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La intervención abierta de Washington
La victoria de Keiko Fujimori en 2026 se produjo bajo la presión directa del imperialismo estadounidense. Washington ha estado interviniendo sistemáticamente en los asuntos internos de los países latinoamericanos para instalar gobiernos de extrema derecha con el objetivo de expulsar la influencia económica china y preparar una ofensiva contra la clase trabajadora en caso de explosiones sociales.
En el centro de las preocupaciones estratégicas de Washington en el Perú se encuentra el megapuerto de Chancay, inaugurado en noviembre de 2025 y construido por la empresa estatal china COSCO con una inversión proyectada de 3.500 millones de dólares. Chancay convierte al Perú en el principal centro logístico que conecta Sudamérica con Asia. China ya representa el 36 por ciento del comercio exterior total del Perú, frente al 14 por ciento de Estados Unidos, y la inversión extranjera directa china en el Perú asciende a 30.000 millones de dólares, en comparación con los 6.700 millones de Estados Unidos.
La administración Trump ha respondido con medidas militares: el Pentágono destinó 1.500 millones de dólares para reubicar la principal base naval del Perú a un sitio 80 kilómetros al norte de Chancay, y el Departamento de Estado calificó públicamente el puerto como un instrumento de “propiedad depredadora” china que amenaza la soberanía peruana. En respuesta, la supervisión regulatoria del megapuerto fue transferida de COSCO a un organismo del gobierno peruano.
El embajador estadounidense Bernie Navarro fungió como el organizador en el terreno de la intervención estadounidense durante todo el proceso electoral peruano, fabricando una campaña de propaganda que denunciaba una supuesta “injerencia cubana” y declarando que la Embajada de Estados Unidos estaba “monitoreando el proceso electoral”.
Los esfuerzos de Washington por instalar un régimen más dócil son anteriores a Navarro. Fue la embajadora estadounidense Lisa Kenna —una veterana de la CIA— quien utilizó presión por canales extraoficiales sobre el alto mando militar peruano el 7 de diciembre de 2022, el día de la destitución de Castillo, para asegurar que las fuerzas armadas ignoraran la orden de Castillo de disolver el Congreso. La administración Biden luego brindó pleno respaldo político y material al gobierno de Boluarte mientras masacraba a los manifestantes. El Congreso, a su vez, aprobó el despliegue de más de 1.200 tropas estadounidenses en territorio peruano —incluidos infantes de marina en operaciones en la selva y personal de la Fuerza Aérea en ejercicios “Resolute Sentinel”— durante todo 2025 y 2026.
Una década de acelerado colapso institucional
Keiko Fujimori será la novena presidenta del Perú en una década. La secuencia resume la crisis terminal del régimen burgués: Pedro Pablo Kuczynski (destituido, 2018), Martín Vizcarra (vacado, 2020), Manuel Merino (renunció a los seis días en medio de protestas masivas, 2020), Francisco Sagasti (transitorio, 2020–2021), Pedro Castillo (vacado y arrestado, 2022), Dina Boluarte (2022–2025), José Jerí (destituido a los cuatro meses, 2026), José María Balcázar (transitorio, 2026).
La respuesta de la clase dominante ha estado estrictamente dirigida a asegurar sus instrumentos de gobierno y enriquecimiento propio, lo que incluye apoyarse cada vez más en el imperialismo estadounidense. Desde 2016, los Congresos controlados por el fujimorismo han modificado sistemáticamente o anulado procesos judiciales contra sus propios integrantes, aprobado leyes que protegen a figuras del crimen organizado con conexiones políticas y, más recientemente —en las semanas previas a la votación del 7 de junio—, impulsado una legislación que transfiere los delitos cometidos por policías y militares a tribunales militares, colocando a los asesinos uniformados fuera del alcance de la justicia civil.
La destitución de Jerí a principios de 2026 ilustró directamente las dinámicas políticas. El escándalo que lo derribó —bautizado como “Chifagate”— involucró reuniones clandestinas con un empresario chino. El hecho de que este vínculo en particular se convirtiera en el detonante, en un Congreso donde entre el 70 y el 85 por ciento de los miembros enfrentan investigaciones penales propias, no fue casual. Reflejó la presión sostenida de Washington sobre la clase dominante peruana para que rompa los lazos con China.
La crisis social que hereda el nuevo gobierno
Ningún gobierno burgués ha resuelto, ni puede resolver, la crisis estructural que subyace a la inestabilidad política del Perú. Alrededor del 30 por ciento de la población vive en la pobreza; 1,6 millones en pobreza extrema. El empleo informal abarca a más del 72 por ciento de la fuerza laboral —la tasa más alta de América Latina según un estudio reciente de la Organización Internacional del Trabajo—, con ingresos promedio en pequeñas empresas de 858 soles mensuales frente a una canasta básica familiar para cuatro de 1.848 soles. El desempleo juvenil se sitúa en aproximadamente el 15,4 por ciento, casi el doble de la tasa adulta.
La presión social se ha expresado en repetidas oleadas de lucha de clases. Entre 2024 y 2026: más de una docena de paros nacionales de transporte de 24 horas en Lima y Callao impulsados principalmente por el terror de las redes de extorsión organizadas que mataron a un promedio de 20 conductores de autobús por semana a principios de 2026; una huelga militante de 60.000 trabajadores de EsSalud; y movilizaciones callejeras sostenidas de jóvenes de la Generación Z enfrentándose a la policía antidisturbios.
El programa declarado de Keiko Fujimori —pena de muerte, cárceles de alta altitud para figuras del crimen organizado, coordinación entre inteligencia policial y militar— deja completamente intactas las leyes criminales que protegen a las mafias con conexiones políticas, congresistas, jueces y fiscales. Su función es la intensificación de la represión contra la clase trabajadora, no contra las redes criminales incrustadas en el aparato estatal.
El Ministerio de Cultura del gobierno de Boluarte sostuvo una reunión formal con La Resistencia —una organización neonazi que utiliza el saludo hitleriano y retórica antisemita—. Funcionarios del gobierno han actuado como las tropas de choque físicas del establishment fujimorista, habiendo hostigado previamente a la fiscal que lideró el caso contra Alberto Fujimori, una señal sobre la dirección que la clase dominante estaba preparando tomar.
La pseudoizquierda y la burocracia sindical: el mismo papel en cada ciclo
La derrota de Sánchez y la instauración de Fujimori no pueden entenderse sin examinar el papel desempeñado por las organizaciones que dicen representar a la clase trabajadora.
Los partidos dirigidos por estalinistas y la confederación sindical CGTP han subordinado en cada ciclo de crisis la lucha de la clase trabajadora a una u otra facción burguesa. Bajo Boluarte, la Coordinadora Nacional de Luchas (CNUL), controlada por la burocracia de la CGTP, se negó sistemáticamente a convocar huelgas generales o movilizar a la clase trabajadora industrial de Lima, confinando el levantamiento de 2022–2023 a marchas aisladas y bloqueos de carreteras. Canalizó la genuina ira de masas de millones hacia la demanda de una Asamblea Constituyente —un mecanismo para remozar instituciones desacreditadas, no para desmantelarlas—.
El Partido Socialista de los Trabajadores (PST) morenista respaldó a Sánchez en 2026, como había respaldado a Castillo en 2021, repitiendo la misma lógica que llevó a Izquierda Unida a respaldar a Fujimori en 1990. El efecto político en cada caso es idéntico: la oposición de la clase trabajadora es canalizada detrás de un político burgués “menos malo”, quien luego administra lealmente los intereses capitalistas y logra suprimir temporalmente la lucha de clases, solo para ser destituido y reemplazado. En el resultado final, la pseudoizquierda nunca rinde cuentas por su papel.
Conclusión
El retorno del fujimorismo al poder ejecutivo representa el cierre de un ciclo político dentro del orden burgués que ha durado más de tres décadas. Es también una revelación. Toda tendencia que ha pretendido, en ese período, representar una alternativa de “izquierda” o “progresista” —Izquierda Unida, el APRA, la burocracia de la CGTP, Nuevo Perú de Verónika Mendoza, la administración Castillo— ha funcionado en la práctica como la última línea de defensa del capitalismo peruano, canalizando la ira social hacia callejones sin salida electorales, brindando cobertura de “izquierda” a gobiernos burgueses y saboteando la acción independiente de la clase trabajadora.
La crisis de ese dominio burgués es estructural, no episódica: nueve presidentes en una década; un Congreso donde la mayoría de los miembros enfrentan cargos penales; una economía en la que casi tres cuartas partes de los trabajadores laboran sin protecciones legales; un aparato estatal penetrado por el crimen organizado en todos los niveles; personal militar estadounidense desplegado en territorio nacional; un megapuerto que ha convertido al Perú en el campo de batalla del conflicto interimperialista; una clase trabajadora que ha demostrado su combatividad repetidamente.
Las únicas alternativas viables son la barbarie fascista y la guerra o el socialismo internacional. La tarea de nuestro tiempo no es administrar el capitalismo mientras se le disfraza con un rostro humano —eso es imposible hoy—, sino construir una alternativa política independiente para la clase trabajadora, una sección peruana del Comité Internacional de la Cuarta Internacional.
(Artículo publicado originalmente en inglés el 9 de julio de 2026)