El Gobierno estadounidense volvió a vetar ayer una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que pedía un “cese el fuego” en la masacre israelí en Gaza. Esta es la tercera vez que el Gobierno de Biden ejerce su poder de veto unilateral para defender la guerra de exterminio a manos de Israel contra la población civil de Gaza. 

El Consejo de Seguridad, compuesto por quince miembros, se creó tras la Segunda Guerra Mundial con el poder de hacer cumplir la Carta de la ONU, regular las acciones militares e imponer sanciones a los Estados miembros. Está compuesto por quince miembros, cinco de los cuales son “permanentes” y tienen poder para vetar unilateralmente cualquier resolución: China, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos.

Desde octubre, casi 30.000 palestinos han muerto en la ofensiva israelí contra Gaza, 8.000 están desaparecidos y 70.000 han resultado heridos, muchos de ellos de gravedad extrema. Es probable que estas cifras sean subestimaciones. Hasta 1,9 millones de personas, es decir, cuatro de cada cinco individuos de toda la franja de Gaza, se han quedado sin hogar mientras las fuerzas israelíes arrasan sistemáticamente las zonas urbanas con armas de destrucción masiva. Los supervivientes se ven obligados a vivir en zonas cada vez más pequeñas, donde son masacrados y aterrorizados sin tregua por aviones de guerra y francotiradores israelíes mientras se agotan los suministros de alimentos y medicinas.

El asesinato masivo y deliberado de civiles palestinos en Gaza continúa a pesar de la oposición pública mundial, así como una resolución de alto el fuego que fue aprobada por una mayoría de más de tres cuartos en la Asamblea General de la ONU en diciembre.

Ni Israel, ni Estados Unidos, ni sus aliados de la OTAN han sido disuadidos por las conclusiones de enero de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), máximo órgano judicial bajo la Carta de la ONU, de que las operaciones de Israel en Gaza podrían “plausiblemente” caer bajo la Convención sobre el Genocidio de 1948.

Como pretexto para votar ayer en contra de la última resolución de alto el fuego, el Gobierno de Biden presentó una propuesta alternativa de la resolución cuya redacción era tan ambigua que resultaba ininteligible. Evidentemente, pedía un “alto el fuego temporal en Gaza tan pronto como sea factible” y desaprobaba los planes de Israel de atacar Rafah, donde se han refugiado un millón de personas, “en las circunstancias actuales”.

Al mismo tiempo que Estados Unidos ejercía su poder de veto en el Consejo de Seguridad, se estaban celebrando otros procedimientos en la CIJ que ponían de relieve hasta qué punto Israel lleva décadas burlando el derecho internacional en su empeño por ocupar y anexionarse ilegalmente el territorio palestino.

A diferencia del caso pendiente ante la CIJ que atrajo la atención mundial el mes pasado, en el que se acusaba a Israel de violar la Convención sobre el Genocidio, las audiencias de esta semana formaban parte de otro “procedimiento consultivo” anterior, originado por una resolución de la Asamblea General de la ONU aprobada a finales de diciembre de 2022.

En esa resolución se pedía a la CIJ, con sede en La Haya, Países Bajos, que examinara las “consecuencias jurídicas” que deberían derivarse “de la actual violación israelí del derecho del pueblo palestino a la libre determinación, de su prolongada ocupación, asentamiento y anexión del territorio palestino ocupado desde 1967, incluidas las medidas encaminadas a alterar la composición demográfica, el carácter y estatus de la Ciudad Santa de Jerusalén, y de su adopción de leyes y medidas discriminatorias conexas”.

Como parte de ese caso, las presentaciones en nombre de Palestina de esta semana incluyeron una exposición precisa de los antecedentes históricos. Estas presentaciones establecieron que la mitad del pueblo palestino fue “masacrado o expulsado de su tierra en la Nakba de 1948”, tras lo cual su tierra “fue dividida y la mitad asignada a un nuevo Estado que rápidamente la amplió al 78 por ciento por la fuerza bruta”. En 1967 ... Israel comenzó su ocupación, que aún continúa, de la totalidad del territorio palestino restante”.

Este proceso de limpieza étnica por etapas ha continuado hasta la actualidad, y “en ninguna parte se ve esto más claramente que en el número de colonos ilegales que residen en el Territorio Palestino Ocupado, que ha crecido de aproximadamente 424.000 en 2004 a unos 700.000 colonos en la actualidad”. Estos grupos armados fascistas de colonos perpetran violencia contra los palestinos con impunidad, disfrutando de la protección del ejército israelí y la autorización del Estado israelí.

Esta conducta es claramente ilegal de acuerdo con los mismos principios jurídicos internacionales que Estados Unidos, por ejemplo, invoca contra Rusia: constituye una ocupación y anexión de territorio por la fuerza unilateral, en violación de la carta de la ONU, así como de los supuestos principios de autodeterminación y soberanía nacional. 

Esta historia de violaciones del derecho internacional por parte de Israel está tan bien establecida que esencialmente se dio por sentada tanto en la resolución subyacente de la ONU como a lo largo de los procedimientos de la CIJ. En 2022, por ejemplo, la ONU aprobó más resoluciones condenando las violaciones del derecho internacional por parte de Israel que todos los demás países juntos.

A pesar de las referencias simbólicas de las sucesivas Administraciones estadounidenses a una supuesta “solución de dos Estados”, las presentaciones en representación de Palestina esta semana establecieron exhaustivamente que las ambiciones de Israel de extender su control sobre la totalidad del área “desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo” nunca han sido un secreto en la política israelí.

El secretario de Gabinete de Israel, Yossi Fuchs, escribió en junio del año pasado, refiriéndose a los territorios ocupados de Jerusalén y Cisjordania por sus designaciones bíblicas: “Judea y Samaria no fueron tomadas de un Estado soberano reconocido por el derecho internacional, y el Estado de Israel tiene derecho a imponer su soberanía sobre estas áreas, ya que constituyen la cuna de la historia del pueblo judío y son una parte inseparable de la Tierra de Israel”.

En agosto del año pasado, en un mensaje transmitido por la Radio del Ejército de Israel, el ministro de Patrimonio de Israel declaró: “La soberanía debe extenderse dentro de las fronteras de Cisjordania... para crear el reconocimiento internacional de que este lugar es nuestro”.

El ministro de Finanzas israelí de extrema derecha, Bezalel Smotrich, él mismo un colono ilegal, llegó a afirmar en marzo del año pasado que “no existe tal cosa como un pueblo palestino”. Anteriormente, había declarado: “Estamos aquí para quedarnos. Dejaremos en claro que nuestra ambición nacional de un Estado judío desde el río hasta el mar es un hecho consumado, un hecho que no está abierto a discusión o negociación”. 

Los hechos históricos presentados ante la CIJ son una refutación abrumadora de los intentos de presentar las operaciones en curso de Israel en Gaza como una respuesta a los acontecimientos del 7 de octubre. En realidad, el Gobierno israelí hizo todo lo posible para incitar al desesperado levantamiento del 7 de octubre por medio de provocaciones implacables durante un largo período, y retiró sus propias tropas del área. El objetivo era conseguir un pretexto para poner en marcha planes de larga data para imponer la soberanía israelí sobre la totalidad de Gaza.

Las presentaciones en la CIJ, en particular, demuestran que la acusación de que la consigna palestina “del río al mar” es antisemita pone la realidad de cabeza.

A diferencia de los procedimientos que tuvieron lugar el mes pasado, en los que el Gobierno de los Estados Unidos fue mencionado discretamente, la Administración de Biden fue sometida directamente a humillantes refutaciones en la CIJ esta semana. “Independientemente de los delitos contra el derecho internacional que cometa Israel, Estados Unidos lo protege para que no tenga que rendir cuentas”, declaró Paul Reichler, abogado estadounidense y miembro del Colegio de Abogados de la Corte Suprema de los Estados Unidos, en nombre de Palestina.

En sus presentaciones escritas a la CIJ, dijo Reichler, Israel ni siquiera se molestó en argumentar a favor de la legalidad de su propia conducta, sino que acusó a todos sus críticos de tener un sesgo antisemita. Ni siquiera el Gobierno de los Estados Unidos se atrevió a argumentar a favor de la legalidad de la ocupación y anexión del territorio palestino por parte de Israel, sino que insistió en que “no es ni legal ni ilegal”. Además de Israel y los Estados Unidos, el único otro país que presentó un escrito en apoyo de Israel fue Fiji.

Reichler ridiculizó la posición de la Administración de Biden, lo que equivale a negar que exista algo así como el derecho internacional. “Solo en un mundo anárquico, y sin la Carta de las Naciones Unidas, podría describirse la ocupación israelí”, dijo Reichler, como “no ilegal”.

La contundente refutación de Reichler recuerda las famosas palabras del juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, Robert Jackson, en los juicios de Núremberg. Refiriéndose a los criminales de guerra nazis de alto nivel sentados frente a él, Jackson declaró: “estos hombres se sorprenden de que esta sea la ley; realmente se sorprenden de que exista algo como la ley. Estos acusados no se basaban en ninguna ley en absoluto. Su programa ignoró y desafió toda ley... La ley internacional, la ley natural, la ley alemana, cualquier ley en absoluto era para estos hombres simplemente un dispositivo de propaganda que podía ser invocado cuando ayudaba e ignorado cuando condenaba lo que querían hacer”.

Las mismas palabras se aplican con toda su fuerza a los perpetradores de un genocidio en el siglo XXI, incluidos no solo Netanyahu y todo su régimen, sino también sus cómplices bañados en sangre de Washington, Londres, París y Berlín.

Los procedimientos en la CIJ durante los últimos dos meses exponen completamente las pretensiones de la alianza de la OTAN liderada por Estados Unidos de defender un llamado “orden internacional basado en reglas”, ya que se abre paso mediante amenazas, bombardeos y sanciones en todo el mundo, en busca de la hegemonía global. Cuando se invoca ese mismo “orden basado en reglas” contra un aliado de Estados Unidos que está cometiendo genocidio a plena luz del día, los diplomáticos alineados con la OTAN parpadean y dicen: “¿Dice usted el orden basado en reglas? Nunca había oído hablar de ellas”.

El veto de Estados Unidos a la resolución de alto el fuego, junto con su defensa del genocidio de Israel ante la CIJ, será enormemente impopular en todo el mundo y, en particular, dentro de los propios Estados Unidos. Según una encuesta reciente de Economist/YouGov, de los jóvenes de 18 a 29 años en los Estados Unidos, el 49 por ciento respondió que Israel “sí” está llevando a cabo un genocidio en Gaza, en comparación con el 24 por ciento que respondió “no”. Entre las personas de todas las edades que votaron por Biden en 2020, el 50 por ciento dijo “sí”, en comparación con el 20 por ciento que respondió “no”.

Los medios de comunicación estadounidenses, que están minimizando, si no ocultando por completo los procedimientos en la ONU, por su parte, están actualmente involucrados en una campaña de propaganda coordinada que busca fomentar antipatía hacia el Gobierno ruso “antidemocrático”. Pero si hay un Gobierno en el mundo cuya total impermeabilidad a los sentimientos de su propia población se destaca en este momento, es el régimen encabezado por Biden, no Putin.

No se puede confiar en las instituciones de la ONU para llevar a los criminales de guerra ante la justicia, desarmar a los perpetradores e indemnizar a las víctimas. Los procedimientos de la CIJ de esta semana son parte de un proceso legal prolongado que es solo “consultivo”, y que puede que ni siquiera llegue a una decisión por varios meses más. 

De manera reveladora, el viernes pasado, la CIJ rechazó una solicitud de Sudáfrica, en el caso de la Convención sobre el Genocidio, de medidas más urgentes para detener a las fuerzas israelíes mientras se preparaban para invadir Rafah. En su lugar simplemente reafirmó las obligaciones existentes de Israel en virtud del derecho internacional, sabiendo muy bien que Israel ignorará estas advertencias. Ha estado ignorando advertencias similares durante décadas.

Como afirmó el propio Netanyahu el mes pasado en un discurso televisado, la ofensiva continuará independientemente de los fallos de la CIJ. “Nadie nos detendrá, ni La Haya, ni el Eje del Mal ni nadie más. Es posible y necesario continuar hasta la victoria y lo haremos”.

La oposición global cada vez mayor al genocidio de Gaza, en los Estados Unidos, Israel, Europa, Oriente Próximo y en todas partes, debe romper con todos los individuos, partidos e instituciones que han sido desacreditados por su complicidad o inacción, y arraigarse en los intereses objetivos comunes y el creciente movimiento de masas de la clase obrera internacional hacia el socialismo.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 20 de febrero de 2024)