El número de muertos por los ataques militares estadounidenses contra presuntas embarcaciones de narcotráfico frente a las costas de América Latina ha superado las 200 personas. En el ataque más reciente, el cuarto en una sola semana, el ejército estadounidense difundió el sábado un video de una pequeña embarcación envuelta en llamas en el Pacífico. Los tres hombres presuntamente asesinados elevan el total estimado a 205 desde que la campaña de asesinatos masivos comenzó en el Caribe el 2 de septiembre de 2025. La campaña se extendió al Pacífico este en octubre y ha destruido al menos 60 embarcaciones.
El asesinato en masa se ha convertido en una operación cotidiana y burocrática, donde las ejecuciones extrajudiciales forman parte de la política imperialista. Esto ocurre en paralelo a la criminal guerra de EE.UU. e Israel contra Irán y el Líbano —que el Ministerio de Salud libanés contabiliza en 3.371 muertos en el Líbano desde el 2 de marzo, y que el grupo de derechos humanos HRANA cifra en 3.636 en Irán— y durante el genocidio en Gaza, que ha cobrado la vida de más de 70.000 personas.
Esta campaña de asesinatos en masa también representa una advertencia directa para los trabajadores dentro de los Estados Unidos: los métodos que se están probando en el Caribe están siendo importados al interior del país.
La administración Trump no ha identificado a ninguna de las personas asesinadas en los ataques. No se han publicado nombres, no se ha notificado a las familias, no se ha hecho pública ninguna prueba que demuestre que los fallecidos cometieron los delitos que se les imputan. El ejército estadounidense se limita a repetir cada vez que las embarcaciones estaban “involucradas en narcotráfico” y no proporciona ningún detalle adicional. Solo se sabe de tres personas que hayan sobrevivido y sido rescatadas en el conjunto de los ataques.
Familias en Colombia y Trinidad y Tobago han dado la cara para identificar a sus parientes como pescadores o trabajadores migrantes que viajaban entre las islas y la costa sudamericana. Comunidades pesqueras enteras en Colombia y Ecuador reportan haber abandonado su medio de vida, según entrevistas publicadas por el New York Times .
Las acusaciones de la administración Trump son completamente infundadas. Más aún, aunque quedaran probadas, los asesinatos seguirían siendo crímenes. El Estado ha declarado que puede ejecutar a personas por mera sospecha, sin cargos, sin juicio, sin ningún proceso judicial en ningún lugar del mundo. Esa es la definición de ejecución extrajudicial —y lo sería aunque cada persona asesinada fuera culpable exactamente de lo que Washington afirma.
El carácter criminal de la campaña quedó establecido desde el primer ataque. Cuando dos hombres sobrevivieron al impacto inicial del misil y se aferraron a los restos del naufragio, se ordenó un segundo ataque para rematarlos. Matar a sobrevivientes heridos es un crimen de guerra según los Convenios de Ginebra. El Washington Post informó el 28 de noviembre que el secretario de Defensa Pete Hegseth había ordenado eliminar a toda la tripulación.
Los dos ataques mataron a los 11 tripulantes —nueve en el primero y los dos sobrevivientes en el segundo. El presidente estadounidense Donald Trump publicó el video del primer ataque en Truth Social ese mismo día. Los asesinatos se exhiben como espectáculo y como una amenazante demostración de que el Estado puede matar a cualquiera, en cualquier lugar, con total impunidad.
Analistas de InSight Crime concluyeron que los ataques no han perturbado de manera significativa los flujos de narcotráfico. Esto se debe a que interrumpir el narcotráfico nunca fue el objetivo.
Esta campaña de asesinatos marítimos es el brazo de una ofensiva más amplia para reafirmar la dominación estadounidense sobre América Latina y preparar o consolidar operaciones de cambio de régimen contra gobiernos que no se sometan completamente a Washington. Es la misma ofensiva que produjo el secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de Fuerzas Especiales en enero y la acumulación militar y el bloqueo de combustible contra Cuba.
En un sentido más amplio, esta arremetida se conecta directamente con los movimientos de Washington contra la influencia china en la región, incluida la vigilancia de embarcaciones pesqueras chinas en el Atlántico y, especialmente en torno al puerto peruano de Chancay, inaugurado a finales de 2024 y operado por la firma china COSCO, que Estados Unidos considera un desafío estratégico a su dominio sobre América Latina.
La base pseudolegal de la administración para la campaña de asesinatos en masa descansa en un memorando confidencial del Departamento de Justicia de casi 50 páginas que afirma que los cárteles de la droga están en “conflicto armado” con los Estados Unidos. Este es un fraude diseñado para borrar la distinción entre operaciones policiales y guerra, a fin de que el ejecutivo pueda ejercer una violencia letal sin control.
Sin embargo, las designaciones de organizaciones terroristas extranjeras nunca han autorizado el uso de fuerza militar, lo cual requiere un acto del Congreso. Sencillamente no existe base legal ni una afirmación creíble de amenaza inminente. Los especialistas en derecho han descrito casi unánimemente los ataques como una usurpación inconstitucional de los poderes de guerra.
Los ataques contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico sientan un precedente mucho más amplio. La misma justificación “terrorista” utilizada para los asesinatos marítimos fue invocada por los oficiales de Trump para justificar el asesinato en Minneapolis de Renée Good, abatida por un agente del ICE el 7 de enero mientras observaba un operativo desde su automóvil, y el de Alex Pretti, enfermero y manifestante asesinado por un agente de la Patrulla Fronteriza el 24 de enero.
El general Gregory Guillot, jefe del Comando Norte de EE. UU., declaró ante el Comité de Servicios Armados del Senado el 11 de diciembre que estaría dispuesto a llevar a cabo tales ataques contra “organizaciones terroristas designadas” en suelo estadounidense: “Si no tuviera dudas y estuviera convencido de la legalidad de la orden, definitivamente la ejecutaría”, afirmó.
Bajo el nuevo marco antiterrorista interno codificado en el Memorando Presidencial de Seguridad Nacional (NSPM-7), la Casa Blanca y el Departamento de Justicia establecen una amplia represión de la oposición política y se niegan a declarar si los estadounidenses etiquetados como “terroristas domésticos” estarían sujetos a los mismos métodos.
A pesar de la flagrante ilegalidad y el peligroso precedente, no existe ningún esfuerzo serio dentro del establishment político para detener estos ataques.
La reacción de los gobiernos regionales ha expuesto la bancarrota de toda variedad de nacionalismo burgués. El presidente argentino Javier Milei y el presidente ecuatoriano Daniel Noboa se han alineado abiertamente con Trump. Supuestamente dirigida contra los cárteles, la “Operación Exterminio Total” lanzada por fuerzas estadounidenses y ecuatorianas en marzo dejó un rastro de informes sobre parcelas de cultivo destruidas y trabajadores agrícolas torturados.
Los gobiernos nominalmente “de izquierda” no han sido menos cómplices. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum retiró sus objeciones a los ataques contra embarcaciones tras negociar un acuerdo para que la Marina mexicana interceptara presuntas embarcaciones frente a las costas de México, incluso mientras enfrenta un escándalo por operaciones secretas de la CIA en suelo mexicano, incluidos asesinatos selectivos de presuntos narcotraficantes. Su atención ha permanecido enfocada en profundizar la colaboración militar e inteligencia con Washington para apaciguar las amenazas de Trump de desplegar tropas estadounidenses a través de la frontera.
El presidente colombiano Gustavo Petro ha criticado los ataques contra embarcaciones, pero esta crítica no ha ido más allá de convocar reuniones de emergencia en la ONU y la OEA tras el secuestro de Maduro, incluso cuando ciudadanos colombianos se encuentran entre los muertos por los ataques. Tanto Petro como el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva —desde sus respectivas reuniones en la Casa Blanca el 3 de febrero y el 7 de mayo, en las que cada uno fue a rendirle tributo a Trump y elogiar al asesino en masa en persona— no han emitido una sola protesta pública contra los ataques a embarcaciones.
En abril, Lula firmó una asociación con Washington para la interdicción conjunta de drogas y armas; el 29 de mayo denunció la designación estadounidense de “terroristas” aplicada a pandillas brasileñas como una amenaza a la soberanía de Brasil.
En los tres casos, las mayores potencias regionales están gobernadas por nacionalistas “de izquierda” que se han acomodado a Trump y permanecido cómplices del golpe neocolonial contra Venezuela, la estrangulación de Cuba y la campaña de asesinatos de EE. UU. en alta mar. La ofensiva del imperialismo estadounidense para recolonizar América Latina no puede ser combatida a través de ningún sector de las élites gobernantes capitalistas.
Es una confirmación inequívoca de la Teoría de la Revolución Permanente de León Trotsky, que estableció que solo la clase obrera, tomando el poder como parte de la revolución socialista mundial, puede cumplir las tareas democráticas en los países de desarrollo capitalista tardío, incluida la oposición a la opresión imperialista.
La respuesta del Partido Demócrata en los Estados Unidos solo confirma que la arremetida militarista para recolonizar América Latina es una política bipartidista. Los demócratas presentaron resoluciones sobre poderes de guerra que fracasaron, sabiendo que no prosperarían ni detendrían un solo ataque. Algunos legisladores demócratas afirmaron haber salido de informes clasificados “perturbados” y “frustrados”, pero no fueron más allá de exigir a Hegseth que entregara el video sin editar de los ataques, bajo castigo de perder el 25 por ciento de su presupuesto de viajes.
Mientras tanto, el mismo bloque demócrata ha votado a favor de los presupuestos militares y las asignaciones que sostienen los ataques.
Los ataques contra embarcaciones intensifican la “guerra contra las drogas” bipartidista, que durante mucho tiempo ha servido de cobertura para los esfuerzos imperialistas de dominar América Latina, que desembolsó miles de millones para los homicida Plan Colombia y Plan Mérida en México con el apoyo del Partido Demócrata.
Un gobierno que se ha arrogado el derecho de matar en alta mar sin cargos ni siquiera molestarse en identificar a sus víctimas no dudará en aplicar esos mismos métodos contra trabajadores, manifestantes y opositores políticos dentro de los Estados Unidos.
Este esfuerzo acelerado por imponer formas fascistas de gobierno es un proceso internacional, y combatirlo no puede encomendarse a los demócratas ni a ninguna tendencia nacionalista burguesa. Requiere la movilización política independiente de la clase obrera en los Estados Unidos, en toda América y a escala internacional, para abolir la fuente de la guerra y la dictadura: el sistema de lucro capitalista.
(Artículo publicado originalmente en inglés el 1 de junio de 2026)