historia después del fin de la historia” —refiriéndose a la frase de Francis Fukuyama sobre el fin de la URSS— y “porque nos daba miedo el poder político”.

Como lo demostraron los viajes el año pasado a la región de Sunkara, la congresista Alexandria Ocasio-Cortez y otros miembros destacados, el DSA ha decidido que pueden avanzar más sus propios intereses actuando como representantes de facto del Departamento de Estado ante los Gobiernos de la “marea rosa”. Una declaración publicada en junio del año pasado que condenaba los ataques de los medios estadounidenses contra AMLO afirma: “La Comisión Internacional del DSA se solidariza con la clase trabajadora de México, el Partido MORENA y AMLO en su proceso de ‘cuarta transformación’”.

Además de la militarización que ahora se emplea contra los migrantes y sus vínculos con bandas paramilitares fascistas que atacan a sus antiguos amigos zapatistas, otro aspecto destacado del Gobierno de AMLO ha sido la enorme acumulación de riqueza por parte de la burguesía. Durante los dos primeros años de la pandemia de COVID-19, cuando el país registró un exceso de mortalidad de 605.000 personas, el 21 por ciento de la nueva riqueza se destinó al 1 por ciento más rico, mientras que el 50 por ciento más pobre registró solo el 0,40 por ciento, según Oxfam. El aliado cercano de AMLO, el multimillonario Carlos Slim, casi duplicó su riqueza a $105 mil millones desde que comenzó la pandemia.

En una declaración de 1995, el International Workers Bulletin, predecesor del WSWS, concluyó:

“Los acontecimientos en México demuestran una vez más que el único camino hacia adelante para la clase trabajadora en los países oprimidos es unirse con sus hermanos y hermanas de clase en los centros imperialistas en una lucha común por el derrocamiento de la explotación capitalista y el establecimiento del socialismo”.

Esta lucha requiere la construcción de secciones del CICI en México y en toda América Latina a partir de una cuidadosa asimilación de su lucha histórica contra el revisionismo pablista y todos los nacionalistas pequeñoburgueses opuestos al trotskismo. Fue la continuidad histórica de esta lucha política lo que explica por qué el CICI pudo responder a la rebelión zapatista con una evaluación correcta y marxista que mantiene toda su fuerza y validez hoy.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 7 de enero de 2024)