Dos meses después de que los terremotos del 24 de junio dejaran 6.509 muertos confirmados y decenas de miles de desaparecidos en Venezuela, la catástrofe, lejos de frenar la transferencia del control sobre la economía del país y su política exterior e interna hacia el imperialismo estadounidense, no ha hecho más que acelerarla.
De 60.785 edificios residenciales inspeccionados, 11.001 permanecen clasificados como de alto riesgo; miles de edificios siguen sin inspeccionar. El gobierno ha entregado solo 335 viviendas. Más de 24.000 personas siguen sin techo, hacinadas en refugios improvisados o carpas en plazas y aceras. Las fuertes lluvias del 22 de agosto inundaron sectores de Caracas, Miranda y Aragua, golpeando a las mismas poblaciones que viven en laderas y junto a quebradas sin mantenimiento.
Es este contexto, Washington convocó dos semanas de negociaciones entre el gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez y miembros de la oposición electos al Congreso ya extinto de 2015.
El carácter servil de ambos lados de la negociación quedó resumido por el Financial Times, que informó, citando fuentes cercanas, que el gobierno de Venezuela no hizo mención alguna de liberar al expresidente encarcelado, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores, de sus celdas en EE.UU. El régimen los ha abandonado a la justicia estadounidense, siete meses después de que fuerzas especiales de EE.UU. los capturaran en una invasión criminal.
Lo que sí discutieron fue el dinero. Ambos lados acordaron presionar para que se liberaran 31 toneladas de oro soberano venezolano retenidas en las bóvedas del Banco de Inglaterra, valoradas en unos 4.300 millones de dólares. Ramón López, de la delegación opositora, describió el arreglo sin rodeos: el oro “será depositado en una cuenta del Tesoro de EE.UU. y auditado por firmas internacionales”.
Ese es el hecho operativo. Las reservas no están siendo devueltas a Venezuela; se están trasladando de la custodia británica a la estadounidense, hacia las mismas cuentas del Tesoro que ya retienen los ingresos petroleros del país, y que Washington decide cuándo y cuánto liberar. Los funcionarios venezolanos también buscan 4.500 millones de dólares en Derechos Especiales del FMI, en términos idénticos.
Las conversaciones también produjeron la liberación de 131 presos políticos por parte de Caracas, aunque Foro Penal solo pudo verificar 78.
Presentar esto como una reconciliación democrática requiere ocultar un hecho evidente: ambas delegaciones responden al mismo titiritero.
El Congreso opositor de 2015 administró miles de millones en activos estatales venezolanos en el exterior durante cinco años después de que su mandato expirara en enero de 2021, siendo reconocido por Washington como la autoridad legítima hasta marzo de 2026.
Sus principales figuras, incluido el autoproclamado “presidente interino” Juan Guaidó, estuvieron implicadas en importantes escándalos de corrupción por el manejo de esos mismos activos. Ese es el organismo que ahora negocia la disposición del oro.
María Corina Machado, durante mucho tiempo la figura preferida de Washington, ha sido puesta al margen. La administración Trump simplemente concluyó que su programa fascistoide de recortes sociales masivos, privatizaciones y autoritarismo podía ser implementado de manera más eficiente por los chavistas.
Daniel DePetris, del centro de estudios Defense Priorities, describió la lógica subyacente en una carta al Financial Times este mes, con inusual franqueza:
A diferencia de sus predecesores, que se dedicaban al habitual postureo ético sobre la importancia de la democracia y el respeto a los derechos humanos, Trump es descaradamente franco sobre sus prioridades. La democracia no es una de ellas... Que esos socios gobiernen a su pueblo con dureza, encarcelen a disidentes o incurran en prácticas corruptas le resulta, francamente, irrelevante. Lo que más importa es una cooperación sin trabas, es más, una subordinación directa al poder estadounidense.
Esta subordinación se mide en barriles de petróleo.
El subsecretario de Energía de EE.UU., Kyle Haustveit, le dijo a una audiencia en Houston el 18 de agosto que aproximadamente la mitad de la producción venezolana —“más de 500.000 barriles” diarios de un total de unos 1,25 millones— fluye ahora hacia refinerías estadounidenses. “Esta es una hermosa asociación energética”, dijo. “Simplemente no creo que exista una asociación más limpia”.
Su pulcritud consiste en esto: Chevron, Shell, Repsol, Vitol, Trafigura y ahora BP extraen crudo venezolano a tasas por debajo del mercado, depositan las ganancias en una cuenta del Tesoro de EE.UU., y lo revenden con ganancias: más de 140 millones de barriles este año.
Hunt Oil —enriquecida mediante contratos de la era Bush en el Kurdistán iraquí ocupado— ha obtenido concesiones en los campos Caro y Carisito. SLB ha asegurado el acceso a toda la base de datos de yacimientos petroleros de PDVSA. Crossover Energy, creada en 2022 sin trayectoria en el sector energético, está cerca de finalizar acuerdos para operar campos venezolanos. Todo esto avanza bajo una Ley de Hidrocarburos nueva que le entregó a empresas privadas el control operativo y las ventas.
El propósito estratégico va mucho más allá de las ganancias corporativas. China era anteriormente el mayor cliente de Venezuela, recibiendo hasta 746.000 barriles diarios. Para febrero de 2026, los datos de rastreo mostraban exportaciones nulas hacia China, dejando varados los pagos sobre unos 10.000 a 15.000 millones de dólares en préstamos de Caracas. Esto se entrelaza con la guerra contra Irán, donde las importaciones chinas han caído de 1,4 millones de barriles diarios antes de la guerra a aproximadamente 600.000. Entre ambos, China está recibiendo hasta 1,6 millones de barriles diarios menos que hace un año, cerca del 10 por ciento de su consumo diario. Sus volúmenes totales de importación de petróleo han caído un 13,2 por ciento hasta julio.
La geopolítica aparece inscrita en las propias licencias del Tesoro de EE.UU., como aquellas que cubren las telecomunicaciones venezolanas y prohíben “cualquier transacción que involucre a una persona ubicada en la Federación de Rusia, la República Islámica de Irán, la República Popular Democrática de Corea, la República de Cuba, la República Popular China”.
La radiodifusora estatal venezolana CANTV ha dependido durante décadas de equipos chinos. En ese vacío, Starlink, de Elon Musk, activó servicios gratuitos de internet durante el terremoto, y ha iniciado conversaciones con la agencia estatal de telecomunicaciones, CONATEL.
Este es el modelo que Trump y sus funcionarios promueven para su política hemisférica y mundial: un control semicolonial descarnado para las corporaciones estadounidenses, y el debilitamiento de los intereses de los rivales geopolíticos, en particular China.
Sin embargo, lejos del triunfalismo expresado por los funcionarios de Trump y por DePetris en el Financial Times, el saqueo abierto de Venezuela, la guerra contra Irán, la guerra comercial contra Canadá y el asalto contra los derechos democráticos dentro de Estados Unidos son expresiones, no de fortaleza, sino de una crisis cada vez más profunda del imperialismo estadounidense y mundial. Toda guerra que Washington ha lanzado en un cuarto de siglo ha terminado en un desastre estratégico, de Irak a Afganistán y Libia.
En cada caso, prometieron una victoria rápida y decisiva. El capitalismo estadounidense, cargado de deudas récord, una base industrial que se reduce y una divisa que pierde su posición privilegiada, recurre al saqueo precisamente porque ya no puede competir.
Las contradicciones del arreglo que hoy se impone son explosivas. Su rentabilidad depende de la mano de obra barata y la austeridad social, lo cual significa que los trabajadores venezolanos deben seguir siendo pobres. En este contexto, los chavistas, cuya única función restante era contener a la clase obrera bajo la bandera del antiimperialismo, administran ahora abiertamente el país en nombre de Washington, y ya no pueden posar de manera creíble como otra cosa que como títeres de EE.UU.
La oposición no ofrece nada distinto porque nunca fue distinta. Ambas facciones compiten por posicionarse dentro de un arreglo cuyos términos se fijan en Washington, y los trabajadores no pueden confiar en ninguna de las dos.
Toda ocupación anterior en la región terminó enfrentándose a una resistencia de masas desde abajo, y la erupción de la clase obrera venezolana encontrará su contraparte en Estados Unidos, donde ambos partidos de la clase dominante y sus guerras interminables son profundamente odiados.
La respuesta es la movilización política independiente de la clase obrera a nivel internacional, sobre la base de un programa socialista, contra el sistema imperialista que ha convertido al peor desastre natural de un país en 125 años en una oportunidad para su desmembramiento.
(Artículo publicado originalmente en inglés el 26/08/2026).
