El 8 de enero, el Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva (Partido de los Trabajadores, PT) celebró una ceremonia para conmemorar los tres años del intento de golpe de Estado liderado por su predecesor, el fascista expresidente Jair Bolsonaro, con el apoyo de los jefes militares de Brasil.

El tercer aniversario de la insurrección fascista del 8 de enero en Brasilia fue el primero que se celebraba desde que Bolsonaro y sus cómplices militares fueran condenados y encarcelados por su intento de dar un golpe de Estado y establecer una dictadura.

También fue la primera ceremonia que conmemoraba el acontecimiento desde la toma de posesión del presidente estadounidense Donald Trump, un aliado cercano de Bolsonaro cuyo intento de golpe de Estado del 6 de enero de 2021 sirvió de modelo para el expresidente brasileño.

En julio pasado, la administración Trump impuso aranceles abusivos del 50 % a los productos brasileños con el objetivo declarado de revertir la inminente condena de Bolsonaro y sus aliados, que fueron juzgados por el Tribunal Supremo de Brasil (STF) el 11 de septiembre.

Desde entonces, la ofensiva de la administración Trump contra la región que el imperialismo estadounidense ha considerado históricamente su «patio trasero» ha experimentado una escalada cualitativa.

En diciembre, lanzó su nueva Estrategia de Defensa Nacional, que introdujo un «corolario Trump» a la Doctrina Monroe. Siguiendo sus objetivos declarados de desafiar la influencia de China y afirmar su dominio sobre el hemisferio occidental, el imperialismo estadounidense lanzó su invasión criminal de Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el 3 de enero.

En este contexto explosivo, la ceremonia de Lula tenía como objetivo sembrar ilusiones sobre la supuesta fortaleza de la «democracia brasileña». Según Lula, «el 8 de enero queda marcado en la historia como el día de la victoria de la democracia». El presidente brasileño también aprovechó la oportunidad para reforzar la agenda nacionalista de su Gobierno, afirmando que el 8 de enero también representaba una victoria sobre «los traidores a la patria, que conspiraron contra Brasil para causar el caos en la economía y el desempleo de millones de brasileños».

Lula elogió las supuestas virtudes del Tribunal Supremo, diciendo que «quizás la prueba más convincente del vigor de la democracia brasileña es el juicio de los golpistas por parte del STF». En referencia al juez que presidió el caso, Alexandre de Moraes, que fue objeto de la Ley Magnitsky por parte de Trump, afirmó que el STF «no cedió a las presiones. No se dejó intimidar por las amenazas. No se dejó llevar por la venganza».

En una jugada calculada, Lula no mencionó en su discurso las enormes implicaciones que tiene la invasión estadounidense de Venezuela para la «vigorosa democracia» de Brasil. La agresión del imperialismo estadounidense contra el vecino del norte de Brasil sienta un peligroso precedente para toda América Latina. Uno de los objetivos centrales del ataque de Trump era enviar un mensaje claro: cualquier gobierno que se interponga en el camino de Estados Unidos correrá la misma suerte que Maduro.

Lula tampoco mencionó las intervenciones sistemáticas de la administración Trump en la política de Brasil y de toda la región, promoviendo fuerzas fascistoides que son herederas de las dictaduras militares respaldadas por Estados Unidos en la década de 1970.

De hecho, Lula y su administración han hecho todo lo posible para evitar tensar aún más las relaciones con la administración Trump. El presidente del PT sigue buscando acuerdos políticamente corruptos con la administración estadounidense para revertir los aranceles impuestos a Brasil. Además, desde octubre, en medio de la escalada de la administración Trump contra Venezuela, Lula ha hablado tres veces con el aspirante a dictador estadounidense, declarando a mediados de diciembre que «Trump se convirtió en mi amigo con una pequeña conversación».

Pero, mientras actúan para adormecer conscientemente a la clase trabajadora brasileña, Lula y sus funcionarios siguen con nerviosismo el secuestro de Maduro y los acontecimientos en Venezuela, conscientes de sus implicaciones para Brasil, que se ven agravadas por el hecho de que este es un año electoral en el que Lula se presentará a la reelección.

El 6 de enero, el sitio web Metrópoles informó que «el gobierno [de Lula] está preocupado por la posibilidad de una injerencia de la Casa Blanca en las elecciones presidenciales de 2026», y que los diplomáticos brasileños establecen «claros paralelismos entre lo que ha ocurrido recientemente en países como Honduras y Argentina y lo que podría suceder en Brasil».

El destino de Nicolás Maduro presagia una escalada de la intervención directa del imperialismo estadounidense en la política brasileña, defendida agresivamente por la oposición de extrema derecha vinculada a Bolsonaro. Estas fuerzas fascistas ya han comenzado a explotar la ofensiva de la administración Trump contra Venezuela para impulsar su campaña a favor de la liberación de Bolsonaro y los demás condenados por el intento de golpe de Estado del 8 de enero.

Como parte de la conmemoración oficial del aniversario del 8 de enero, Lula vetó por completo un proyecto de ley para reducir drásticamente las penas de los conspiradores antidemocráticos condenados, el llamado «Proyecto de Ley de Dosimetría». Aprobado por ambas cámaras del Congreso brasileño en diciembre, su objetivo era reducir las penas por delitos como la «abolición violenta del Estado de derecho democrático» y el «golpe de Estado», lo que beneficiaba directamente a Bolsonaro y a otros golpistas encarcelados.

Los ponentes del «Proyecto de Ley de Dosimetría» en el Congreso criticaron duramente el veto de Lula. El congresista Paulinho da Força, que también es presidente vitalicio de la segunda federación sindical más grande de Brasil, Força Sindical, declaró que «el Congreso entregó a Lula la bandera blanca de la paz de Brasil. ¿Saben lo que hizo? La rompió y le prendió fuego... Fue a un terreno ya pacificado y le echó gasolina. Prefirió la confrontación al diálogo».

El congresista también vinculó la aprobación del «Proyecto de Ley de Dosimetría» con la capacidad de Brasil para reducir los aranceles de Trump, afirmando que el proyecto «ha sido reconocido y elogiado internacionalmente, incluso por Estados Unidos, como una clara señal de estabilidad, madurez democrática y pacificación en el país». Paulinho ya ha declarado que el Congreso anulará el veto de Lula.

El senador Esperidião Amin (Progresistas) reaccionó al veto de Lula con una medida aún más incisiva, presentando un nuevo proyecto de ley el mismo día, 8 de enero, en el que proponía una «amnistía total, amplia e irrestricta» para Bolsonaro y otros condenados por el intento de golpe de Estado del 8 de enero.

El «Proyecto de Ley de Dosimetría» fue aprobado por amplia mayoría en la Cámara de Diputados y el Senado brasileños, lo que indica que la base activa del Congreso brasileño y el establishment burgués en su conjunto están trabajando para rehabilitar a Bolsonaro y apoyar al candidato que él respalda en las elecciones presidenciales de octubre. El senador Flávio Bolsonaro, que se presenta como candidato presidencial en nombre de su padre, ya aparece en segundo lugar en las encuestas.

Sin duda, el ataque a Venezuela y la ofensiva de Trump contra América Latina alimentarán las ambiciones electorales de la oposición fascista y sus planes activos para continuar con su conspiración dictatorial de 2022-23.

La respuesta de Lula a estos acontecimientos es completamente insustancial. El diario Folha de S. Paulo informó el 8 de enero que se espera que su gobierno «defienda el veto del presidente a la reducción de las penas para los condenados por el complot golpista, pero sin tensar la disputa hasta el punto de comprometer la relación del poder ejecutivo con el Congreso».

Folha explicó que «el presidente busca atraer a aliados de diferentes campos políticos para su candidatura a la reelección en octubre». Entre ellos se encuentran las fuerzas políticas de derecha que votaron a favor del «Proyecto de Ley de Dosimetría», que Lula pretende incorporar en una reactivación del «frente amplio» de las elecciones de 2022 contra un candidato apoyado por Bolsonaro. Esto también significa reforzar su retórica nacionalista y la defensa de la «soberanía nacional», promovida para obtener el apoyo de sectores de la burguesía brasileña afectados por los aranceles de Trump.

El gobierno de Lula se enfrentará a una crisis creciente hasta las elecciones generales de octubre de 2026, que coincidirán con la escalada de la ofensiva de la administración Trump contra la región y el mundo entero. Como ha demostrado la historia de América Latina en el siglo XX, el nacionalismo burgués es incapaz de ofrecer una respuesta progresista a la crisis del imperialismo estadounidense y su giro cada vez más rápido hacia la dictadura en el país y la guerra en el extranjero.

Por el contrario, los fallidos llamamientos de Lula al «multilateralismo» y su defensa de la «soberanía nacional» solo desarman a la clase obrera brasileña frente a los peligros a los que se enfrenta. La amenaza de intervención imperialista en Brasil y en toda América Latina, incluida la imposición de una nueva dictadura militar, solo puede ser detenida por un movimiento internacional de la clase obrera contra el capitalismo y sus pilares, incluidos los supuestos partidos de la izquierda nominal, como el PT de Lula.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 12 de enero de 2025)