Más de un mes después de que los terremotos del 24 de junio devastaran el norte de Venezuela, la cifra confirmada de muertos ha ascendido a 5.546, con 16.740 heridos. La Organización de Naciones Unidas teme que hasta 51.000 personas puedan seguir desaparecidas.

La creciente crisis humanitaria no ha impedido que la administración Trump retenga miles de millones de dólares provenientes de las ventas de petróleo venezolano, con estimaciones que llegan hasta el 96,5 por ciento de los ingresos.

Mientras tropas estadounidenses y venezolanas patrullan las calles para intimidar a trabajadores que carecen de artículos de primera necesidad, el saqueo imperialista se está llevando a cabo a una escala histórica.

La demolición de estructuras dañadas ya ha comenzado en toda la zona afectada, en algunos casos sobre los cuerpos de los fallecidos e incluso mientras las familias continúan excavando en busca de los restos de sus parientes.

José Félix Valera, activista social en La Guaira, declaró a Truthdig que contratistas, en su mayoría estadounidenses, están despejando terrenos donde las familias todavía buscan a sus parientes. “Vi a gente detener la demolición de un edificio, y tres días después encontraron a un joven con vida”, dijo Valera.

La magnitud del desastre es insondable. El gobierno venezolano reporta 190 edificios colapsados y 856 severamente dañados, pero la evaluación de la NASA sitúa la cifra en 58.000 edificios destruidos o dañados.

El Banco Mundial estima daños directos por 19.600 millones de dólares, pero señala que el costo total de la recuperación física —incluida la remoción de escombros y la reconstrucción conforme a estándares modernos— podría alcanzar los 50.000 millones de dólares, cerca de la mitad del PIB total de Venezuela.

Según cifras oficiales, unas 18.000 personas han perdido por completo sus viviendas, y más de 23.000 permanecen en refugios. La agencia de ayuda humanitaria de la ONU proyecta que 1,3 millones de personas requerirán asistencia durante los próximos seis meses.

Las condiciones sobre el terreno se están deteriorando hacia una catástrofe secundaria. El polvo del concreto flota en el aire húmedo, mezclado con el olor de los cadáveres. La basura se acumula en las calles, mientras las familias acampan fuera de edificios declarados demasiado peligrosos para entrar.

Se calcula que deben gestionarse 1,2 millones de toneladas de escombros, buena parte de ellos contaminados con combustibles, aceite de motor, pinturas, solventes y plásticos liberados cuando los edificios colapsaron.

Diego Díaz Martín, de la organización ambientalista Vitalis, advirtió a la AP que las lluvias estacionales podrían provocar deslizamientos de tierra en las laderas debilitadas por el terremoto, mientras que muchas de las zonas afectadas aún no han sido evaluadas.

El acceso al agua potable se dificulta. No existen garantías de que el agua transportada en camiones cisterna haya sido tratada adecuadamente, informa la AP. El agua insegura y el saneamiento inadecuado ya están provocando brotes de enfermedades.

“Los terremotos no causan brotes por sí solos”, declaró el doctor Mauricio Cerpa, epidemiólogo de la Organización Panamericana de la Salud. “El riesgo proviene de las condiciones posteriores al desastre”. Agregó que quienes padecen enfermedades crónicas, como diabetes e hipertensión, enfrentan un peligro creciente debido al colapso del sistema de salud.

Frente a esta catástrofe en aumento, Washington ha comprometido 386 millones de dólares en ayuda, y Venezuela obtuvo otros 346 millones de dólares en financiamiento de emergencia del FMI. Frente a un costo de recuperación de 50.000 millones de dólares, estas sumas son irrisorias.

Venezuela sigue bajo sanciones mientras se incautan los ingresos petroleros

Mientras tanto, las sanciones siguen vigentes, 22.000 millones de dólares en activos del Estado venezolano permanecen congelados, y miles de millones más están siendo tomados por el imperialismo estadounidense.

El mecanismo financiero que se encuentra en el centro de este esquema merece escrutinio.

Desde la invasión del 3 de enero que secuestró al presidente Nicolás Maduro, Estados Unidos ha controlado directamente la venta del crudo venezolano. El Financial Times calcula que la administración Trump ha recaudado hasta ahora más de 13.000 millones de dólares en ingresos por las ventas de petróleo venezolano.

Washington casi no ha dicho nada sobre el destino de ese dinero, y una orden ejecutiva describe el papel de EE.UU. como de “custodia”. Trump, por su parte, se jactó en junio de que EE.UU. había recuperado el costo de la operación militar en Venezuela “28 veces” gracias al petróleo, y añadió que Estados Unidos también está “ganando mucho dinero”.

Las cuentas disponibles a partir de fuentes venezolanas exponen lo que estas fórmulas ocultan. Un análisis publicado por Aporrea, basado en datos de PDVSA, la OPEP y el Banco Central de Venezuela (BCV), encuentra que, hasta fines de junio, las exportaciones acumuladas alcanzaron aproximadamente 189 millones de barriles, con un valor aproximado de 14.430 millones de dólares, de los cuales cerca del 96,5 por ciento permanece retenido por el Tesoro de EE.UU.

Los pagos de los compradores se depositan en cuentas controladas por EE.UU., se retienen durante el tiempo que Washington decida, y luego se liberan hacia Venezuela en la cantidad que Washington considere conveniente.

El rastro de documentos que queda es deliberadamente opaco. Un primer tramo, en enero de 2026, fue valorado en unos 500 millones de dólares, pero tanto funcionarios venezolanos como estadounidenses solo confirmaron la transferencia efectiva de 300 millones; los 200 millones restantes, según se informó, quedaron retenidos en una cuenta en Catar, sin que ninguna de las dos partes confirmara jamás su liberación.

A fines de abril, el Departamento de Estado autorizó desembolsos adicionales por aproximadamente 2.500 millones de dólares, lo que arroja un total no confirmado de 3.000 millones de dólares entre enero y junio. Oficialmente, solo unos 300 millones de dólares han ingresado al BCV.

No existe una auditoría independiente, ni un registro público, ni ningún mecanismo por el cual la población venezolana pueda determinar qué ha sido de su principal recurso natural. Tampoco hay manera de saber qué proporción ha ido a parar a las cuentas de la familia Trump y sus socios comerciales.

Para salvaguardar esta operación de saqueo, la ocupación militar estadounidense continúa profundizándose. El exvicepresidente Elías Jaua declaró a Truthdig: “Estados Unidos no solo se ha apoderado del principal aeropuerto y puerto marítimo del país, sino que también ha desplegado a 900 marines en La Guaira y a 2.000 en el conjunto de la operación”.

Agregó que las fuerzas estadounidenses han realizado un mapeo con drones y helicópteros de toda la costa venezolana, imponiendo un control de facto sobre el espacio aéreo y las aguas costeras de Venezuela desde bases estadounidenses en Puerto Rico, Panamá y Trinidad y Tobago. Tropas estadounidenses patrullan ahora La Guaira acompañadas por una delegación militar israelí.

El gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez, exvicepresidenta de Maduro, funciona enteramente conforme a las exigencias de Trump. Caracas ha anunciado su retiro de la Corte Penal Internacional, hoy un blanco clave de las provocaciones estadounidenses. Presentó una protesta diplomática contra el canciller iraní, Abbas Araghchi, por señalar que “Irán no es Venezuela, donde se lleva a una sola persona y todos los demás se asustan y retroceden”.

Caracas ha retirado a la empresa rusa Rosneft de los proyectos petroleros y ha suspendido los envíos de petróleo a China que servían para pagar la deuda venezolana. Se informa que el secretario de Estado, Marco Rubio, gestiona directamente las asignaciones de exportación venezolanas, marginando también a las empresas europeas. Rodríguez ha recibido a una delegación israelí y a una delegación congresional estadounidense encabezada por el fascistoide republicano de Florida, Brian Mast, al tiempo que avanza para restablecer relaciones con los gobiernos de extrema derecha de Chile y Perú.

Siete meses después de que fuerzas especiales estadounidenses secuestraran al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores —ambos se han declarado inocentes de cargos que incluyen conspiración para el narcotráfico, con juicio fijado para junio de 2027—, la transformación de Venezuela en un protectorado estadounidense está completa.

La metamorfosis de los chavistas, de proponentes del “Socialismo del Siglo XXI” a administradores de los intereses del imperialismo estadounidense, constituye la refutación más contundente posible de toda la perspectiva del nacionalismo burgués y el reformismo de izquierda. Demuestra que ninguna fuerza nominalmente de izquierda o nacionalista que opere dentro del marco del capitalismo puede garantizar la soberanía nacional ni una mejora social duradera.

Esta capitulación se exige con especial ferocidad precisamente porque el propio imperialismo estadounidense está en crisis: cargado de deudas y déficits comerciales récord, un dólar en debilitamiento y una contienda económica que está perdiendo frente a China. Su respuesta es exprimir a América Latina hasta la última gota, mediante métodos de dominio colonial directo no vistos en un siglo.

Así como los trabajadores y los jóvenes en Estados Unidos rechazan cada vez más el mito del capitalismo estadounidense como tierra de oportunidades y se vuelcan hacia el socialismo, los trabajadores en toda América Latina pueden ver que el capitalismo no les ofrece ni mejora social ni seguridad física. La radicalización que hoy se desarrolla en toda la región requiere un programa político genuinamente socialista y un partido revolucionario.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 31 de julio de 2026).