El gobierno de Keiko Fujimori ha solicitado al Congreso la delegación de facultades legislativas extraordinarias, el mecanismo mediante el cual el Ejecutivo puede legislar por decreto sin debate parlamentario.

Un foro convocado el 3 de setiembre por el senador Jaime Quito y la primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Analí Márquez Huanca, reunió a dirigentes sindicales y supuestos “ideólogos de izquierda” para rechazar la solicitud. Ambos legisladores pertenecen al partido nacionalista de “izquierda” Juntos por el Perú (JP), y Márquez fue compañera de fórmula del candidato de JP, Roberto Sánchez, en las últimas elecciones.

Los asistentes advirtieron que, si la solicitud avanza, se desatará una nueva ola de precarización laboral (caracterizada por el empleo inestable, los bajos salarios, protecciones sociales mínimas o inexistentes y malas condiciones de trabajo) comparable a la “flexibilización” de los años 90, que empobrecerá aún más a los trabajadores y erosionará los ya debilitados sindicatos. La conclusión unánime fue el rechazo total a la solicitud y el llamado a una “resistencia unitaria” en las calles.

La advertencia sobre el contenido de la solicitud es correcta. Sin embargo, los trabajadores deben estar prevenidos de que este discurso unitario oculta que ni los parlamentarios que convocaron el foro ni la burocracia sindical que participa en él representan una vía de avance contra las políticas de Fujimori.

Su función objetiva no es derrotar la ofensiva del gobierno, sino canalizar la oposición de la clase trabajadora hacia el marco institucional del Estado capitalista, precisamente en el momento en que la clase dominante se prepara para descargar el peso de la crisis sobre los trabajadores.

La solicitud no es un hecho aislado

El pedido de facultades legislativas representa la aplicación directa del programa que Fujimori anunció el 28 de julio en su discurso de asunción. Allí declaró dos “frentes de emergencia nacional” y anunció que recurriría a “recursos extraordinarios”, decretos de urgencia y facultades extraordinarias delegadas por el Congreso. El núcleo político real de aquel discurso —como señaló entonces el World Socialist Web Site— era la concentración del poder ejecutivo por fuera de todo control parlamentario y la intensificación de la represión contra la clase trabajadora. La solicitud actual es el primer paso concreto de esa concentración.

Forma parte de una ofensiva más amplia de la oligarquía financiera peruana y del imperialismo estadounidense para profundizar la explotación de la clase trabajadora y transferir aún más riqueza a los grupos de poder económico. Keiko Fujimori, representante directa de los intereses del gran capital y del aparato militar que sostuvo la dictadura de su padre, Alberto Fujimori, busca consolidar un régimen de precarización laboral que permita a las empresas maximizar sus ganancias a costa de los salarios, las condiciones de trabajo y los derechos democráticos de los trabajadores.

En ese mismo discurso de asunción, Fujimori planteó abiertamente los términos de la operación: “Queremos mejores salarios, pero también empresas sostenibles y más empleos formales”.

Traducido del lenguaje burgués significa: queremos que los trabajadores acepten migajas mientras el capital mantiene sus tasas de ganancia. El aumento del salario mínimo mensual a 1.300 soles (US$388) que anunció queda muy por debajo de la canasta básica familiar de 1.848 soles (US$551), mientras el empleo informal abarca a más del 72 por ciento de la fuerza laboral peruana, con ingresos promedio en pequeñas empresas de 858 soles (US$256) mensuales.

La “flexibilización” de los años 90, implementada bajo el fujimorismo original con el apoyo del FMI y el Banco Mundial, destruyó millones de puestos de trabajo estables y sumió a la clase trabajadora peruana en la informalidad y la miseria. Su marco legal —la Constitución de 1993, impuesta por la dictadura y que ningún gobierno posterior modificó en lo sustancial— sigue vigente. La nueva ofensiva busca completar ese trabajo, eliminando los pocos derechos laborales que subsisten.

La trayectoria de clase de los convocantes

El senador Jaime Quito Sarmiento es un abogado y político arequipeño cuya carrera ha transcurrido enteramente dentro del aparato estatal y los partidos del establishment. Elegido inicialmente como congresista por Perú Libre en 2021, aprovechando el arrastre del entonces presidente Pedro Castillo, ahora milita en Juntos por el Perú. Su carrera política no ha tenido ninguna vinculación orgánica con el movimiento obrero.

Analí Márquez Huanca, diputada por Cusco, tiene una trayectoria similar: cargos administrativos en gobiernos locales de Cusco y Lima, y una carrera dentro de la gestión pública del Estado.

Ninguno de estos parlamentarios tiene un programa socialista ni una trayectoria de lucha junto a los trabajadores. Su iniciativa de convocar un foro “en defensa de los derechos laborales” busca únicamente aparentar que hablan en nombre de los trabajadores, mientras subordinan cualquier movilización a los intereses de los partidos nacionalistas burgueses que representan.

Esa orientación no es una cuestión meramente de biografías individuales. Juntos por el Perú es el partido de Roberto Sánchez, ministro durante todo el gobierno de Castillo y candidato presidencial en 2026, cuya campaña repitió punto por punto la capitulación anticipada de Castillo —la ratificación del derechista Julio Velarde al frente del Banco Central, la promesa de no ser “ni comunista ni estatista”— y cuya derrota entregó la presidencia a Keiko Fujimori.

Perú Libre llevó a Castillo al poder en 2021 sobre una ola de revuelta rural y obrera. A los cuatro días de gobierno, envió a su primer ministro a poner fin a una huelga campesina contra la minera Las Bambas. Finalmente, la represión dejó 16 heridos por disparos policiales. Estos son los partidos que hoy se ofrecen como conductores de la “resistencia unitaria”.

La burocracia sindical: correa de transmisión del Estado capitalista

La central sindical se pronunció formalmente. En el foro del 3 de setiembre en el Congreso, titulado “Paquetazo Antilaboral”, la exposición central estuvo a cargo de Gustavo Minaya, secretario general adjunto de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), quien sostuvo que la formalización laboral no puede construirse reduciendo derechos y planteó que el pedido sea rechazado por la Cámara de Diputados.

La CGTP cerró llamando a la unidad de la clase trabajadora en defensa de los derechos laborales conquistados. Conviene detenerse en lo que esto significa en la práctica. Frente a un gobierno que exige poderes para legislar por decreto, la única medida que propone la dirección de la CGTP es que los diputados voten en contra, es decir, una apelación a la misma Cámara donde el fujimorismo y sus aliados tienen la mayoría y que aprobó, semanas antes de la elección, la ley que traslada los crímenes cometidos por policías y militares a tribunales militares.

No se convoca a ninguna acción industrial, ni a una huelga, ni a la organización de los trabajadores en los centros de trabajo. El llamado a la “unidad de la clase trabajadora” queda sin contenido: es unidad detrás de una maniobra parlamentaria.

Esa misma burocracia sindical ha demostrado repetidamente su función de contener la lucha de clases. En Perú, como en el resto del mundo, las direcciones sindicales han sido absorbidas por el Estado capitalista y actúan como correa de transmisión de los intereses de la oligarquía y el imperialismo.

Estas direcciones negocian contratos que fijan el precio de la fuerza de trabajo dentro del marco capitalista, garantizando la disciplina laboral y la extracción de plusvalía. Su función objetiva es mantener la explotación dentro de límites “aceptables” para el sistema, no defender los intereses de los trabajadores. Cuando la presión de las bases se vuelve incontrolable, estas direcciones canalizan el descontento hacia callejones sin salida: marchas simbólicas, declaraciones vacías y acuerdos traicioneros con el gobierno y los empresarios.

La prueba más reciente y sangrienta es el levantamiento popular de diciembre de 2022 a marzo de 2023, cuando amplias masas de trabajadores y campesinos —sobre todo del sur andino— salieron a las calles contra el régimen de Dina Boluarte y fueron respondidas con al menos 70 manifestantes asesinados por la policía y las Fuerzas Armadas. Lejos de convocar una acción industrial que hubiera podido paralizar al país, la burocracia sindical desvió el movimiento hacia la consigna de “elecciones adelantadas” y una asamblea constituyente, es decir, de vuelta al mismo aparato estatal que ordenaba la masacre. Ese aparato preparó y entregó las condiciones para el retorno del fujimorismo al Ejecutivo.

La burocracia sindical peruana, que por intereses oportunistas se suma a Perú Libre y a Juntos por el Perú en un foro semejante, no tiene ninguna perspectiva de librar una lucha seria contra el capitalismo ni contra la ofensiva sobre los derechos laborales. Su “unidad” con los parlamentarios nacionalistas burgueses no es más que una maniobra para administrar la crisis del movimiento sindical y evitar que los trabajadores desarrollen una conciencia socialista revolucionaria.

Para librar una lucha genuina contra Fujimori, los trabajadores peruanos necesitan crear comités de base en los centros de trabajo, elegidos democráticamente y revocables en cualquier momento. Estos comités deben organizar la lucha contra la precarización, los despidos y los ataques salariales, rompiendo con la disciplina impuesta por la burocracia sindical, y coordinarse a nivel nacional y entre sectores —minería, industria, transporte, educación, salud— en torno a demandas claras: un salario mínimo indexado al costo real de la canasta familiar, la jornada de ocho horas efectiva, la prohibición de los contratos temporales y el derecho a la organización sin represalias.

Esta lucha no puede detenerse en las fronteras nacionales. Los mismos conglomerados mineros y financieros que explotan a los trabajadores peruanos explotan a los trabajadores de Chile, Brasil, México y Estados Unidos, y el megapuerto de Chancay ha convertido al Perú en un campo de batalla de la rivalidad entre el imperialismo estadounidense y China. Por eso los comités de base deben vincularse a la Alianza Obrera Internacional de Comités de Base (AOI-CB), fundada por el Comité Internacional de la Cuarta Internacional (CICI), para unificar las luchas de los trabajadores a escala mundial.

La lucha contra la ofensiva del gobierno de Fujimori no puede limitarse a defender los derechos laborales dentro del capitalismo. La única salida es la expropiación de la oligarquía financiera peruana —los 17 clanes familiares que acumulan 35.000 millones de dólares— y de las corporaciones multinacionales que explotan los recursos del país, la planificación socialista de la economía y la redistribución de la riqueza bajo control de los trabajadores. Esto requiere una perspectiva internacionalista: la clase trabajadora peruana es parte de la lucha global contra el capitalismo y el imperialismo, y su emancipación está ligada a la victoria del socialismo a escala mundial.

Ante todo, la clase trabajadora peruana necesita su propio partido revolucionario, independiente de la burguesía y de todas las variantes del nacionalismo pequeñoburgués: una sección del Comité Internacional de la Cuarta Internacional.

El World Socialist Web Site llama a los trabajadores peruanos a romper con la burocracia sindical y los partidos capitalistas, a construir comités de base independientes y a orientarse hacia un programa socialista revolucionario. Solo así podrán derrotar la ofensiva de Keiko Fujimori y abrir el camino hacia una sociedad sin explotación ni opresión.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 9 de septiembre de 2026)