El Día de la Independencia de Colombia, el 20 de julio, que conmemora 216 años desde la ruptura con el dominio colonial español, se convirtió esta semana en la ocasión para que tanto el presidente saliente, Gustavo Petro, como el presidente electo, Abelardo de la Espriella, colocaran a las fuerzas armadas en el centro de la vida política del país.

Detrás de sus posturas aparentemente opuestas —la invocación de un “ejército del pueblo” por parte de Petro y la promesa de restaurar la “autoridad” por parte de De la Espriella—, ambos señalaron a la misma institución como garante último del orden social existente: una fuerza armada construida, financiada y entrenada por el imperialismo estadounidense desde la década de 1960, y ampliada enormemente bajo el Plan Colombia para reprimir la oposición social y defender los intereses del capital.

El abogado fascistiznte De la Espriella llegó a Medellín con su esposa y varios ministros designados para el desfile militar, donde se dirigió directamente a las tropas. “Hoy estoy aquí para rendir homenaje a nuestros soldados y policías de la patria”, declaró, “pero también para agradecer al pueblo de Antioquia, que no se arrodilla ante la tiranía”.

En redes sociales insistió en que su toma de posesión se realizará dentro de una guarnición militar, como “un acto de gratitud, respeto y reconocimiento a quienes han entregado su vida para proteger a los colombianos”, advirtiendo que esto enviaría “un mensaje claro a quienes amenazan la tranquilidad de nuestro pueblo: el Estado recuperará su autoridad y hará cumplir la ley en cada rincón del país. Nunca más los héroes de la patria serán relegados. Nunca más los ciudadanos de bien vivirán con miedo”.

Este es el lenguaje de un gobierno que prepara la represión contra cualquier oposición política, protesta social o huelga que altere la “tranquilidad”. La promesa de De la Espriella de restaurar la “autoridad” a través de las fuerzas armadas es un reconocimiento de que su programa —un ataque contra los empleos, los salarios y las condiciones sociales— provocará una resistencia masiva que él se propone reprimir por la fuerza.

Su militarismo se nutre de algo más que la derecha tradicional colombiana encarnada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez. El País señala que De la Espriella hizo campaña junto al senador electo Enrique Gómez Martínez, nieto del expresidente Laureano Gómez —el presidente conservador derrocado en 1953 por el general Gustavo Rojas Pinilla, el único dictador militar de Colombia en el siglo XX—. Ha nombrado al hermano de Gómez Martínez, Miguel Gómez Martínez, como ministro de Hacienda, e instalará al hijo del senador, Nicolás Gómez Arenas, como jefe de gabinete.

Petro, exdirigente de la guerrilla del M-19, escenificó su propia inversión de esa misma tradición militarista. Por primera vez, el desfile del 20 de julio en Bogotá no recorrió el centro y el norte de la capital, sino que partió de un centro comercial en Ciudad Bolívar y atravesó el populoso distrito obrero de Bosa. Petro promovió este cambio durante semanas como un gesto de identificación “popular” con las fuerzas armadas, que ha intentado maquillar como “un ejército del pueblo y para el pueblo”, haciendo eco del presidente chileno Salvador Allende, quien utilizó la frase “el pueblo uniformado”.

La fórmula de Petro también tiene un linaje específico en la política capitalista colombiana. El dictador militar Rojas Pinilla, que gobernó de 1953 a 1957 con el respaldo de sectores de los partidos Liberal y Conservador antes de que esos mismos partidos se volvieran en su contra, intentó sostener su gobierno cultivando lo que llamó el “binomio pueblo-fuerzas armadas”, como base popular independiente de las estructuras partidarias tradicionales. Tras su derrocamiento, Rojas fundó la Alianza Nacional Popular (Anapo), cuya derrota presidencial de 1970 denunció como fraude. La guerrilla del M-19 nació de ese supuesto fraude, cuando facciones de Anapo, la Juventud Comunista estalinista y otras guerrillas recurrieron a la lucha armada bajo las consignas de “democracia directa” y “socialismo a la colombiana”, profundamente influidas por la propia “vía chilena al socialismo” de Allende.

Allende nombró a Augusto Pinochet comandante del Ejército, confiando en que podía contar con la lealtad de las fuerzas armadas a la constitucionalidad. En septiembre de 1973, el mando de Pinochet, tras conspirar durante meses con la CIA, derrocó a Allende en un sangriento golpe de Estado e instauró una dictadura fascista que asesinó a más de 3.000 personas de izquierda y sometió a decenas de miles más a detenciones y tortura.

Petro ha reproducido el esquema político de Allende a lo largo de toda su presidencia, cortejando al alto mando militar, aumentando significativamente los salarios de los soldados y presentando esto entre los logros centrales de su gobierno, mientras deja intacto el propio aparato represivo. El gesto no encontró reciprocidad: la cúpula militar abandonó la ceremonia antes de que comenzara el discurso de Petro el lunes. Este afirmó después que les había ordenado irse.

Lenin, en El Estado y la revolución, caracterizó al Estado como “cuerpos de hombres armados” —la policía, el ejército y otros órganos de coerción que imponen el dominio de la clase que los controla—.

El discurso de Petro, más allá de su tinte populista, dejó al descubierto cuál es esa clase. “Los desesperados dueños de la riqueza en Colombia”, declaró, “que esperen hasta el 7 de agosto —todavía me quedan unos días— para darle inicio al fascismo”.

Sin embargo, fue el propio gobierno de Petro el que presidió una rápida expansión de las fortunas de los multimillonarios colombianos. Al acusar a los ricos de “abrirle las puertas al fascismo real”, Petro describió un proceso para el cual él mismo forjó las llaves. Su gobierno fue instalado por esa misma oligarquía, respaldada por el imperialismo estadounidense, para contener la lucha de clases mientras continuaba enriqueciéndose, ganando tiempo para desarmar a la clase obrera y preparar el ascenso de una administración abiertamente fascista.

Petro siguió cumpliendo esta función, tal como lo hizo Allende en sus últimos años, falsificando el carácter de clase de los cuerpos armados del Estado capitalista. Refiriéndose al desfile militar por los barrios pobres de Bogotá, declaró: “Pasó el ejército. Pasaron las armas del pueblo, porque todas esas armas que vieron —los vehículos, los aviones, los helicópteros— pertenecen exclusivamente al pueblo de Colombia, sin importar por quién haya votado”.

La convergencia en torno a lo militar fue reforzada por el resto del establishment político. El procurador general de la Nación, elegido por el Senado, Gregorio Eljach, confirmó que De la Espriella podría tomar posesión en una guarnición militar si el Congreso lo aprueba, mientras que el presidente del Senado, Lidio García, afirmó que las condiciones eran favorables para dicha aprobación.

El equipo de transición de De la Espriella ya reunió a su propio gabinete de ministros designados en Barranquilla, semanas antes de asumir el cargo. Petro respondió a esta afrenta a su mandato insistiendo en que su gobierno conserva plena autoridad hasta la transición el 7 de agosto.

Petro, sin embargo, ha confirmado que no asistirá a la toma de posesión, vinculando su ausencia a denuncias de un fraude de 848.000 votos cometido a través del consulado colombiano en Los Ángeles, supuestamente orquestado con la firma israelí de inteligencia privada Black Cube. Los propios servicios de inteligencia de Colombia y observadores electorales independientes no han hallado evidencia que sustente estas afirmaciones.

Petro también ha alegado que un denunciante fue blanco de un ataque mediante un vehículo eléctrico hackeado, pero también fue contradicho por los organismos de inteligencia. A pesar de estas denuncias de fraude poco claras, es de dominio público que la administración Trump violó la soberanía colombiana al intervenir abiertamente y respaldar en repetidas ocasiones a De la Espriella por sobre el candidato de Petro, el senador Iván Cepeda.

Ante lo que él llama intentos de encarcelarlo, Petro ha convocado a un “paro nacional permanente” para defender las conquistas laborales, declarando: “No estoy esperando la próxima elección; la oposición se ejerce desde las calles”. Esto no es un llamado a la acción independiente de la clase obrera, sino una señal de que Petro pretende usar la amenaza de protestas como palanca dentro del orden burgués existente, ofreciendo sus servicios para contener y canalizar la oposición hacia cauces seguros: una capitulación anticipada ante la administración reaccionaria entrante.

Los acontecimientos del 20 de julio ponen al descubierto el carácter de clase que subyace tras la aparente hostilidad entre Petro y De la Espriella. Ambos recurren al mismo aparato armado, construido y financiado por el imperialismo estadounidense para defender a las clases propietarias, como árbitro final de la vida política. Los trabajadores y los jóvenes no pueden depositar ninguna confianza en ninguna de las dos alas de este Estado burgués, ni albergar ilusiones en las fuerzas armadas que constituyen el Estado capitalista.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 22 de julio de 2026).