El lunes por la mañana, en la esquina de las calles Pool y Hill en la pequeña ciudad de Biddeford, Maine, Joan Sebastián Guerrero, un trabajador colombiano de 26 años con permiso de trabajo válido, número de Seguro Social y una solicitud de asilo activa, fue asesinado por agentes federales de inmigración. Los vecinos escucharon hasta siete disparos alrededor de las 7:15 a.m. Un video de testigos muestra a los agentes sacando a Guerrero de su vehículo acribillado a balazos, dejándolo caer sobre el cemento y esposándolo mientras sangraba por la cabeza.

Sus últimas palabras, según el testigo Daniel Boucher, fueron: “Intenté detenerme”. La pareja de Guerrero y su hija de 3 años, “vestida con pijama de Bluey”, con una “mochila rosa con rueditas”, según el relato del Portland Press Herald, observaban desde la acera mientras él se desangraba y moría. Su cuerpo permaneció esposado sobre el pavimento durante cinco horas.

La mentira que ya se ha vuelto habitual en el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), de que la víctima había “usado su vehículo como arma”, se desmoronó en cuestión de horas. Esa fue la versión que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) le dio inicialmente al senador Angus King, la misma historia que se contó sobre Lorenzo Salgado Araujo, asesinado en Houston seis días antes mientras llevaba a sus compañeros de trabajo a una obra de construcción. Cuando los testigos y el video demolieron ese pretexto, ICE se replegó a la afirmación de que Guerrero había “intentado huir de la escena” y que el agente disparó “temiendo por la seguridad pública”.

Esta segunda mentira es, si cabe, más siniestra que la primera. Abandona incluso la simulación de una amenaza. Es una declaración pública de que los agentes federales pueden acribillar a cualquiera, en cualquier lugar, por supuestamente intentar alejarse conduciendo: una afirmación del derecho a asesinar.

Los asesinatos han provocado una indignación masiva. En Biddeford, cientos de manifestantes inundaron las calles en cuestión de horas, concentrándose en el centro y tomando por asalto la oficina local de la senadora Susan Collins. En Houston, las protestas por el asesinato de Salgado han continuado durante una semana, con manifestaciones previstas en todo el país para este fin de semana.

Reflejando la preocupación de que la situación es extremadamente explosiva, la administración Trump anunció, a través de la oficina del senador King, que ICE “pausaría” las detenciones vehiculares no urgentes. Sin embargo, el zar fronterizo Tom Homan emitió inmediatamente una aclaración: “No es un cambio de política; es una pausa temporal”. Homan declaró a Fox News: “Ni siquiera llamaría a esto un bache en el camino. Será una revisión a corto plazo, para que ICE se sienta cómodo”.

El reinado del terror continúa, con nuevas garantías para la “comodidad” de los agentes de ICE. Ayer mismo otro inmigrante fue asesinado, atropellado por un tractocamión en St. Augustine, Florida, mientras huía de agentes de ICE e Investigaciones de Seguridad Nacional, quienes no han explicado por qué se le acercaron. Las autoridades ni siquiera han revelado el nombre de la víctima, describiéndolo solo como un mexicano.

Estos asesinatos plantean cuestiones políticas críticas. Han pasado ya más de seis meses desde que el agente de ICE, Jonathan Ross, mató a tiros a Renée Good dentro de su automóvil en el sur de Mineápolis y poco menos de seis meses desde que agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) acribillaron a Alex Pretti cuando este intentaba proteger a una mujer que estaba siendo agredida por los agentes. Estos asesinatos ocurrieron en medio de una violenta ocupación federal de las Ciudades Gemelas que provocó semanas de protestas, culminando en manifestaciones en enero que involucraron a decenas de miles de personas en el centro de Mineápolis. El llamado a una huelga general contra ICE se convirtió en la consigna central.

Enfrentados a un movimiento de la clase obrera que exigía la expulsión de ICE y el enjuiciamiento de los asesinos, el Partido Demócrata y el aparato sindical trabajaron sistemáticamente para desactivarlo. El gobernador Tim Walz movilizó a la Guardia Nacional y a la policía estatal contra los manifestantes. Los burócratas sindicales ordenaron a los trabajadores que obedecieran las cláusulas de no huelga en sus contratos, convirtiendo la demanda de una huelga general en una “jornada de acción”.

Cuando la presencia federal visible en Mineápolis se redujo mediante un acuerdo entre Walz y la administración Trump, los demócratas y sus apologetas pseudoizquierdistas proclamaron victoria. El World Socialist Web Site advirtió sobre estas declaraciones complacientes. Las fuerzas paramilitares estaban siendo redesplegadas y el avance hacia la dictadura se estaba intensificando. Esa advertencia ha sido completamente vindicada.

Los agentes retirados de las esquinas de Mineápolis fueron dispersados como parte de una ocupación a escala nacional. ICE ha sido desplegado en los aeropuertos del país y en más de 40 estados, llegando a localidades que antes no habían sufrido una presencia federal de aplicación de la ley. Mientras tanto, avanza un plan de construcción de centros de detención por 45 mil millones de dólares. La ocupación militar de las ciudades estadounidenses continúa, con más de 2.600 soldados de la Guardia Nacional en Washington D.C., 1.500 en Memphis —donde un soldado de la Guardia mató a tiros este mes a Tyrin Johnson, de 20 años— y más en Nueva Orleans.

La Ley Posse Comitatus, que durante casi 150 años prohibió a las fuerzas armadas participar en actividades policiales a nivel interno, es letra muerta. El martes, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, defendió la solicitud del Pentágono de 350 mil millones de dólares adicionales, además de un presupuesto récord de 1,1 billones de dólares, declarando: “Estamos luchando contra el comunismo en nuestras propias costas”.

Mientras tanto, los asesinos permanecen bajo la protección del Departamento de Justicia. El asesino de Good y los asesinos de Pretti están libres y sin cargos. Solo esta semana los fiscales de Minnesota obtuvieron finalmente pruebas que las autoridades federales habían retenido durante medio año, lo que llevó a la fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty, demócrata, a agradecer a sus “socios federales” por ayudar a “promover la confianza pública”.

Las insípidas “reformas” demócratas en materia de policía migratoria se impulsaron para contener el movimiento popular y rehabilitar el aparato de deportaciones, no para desmantelarlo. Antes de los asesinatos, los demócratas habían financiado la operación de deportación masiva de Trump sin condiciones significativas. Una vez que las protestas disminuyeron, abandonaron incluso sus propuestas de reforma simbólicas.

Lo que aterroriza a los demócratas no es la construcción de un Estado policial, sino el movimiento de masas emergente desde abajo que amenace el statu quo capitalista.

Ahora, con dos cadáveres más, los demócratas actúan siguiendo el mismo guion. El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, declaró el martes que “los asesinatos no se detendrán hasta que acabemos con la impunidad que Trump y los republicanos quieren preservar”. Él sabe que la impunidad es bipartidista. Fueron Schumer y la dirección demócrata quienes maquinaron la cínica maniobra que despejó el camino para la aprobación de casi 70 mil millones de dólares en fondos adicionales para ICE y la Patrulla Fronteriza hasta 2029. Este es el dinero que contrató, armó y envió a los asesinos de Guerrero.

La delegación congresional de Maine emitió una carta conjunta apelando al propio inspector general del Departamento de Seguridad Nacional para una “investigación integral, transparente y expedita”. La carta no exige la identificación ni el arresto del asesino, no pide el cese de las operaciones de ICE, ni siquiera condena el asesinato, que describe eufemísticamente como un “tiroteo fatal que involucra” a personal de ICE. Su preocupación declarada es que “respuestas oportunas y veraces” proporcionen un “cierre” y garanticen que las futuras operaciones se realicen de manera “segura” y “legal”.

El fiscal general demócrata de Maine, Aaron Frey, sabe el nombre del asesino de Guerrero pero lo está ocultando al público, anunciando solo que el agente ha sido suspendido.

Un papel particularmente repugnante lo desempeña Bernie Sanders, quien no ha dicho nada sobre ninguno de los dos asesinatos. Su silencio es consecuencia de su adopción del marco antiinmigrante de Trump. Sanders ha repetido la afirmación nacionalista de que sin fronteras “no tienes una nación” y ha elogiado a Trump por haber hecho “un mejor trabajo” que Biden en asegurar la frontera. Su papel, como el de toda la izquierda nominal del Partido Demócrata, es legitimar el aparato de deportación y bloquear un movimiento independiente de la clase obrera contra él.

La determinación de luchar existe en Biddeford, en Houston, en Mineápolis y en todo el país. Lo que se requiere es una organización y un programa independientes. Cada canal oficial es un mecanismo para estrangular el movimiento mientras la maquinaria del terror se expande y perfecciona para ser usada contra toda la clase obrera.

La construcción de un Estado policial va de la mano con las guerras de conquista, como en Irán, para robar petróleo y otros recursos, incluyendo nuevas fuentes de mano de obra barata. El costo se impone a la clase obrera, en forma de precios disparados y la destrucción de la salud, la educación y los empleos. La represión estatal es la respuesta inevitable a la creciente resistencia de los trabajadores.

El Partido Socialista por la Igualdad y la Alianza Internacional Obrera de Comités de Base (AIO-CB) llaman a la construcción de comités independientes en los lugares de trabajo y en los barrios para preparar acciones de masas, incluyendo una huelga general, contra el terror de ICE y la imposición de una dictadura. Estos comités deben unir a los trabajadores de todas las industrias, nacionalidades y estatus migratorios, y establecer vínculos directos entre las luchas en Houston, Biddeford, Mineápolis, Memphis y en todo el país.

La lucha contra la violencia de ICE no puede separarse de la lucha contra la dictadura, y la lucha contra la dictadura no puede separarse de la lucha contra la oligarquía financiera que la sostiene. Los escuadrones de la muerte en las calles, el intento de criminalizar la oposición y la conspiración de la Casa Blanca contra las elecciones de medio mandato surgen todos de la misma fuente: una sociedad en la que niveles asombrosos de desigualdad y concentración de riqueza ya no pueden reconciliarse con formas democráticas de gobierno.

La defensa de los derechos democráticos recae sobre la clase obrera. Requiere la lucha por el socialismo y la reorganización de la vida económica para servir a las necesidades sociales, no a la riqueza de los oligarcas y sus guerras.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 15 de julio de 2026)