Los dos terremotos que azotaron Venezuela el 24 de junio han dejado al descubierto un crimen masivo del imperialismo estadounidense. Hace seis meses, Estados Unidos invadió el país, secuestró a su presidente, Nicolás Maduro, y redujo su gobierno a un títere de Washington para apoderarse de su petróleo. Habiendo ocupado Venezuela y declarándose el poder que 'dirige las políticas' allí, Washington tiene responsabilidad directa por la catástrofe, y por la negligencia criminal en la respuesta.

La invasión, el derrocamiento de Maduro y el caos y desorganización en que han sumido al país son un factor principal en la catastrófica respuesta al terremoto. Además, fueron precedidas por años de sabotaje económico que ya habían paralizado los hospitales, la red eléctrica y la capacidad del país para importar suministros básicos.

La administración Trump ha explotado el desastre para profundizar su control sobre Venezuela, enviando buques de guerra, aviones de transporte y tropas para tomar el control del aeropuerto mientras las familias excavan el concreto con sus propias manos.

Para el domingo, la cifra confirmada de muertos había aumentado a 1.430, y la oficina humanitaria de las Naciones Unidas citó informes no confirmados de que hasta 50.000 personas podrían estar desaparecidas.

Un análisis de imágenes satelitales publicado por El País encontró que la destrucción sigue precisamente la línea de la falla de San Sebastián —desde Catia La Mar, pasando por La Guaira y el aeropuerto internacional, hasta Caraballeda— un corredor costero densamente poblado. Décadas de advertencias sobre el catastrófico peligro sísmico y la necesidad de reconstruir o reforzar los edificios según los estándares modernos de ingeniería fueron completamente ignoradas.

Cuatro días después del terremoto, las familias siguen excavando entre el concreto reforzado con machetes, palancas, gatos hidráulicos de automóvil y sus propias manos. Los rescatistas informan haber oído a niños llorando bajo los escombros hasta que los sonidos cesan, en medio del olor insoportable de los cadáveres.

Los niños sobrevivientes llegan solos a los hospitales, identificados solo por cinta adhesiva con sus nombres en las muñecas, mientras los hospitales y las morgues se desbordan de víctimas.

'No ha llegado maquinaria, nada', dijo el viernes un residente de Catia La Mar. 'Estamos sin electricidad, sin agua. Los bloques de apartamentos han suplicado ser evacuados porque los daños son muy graves'. Una mujer que lo perdió todo en Caracas dijo a los periodistas: 'Nadie ha venido a decirnos nada sobre refugio. Aquí, todo depende de los vecinos'.

Entre aquellos que se presumen muertos se encuentra casi todo un vuelo de deportados que arribaron de EE.UU. la mañana de los terremotos. De los 147 migrantes, solo 12 fueron encontrados con vida después de que colapsara su hotel.

Los miles que han muerto son víctimas no solo de una catástrofe natural. El estado decrépito del parque de viviendas de Venezuela, el colapso de su sistema de salud, la degradación de su red eléctrica y la incapacidad del Estado para organizar una respuesta de emergencia significativa son el producto de la opresión semicolonial de Venezuela por parte del imperialismo estadounidense desde la Crisis de Venezuela de 1902-1903.

En aquella crisis, una flota de buques de guerra alemanes, británicos e italianos bombardeó los puertos venezolanos por deudas impagas. El presidente Theodore Roosevelt intervino no para defender la soberanía venezolana, sino para afirmar que si alguna nación latinoamericana requería 'ser disciplinada', Estados Unidos lo haría. El conflicto dio origen al Corolario Roosevelt de la Doctrina Monroe, que arrogaba a Washington el derecho exclusivo de ejercer el 'poder policial internacional' en el hemisferio occidental.

Washington aplicó rápidamente esta doctrina en Venezuela, organizando una operación de cambio de régimen en 1908 que instaló al dictador Juan Vicente Gómez, quien gobernó hasta 1935 mediante torturas, cuadrillas de presos encadenados y ejecuciones masivas, mientras entregaba vastas concesiones petroleras a la Standard Oil de los Rockefeller y otras corporaciones estadounidenses, transformando a Venezuela en el mayor exportador de petróleo del mundo.

Washington respaldó posteriormente otra brutal dictadura bajo Marcos Pérez Jiménez, cuya policía secreta impuso un reino de terror mediante asesinatos, desapariciones y campos de concentración. Por los servicios prestados en la represión de las masas, el presidente Eisenhower otorgó a Pérez Jiménez la Legión al Mérito.

La nacionalización de la industria petrolera en 1976 no cambió nada fundamental. Permanecieron las mismas estructuras, las mismas filiales de corporaciones estadounidenses y la misma dependencia de un solo producto. Cuando los precios del petróleo se desplomaron a finales de los años ochenta, el presidente Carlos Andrés Pérez impuso la terapia de choque dictada por el FMI, desencadenando el levantamiento del Caracazo, que fue reprimido con ley marcial y la ejecución de manifestantes en las calles.

La elección de Hugo Chávez en 1998 provocó una creciente hostilidad por parte de Washington, que culminó en un golpe de Estado respaldado por Estados Unidos en abril de 2002 que lo depuso brevemente antes de que las protestas masivas forzaran su restitución. Tras la muerte de Chávez y la sucesión de Nicolás Maduro, la administración Obama declaró a Venezuela una 'amenaza a la seguridad nacional' e impuso sanciones punitivas.

La guerra económica estadounidense se intensificó implacablemente bajo la primera administración Trump y fue mantenida por Biden, estrangulando deliberadamente la capacidad de Venezuela para importar maquinaria, repuestos, medicamentos, alimentos y materiales de construcción. Los relatores especiales de la ONU concluyeron que el régimen de sanciones produjo sufrimiento masivo y contribuyó a más de 100.000 muertes en exceso.

Todo esto culminó en los acontecimientos del 3 de enero de 2026, cuando la administración Trump envió fuerzas especiales para secuestrar al presidente Maduro en lo que constituyó una guerra de agresión no provocada para obtener el control del petróleo y los minerales clave.

En los seis meses transcurridos desde entonces, Venezuela ha sido transformada en un protectorado semicolonial bajo el llamado 'corolario Trump' de la Doctrina Monroe. Las leyes aprobadas a la fuerza en la Asamblea Nacional liderada por los chavistas han entregado las mayores reservas probadas de petróleo del mundo y los principales yacimientos de oro a Washington y sus socios corporativos. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró públicamente: 'Estados Unidos está dirigiendo las políticas en Venezuela en este momento'.

El colapso de decenas de edificios el 24 de junio y la respuesta de emergencia totalmente inadecuada solo pueden explicarse por este siglo de opresión semicolonial.

Si bien los abnegados equipos de rescate de Estados Unidos y otros países salvarán vidas, Washington ha enviado principalmente una fuerza militar invasora. Dos buques de guerra estadounidenses —el USS Fort Lauderdale y el USS Billings— están desplegados en aguas venezolanas. Cinco aviones de transporte C-17 Globemaster están trasladando un Elemento de Respuesta de Contingencia para tomar el control del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de manos de las autoridades de aviación venezolanas. Aviones MV-22 Osprey, helicópteros UH-1Y Super Huey y CH-47 Chinook del Ejército, preposicionados en Curazao, completan el panorama.

Esta huella militar es totalmente coherente con las operaciones que Washington y el gobierno encabezado por el títere estadounidense, la presidenta interina Delcy Rodríguez, ya han estado realizando conjuntamente en el interior de Venezuela. Fuerzas estadounidenses y venezolanas han bombardeado y barrido las zonas de extracción de oro y coltán del Arco Minero del Orinoco para desalojar a los mineros informales y asegurar el control de las corporaciones mineras transnacionales, operaciones que incluyeron el asesinato extrajudicial de Héctor Guerrero Flores, presunto líder del Tren de Aragua.

El jueves por la noche, el general de división Kevin J. Jarrard, del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, llegó a Caracas para dirigir las operaciones del Comando Sur y convertirse en el administrador colonial de facto. Rodríguez, a su vez, nombró al general de división Juan Ernesto Sulbarán Quintero, de la Guardia Nacional Bolivariana, como Autoridad Única para la Emergencia. La zona de desastre que abarca el área metropolitana de Caracas y sus alrededores está bajo mando militar, seis meses después de una invasión estadounidense.

Las similitudes con el terremoto de Haití de 2010 son escalofriantes. Entonces, Washington utilizó el catastrófico terremoto para desplegar 20.000 soldados, tomar el control del aeropuerto de Puerto Príncipe e imponer una administración militar directa sobre un país que había dominado durante un siglo. Los aviones de ayuda de Médicos Sin Fronteras que transportaban equipo médico desesperadamente necesario fueron rechazados del aeropuerto controlado por Estados Unidos mientras los pacientes morían. La misión no era de rescate, sino de ocupación.

El analista político Ricardo Ríos, de la consultora Poder & Estrategia con sede en Caracas, declaró lo que los comentaristas burgueses rara vez reconocen con tanta franqueza: el terremoto 'va a ser muy bien aprovechado para aumentar la presencia de Estados Unidos y su control sobre Venezuela. Y también, para que Rodríguez se apoye en Estados Unidos como su principal aliado'.

El propio Trump proporcionó la declaración más reveladora de arrogancia colonial. En un discurso tras el terremoto, el aspirante a Führer estadounidense declaró: 'Venezuela ha sido fantástica, tenemos una gran relación. Fue una guerra de un día, les golpeamos tan fuerte, y ahora hemos sacado millones de barriles de petróleo y hemos pagado por la guerra muchas veces… es un país feliz de nuevo. La gente está feliz. Están bailando en las calles'.

Antes de la invasión estadounidense, la economía de Venezuela se había contraído aproximadamente un 80 por ciento en una década, obligando a más de 8 millones de personas a huir del país.

El régimen de sanciones mantenido tanto por administraciones demócratas como republicanas mató a muchos más venezolanos mediante la privación económica deliberada y preparó el escenario para el desastre que siguió a los terremotos del miércoles.

Al mismo tiempo, los muertos de La Guaira y Caracas son también víctimas de la bancarrota histórica del nacionalismo burgués y su variante 'bolivariana'. Los gobiernos chavistas de Hugo Chávez, Nicolás Maduro y ahora Rodríguez ocuparon el poder durante casi tres décadas, presidiendo uno de los mayores aumentos de ingresos petroleros de la historia.

Proclamaron una 'Revolución Bolivariana' y el 'Socialismo del Siglo XXI'. Sin embargo, los bloques de apartamentos de concreto y adobe que se desplomaron el miércoles por la noche —muchos de ellos reconstruidos después de la catástrofe de Vargas de 1999 sin ingeniería sísmica— se erigen como el monumento a lo que ese 'socialismo' realmente produjo.

Un gobierno que genuinamente priorizara la vida humana habría utilizado esos años de riqueza petrolera para readaptar y reconstruir sistemáticamente el parque de viviendas del país según los códigos sísmicos modernos, fortalecer su sistema hospitalario y desarrollar sistemas de preparación para emergencias capaces de responder a una catástrofe que los científicos habían predicho explícitamente.

Las condiciones sociales que convirtieron un evento sísmico en una fosa común fueron preparadas por un siglo de saqueo imperialista, décadas de sanciones y un nacionalismo burgués corrupto que subordinó a la clase obrera a las necesidades de Wall Street. Los muertos de Venezuela son víctimas de un crimen de clase.

Los gobiernos que ahora envían equipos de rescate a Venezuela se mantuvieron de brazos cruzados, o se convirtieron en cómplices directos de los esfuerzos de Estados Unidos por someter al país mediante el hambre, la enfermedad y el sufrimiento masivos.

Rosa Luxemburgo, escribiendo en 1902 sobre la erupción del Monte Pelée que mató a 40.000 personas en Martinica, dio expresión elocuente al carácter de tales momentos. Describió a las potencias imperialistas que se apresuraron a ofrecer ayuda a los sobrevivientes después de haber infligido mucha más muerte durante décadas de opresión como 'carnívoros llorosos' y 'bestias con ropaje de samaritanos'.

Luxemburgo concluyó su ensayo previendo un ajuste de cuentas: un 'volcán' de revolución social que barrería el orden social opresivo, tras lo cual la humanidad se enfrentaría por fin a su único y verdadero enemigo final: 'la naturaleza ciega y muerta'. Los terremotos y otros fenómenos naturales no eligen a sus víctimas. Es el orden social basado en las ganancias capitalistas y la dominación imperialista el que determina quién muere.

La clase obrera en Venezuela e internacionalmente debe tomar cartas en el asunto, organizando comités de ayuda independientes y de base para movilizar los recursos necesarios para tareas eficaces de rescate y ayuda humanitaria, al tiempo que exige la expropiación de todas las ganancias mal habidas de las corporaciones estadounidenses provenientes del saqueo histórico de Venezuela y América Latina para reconstruir sobre la base de la igualdad social.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 29 de junio de 2026)