Un sistema frontal de extraordinaria intensidad ha azotado el centro de Chile desde el jueves 17 de julio, dejando un rastro de muerte, destrucción y desplazamientos masivos en 10 de las 16 regiones del país. Las regiones de Coquimbo, Atacama, Valparaíso, la Región Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío y La Araucanía se han visto afectadas, siendo Coquimbo y la provincia de Huasco, en Atacama, las más castigadas.

Hasta el lunes 20 de julio, el balance oficial —una estimación significativamente subestimada— era de 10 muertos, cuatro desaparecidos, 17 heridos, 2.205 personas afectadas, 1.179 alojadas en refugios y 99.316 personas sin acceso a servicios básicos. Se han destruido 35 viviendas, 1.154 han sufrido daños graves, 14.454 daños menores y otras 1.495 siguen en evaluación. En la Región de Coquimbo, la intensidad de las lluvias fue tal que lo que normalmente cae en todo un mes descendió en una sola hora el domingo, con 19,6 mm caídos solo entre las 8:00 y las 9:00 p. m.

En La Serena, las familias se vieron obligadas a refugiarse en los techos de sus casas cuando el río Elqui se desbordó y convirtió los valles en torrentes de agua. Las aguas residuales sin tratar se mezclaron con las aguas de la crecida que atravesaban las zonas residenciales, lo que generó una emergencia de salud pública que se sumó a la destrucción física. La alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, informó que había 11 personas desaparecidas y aproximadamente 120 familias aisladas. En Ovalle, el alcalde Héctor Vega describió su municipio como “prácticamente una isla”, con las comunidades rurales de Chalinga, Punitaqui, La Calera, Los Canelos y Cerro Blanco completamente aisladas.

Las carreteras y los puentes han sido arrasados en toda la región; el Ministerio de Obras Públicas informó de unos 42 cortes de carretera solo en Coquimbo. El Hospital de La Serena sufrió filtraciones de agua y el derrumbe parcial del techo, lo que obligó al Ejército a desplegar un hospital de campaña modular.

El carácter social de este desastre es innegable. Las colinas de Valparaíso son zonas donde el drenaje es inadecuado, donde predomina la vivienda informal y semiformal, donde el terreno es empinado y el riesgo de deslizamientos de tierra es endémico. La tormenta activó al menos 12 sitios identificados como zonas potenciales de deslizamiento de tierra solo en Valparaíso, lo que afectó a 600 familias. Mientras tanto, los ricos nunca han sufrido inundaciones. Esto no es una casualidad geográfica, sino el resultado de la organización capitalista del espacio urbano. Las mismas familias evacuadas del campamento Ribera del Río en Talagante, las mismas comunidades de Quilpué que aún se recuperan del enorme incendio forestal de 2024, están pagando el precio más alto por una precariedad que no comenzó con la lluvia.

Desde el inicio de la emergencia, alcaldes de todo el espectro político expresaron duras críticas a la respuesta del gobierno. En Monte Patria, uno de los municipios más afectados, se envió una solicitud de apoyo de emergencia a las 11:30 a. m. del sábado; a la misma hora del domingo, no se había recibido respuesta alguna del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED). Se perdió un momento crucial sin lluvias, que podría haber permitido reparaciones de carreteras y despliegues preventivos.

El alcalde de Coquimbo, Alí Manouchehri, acusó a las autoridades nacionales de “una respuesta terrible”, lamentando que “estamos empezando a contar los muertos”. El alcalde de Ovalle afirmó sin rodeos: “No ha llegado ni un solo recurso aquí, nada del SENAPRED”.

Los cortes de electricidad pusieron de manifiesto toda la fragilidad de la infraestructura de la que dependen millones de personas. En el punto álgido de la emergencia, más de 658.000 hogares se quedaron sin electricidad en todo el país. Solo en Valparaíso se registraron 221.349 clientes sin electricidad el sábado por la noche. La Araucanía, Biobío y Maule también sufrieron cortes masivos. Para el lunes, cuatro días después de los apagones iniciales, decenas de miles de hogares seguían sin electricidad.

En el sector de Santa Inés de Viña del Mar, los residentes salieron a las calles con barricadas tras casi tres días sin electricidad. La líder vecinal Dafne Barrera señaló a los residentes que dependen de aparatos eléctricos y a las personas mayores que necesitaban electricidad con urgencia. Estallaron protestas con bloqueos de carreteras y barricadas en Rancagua y Rengo, en la región de O’Higgins; en San Esteban, Putaendo y Panquehue, en la región de Valparaíso; y en Panguipulli, en la región de Los Ríos.

La indignación en las calles no se debía simplemente a una molestia, sino a que quedó al descubierto un sistema en el que el suministro de una necesidad básica está totalmente subordinado a los cálculos de ganancias de los monopolios privados. Si bien los cortes de luz habituales tienen un plazo legal de dos horas para restablecer el servicio, los cortes causados por fenómenos climáticos no cuentan con un plazo máximo de restablecimiento establecido por ley, lo que deja a las empresas privadas de servicios públicos libres de tardar todo el tiempo que deseen.

El lunes 20 de julio, el presidente José Antonio Kast declaró el Estado de Emergencia Constitucional por Catástrofe para la región de Coquimbo y la provincia de Huasco.

Esta medida va mucho más allá de la asistencia logística. Bajo el estado de catástrofe —una disposición heredada directamente de la Constitución de 1980 de la dictadura de Pinochet—, se delega el poder a los Jefes de Defensa Nacional designados, en este caso los generales de brigada del Ejército Claudio Paredes y Eugenio Ribba. Estos comandantes militares asumen el control de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas de orden público, restringen la libertad de circulación y de reunión, ordenan la requisa de bienes, establecen limitaciones al ejercicio de los derechos de propiedad, controlan la entrada y salida de la zona declarada, determinan la distribución de alimentos y bienes y emiten instrucciones directas a todos los funcionarios del Estado y empleados municipales.

Este estado de excepción tiene sus raíces en las teorías del jurista nazi Carl Schmitt, quien proporcionó el marco jurídico para la suspensión del orden constitucional en nombre de la emergencia. Lo que protege el ejército no es a la población, sino la “infraestructura crítica” y las condiciones para la acumulación ininterrumpida de capital. Su presencia tiene como objetivo impedir que los desesperados saquen a la fuerza, disolver las asambleas populares y garantizar que los agravios sociales desatados por el desastre no encuentren una expresión política organizada.

Esta es la respuesta refleja de la clase dominante chilena ante toda crisis social, desde el terremoto de 2010 hasta el levantamiento masivo de 2019-2020 y la pandemia de COVID-19: una represión militarizada que revela al Estado tal como es: un instrumento de dominio de clase que no puede satisfacer las necesidades humanas porque existe para defender la propiedad privada.

La irracionalidad del sistema de mercado queda al descubierto por el hecho de que muchas de las zonas ahora sumergidas bajo las aguas de las inundaciones han estado sufriendo una megasequía prolongada durante más de 15 años. Tan recientemente como a principios de 2024, las tres cuencas principales de Coquimbo —Elqui, Limarí y Choapa— se encontraban, en conjunto, al 6 por ciento de su capacidad total de almacenamiento. El embalse de La Paloma, con una capacidad de 750 millones de metros cúbicos, se encontraba a apenas un 5 por ciento.

Entonces, en una sola hora del domingo, cayó el equivalente a un mes de lluvia sobre un terreno saturado y se escurrió rápidamente hacia el mar en forma de aguas de inundación destructivas, debido a que no existe la infraestructura para captarla y almacenarla. Se trata de un desastre natural agravado por la organización capitalista de la sociedad, en la que no se aplica ninguna previsión a la infraestructura ni a la planificación urbana para las masas porque dicha planificación no genera ganancias.

La privatización del agua

El mismo marco institucional que permitió que los derechos sobre el agua se privatizaran y acapararan durante la sequía es el que impide ahora que el Estado capte y almacene el exceso de agua. Los dos fenómenos, la crisis de la sequía y la crisis de las inundaciones, son producto del mismo fracaso a la hora de imponer un control público sobre un recurso indispensable que fue privatizado bajo una dictadura y nunca se recuperó.

En la raíz de este fracaso se encuentra el Código de Aguas de 1981, uno de los experimentos más radicales de mercantilización del agua jamás intentados, impuesto por la dictadura de Pinochet y consagrado en la Constitución de 1980. En virtud de este código, los derechos de agua pasaron de ser concesiones estatales a convertirse en propiedad privada a todo efecto, separados de la titularidad de la tierra, otorgados a perpetuidad y sin ningún requisito de uso beneficioso.

Las empresas mineras, agroindustriales e hidroeléctricas podían acaparar estos derechos indefinidamente. El resultado ha sido la creación de lo que en Chile se conoce como “zonas de sacrificio”. Comunidades enteras, como Petorca en Valparaíso, donde las plantaciones de aguacate —que contaban con derechos de agua legalmente válidos acumulados a lo largo de décadas— agotaron de hecho el acceso al agua de la población.

La reforma de 2022 de Gabriel Boric, la Ley 21.435, fue promocionada como un gran avance: declaró el acceso al agua potable como un derecho humano, estableció una jerarquía que prioriza el consumo humano e introdujo concesiones de duración limitada para los nuevos derechos.

Pero la Corte Constitucional anuló la disposición que habría impuesto la pérdida de los derechos existentes por falta de uso, declarando que constituía una violación de los derechos de propiedad protegidos por la Constitución. El vasto acervo acumulado de derechos de agua (el 80 por ciento de los cuales está controlado por intereses corporativos en los sectores agroindustrial, minero y energético) permanece intacto. El bloqueo constitucional instalado por la dictadura se mantuvo firme, tal como fue diseñado para hacerlo.

No se puede confiar en que el gobierno fascista de Kast aborde esta crisis. Kast, hijo de un oficial nazi de la Wehrmacht, llegó al poder al frente de un “gobierno de emergencia” comprometido a profundizar precisamente las políticas de libre mercado que provocaron esta catástrofe: recortes de impuestos a las empresas, austeridad en el sector público, desregulación y la defensa de la propiedad privada a toda costa. Su administración ya ha recortado drásticamente los presupuestos de salud y educación, ha militarizado las escuelas y ha criminalizado a los migrantes. Es totalmente indiferente al sufrimiento de las masas.

Tampoco se puede confiar en la «izquierda» chilena —el Partido Socialista, el Partido Comunista estalinista, el Frente Amplio—, que bajo el mandato de Boric erigió el estado policial más extenso desde el retorno al régimen civil, defendió las relaciones de propiedad capitalistas y normalizó las relaciones con los defensores de Pinochet. Fueron precisamente estos partidos los que, durante la pandemia de COVID-19, utilizaron un estado de excepción para regimentar al país mediante toques de queda y despliegues militares, demostrando que la «izquierda» está tan comprometida como la derecha con la defensa del orden burgués.

La clase trabajadora y las comunidades deben establecer sus propios comités de base para iniciar la reorganización de la sociedad con el fin de satisfacer las necesidades sociales. Los recursos y los conocimientos científicos para llevar a cabo esta labor existen. Lo que falta no es capacidad técnica, sino poder político.

Los trabajadores chilenos cuentan con la experiencia histórica de los Cordones Industriales, los órganos de base industriales y vecinales establecidos en 1972-73, en medio de un intento golpista de la clase dominante por desestabilizar el país. En medio de una profunda crisis, estos órganos se propusieron la tarea de dirigir la producción, distribuir bienes y servicios y defender las necesidades de su clase.

Esa experiencia, escrita con sangre por el heroico proletariado chileno, señala el camino a seguir. La tarea de asegurar las condiciones para la planificación socialista de los recursos económicos mundiales y la reorganización de la sociedad sobre una base racional recae sobre los hombros de la clase trabajadora internacional, la cual debe, en primer lugar, arrebatarle el poder a la burguesía y derrocar su Estado, poniendo fin a la subordinación de la vida económica al lucro privado y a la división del mundo en Estados-nación rivales.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 21 de julio de 2026)