La crisis económica y la persistencia del hambre y la enfermedad siguen azotando a los trabajadores venezolanos, cuando los funcionarios chavistas alardean de lo “sexy” que se ha vuelto el país para los inversionistas extranjeros. Esta grotesca coexistencia de una creciente miseria social junto con un cortejo de las transnacionales define la etapa actual de la crisis venezolana.

Incluso mientras los ejecutivos de Chevron y Shell desfilan por los pasillos del gobierno y la producción de petróleo vuelve a superar el millón de barriles diarios —en medio de los altos precios mundiales—, los trabajadores siguen viviendo en la pobreza extrema.

Aquí no hay ninguna contradicción. Una década de terapia de choque, agravada enormemente por las sanciones estadounidenses e impuesta mediante bajos salarios por el gobierno chavista, ha creado las condiciones para la superexplotación de millones de trabajadores venezolanos.

La inflación mensual se ha ralentizado, pero sigue siendo extremadamente alta, situándose en el 13,1 por ciento en marzo y en el 649,5 por ciento anual. El bolívar perdió el 20 por ciento de su valor frente al dólar tan solo en el primer trimestre, lo que pone de manifiesto el continuo desplome del poder adquisitivo. Para la clase trabajadora, estas cifras se traducen en un mayor deterioro de su nivel de vida.

Como parte de las medidas para atraer inversión extranjera, la petrolera estatal PDVSA está reduciendo el acceso a la gasolina subsidiada y ampliando las estaciones de servicio que ofrecen combustible súper premium. Esta gasolina se vende exclusivamente en dólares a 3,79 dólares por galón, un precio inalcanzable para la mayoría de los venezolanos, que reciben su salario en bolívares.

Estas políticas están alimentando el creciente malestar social. Una coalición de sindicatos y organizaciones estudiantiles inició una protesta el jueves pasado exigiendo aumentos salariales. Se estima que 2.000 participantes intentaron marchar hacia el Palacio Presidencial de Miraflores, pero fueron bloqueados violentamente por la policía antidisturbios. Las fuerzas de seguridad emplearon gases lacrimógenos y detuvieron a cinco manifestantes. Esta fue la mayor manifestación antigubernamental desde la incursión militar estadounidense del 3 de enero, en la que el presidente Nicolás Maduro fue secuestrado y trasladado a una prisión de la ciudad de Nueva York.

Elías Fernández, un trabajador de 62 años de la Universidad Simón Bolívar, resumió el sentir de los manifestantes en declaraciones a El País: “Siempre nos dicen que no hay dinero, mientras vemos cómo despilfarran el dinero que entra en Venezuela”.

Esta protesta se produjo tras otra importante movilización el miércoles. Cientos de estudiantes y trabajadores de la Universidad Central de Venezuela marcharon por Caracas exigiendo aumentos salariales. Denunciaron que sus sueldos no han aumentado en cuatro años y que oficialmente se mantienen en alrededor de 1 dólar al mes, además de una bonificación de 190 dólares. Los profesores han anunciado planes para ir a la huelga el 22 de abril, lo que indica que sectores más amplios se están preparando para una lucha prolongada.

Está prevista otra protesta para este jueves frente a la Embajada de Estados Unidos, y los organizadores han declarado su intención de manifestarse ante 'quienes realmente gobiernan en Venezuela'.

La presidenta interina Delcy Rodríguez ha respondido con una combinación de represión y promesas vacías. La semana pasada, en un discurso televisado, pidió paciencia a los trabajadores y prometió un aumento “responsable” del salario mínimo el Primero de Mayo para no avivar la inflación. Dicho así, se prevé que cualquier aumento sea insignificante. El salario mínimo, sin cambios desde 2022, se sitúa en 130 bolívares, aproximadamente 0,27 dólares al mes.

Si bien los economistas estiman en al menos 500 dólares al mes la canasta básica familiar, el gobierno ha recurrido a pagos de bonificaciones que promedian solo 180 dólares mensuales para compensar salarios de miseria. Este sistema no solo perpetúa la pobreza, sino que también socava los derechos laborales, ya que las bonificaciones no se contabilizan para las pensiones ni otras prestaciones.

Un día antes de la protesta de Miraflores, Rodríguez anunció la formación de una comisión integrada por funcionarios estatales, representantes empresariales y sindicales para elaborar legislación laboral y tributaria. Tras años en los que el Departamento de Estado de EE. UU. destinó millones de dólares a la “sociedad civil”, incluyendo medios de comunicación y sindicatos afines a la oposición de extrema derecha, estos organismos están inevitablemente saturados de fuerzas vinculadas a la agenda de Washington.

Esta integración de las burocracias estatales, corporativas y sindicales sirve como mecanismo para imponer políticas favorables al capital extranjero, al tiempo que se sofoca la resistencia independiente de la clase trabajadora.

En este contexto, la transformación de Venezuela en una semicolonia se ha vuelto cada vez más explícita. El presidente Donald Trump ha elogiado repetidamente a Rodríguez mientras su administración impulsa un proyecto más amplio de dominación hemisférica, descrito en términos de una 'Gran Norteamérica' desde Groenlandia hasta el ecuador.

Como parte de esta estrategia, el Pentágono ha intensificado los ataques con misiles casi diarios contra pequeñas embarcaciones en el Pacífico oriental y el Caribe, alegando sin pruebas que se trata de 'narcotraficantes', causando la muerte de al menos 173 pescadores inocentes desde septiembre. Caracas no ha condenado estos asesinatos a sangre fría.

Rodríguez actúa abiertamente como un instrumento de los intereses corporativos estadounidenses. Esta postura solo puede intensificar la oposición popular entre los trabajadores, quienes han soportado más de una década de devastadoras sanciones estadounidenses, repetidos intentos de golpe de Estado y ahora violencia militar directa.

En un reciente foro de inversionistas en Miami —ciudad considerada desde hace tiempo en Caracas como un centro de los exiliados de extrema derecha y de las conspiraciones golpistas— Rodríguez presentó abiertamente a Venezuela como un proveedor semicolonial de petróleo y minerales críticos. Hizo hincapié en las vastas reservas del país y los bajos costos de producción, destacando la renegociación de precios y la reducción de impuestos para atraer inversionistas extranjeros.

Estas iniciativas se han visto acompañadas de cambios políticos concretos. El gobierno chavista no se ha opuesto a la orden ejecutiva de Trump que exige que los ingresos petroleros venezolanos se depositen en cuentas del Tesoro estadounidense y sean administrados íntegramente por el gobierno de Estados Unidos. Este acuerdo extraordinario priva, de hecho, al país del control soberano sobre su principal fuente de ingresos.

Los cambios de personal en la Embajada de Estados Unidos en Caracas ilustran aún más la consolidación de este nuevo orden. Tras 80 días en el cargo, Laura Dogu será reemplazada por John Barrett como encargada de negocios. Dogu describió el cambio como parte de una estrategia estadounidense de tres fases: “estabilización, recuperación y transición”.

Durante su breve mandato, Dogu supervisó la reapertura de la Embajada, la reacción a la captura de Maduro, la reestructuración del liderazgo político y militar bajo Rodríguez y la primera oleada de legislación que abrió sectores clave a la inversión privada.

Bajo el mandato de Dogu, Rodríguez fue retirada de la lista de funcionarios chavistas sancionados y esta semana se abrieron nuevos e importantes canales financieros. La emisión de una nueva licencia al Banco Central de Venezuela ha ampliado la capacidad del gobierno para realizar transacciones internacionales, facilitando una mayor integración en las redes financieras globales bajo la supervisión de Estados Unidos.

Barrett, su sucesor, cuenta con experiencia en el mundo empresarial, con un MBA y trayectoria en PepsiCo, The Walt Disney Company y LEK Consulting. Anteriormente, se desempeñó como asesor económico en Perú, país rico en minerales, y participó en los esfuerzos estadounidenses para contrarrestar la influencia china en Panamá, en medio de las amenazas de Trump de tomar el control del canal por la fuerza.

Durante su mandato en Panamá, la Corte Suprema del país anuló los contratos portuarios que la empresa CK Hutchison, con sede en Hong Kong, tenía en ambos extremos del canal, lo que provocó amenazas de represalias por parte de China.

Dado que la Embajada de Estados Unidos funciona efectivamente como un centro administrativo colonial en Caracas, el papel de Barrett puede compararse con el de un 'gerente de ventas', encargado de cerrar acuerdos, retener a los clientes corporativos y garantizar la explotación sin problemas de los recursos y la mano de obra de Venezuela, al tiempo que excluye a la competencia.

La reestructuración económica ha avanzado rápidamente. Tras la aprobación previa de la legislación sobre petróleo crudo, el Congreso, controlado por los chavistas, aprobó la semana pasada por unanimidad una ley que privatiza el oro y otros “minerales estratégicos”. Esta ley elimina el control estatal exclusivo y establece un marco para concesiones de 30 años a empresas privadas, con tarifas que pueden pagarse “en especie”, es decir, no del todo. Ya se están realizando envíos de oro y minerales desde puertos venezolanos bajo estos acuerdos.

El énfasis en la reestructuración económica también señala el aplazamiento indefinido de elecciones supervisadas por Washington, que las prometió bajo el mantra fraudulento de una 'transición democrática'.

Jorge Rodríguez, presidente del Congreso y hermano de la presidenta en funciones, confirmó esta orientación en una entrevista reciente. “Venezuela se está poniendo bastante sexy desde el punto de vista de la posibilidad de inversiones extranjeras”, declaró. Al preguntársele cuándo se celebrarán las elecciones, respondió: “Lo más importante ahorita es la economía. Es necesario que la economía venezolana avance hacia un dinamismo tal que la población sienta que todo este proceso valió la pena”.

Para la clase trabajadora, sin embargo, la realidad es radicalmente diferente. El “dinamismo” que celebran los funcionarios e inversores se traduce en una explotación intensificada, una disminución de los salarios reales y el desmantelamiento de los derechos sociales.

Las crecientes protestas en Venezuela forman parte de una ola de malestar social más amplia en todo el continente, impulsada por el aumento de los precios y las repercusiones globales de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Estas luchas ponen de manifiesto la urgente necesidad de una estrategia unificada por parte de la clase trabajadora, orientada a derrocar el sistema capitalista que genera la desigualdad social, opresión colonial, guerra y fascismo.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 15 de abril de 2026)