Las elecciones presidenciales programadas para el domingo no resolverán las crisis políticas entrecruzadas, locales y globales que asolan Venezuela. En cambio, en medio de advertencias de una “guerra civil” y amenazas de los principales contendientes de que rechazaran cualquier resultado poco favorable, el voto representará un punto de inflexión.

La caída de los precios del petróleo, las sanciones de Estados Unidos, la mala gestión y la corrupción han devastado la economía y provocado una catástrofe humanitaria. La economía se ha reducido a una quinta parte o menos de su tamaño en 2014; los programas gubernamentales dependen de un presupuesto 97 por ciento más pequeño; al menos nueve de cada diez venezolanos son pobres; y casi 8 millones han emigrado.

En una política bipartidista, el imperialismo estadounidense continúa hambreando a la población con 350 sanciones impuestas en los últimos siete años. El acceso a las reservas de petróleo en Venezuela, las más grandes del mundo, se está utilizando para reducir la dependencia del crudo ruso y de Oriente Próximo entre los “socios” estadounidenses en Europa y Asia, pero el objetivo estratégico es bloquear el acceso chino a estos yacimientos.

Mientras mantiene sanciones brutales contra las empresas que comercien petróleo venezolano, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha otorgado permisos especiales a varias empresas estadounidenses, europeas y canadienses, así como la trinitaria NGC y las indias Reliance Industries y Jindal Power.

En respuesta, para asegurar una parte de las ganancias para su facción en la clase dominante y desanimar una invasión, el presidente Nicolás Maduro, quien busca una reelección, y su Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), han estrechado los lazos económicos y militares con Rusia y China, otorgando esta semana contratos de producción de petróleo a dos empresas chinas.

En una ceremonia el miércoles para aprobar un proyecto conjunto de gas natural con Trinidad y Tobago, Maduro declaró: “Estamos listos y dispuestos a negociar con quien sea”. Poco después, la noticia sobre los acuerdos con las empresas chinas se filtró a los medios de comunicación.

Al mismo tiempo, Caracas ha buscado servilmente ganar el apoyo de intereses comerciales norteamericanos. Citando fuentes anónimas, el Wall Street Journal escribió el martes que “algunos ejecutivos petroleros estadounidenses y acreedores de Wall Street apoyan silenciosamente al presidente” Maduro, como garante de estabilidad y ganancias. Hubo una respuesta positiva a una visita reciente de Maduro a una planta reabierta de Chevron, una empresa estadounidense, donde declaró: “Garantizamos estabilidad, seguridad jurídica, paz, relaciones ganar-ganar”.

Según los informes, Maduro también “planteó la posibilidad de prometer niveles futuros de ingresos petroleros y negociar directamente una reestructuración de unos $60 mil millones en deuda sin intermediarios tradicionales como el Fondo Monetario Internacional”.

Estas promesas no solo implican ataques masivos contra los trabajadores y los programas sociales, sino que son palabra por palabra lo que los líderes de la oposición respaldados por Estados Unidos están prometiendo en el Financial Times y otros medios corporativos.

A pesar de encabezar a menudo el coro que denuncia a Maduro como “socialista” y “comunista”, el Wall Street Journal agrega: “Maduro a veces incluso ha intercedido personalmente para favorecer a las empresas”.

Si bien las corporaciones energéticas priorizan sus ganancias inmediatas, el Gobierno estadounidense podría considerar que las afectaciones causadas por un cambio de régimen valen la pena con tal de transformar más ampliamente a América Latina en un bastión contra sus rivales geopolíticos.

Por ello, Biden negoció para que se organizaran las elecciones presidenciales y ahora respalda la candidatura del exdiplomático Edmundo González, quien actúa como reemplazo de María Corina Machado.

La candidatura de Machado, la líder fascistizante de la Plataforma Unitaria, fue descalificada por los tribunales venezolanos. Los partidos de la Plataforma y sus líderes han actuado abiertamente durante décadas como herramientas pagadas de la CIA en sus operaciones de cambio de régimen.

Tanto Maduro como González-Machado dicen que tienen una gran ventaja en las encuestas. Por el momento, no hay duda de que la oposición y Washington se negarán a reconocer una victoria del PSUV.

Las deserciones de sectores chavistas apuntan a la creciente incapacidad de Maduro para mantenerlos contentos, especialmente porque la producción de petróleo sigue siendo un tercio o menos de su capacidad hace una década. Asimismo, las declaraciones de Maduro reflejan un creciente temor de que sectores de las fuerzas armadas puedan apoyar un cambio de régimen, especialmente si la oposición gana la votación.

Durante un mitin en Caracas la semana pasada, Maduro declaró: “Si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida, producto de los fascistas, garanticemos el más grande éxito, la más grande victoria de la historia electoral de nuestro pueblo”.

El deslizamiento hacia una guerra civil sin duda implicaría una intervención más directa del imperialismo estadounidense y de las potencias regionales leales a Washington. Detener tal resultado requeriría la intervención independiente de la clase trabajadora venezolana para sus propios intereses, algo a lo que se oponen todos los contendientes en las elecciones del domingo.

Para Maduro y su círculo íntimo, la posibilidad de sufrir el final de Sadam Huseín o Muamar Gadafi hace que sea menos probable que acepte cualquier garantía de Washington. Si bien algunos funcionarios de Washington que hablaron bajo condición de anonimato con el New York Times afirman que han ofrecido “amnistías, garantías para aquellos que dejen su cargo”, EE.UU. mantiene una recompensa por el arresto de Maduro por cargos de narcotráfico.

En otra decisión incriminatoria, el Gobierno de Maduro ha bloqueado la participación en las elecciones de candidatos a su izquierda, incluido aquellos del Partido Comunista estalinista, que recientemente rompió con el Gobierno.

Tales medidas antidemocráticas son un reconocimiento de que las políticas impopulares del Gobierno han destruido sus supuestas credenciales “antiimperialistas”, “desarrollistas” y “socialistas”. Estas políticas incluyen los pagos puntuales de Maduro a los acreedores extranjeros y ataques vastos a los niveles de vida, que han contribuido en gran medida a convertir a uno de los países más ricos de la región en una fuente masiva de mano de obra ultra barata.

Anteponiendo ante todo la atracción de inversiones extranjeras y los privilegios de la cúpula militar militar y la boliburguesía, Maduro ha recortado la salud y la educación pública a niveles que se encuentran entre los más bajos como porcentaje del PIB en América Latina. Además de otros recortes de impuestos, acaba de eliminar este mes un Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras en bolívares, un claro obsequio a los círculos gobernantes.

Según la Constitución del país, cualquier transición no tendría lugar hasta el 10 de enero, dejando casi seis meses para que estalle la crisis política.

A medida que se acercaba la Segunda Guerra Mundial, León Trotsky hizo un análisis pertinente en 1938, si bien las élites gobernantes en las naciones subdesarrolladas han girado bruscamente a la derecha y los monopolios financieros se han vuelto mucho más despiadados desde este período. Señalando el boicot británico contra el petróleo mexicano después de la expropiación parcial del recurso bajo el nacionalista burgués Lázaro Cárdenas, quien le había otorgado asilo a Trotsky, escribió:

Los magnates petroleros no son capitalistas cualquiera, no son burgueses corrientes. Habiéndose apoderado de las mayores riquezas naturales de un país extranjero, gracias a sus miles de millones y apoyados por las fuerzas militares y diplomáticas de sus metrópolis, hacen lo posible por establecer en el país subyugado un régimen de feudalismo imperialista, sometiendo la legislación, la jurisprudencia y la administración. Bajo estas condiciones, la expropiación es el único medio efectivo para salvaguardar la independencia nacional y las condiciones elementales de la democracia.

Al igual que las absurdas afirmaciones de hoy de los medios corporativos y los políticos que tildan de “comunistas”, “prochinos” y “prorrusos” los esquemas mucho más limitados de propiedad público-privada y concesiones bajo los chavistas, Trotsky señala el hecho de que los imperialistas británicos y franceses llamaron a Cárdenas un “comunista” y alegaron que sus medidas reformistas confabulaban a favor de Hitler para “privar a las ‘democracias’ de gran corazón del petróleo necesario para una eventual guerra”.

“El proletariado internacional no tiene ninguna razón para identificar su programa con el programa del Gobierno mexicano. Los revolucionarios no tienen necesidad de cambiar de color, de adaptarse”, añade Trotsky. Pero todas las organizaciones de la clase trabajadora deben “tomar una posición irreconciliable contra los ladrones imperialistas, su diplomacia, su prensa y sus mercenarios fascistas”.

En cuanto al programa proletario, Trotsky se refería aquí a la teoría de la revolución permanente que guio la Revolución de Octubre en Rusia. Establecía que, en la época del imperialismo, los países con un desarrollo económico tardío no pueden garantizar la democracia, que incluye fundamentalmente la independencia ante la opresión imperialista, bajo el dominio capitalista, sino que requiere que la clase trabajadora tome el poder.

A medida que el imperialismo se dedica a repartirse y recolonizar el planeta a través de una Tercera Guerra Mundial, los trabajadores y jóvenes en países semicoloniales como Venezuela, así como en los países imperialistas, solo pueden asegurar su futuro asumiendo la lucha por construir el Partido Mundial de la Revolución Socialista, el Comité Internacional de la Cuarta Internacional, para implementar este programa.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 27 de julio de 2024)