Cinco días después de que la administración Trump anunciara que el Pentágono había adquirido una participación accionaria en los yacimientos petroleros venezolanos, ningún político, periódico ni comentarista jurídico estadounidense ha abordado directamente la pregunta más fundamental que el acuerdo plantea a nivel interno: qué significa esto para la subordinación constitucional de las fuerzas armadas a la autoridad civil.

Como advirtió el World Socialist Web Site el lunes:

Las implicaciones dentro de Estados Unidos no son menos peligrosas. Las fuerzas armadas están constitucionalmente subordinadas a la autoridad civil y dependen de las asignaciones del Congreso. Un Pentágono que acumula participaciones accionarias y activos generadores de ingresos en el exterior adquiere sus propios intereses económicos directos, y un grado de autonomía institucional que la estructura constitucional fue diseñada para impedir. Las guerras de saqueo se financiarán y se dirigirán fuera del alcance de las formas democráticas que aún sobreviven en Washington.

La declaración pública que más se acercó a abordar el problema fue la del senador Jack Reed, de Rhode Island, principal demócrata en el Comité de Servicios Armados del Senado. “El presidente Trump está abusando de sus poderes como comandante en jefe y erosionando el papel adecuado del ejército en la democracia estadounidense”, dijo Reed, planteando la pregunta de si las fuerzas estadounidenses se usarán para asegurar activos petroleros en los cuales el Pentágono ahora tiene un interés financiero.

Su propuesta, sin embargo, carecía de sustancia. Reed concluyó exigiendo una “rendición de cuentas completa” sobre la autoridad legal y los términos financieros: una solicitud de documentos dirigida a los mismos funcionarios a quienes acababa de acusar de abuso de poder. No propuso ninguna legislación, citación ni restricción de fondos, ni mucho menos un proceso de destitución por una flagrante violación constitucional.

Reed describió el arreglo como un “experimento equivocado”, el cual atribuyó enteramente a Trump y al secretario de Guerra, Pete Hegseth, como individuos, mientras exoneraba a la institución.

Otros dijeron menos. El senador demócrata Chris Van Hollen lo calificó de incumplimiento del deber constitucional, pero lo enmarcó como que Trump arriesgaba la vida de los soldados por sus “amigos multimillonarios”. El resto de los legisladores que se pronunciaron se limitaron a solicitar más información.

Tras décadas de declive del poder económico, el establishment político considera necesaria una dictadura militar y guerras de saqueo para asegurar los recursos destinados al propio ejército, a medida que aumentan las restricciones financieras sobre la deuda federal y crece el sentimiento popular contra la guerra.

Lo que la Casa Blanca reveló

El lunes, antes de un viaje del secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, a Venezuela, la Casa Blanca emitió una ficha informativa que hizo explícitos los términos por primera vez. Son incluso más abiertamente ilegales de lo que sugerían los reportajes iniciales.

Las autoridades interinas de Venezuela le han otorgado a North American Blue Energy Partners (NABEP), una empresa privada propiedad del empresario venezolano Alejandro Betancourt, concesiones por 100 años sobre 17 yacimientos petroleros que contienen aproximadamente 65.000 millones de barriles, cerca de una quinta parte de las reservas probadas de Venezuela.

La Oficina de Capital Estratégico del Pentágono recibe una participación accionaria del 35 por ciento en NABEP. El Departamento de Estado recibe el derecho a comprar el 20 por ciento de la producción a costo de producción, además del derecho de primera opción de compra sobre el 80 por ciento restante. El gobierno de EE.UU. tiene poder de veto sobre cada nombramiento en la junta directiva, y la mayoría de los directores debe ser de ciudadanía estadounidense. El acuerdo fue firmado por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y el secretario de Estado, Marco Rubio, y “se rige por la ley de EE.UU. y está sujeto a la jurisdicción de los tribunales estadounidenses”.

El acuerdo ha envalentonado a Chevron, cuyos funcionarios viajaron a Caracas el miércoles para anunciar, junto al secretario de Energía Wright, planes para duplicar la producción petrolera de la empresa estadounidense en Venezuela.

La ficha informativa de la Casa Blanca se jacta abiertamente de que Trump ha restablecido la Doctrina Monroe, purgando la influencia extranjera de “nuestro patio trasero” y asegurando que el dominio estadounidense en el hemisferio nunca vuelva a ser cuestionado. Se regodea en el hecho de que la mayoría de los yacimientos eran operados anteriormente por empresas rusas y chinas.

En redes sociales, Trump extendió aún más la amenaza, publicando que el acuerdo pone a “Canadá sobre aviso”, y diciéndoles a los periodistas, sobre las reservas de Venezuela: “vamos a quedarnos con todo eso”.

La ilegalidad es innegable en tres niveles. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, describió un proyecto de 25 años, conforme al artículo 35 de la Ley de Hidrocarburos reformada de Venezuela, aprobada tras la captura estadounidense del presidente Nicolás Maduro en enero. Pero la Casa Blanca dice 100 años, contraviniendo el propio estatuto bajo el cual supuestamente opera el acuerdo.

Según el derecho internacional, la coacción es clara. La Corte Internacional de Justicia sostuvo, en el caso Jurisdicción sobre Pesquerías, que un acuerdo concluido bajo la amenaza o el uso de la fuerza es nulo, y la propia ficha informativa de la Casa Blanca nombra a la invasión de enero, “Operación Resolución Absoluta”, como la condición habilitante.

Mientras tanto, EE.UU. continúa su acumulación militar en el vecindario inmediato. El jueves, el comandante del Comando Sur, general Francis Donovan, se reunió con los ministros de Defensa de Colombia y Ecuador, en Ecuador, acordando avanzar más allá de las operaciones episódicas hacia misiones combinadas sostenidas a lo largo de la frontera de ambos países.

Y en cuanto al derecho estadounidense, la administración se ha contradicho públicamente. El sábado, el portavoz principal del Pentágono, Sean Parnell, declaró que la Oficina de Capital Estratégico no tendrá acciones en en empresas privadas. El documento de la Casa Blanca del lunes dice que sí lo ha hecho. Escribiendo en Responsible Statecraft, Orlando Pérez señaló que la autoridad estatutaria de la oficina se limita a préstamos y garantías para cadenas de suministro nacionales, y no se extiende a la adquisición de participaciones extranjeras ni a la producción petrolera en la fase inicial. Los acuerdos fueron aprobados por el subsecretario de Defensa, Stephen Feinberg, un ejecutivo multimillonario designado por Trump.

Sin embargo, nadie ha abordado las inmensas implicaciones constitucionales. El artículo I, sección 9, establece que no se extraerá dinero alguno del Tesoro salvo mediante asignaciones establecidas por ley. Este es el mecanismo a través del cual una legislatura electa controla a un ejército permanente, la razón por la cual los redactores de la Constitución, que temían exactamente esto, limitaron las asignaciones militares a dos años. Un Pentágono que posee participaciones accionarias, cobra dividendos y ejerce derechos para reclamar la producción de empresas extranjeras posee ingresos que el Congreso no asignó y que no puede retener.

El silencio se extiende más allá de los políticos. Un análisis legal detallado del experto en derecho internacional Edmarverson Santos examinó el derecho constitucional venezolano artículo por artículo, la soberanía permanente sobre los recursos naturales, la validez de los tratados y la coacción, y tocó dos veces la cuestión de la propiedad directa del gobierno estadounidense, sin preguntarse ni una sola vez qué significa esto para el orden constitucional estadounidense. Mining.com publicó sobre las implicaciones legales del acuerdo sin mencionarlo. PBS entrevistó a Francisco Monaldi, de la Universidad Rice, sobre los obstáculos que enfrenta el arreglo, sin ninguna referencia a la propiedad o los ingresos del Pentágono.

En una etapa temprana de esta erosión de la autoridad civil sobre el ejército, el presidente Dwight D. Eisenhower advirtió en su discurso de despedida que el establecimiento de una industria armamentista a gran escala había dado lugar a un “complejo militar-industrial”.

Hoy, el masivo complejo financiero-militar resultaría irreconocible para Eisenhower. Sin embargo, se guarda silencio cuando la oligarquía financiera y el Pentágono se reparten directamente el botín, con la familia Trump obteniendo su tajada.

El World Socialist Web Site ha documentado sistemáticamente esta erosión de la autoridad civil y la integración del ejército con la élite corporativo-financiera. En 2002, el artículo de Patrick Martin sobre el caso Crusader identificó “el papel cada vez más descarado de la élite militar y corporativa a la hora de dictar las políticas del gobierno de EE.UU.”. En 2006, Bill Van Auken informó cómo un coronel de la Fuerza Aérea reprendió públicamente a un magistrado de la Corte Suprema por Guantánamo, una expresión contundente de “el asalto cada vez más profundo contra el principio constitucional de subordinación de las fuerzas armadas al gobierno civil”.

En octubre de 2017, después de que Trump instalara a tres generales —Kelly, McMaster y Mattis— en puestos clave del gabinete, el WSWS preguntó si se necesitaría un golpe de Estado del todo para instalar un régimen militar, en un país cuya dirigencia civil ni siquiera sabe dónde opera su ejército, ni se atreve a preguntarlo. Los demócratas, entonces como ahora, atacaron a Trump desde la derecha, elogiando a los generales como “los adultos”.

En junio de 2020, el Partido Socialista por la Igualdad declaró que Trump intentaba perpetrar un golpe de Estado contra la Constitución, para establecer una dictadura presidencial apoyada en el ejército y la policía. En noviembre de 2020, el WSWS documentó cómo llenaba el Pentágono de leales; en agosto de 2024 advirtió que la participación militar en un golpe de Estado por una elección disputada era un peligro real e inminente. Hoy, la ocupación de la Guardia Nacional en Washington D.C., que comenzó con 800 tropas, supera ahora las 5.000, provenientes de estados gobernados por republicanos, autorizada hasta el 20 de enero de 2029.

El acuerdo de Venezuela es donde convergen estas líneas. Las guerras de saqueo se financian y se dirigen ahora fuera del alcance de las formas democráticas que aún sobreviven en Washington.

Reed no puede nombrar el peligro sin incriminar a su propio partido, que ha pasado una década presentando al aparato de seguridad nacional como la última defensa de la democracia frente a Trump. Como escribió Barry Grey tras la elección robada de 2000:

La indecorosa premura con que todo el establishment político se apresura a dejar atrás la crisis electoral da testimonio de la fragilidad del sistema político y de la profundidad de la crisis de la sociedad estadounidense. Al final, el estancamiento reveló la ausencia, dentro de la élite gobernante, de cualquier base significativa a favor de una adjudicación democrática de la elección presidencial. La defensa de los derechos democráticos, que se convertirá cada vez más en una cuestión de masas en Estados Unidos, recae directamente sobre las decenas de millones de trabajadores que durante tanto tiempo han sido efectivamente excluidos del proceso político, monopolizado como está por dos partidos controlados por la oligarquía corporativa y financiera.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 02/09/2026).