En un movimiento político sin precedentes, el juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF), Alexandre de Moraes, anunció hace una semana la suspensión indefinida de X/Twitter en todo el país. De la noche a la mañana, millones de personas se encontraron bloqueadas de una de sus principales fuentes de información y comunicación con una audiencia internacional.
La decisión fue producto de una disputa creciente entre el STF y el CEO fascistoide de X, Elon Musk. En abril, X se convirtió en el objetivo de la “investigación sobre milicias digitales y noticias falsas” llevada a cabo por el STF, que exigió que la plataforma eliminara las cuentas de usuarios acusados de participar en el intento de golpe promovido por el expresidente Jair Bolsonaro y altos cargos de las fuerzas armadas.
Después de negarse a cumplir con las órdenes del tribunal, a mediados de agosto X despidió a todos sus empleados y cerró sus actividades en Brasil. De este modo, la empresa se retiró deliberadamente de cualquier representación legal mediante la cual pudiera ser citada bajo la ley brasileña.
El STF respondió ordenando, a través de una publicación en su cuenta oficial de X, que la empresa nombrara un representante oficial y, de no hacerlo, que los proveedores de internet del país bloquearan de inmediato el acceso al sitio.
Sin previo aviso, las personas que usan X para acceder a noticias, compartir información y organizar reuniones y eventos encontraron el sitio inaccesible. El lunes, los cinco jueces del STF apoyaron unánimemente la decisión de Moraes.
La suspensión impuesta por el STF es un acto de censura masiva sin precedentes en Brasil desde el final del régimen dictatorial de 1964-85. X es una de las plataformas más populares del país. Según Datareportal, a principios de 2024 había 22,1 millones de usuarios de X en el país.
La siniestra implicación de la decisión del Supremo Tribunal fue señalada en un comentario del columnista de UOL, Josias de Souza: “Si estas redes, como Bluesky, comienzan a alojar mensajes en su plataforma que el Supremo Tribunal considere golpistas, ofensivos para el estado de derecho democrático, entonces llegaremos al mismo punto”. En otras palabras, la decisión sienta un grave precedente para la supresión de todas las redes sociales.
La suspensión de X/Twitter es solo la etapa más reciente en una avanzada campaña del Etado brasileño para censurar internet. Fraudulentamente presentada como un medio de defender la “democracia” y combatir el auge del fascismo, los mecanismos de censura que se están forjando con el apoyo del gobierno del Partido de los Trabajadores y sus satélites pseudoizquierdistas están esencialmente dirigidos contra la clase trabajadora.
En los últimos cinco años, el STF dirigido por Moraes ha avanzado consistentemente en sus medidas restrictivas contra las redes sociales, alegando que “han sido instrumentalizadas para atacar la democracia, para atacar el estado de derecho”, como afirmó el ministro en una reciente conferencia en la Universidad Mackenzie.
Moraes, reverenciado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y la opinión pública burguesa como el “salvador de la democracia” en Brasil, en realidad tiene un historial consistentemente reaccionario vinculado al aparato represivo del Estado.
Entre 2015 y 2016, Moraes ocupó el cargo de secretario de seguridad pública de São Paulo bajo el actual vicepresidente Geraldo Alckmin, entonces del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), supervisando las acciones asesinas de la policía militar del estado y un aumento en la represión de las protestas sociales.
El perfil autoritario de Moraes llevó a su nombramiento como ministro de justicia en 2016, cuando el vicepresidente Michel Temer asumió el poder tras el juicio político contra Dilma Rousseff del Partido de los Trabajadores, basado en cargos inventados. Al año siguiente, Moraes fue nombrado al Supremo Tribunal por Temer.
En 2019, Moraes se convirtió en el relator de la infame “investigación sobre noticias falsas” del STF, una investigación llevada a cabo a puerta cerrada y marcada por el uso de métodos inconstitucionales. A lo largo del Gobierno de Bolsonaro y las explosivas elecciones presidenciales de 2022, la investigación del STF y la figura de Moraes han tomado una creciente centralidad en el panorama político brasileño.
Las mismas secciones de la burguesía que se agruparon en torno a la candidatura de Lula han confiado inmensos poderes en las manos de Moraes. Aunque inicialmente se emplearon contra los aliados políticos de Bolsonaro, quienes activamente planearon un golpe de Estado, las medidas autoritarias de Moraes han ido mucho más allá.
Individuos y grupos políticos fueron objetivo de la “investigación sobre noticias falsas” simplemente por expresar críticas contra el Estado brasileño, lo cual se equiparó absurdamente con la planificación de un golpe. En junio de 2022, Moraes ordenó bloquear todas las cuentas del Partido de la Causa Obrera (PCO) después de que el partido criticara la naturaleza antidemocrática del STF.
La escalada autoritaria del Estado brasileño bajo la figura de Moraes no solo fue aceptada, sino fervientemente alentada por la pseudoizquierda, particularmente el Partido Socialismo y Libertad (PSOL). En 2018, durante las elecciones en las que Bolsonaro resultó victorioso, el PSOL exigió que el STF bloqueara WhatsApp (la aplicación de mensajería más utilizada en Brasil) bajo el pretexto de frenar la difusión de “noticias falsas”.
Al culpar a las redes sociales por el auge del fascismo, la pseudoizquierda pasa por alto la responsabilidad de sus propias políticas traicioneras, así como las raíces fundamentales de este proceso en la crisis del sistema capitalista. Esta narrativa reaccionaria y fraudulenta se amplificó tras el intento de golpe fascista del 8 de enero de 2023.
Estos mismos argumentos marcaron la conducta de la Comisión Parlamentaria de Investigación dirigida por el PT y el PSOL sobre los eventos del 8 de enero en Brasilia. El informe de la comisión, a pesar de concluir que el expresidente y una parte significativa del comando militar utilizaron el aparato estatal para preparar una abolición violenta del sistema democrático, atribuyó la principal responsabilidad al “estado del ecosistema digital brasileño”.
La reciente suspensión de Twitter/X también fue celebrada por estas fuerzas pseudoizquierdistas. El líder más destacado del PSOL y actual candidato a la alcaldía de São Paulo, Guilherme Boulos, declaró: “Brasil no es una tierra sin ley. Desde el principio, como diputado federal, estuve a favor del proyecto de ley de noticias falsas”. Boulos agregó: “Una gran corporación, una gran empresa tecnológica, especialmente una presidida por un lunático de extrema derecha como Elon Musk, no está por encima de la ley brasileña. Se ha cumplido la ley”.
El presidente Lula hizo comentarios similares, diciendo: “Este ciudadano es un ciudadano estadounidense, no un ciudadano del mundo. No puede seguir ofendiendo a presidentes, diputados, al Senado, a la Cámara de Representantes y al Supremo Tribunal”. Concluyó: “Este país no tiene una sociedad con un ‘complejo mestizo’. Este tipo tiene que aceptar las reglas de este país”.
Las intervenciones de Musk en la política de diferentes países, utilizando su fortuna y control sobre medios poderosos, son de hecho absolutamente reaccionarias.
Defendiendo los intereses de la oligarquía financiera y el imperialismo estadounidense, Musk ha promovido sistemáticamente el crecimiento de fuerzas políticas de extrema derecha en todo el mundo, incluyendo América Latina, forjando relaciones cercanas con personajes como Bolsonaro y el actual presidente fascistizante de Argentina, Javier Milei. No ha evitado censurar a la oposición política en X, como en el notorio caso de los defensores de Palestina.
Pero mientras Lula y Boulos atacan a Musk con argumentos reaccionarios basados en la “soberanía nacional” y el “orden y la ley”, oscurecen el verdadero factor antidemocrático de las acciones políticas del multimillonario: el hecho de que, bajo el capitalismo, las herramientas fundamentales de comunicación de la sociedad internacional están bajo el control de sus propietarios individuales.
La defensa del Estado capitalista en descomposición y sus acciones autoritarias por parte de Lula y la pseudoizquierda es lo que brinda a la extrema derecha la oportunidad de presentarse fraudulentamente como defensores de la “libertad de expresión”.
Su papel en facilitar el crecimiento de las fuerzas fascistizantes quedó expuesto gráficamente en este último episodio. Aunque X había estado bajo sanciones del STF desde abril, el momento de su suspensión fue en gran medida elegido por el propio Musk (al cerrar las oficinas de la empresa) en base a cálculos políticos. Sus repercusiones se están utilizando directamente para promover una manifestación convocada por Bolsonaro para el 7 de septiembre, Día de la Independencia de Brasil, bajo la bandera de defender la “libertad de expresión”.
Los desarrollos políticos en Brasil reivindican fuertemente la perspectiva presentada por el World Socialist Web Site en su declaración de Año Nuevo de 2024:
Todo el discurso sobre defender la democracia y luchar contra el fascismo mientras se ignora la cuestión fundamental de la clase y el poder económico, y por lo tanto, se reconoce la necesidad de la movilización de la clase trabajadora a escala global para derrocar el capitalismo, es demagogia cínica e impotente políticamente.
(Artículo publicado originalmente en inglés el 06 de septiembre de 2024)