El World Socialist Web Site condena en los términos más enérgicos el más reciente intento de las autoridades locales de Lagos de Moreno, Jalisco, de silenciar a Luis Daniel Prieto Moreno, activista de derechos laborales y vendedor de churros conocido localmente como 'Churros el Brayan'.

Los funcionarios municipales, actuando a través de tribunales serviles y un hostigamiento legal coordinado, han obtenido una orden judicial que le prohíbe a Prieto Moreno acercarse a la sede del gobierno local, el mismo lugar donde durante largo tiempo ha ejercido su derecho constitucional a protestar en esta ciudad del centro de México.

Se han presentado siete denuncias por delitos penales en su contra, entre ellas cuatro interpuestas por regidoras vinculadas a la administración del presidente municipal Edgar González Chávez, del partido de derecha Movimiento Ciudadano.

Estas medidas representan una escalada abrupta de una campaña de persecución estatal y corporativa que se prolonga desde hace años contra un trabajador que no ha cometido ningún acto de violencia y cuya única falta ha sido decir la verdad.

En el contexto de una creciente inflación, despidos masivos en la industria y la creciente presión del imperialismo estadounidense a través de los aranceles y las amenazas de intervención militar de la administración Trump, la clase dominante busca anticiparse a un estallido de la lucha de clases y la protesta social. Ya esta semana, tras la represión policial en la Ciudad de México, el sindicato magisterial CNTE inició una huelga nacional indefinida en demanda de una reforma pensionaria y un mayor presupuesto educativo.

El caso actual

Prieto Moreno ha mantenido una presencia regular de protesta frente al ayuntamiento de Lagos de Moreno, utilizando cartulinas escritas a mano y consignas para denunciar la corrupción y el abuso de poder de los funcionarios locales. Sus protestas más recientes se han centrado en dos asuntos: las acusaciones de que el jefe de la policía municipal, Miguel Ángel Pinzón, estuvo involucrado en la desaparición forzosa de Luis Fernando Cervantes Moya, un mecánico de veintidós años que desapareció en febrero de 2024 tras una presunta detención por parte de la policía municipal en una carretera local, con las autoridades negándose posteriormente a proporcionar información alguna a su familia sobre su paradero.

El segundo asunto involucra la explotación laboral en EML (Estructuras y Montajes de Lagos), una empresa de construcción e infraestructura multimillonaria propiedad del propio presidente municipal, Edgar González Chávez.

Se requiere una valentía considerable para pronunciarse públicamente sobre cualquiera de estos temas. Lagos de Moreno es uno de los municipios de México con mayor número de personas desaparecidas —más de 600— y tiene una larga historia de represión.

Agentes de la Fiscalía del Estado de Jalisco se presentaron para notificarle a Prieto Moreno las siete denuncias penales, todas interpuestas por funcionarios municipales. Varias fueron presentadas por regidoras o burócratas ligadas a Movimiento Ciudadano, entre ellas Laura Morán Aguayo, directora de Prevención Social del crimen, a quien Prieto Moreno había denunciado en publicaciones que Facebook eliminó posteriormente.

Otra denunciante es Aneken Álvarez Thomsen, regidora del Partido del Trabajo, lo cual resulta políticamente revelador: una funcionaria que se proclama de izquierda, que llegó al cargo mediante una alianza con el partido gobernante federal Morena, y cuya presentación de cargos contra un activista laboral deja al descubierto sus credenciales 'progresistas'. Prieto Moreno también ha denunciado sistemáticamente las políticas de la coalición gobernante federal.

Prieto Moreno explicó al WSWS: 'Pues es obvio que es un mandato del presidente de acá, pues hasta los abogados que se presentaron ayer en el juicio son abogados que laboran en lo jurídico de la presidencia municipal.' Identificó a uno de ellos como Gustavo Edmundo Dávila Díaz, director jurídico municipal.

Las actuaciones judiciales ya han producido una restricción concreta sobre sus derechos. El juez Jesús Enrique Chanon Rojas concedió una medida de protección solicitada por las funcionarias municipales, prohibiéndole a Prieto Moreno acercarse al ayuntamiento hasta al menos el 11 de junio, fecha de la próxima audiencia. Resulta revelador que, durante la audiencia, la fiscal del estado asignada al caso —especialista en defensa de la mujer— argumentara a favor de Prieto Moreno, señalando que su caso no era apto para sanciones porque nunca había causado daño físico ni violencia grave a las denunciantes. El propio abogado de la presidencia municipal argumentó entonces que dicha fiscal estaba equivocada.

La resolución no constituye una condena penal, pero su efecto es inequívoco: un ciudadano tiene ahora prohibido por ley protestar frente a un edificio público. Prieto Moreno declaró: 'Es una aberración legal prohibir el acercarme a la presidencia siendo un edificio público y más aún por hacer uso de mi derecho de libertad de expresión que está protegido en la Constitución artículo 6 y 7. Ya no hablar del derecho a libre tránsito.'

Si bien el WSWS no pudo verificar de manera independiente ningún vínculo directo entre el juez Chanon Rojas y el presidente municipal, cabe señalar que la renovación del cargo en 2027 como juez estatal dependería del Consejo de la Judicatura, así como de una reforma judicial local que se viene preparando, lo que deja en claro que los jueces tienen incentivos institucionales para evitar fricciones con las autoridades del Movimiento Ciudadano.

La represión se ha extendido más allá de los tribunales. La página de Facebook de Prieto Moreno, 'La Pocilga Laboral', que había acumulado más de cinco mil seguidores, fue cerrada abruptamente sin ninguna advertencia previa de Facebook. Explicó al WSWS: 'Solo me respondieron que en 30 días sería borrada para siempre si no hacía un reclamo, cosa que ya había hecho... colusión, pero pues ya abrí otra y ahí la llevamos'.

También le indicó al WSWS que el municipio colocó grandes macetones de concreto directamente frente al lugar donde estaciona su carrito de churros para vender, privándolo efectivamente de su medio de vida. 'Me despojan de mi trabajo siendo pobre y clase trabajadora', dijo, 'y aparte costean con mis impuestos a los abogados y el sistema judicial para pretender amedrentarme.'

El contexto de persecución

La trayectoria de Prieto Moreno hacia el activismo fue forjada a través de su experiencia directa con la explotación corporativa. Mientras trabajaba como cobrador de caseta para la empresa ICA, descubrió que la compañía le retenía a su plantilla miles de pesos en prestaciones legalmente obligatorias. Cuando se negó a firmar un formulario de consentimiento para aceptar esos pagos reducidos e intentó organizar a sus compañeros para protestar, fue despedido. Una batalla legal de ocho meses concluyó con una modesta indemnización, que utilizó para establecer su puesto de churros.

En septiembre de 2016 fundó 'La Pocilga Laboral de Lagos de Moreno' en Facebook, utilizando la plataforma para acompañar a trabajadores de la agricultura, la manufactura y plantas de multinacionales como Nestlé y Dräxlmaier en sus quejas legales y manifestaciones públicas, al tiempo que agudizaba su crítica a la burocracia sindical propatronal y a las corruptas instituciones legales del Estado mexicano. Su compromiso con la clase trabajadora internacional se profundizó después de que conoció el World Socialist Web Site y las huelgas salvajes de Matamoros de 2019, lo que lo llevó a enviar mensajes de solidaridad a trabajadores en huelga tan lejanos como Detroit.

La respuesta del Estado y los intereses corporativos ha sido implacable. Una funcionaria laboral local envió a la policía municipal armada con rifles a arrestarlo bajo una acusación de violación falsificada. A finales de 2017, su página original también fue cerrada por Facebook. El 31 de enero de 2018, dos agresores lo golpearon con un tubo de metal frente a su casa, y meses después su auto fue incendiado.

En febrero de 2019, unos pistoleros intentaron irrumpir en su domicilio de madrugada, días después de que publicara un video de solidaridad con obreros automotrices estadounidenses. En julio de 2020, policías le apuntaron con armas para obligarlo a mover su carrito de churros. A principios de 2021, fue ilegalmente detenido por órdenes del entonces presidente municipal mientras protestaba pacíficamente frente al ayuntamiento; durante esa detención, realizada sin orden judicial, agentes le rasgaron la ropa con un cuchillo y lo filmaron en un intento de humillación pública, antes de verse obligados a liberarlo.

El caso de Luis Daniel Prieto Moreno ilustra con una claridad descarnada el carácter del dominio capitalista en México e internacionalmente. Un trabajador que vende churros para vivir, que protesta con cartulinas frente a un edificio público, que administra una página de Facebook: esto es lo que el gobierno municipal de Lagos de Moreno, respaldado por el aparato judicial de Jalisco, ha movilizado todos sus recursos legales y políticos para suprimir. La razón no es difícil de entender: Prieto Moreno vincula la explotación corporativa con el poder político y se niega a ser silenciado.

Para oponerse a los crecientes ataques contra sus derechos democráticos, los trabajadores a nivel internacional deben reconocer que las clases dominantes operan como una mafia para sofocar la oposición, y deben responder organizando comités de base independientes en sus lugares de trabajo y en sus barrios, completamente libres de los sindicatos y partidos políticos procapitalistas, que repetidamente han fracasado en la protección de los trabajadores y en cambio han facilitado la represión estatal.

Como han expresado los trabajadores de Estados Unidos en su solidaridad con Luis Daniel Prieto Moreno, la clase trabajadora internacional es la fuerza más poderosa de la historia cuando se mantiene unida como un solo cuerpo —animada por la convicción de que un agravio a uno es un agravio a todos— capaz de transformar los actos individuales de valentía en una lucha global coordinada contra la violencia corporativa y estatal.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 5 de junio de 2026)