El incendio comenzó en la planta baja de un edificio de cinco pisos en la ciudad de Jinjiang y se propagó rápidamente debido a los materiales altamente inflamables utilizados en la fabricación de calzado. Algunos trabajadores saltaron del edificio para escapar del fuego. Las imágenes difundidas en las redes sociales mostraban a personas atrapadas en el techo mientras las llamas arrasaban varios pisos.

Un funcionario del cuerpo de bomberos local declaró a los medios estatales que se habían apilado materiales para suelas de zapatos en las escaleras, lo que dificultó que los bomberos pudieran llegar hasta las llamas. El cuerpo de bomberos envió 35 vehículos y casi 200 bomberos para combatir el incendio, que tardó unas cuatro horas en extinguirse. Más de 500 personas participaron en la operación de búsqueda y rescate.

Huiteng Footwear, la empresa que operaba la fábrica, es solo uno de los más de 5.000 fabricantes de calzado en Jinjiang. A menudo se describe a la ciudad como la «capital del calzado» de China, ya que produce alrededor del 20 por ciento de los zapatos deportivos del mundo. Más de medio millón de personas trabajan en la industria.

En una respuesta de rigor, el presidente chino, Xi Jinping, pidió una investigación rápida del desastre y afirmó que las autoridades “exigirán responsabilidades de manera estricta a los culpables”. La agencia estatal de noticias Xinhua informó que el dueño de la fábrica y otros funcionarios de la empresa han sido detenidos y que se han congelado las cuentas de la empresa.

A principios de la década de 2000, cuando era gobernador de la provincia de Fujian, Xi elogió la “experiencia Jinjiang” como un modelo para el desarrollo económico de China. Una zona agrícola pobre se transformó en un enorme centro de fabricación a medida que las pequeñas y medianas fábricas que producían para marcas extranjeras expandían rápidamente sus operaciones.

La ciudad es sede de tres de los cuatro mayores fabricantes de calzado deportivo de China: Anta Sports, Xtep y 361 Degrees, cuyos ejecutivos provienen de familias empresarias locales. La “Carretera de la Capital del Calzado”, de 11,5 kilómetros de longitud, atraviesa el norte de Jinjiang, flanqueada por fábricas, mercados mayoristas y proveedores especializados. En la ciudad se fabrican más de mil millones de pares de zapatos al año.

Esta vasta expansión industrial de la fabricación de calzado en China ha tenido un alto costo para los trabajadores. Un informe de 2015 titulado “Tricky Footwork—La lucha por los derechos laborales en la industria del calzado china” señaló que los trabajadores de las fábricas que abastecen a marcas europeas denunciaron “salarios bajos, horas extras no voluntarias, protección insuficiente frente a riesgos de salud y seguridad, violencia estatal para reprimir huelgas, contribuciones impagas al seguro social e indemnizaciones por despido insuficientes”.

Muchos son trabajadores migrantes procedentes de zonas más pobres de China que viven hacinados en dormitorios y trabajan en condiciones muy estrictas. A los trabajadores migrantes se les trata como ciudadanos de segunda clase que no tienen acceso a los servicios sociales básicos en las ciudades donde se ven obligados a residir.

Muchas pequeñas y medianas empresas, como Huiteng Footwear, se encuentran bajo presión financiera debido a la desaceleración de la economía china. Li Qiang, fundador de China Labor Watch, declaró al Wall Street Journal que “algunas empresas suelen considerar la seguridad en el lugar de trabajo como un gasto que se puede recortar, en lugar de una responsabilidad básica que se debe cumplir”.

El diario Sing Tao Daily, con sede en Hong Kong, informó que en el pasado se habían producido varios incendios en fábricas de calzado en la ciudad de Chendai, pero no proporcionó detalles. La ciudad de Chendai es el núcleo de la industria del calzado de Jinjiang. Algunos de los incendios estuvieron relacionados con riesgos de seguridad en los llamados edificios de fábrica «tres en uno», que combinan producción, almacén y dormitorios.

Al referirse al último incendio, el presidente Xi señaló que este año se habían producido “varios accidentes graves de seguridad industrial” en China, y luego declaró: “Todas las regiones y los departamentos pertinentes deben extraer profundas lecciones de estos incidentes”. Tales declaraciones simbólicas, al igual que las normas de seguridad que carecen de las medidas necesarias para hacerlas cumplir, contribuyen poco o nada a detener la matanza que sigue ocurriendo en los lugares de trabajo.

En mayo, una explosión en una fábrica de fuegos artificiales en la ciudad de Changsha, en la provincia de Hunan, mató al menos a 37 personas e hirió a 60. La empresa Huasheng Fireworks Manufacturing había sido sancionada en repetidas ocasiones por riesgos de seguridad en el pasado, y en enero de 2026 recibió una multa de 15 000 yuanes (2 205 dólares) por dos infracciones. Estas infracciones consistían en mezclar agentes reductores y oxidantes en su taller, lo que elevaba significativamente el riesgo de una explosión.

También en mayo, al menos 82 trabajadores murieron en una explosión de gas en la mina de carbón Liushenyu, en la provincia de Shanxi. La mina, de propiedad privada, contaba con pozos “ocultos” explotados por contratistas subcontratados y no registrados. Casi la mitad de los trabajadores presentes en el momento de la explosión no figuraban en el registro de ese turno. Los pozos ilegales aumentaban la producción, que se vendía de manera ilegal y además permitía eludir los impuestos sobre la extracción de carbón. Por supuesto, los pozos ocultos no estaban sujetos a los mismos requisitos de seguridad que el resto de la mina.

El número de accidentes laborales disminuyó casi un 9 por ciento en 2025 con respecto al año anterior, según cifras del Ministerio de Gestión de Emergencias. Pero el número de víctimas mortales es abrumador: el año pasado se produjeron casi 20.000 accidentes laborales en todo el país, lo que provocó más de 18.000 muertes.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 10 de julio de 2026)