Tres semanas después de que los peruanos acudieran a las urnas, Keiko Fujimori fue declarada ganadora de las elecciones presidenciales. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) anunció que había concluido el escrutinio del 100 por ciento de los votos, otorgando a Fujimori el 50,13 por ciento frente al 49,86 por ciento de su rival, el diputado Roberto Sánchez Palomino, del partido Juntos por el Perú (JP). La diferencia fue de menos de 50.000 votos de un total de casi 20 millones emitidos.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, felicitó a Fujimori a las pocas horas del anuncio de la ONPE, destacando 'su importante victoria electoral'. La rapidez y la cordialidad de la respuesta estadounidense se produjeron después de que el embajador Bernie Navarro declarara durante el recuento que la Embajada de Estados Unidos estaba 'supervisando el proceso electoral', cuando la ley peruana no otorga tal capacidad oficial a las misiones diplomáticas extranjeras.
A pesar del historial de Sánchez como fiel administrador de los intereses burgueses —como ministro de Comercio bajo el mandato de Pedro Castillo, nunca cuestionó al Banco Central, las concesiones mineras ni los compromisos de Perú con el FMI—, la clase dirigente peruana calculó que incluso la ambigüedad de un gobierno nacionalista de izquierda, que llegaba cargado de las expectativas generadas por la experiencia de Castillo, era un riesgo que no podía permitirse. Atrapada entre la creciente presión imperialista estadounidense desde arriba y una combativa clase obrera desde abajo, la burguesía no podía dejar ni un ápice de espacio para ilusiones en materia de reforma social que pudieran alimentar la lucha de clases. Fujimori no ofrece tal ambigüedad.
El politólogo de Harvard Steven Levitsky, coautor del concepto de 'autoritarismo competitivo', identificó el autogolpe de Fujimori en 1992 como un modelo que posteriormente se replicó en toda América Latina: elecciones formales combinadas con la erosión sistemática de las instituciones democráticas, más recientemente visible en El Salvador bajo el gobierno de Nayib Bukele. La victoria de Keiko Fujimori en 2026 extiende ese modelo a una etapa mucho más avanzada de la degeneración de las instituciones democráticas burguesas.
Los años ochenta: las condiciones que hicieron posible el fujimorismo
A finales de la década de 1980, Perú era un país en caída libre. La hiperinflación, bajo el primer gobierno de Alan García (APRA), alcanzó el 7650 por ciento en 1990, una de las peores del mundo. El gobierno de García se vio aislado por las instituciones financieras internacionales tras suspender unilateralmente los pagos de la deuda en 1985, limitando los reembolsos al 10 por ciento de los ingresos por exportaciones. Dos organizaciones guerrilleras —Sendero Luminoso (PCP-SL) y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA)— libraban campañas armadas que, para finales de la década, habían costado decenas de miles de vidas. Maestros, trabajadores textiles, mineros, campesinos y organizaciones vecinales protagonizaron huelgas y movilizaciones constantes que pusieron al gobierno de García bajo una fuerte presión entre 1987 y 1989.
García demostró no ser más capaz que su predecesor, Fernando Belaúnde Terry, de Acción Popular, para resolver la crisis. Su gobierno fue responsable de una de las peores atrocidades de todo el conflicto interno: en junio de 1986, ordenó la masacre de cientos de presos de Sendero Luminoso recluidos en las cárceles de El Frontón, Lurigancho y Los Molinos. A pesar de sus credenciales “democráticas”, el gobierno del APRA funcionó como instrumento de represión militar, subordinación económica al FMI y la corrupción que se extendió por las instituciones estatales durante toda la década.
La izquierda nominal, en lugar de ofrecer una alternativa socialista a esta catástrofe, profundizó su integración en la política burguesa. La Izquierda Unida (IU), una coalición de tendencias estalinistas, maoístas, guevaristas y castristas, había ganado la alcaldía de Lima en 1983 con Alfonso Barrantes y se convirtió en la segunda fuerza en el Congreso en 1985. En lugar de usar esa posición para construir una alternativa que se opusiera al gobierno de derecha, Barrantes se retiró de la segunda vuelta de 1985 para facilitar la elección de García y proporcionó una cubierta “de izquierda' al gobierno aprista. Al final de la década, Izquierda Unida se había desmoronado por disputas internas, desacreditando por completo a todas las tendencias dentro de ella.
Fue en este contexto de catástrofe económica, guerra de guerrillas y agotamiento político que Alberto Fujimori irrumpió en la escena en 1990. Era un académico de ascendencia japonesa, rector de la Universidad Nacional Agraria, prácticamente desconocido en la política. Avanzó a la segunda vuelta oponiéndose al programa de choque económico propuesto por el novelista de derecha Mario Vargas Llosa, haciendo campaña bajo el lema 'honestidad, tecnología y trabajo'. El Partido Comunista Peruano, de corte estalinista, y los remanentes de la Izquierda Unida pidieron el voto para Fujimori en la segunda vuelta, como un mal menor que Vargas Llosa. Sus líderes temían más la revolución social que a la derecha. Tan pronto como Fujimori asumió el cargo, impuso el drástico programa de austeridad contra el que había hecho campaña —el ' Fujishock '—, multiplicando la pobreza tanto en las ciudades como en el interior rural, al tiempo que imponía el ajuste estructural exigido por el FMI y el Banco Mundial.
El autogolpe y la dictadura
Los dos primeros años de Fujimori estuvieron marcados por la constante confrontación con un Congreso dominado por los partidos de la oposición. El 5 de abril de 1992, disolvió el Congreso con apoyo militar, suspendió la Constitución, impuso la ley marcial en tres cuartas partes del país y declaró un “Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional”. Este autogolpe fue respaldado internamente por las grandes empresas —las mayores beneficiarias— e internacionalmente por Washington y la OEA, que le brindaron cobertura democrática con tal de que Fujimori continuara celebrando elecciones, por fraudulentas que fueran.
En septiembre de 1992, el Grupo Especial de Inteligencia (GEIN), una agencia que operaba independientemente del Servicio Nacional de Inteligencia (SIN) de Fujimori, capturó al líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, en un apartamento de Lima. Fujimori y su jefe de inteligencia, Vladimiro Montesinos, fueron tomados por sorpresa por la operación, pero se atribuyeron todo el mérito político de la captura. El arresto le otorgó a Fujimori la legitimidad popular que necesitaba para consolidar la dictadura, y la utilizó para justificar la impunidad generalizada de las fuerzas de seguridad.
Los crímenes más atroces del régimen fueron cometidos por el Grupo Colina, un escuadrón de la muerte militar que operaba bajo el mando directo del aparato de inteligencia. El 3 de noviembre de 1991, ocho hombres enmascarados irrumpieron en una reunión vecinal en el distrito de Barrios Altos de Lima y asesinaron a 15 personas, entre ellas un niño de ocho años. El 18 de julio de 1992, soldados secuestraron a nueve estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta, los llevaron a un lugar desolado, los torturaron, los ejecutaron y los enterraron en fosas clandestinas. Un informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de 2003 reveló que 69.000 personas murieron o desaparecieron durante el conflicto interno entre 1980 y 2000; el 79 por ciento de las víctimas vivían en zonas rurales y el 75 por ciento hablaban quechua u otra lengua indígena.
La figura central del aparato represivo era Vladimiro Montesinos, principal asesor de Fujimori y jefe de facto del SIN. Como excapitán del ejército, destituido por contactarse sin autorización con la CIA, Montesinos había forjado una carrera legal defendiendo a narcotraficantes antes de convertirse en la figura más temida de la política peruana. Reunió una colección de miles de vídeos comprometedores de políticos, jueces, militares y dueños de medios de comunicación —los “Vladi-videos”—, lo que le otorgaba una influencia extraordinaria sobre toda la élite política. Sus vínculos con el narcotráfico internacional eran profundos: se alega que recibía 700 dólares por cada kilogramo de cocaína que salía de Perú.
La Constitución de 1993, redactada por la asamblea constituyente de Fujimori, se convirtió en el marco de referencia de todos los gobiernos peruanos posteriores. Desmanteló las protecciones laborales, abrió los recursos naturales del Perú a la explotación transnacional sin restricciones, privatizó empresas estatales e impuso un modelo de gobierno centrado en el poder ejecutivo y que debilitó la independencia judicial. Wall Street lo celebró. Fujimori era el favorito de las instituciones financieras internacionales, incluso mientras realizaba obras públicas de bajo presupuesto, plagadas de corrupción, en zonas deprimidas que explotaba para obtener rédito político.
El colapso se produjo en septiembre de 2000, cuando salieron a la luz imágenes de Montesinos entregando 15.000 dólares en efectivo al diputado opositor Alberto Kouri a cambio de lealtad al bloque gobernante. Acorralado, Fujimori viajó a una cumbre de la APEC en Brunéi, luego a Japón y envió su renuncia por fax el 19 de noviembre de 2000. El Congreso restante, alineado con el fujimorismo, se negó a aceptar la renuncia y votó en cambio para destituirlo por 'incapacidad moral permanente'. Vivió en Japón durante cinco años antes de viajar a Chile en 2005, calculando que podría regresar a Perú. El gobierno chileno lo arrestó; fue extraditado a Perú en 2007, juzgado y condenado a 25 años por crímenes de lesa humanidad, incluidas las masacres de Barrios Altos y La Cantuta.
El fujimorismo después de la caída
El fin del régimen de Fujimori se gestionó, bajo la supervisión de Washington, para preservar intactos tanto la constitución neoliberal como el modelo económico. El gobierno de transición de Valentín Paniagua (noviembre de 2000 - julio de 2001) creó la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, readmitió a Perú en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, simultáneamente, llegó a un acuerdo con el FMI para continuar con la austeridad. La izquierda nominal, marginal pero aún presente gracias a su control sobre ciertos sindicatos —el Partido Comunista Peruano, de tendencia estalinista, controlaba la CGTP y la Federación de la Construcción Civil; el partido estalinista-maoísta Patria Roja controlaba los sindicatos de maestros y trabajadores estatales— brindó respaldo político a esta operación.
Keiko Fujimori, quien se desempeñó como primera dama durante la presidencia de su padre tras la separación de sus padres, edificó sistemáticamente Fuerza Popular a lo largo de la década de 2000. Llegó a la segunda vuelta en 2011, perdiendo por un estrecho margen ante Ollanta Humala; en 2016, perdió ante Pedro Pablo Kuczynski por 0.24 puntos porcentuales; en 2021, perdió ante Pedro Castillo por 44.058 votos. Durante los tres ciclos, Fuerza Popular mantuvo un poder legislativo sustancial y lo utilizó para obstruir, desestabilizar y destituir a los presidentes a los que se oponía. Entre 2016 y 2021, un Congreso dominado por los fujimoristas destituyó a un presidente (Kuczynski), obligó a otro a renunciar (Martín Vizcarra mediante juicio político) e instaló a un tercero (Francisco Sagasti). Este patrón —utilizar el poder parlamentario como ariete contra el ejecutivo— no reflejaba ningún principio legislativo, sino los intereses de clase de la oligarquía peruana para impedir que cualquier gobierno cambiara el marco constitucional impuesto por Alberto Fujimori en 1993.
Castillo y Sánchez: dos callejones sin salida del nacionalismo burgués
Pedro Castillo, maestro rural y líder sindical de Cajamarca, ganó la segunda vuelta de las elecciones de 2021 por el margen más estrecho en la historia electoral peruana, obteniendo su apoyo mayoritariamente de las regiones andinas más pobres. Su capitulación comenzó antes de asumir el cargo. Se comprometió públicamente a mantener al derechista Julio Velarde al frente del Banco Central. A los cuatro días de su presidencia, envió a su primer ministro a reprimir una huelga campesina contra la mina de cobre Las Bambas, propiedad de China, donde dieciséis personas resultaron heridas por disparos de la policía. Cuando se planteó brevemente la nacionalización del consorcio gasístico Camisea, su propio ministro de Economía, Pedro Francke, aclaró de inmediato que la palabra 'nacionalización' no implicaba 'de ninguna manera... tomar el control estatal sobre una actividad privada'.
Su gobierno tuvo cinco gabinetes y ochenta ministros en diecisiete meses, sin lograr nunca conectar con la base obrera y campesina que lo había elegido, y desplegando las fuerzas armadas contra los manifestantes que exigían que cumpliera sus promesas de campaña. Ante un complot golpista respaldado por Estados Unidos y orquestado por los legisladores de derecha, Castillo intentó disolver el Congreso el 7 de diciembre de 2022, una medida que su propio equipo legal no había revisado y que fue declarada inconstitucional de inmediato. Fue arrestado a las pocas horas. Su vicepresidenta, Dina Boluarte, asumió la presidencia y respondió al levantamiento popular de diciembre de 2022 a marzo de 2023 —concentrado en las mismas regiones andinas que habían elegido a Castillo— con munición real. Al menos setenta manifestantes murieron.
Roberto Sánchez, el único ministro de la era Castillo que sobrevivió a las cinco reorganizaciones del gabinete, basó su campaña de 2026 explícitamente en el legado de Castillo: el sombrero andino, la promesa de indultar al expresidente encarcelado, la inclusión de familiares de Castillo en sus listas de candidatos. Repitió punto por punto las mismas capitulaciones: volvió a nombrar a Pedro Francke como su principal asesor económico, prometió mantener a Velarde en el Banco Central (igual que Fujimori) y se describió públicamente como 'socialcristiano, no soy comunista ni estatista'. Su derrota frente a Fujimori no reflejó un rechazo popular activo a un programa de izquierda —no se ofreció tal programa— sino el agotamiento de un enfoque que millones de peruanos ya habían experimentado, en la forma inmediata del gobierno de Castillo, como otro callejón sin salida.
Continuará
(Artículo publicado originalmente en inglés el 8 de julio de 2026)