Una huelga nacional indefinida en Bolivia ha continuado expandiéndose durante más de dos semanas en oposición al alza del combustible y las políticas de derecha del presidente Rodrigo Paz, un aliado cercano de la administración Trump que ha respondido con una represión mortal y detenciones.

Los trabajadores manufactureros, mineros, maestros, campesinos y grupos indígenas se han sumado a la huelga, erigiendo bloqueos de carreteras y amenazando con paralizar sectores enteros de la economía y del país, incluida la capital, La Paz.

Las protestas son una expresión de cómo la crisis global del capitalismo, agudizada hasta un punto de quiebre por la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán y el cierre del estrecho de Ormuz —que perturbó las cadenas de suministro a nivel mundial y desencadenó escasez de combustible— está impulsando un explosivo ascenso de la lucha de clases en todos los continentes.

Una nueva contraofensiva desde abajo contra los recortes sociales, los despidos, la reacción fascistizante, la dictadura y la guerra está creciendo, desde los piquetes de los trabajadores del ferrocarril de Long Island en Nueva York hasta los trabajadores del transporte y los mineros en los Andes bolivianos.

La huelga nacional es el producto de una escalada explosiva contra el gobierno de Paz que comenzó con las protestas masivas de diciembre pasado contra el Decreto 5503, que eliminó de un día para el otro subsidios al combustible, duplicando de golpe el precio de la gasolina. Los nueve departamentos de Bolivia fueron sacudidos por bloqueos de carreteras y marchas durante semanas. La dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB) finalmente suspendió las protestas tras aceptar una medida revisada que mantuvo la eliminación de los subsidios e introdujo un aumento del salario mínimo del 20 por ciento.

Este acuerdo traicionero resultó incapaz de contener la ira popular a medida que la crisis del costo de vida se agravó en el contexto de la guerra contra Irán y las continuas amenazas de privatización de los recursos naturales, incluidas las mayores reservas mundiales de litio.

El Primero de Mayo, miles de personas se reunieron en El Alto —bastión de los trabajadores indígenas aymaras e históricamente escenario de grandes luchas militantes— para una asamblea abierta convocada por la COB. Ante una movilización masiva de maestros, camioneros, mineros, trabajadores de la salud, jornaleros y otros, la COB se vio obligada a convocar una huelga general indefinida a partir del 2 de mayo.

Las demandas planteadas incluyen otro aumento del 20 por ciento en el salario mínimo, un recorte del 50 por ciento en los salarios de los altos funcionarios del gobierno, la derogación de la reaccionaria Ley 1720 sobre clasificación de tierras, el aumento de las pensiones, el fin de los planes de privatización y la reducción de impuestos para las pequeñas empresas.

Mientras tanto, grupos indígenas recorrieron 1.100 kilómetros durante más de 20 días desde las tierras bajas amazónicas de Bolivia, atravesando los Andes helados, hasta llegar a La Paz para protestar contra la Ley 1720. Promulgada en abril, la ley permitía la conversión voluntaria de pequeñas propiedades agrícolas tituladas en extensiones mayores, abriendo las tierras comunales indígenas y campesinas a la apropiación por parte de la agroindustria y las operaciones mineras.

El 12 de mayo, la COB y varias organizaciones indígenas y campesinas anunciaron una escalada conjunta de protestas y exigieron la renuncia de Paz. Se han registrado al menos 67 puntos de bloqueo, paralizando casi ocho de los nueve departamentos del país. Las pérdidas económicas diarias se han estimado en millones de dólares, mientras que la empresa estatal de petróleo YPFB se vio obligada a suspender el suministro de gas a los municipios al haber cisternas varadas por los bloqueos. El transporte urbano se ha detenido por completo.

El centro de gravedad ha sido El Alto y los corredores que rodean La Paz. La federación campesina Túpac Katari lanzó un bloqueo indefinido en las 20 provincias del departamento de La Paz, cortando las rutas hacia la frontera peruana en Desaguadero, hacia Copacabana, hacia Caranavi y la crítica carretera La Paz–Oruro.

Las Cooperativas Mineras de La Paz se unieron a la huelga la semana pasada, con cientos de mineros que descendieron de El Alto en caravanas y detonaron cartuchos de dinamita frente al palacio presidencial. Los mineros han anunciado sus propias demandas: fin a la escasez de combustible, restitución de los suministros de explosivos para las operaciones mineras y la renuncia de Paz.

El jueves 14 de mayo, Paz intentó debilitar las protestas eliminando la Ley 1720 y haciendo un llamado directo a las dirigencias capitalistas indígenas al 'diálogo' para elaborar 'una nueva ley de tierras”.

El viernes, sin embargo, las calles de La Paz volvieron a llenarse de manifestantes, y las organizaciones movilizadas declararon que no darán por terminadas las protestas sin la renuncia de Paz o la satisfacción plena de sus demandas.

Paz ha respondido con fuerza brutal y persecución legal. El sábado, aproximadamente 3.500 soldados y policías fueron desplegados en un operativo de madrugada contra los bloqueos en El Alto y a lo largo de la carretera La Paz–Oruro, disparando gases lacrimógenos mientras trabajadores y campesinos resistían con piedras, cartuchos de dinamita y barricadas en llamas.

Unas 57 personas fueron arrestadas, según la Defensoría del Pueblo de Bolivia. Los enfrentamientos continuaron el domingo, con convoyes militares y policiales despejando puntos de bloqueo.

Al menos cuatro personas han muerto durante la represión y al menos otras dos en relación con las protestas. El gobierno de Paz y los medios corporativos bolivianos han dado amplia cobertura a dos muertes atribuidas a la falta de acceso médico provocada por los bloqueos.

El domingo, el gobierno emitió una orden de arresto contra Mario Argollo, líder de la COB, por participar en los bloqueos en La Paz.

Esto ocurre una semana después de que se emitiera una orden de arresto contra el expresidente Evo Morales, acusado de desacato por no comparecer a juicio por cargos de tráfico de personas, en un caso con una alta carga política. Esta es otra dimensión de la represión. Morales, refugiado por simpatizantes en su bastión del Chapare, ha afirmado que se está preparando una operación militar respaldada por EE.UU. para detenerlo o matarlo.

El camino a seguir

Los trabajadores bolivianos exigen la caída del represivo gobierno de Paz, con quien no hay nada que negociar. Luchan por sus propios medios de vida y por sus intereses de clase independientes.

Sin embargo, las dirigencias de la COB y las diferentes facciones del partido Movimiento al Socialismo (MAS), incluida la de Evo Morales, defienden los intereses de sectores de la clase dominante boliviana y sus socios internacionales, quienes buscan colocar el peso de la crisis del capitalismo boliviano sobre los hombros de los trabajadores y los campesinos pobres.

Su objetivo es destruir las limitadas conquistas sociales bajo los gobiernos del MAS en la década del 2000, cuando los altos precios de las materias primas se utilizaron para financiar programas sociales limitados, subsidios y nacionalizaciones parciales.

El MAS fue parte de los gobiernos capitalistas latinoamericanos de la 'marea rosa' que buscaron contener la lucha de clases mediante tales concesiones sociales, al tiempo que perseguían vínculos económicos más estrechos con Rusia y China. Cuando los precios colapsaron y los ingresos se agotaron, el MAS ofreció a los trabajadores recortes sociales y represión; y el partido implosionó.

La COB fue fundada en abril de 1952, por decreto del gobierno nacionalista burgués del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) de Víctor Paz Estenssoro, para consolidar su gobierno e impedir una revolución socialista, con el líder minero del MNR, Juan Lechín, nombrado secretario ejecutivo. Lechín se convirtió en vicepresidente de Paz Estenssoro, formalizando la integración de la COB al Estado capitalista a través de un arreglo de 'cogobierno' que ligó a la dirección sindical al régimen nacionalista.

El Partido Obrero Revolucionario (POR) de Guillermo Lora facilitó esta integración tras abandonar los principios trotskistas después de 1951, alineándose con la perspectiva liquidacionista de Michel Pablo de que los líderes nacionalistas burgueses podían conducir una revolución socialista, negándose así a luchar por una ruptura decisiva de la clase obrera con Lechín y el MNR.

Esta subordinación de las organizaciones obreras al nacionalismo burgués continuó durante décadas: el POR y la COB apoyaron al general nacionalista burgués Juan José Torres cuando tomó el poder en octubre de 1970, nombrando Torres a Lechín jefe de su Asamblea del Pueblo. Esta subordinación de los trabajadores al Estado capitalista los desarmó política y físicamente, permitiendo que el general fascista Hugo Banzer llevara a cabo un golpe militar respaldado por EE.UU. y lanzara una embestida contrarrevolucionaria.

La COB se convirtió en la columna vertebral del gobierno de Evo Morales con el MAS después de canalizar el levantamiento popular de 2000–2005 detrás de su elección, y en mayo de 2013–2014 la dirección sindical declaró su 'independencia' del MAS precisamente para implementar mejor la desregulación laboral y la austeridad a medida que caían los precios de las materias primas.

Hoy, a pesar de la orden de arresto contra su líder, la COB ha buscado mantener el movimiento dentro de los límites de las negociaciones con el gobierno de Paz, defendiendo ante todo su lugar en la mesa, y no los intereses de quienes nominalmente representa.

Los trabajadores de Bolivia deben ver su lucha contra Paz como parte del mismo movimiento internacional que ha llevado a los trabajadores del ferrocarril de Long Island a los piquetes y ha llevado a los trabajadores automotrices estadounidenses a rechazar contratos propatronales y a exigir acciones de huelga, en medio de crecientes conflictos de clase a nivel internacional. No se trata de crisis nacionales paralelas. Son expresiones de un único colapso global del sistema capitalista, que no tiene nada que ofrecer a la clase trabajadora salvo guerra, empobrecimiento y fascismo.

Las burocracias sindicales en todos los países intentarán aislar, fragmentar y agotar estas luchas, encaminándolas de vuelta a negociaciones con gobiernos que sirven a la clase dominante.

Los trabajadores necesitan construir sus propias estructuras de lucha, independientes de estas burocracias, oponiéndose a cualquier intento de sus apologistas pseudoizquierdistas que afirman que los trabajadores deben respetar su autoridad. Esto significa construir comités de base, responsables ante los trabajadores en las fábricas, las minas, las carreteras, las escuelas, los hospitales y los barrios —y conectarlos internacionalmente. La Alianza Internacional Obrera de Comités de Base (AIO-CB) existe precisamente para esto.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 19 de mayo de 2026)