En una entrevista con Reuters publicada el 4 de septiembre, la presidenta costarricense, Laura Fernández, declaró que las operaciones terrestres de Estados Unidos en suelo costarricense “obviamente serían muy buenas para la seguridad nacional, si se tratara de perseguir un objetivo común contra el crimen transnacional, el narcotráfico transnacional, el terrorismo transnacional”.

Reveló que Washington había planteado el asunto meses antes, y que ella había explicado los canales legales requeridos. Actualmente no está en marcha ninguna operación, añadió.

Setenta y siete años después de que el Estado costarricense aboliera su ejército, su jefa de Estado invita a un ejército extranjero a suelo nacional.

Tres días después, Trump publicó en Truth Social un mapa alterado en el cual la bandera de EE.UU. cubre América del Norte y Central, Groenlandia, Islandia, Cuba y Jamaica, con el pie de foto “United States of America”. San José no dijo nada.

Las conversaciones referidas probablemente tuvieron lugar en el complejo de golf de Trump en Doral, donde el aspirante a Führer estadounidense lanzó el “Escudo de las Américas”, o Coalición de las Américas contra los Cárteles, ante 12 jefes de Estado, incluidos el saliente presidente costarricense, Rodrigo Chaves, y Fernández, entonces presidenta electa. Trump declaró en el evento:

El corazón de nuestro acuerdo es un compromiso de usar fuerza militar letal para destruir de una vez por todas a los cárteles siniestros y a las redes terroristas... Vamos a usar misiles... extremadamente precisos. Pum, directo a la sala de estar.

El lanzamiento ha abierto las compuertas para una vasta expansión de las operaciones militares terrestres de EE.UU.

Ya, desde septiembre de 2025, el ejército estadounidense ha llevado a cabo al menos 68 ataques contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental, matando al menos a 230 personas sin cargos ni juicios. Y el 3 de enero, atacó Caracas y secuestró al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, trasladándolos por avión a Nueva York, donde permanecen encarcelados a la espera de un juicio estadounidense.

Luego, tras la cumbre Escudo de las Américas, el 18 de junio, el Comando Sur de EE.UU. ejecutó a Héctor Guerrero Flores, presunto jefe del Tren de Aragua, en un ataque aéreo contra el Arco Minero del Orinoco que también bombardeó a mineros de oro informales. Trump anunció el “ataque cinético letal” con un video de 10 segundos de un edificio destruido desde el aire.

Seis días después, dos terremotos mataron a más de 1.700 venezolanos. Washington respondió desplegando a más de 900 efectivos militares estadounidenses, mientras comprometía unos 2.000 para operaciones terrestres, aéreas y marítimas. La Fuerza Aérea de EE.UU. tomó el control del tráfico aéreo y la seguridad en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, mientras el buque de guerra USS Fort Lauderdale atracaba en La Guaira como un “nodo de mando y control”.

En agosto, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, anunció que Colombia, Honduras y Guatemala habían acordado operaciones conjuntas con EE.UU. en sus territorios, lo cual fue seguido por un acuerdo formal con Colombia y Ecuador para operaciones terrestres estadounidenses sostenidas.

El fin de la “democracia desarmada”

La desmilitarización de Costa Rica nunca fue un logro moral, sino un acuerdo táctico impuesto por una facción de la élite gobernante al cierre de la guerra civil de 1948.

José Figueres, respaldado por un sector de la oligarquía cafetalera y una fuerza mercenaria financiada desde el exterior, derrocó al gobierno de Rafael Ángel Calderón Guardia, que se apoyaba en una alianza con el estalinista Partido Vanguardia Popular, de Manuel Mora. Tras aplastar a las organizaciones obreras, Figueres disolvió el ejército por decreto el 1 de diciembre de 1948; la prohibición se formalizó en el artículo 12 de la Constitución de 1949.

La medida desarmó a las derrotadas fuerzas calderonistas y estalinistas, y liberó a Figueres de obligaciones hacia patrocinadores que ya no necesitaba.

Sobre todo, colocó la defensa externa bajo el Tratado de Río, es decir, bajo el Pentágono, liberando ingresos para el gasto social, con lo que compró una relativa paz en el conflicto de clases durante dos generaciones, y le ahorró a la burguesía las guerras civiles y los golpes militares patrocinados por EE.UU. que devastaron a sus vecinos.

Todo elemento de ese arreglo ha sido liquidado, salvo uno. El Estado de bienestar ha desaparecido, desmantelado por tres décadas de austeridad. Lo que queda es la dependencia en Washington, la cual ahora amenaza con convertirse en una presencia armada directa.

Incluso en la década de 1980, cuando el territorio costarricense sirvió para entrenar y abastecer a los terroristas de la Contra de la CIA contra Nicaragua, la operación fue clandestina: Reagan estaba eludiendo al Congreso, recurriendo a los vínculos de Irán-Contra y a los cárteles de la droga para armar a la Contra.

La Constitución costarricense reserva a la Asamblea Legislativa la facultad de autorizar el ingreso de tropas extranjeras, requiriendo la aprobación de 38 de los 57 diputados. El Partido Pueblo Soberano (PPSO) de Fernández tiene 31; sin embargo, Trump y sus títeres en toda la región están sentando el precedente de simplemente pasar por alto tales restricciones legales.

La subordinación a Washington está siendo acelerada por la reestructuración del capital estadounidense para la guerra contra China. Costa Rica ha sido una beneficiaria principal de la fuga de la manufactura desde Asia: la inversión extranjera directa alcanzó los 5.120 millones de dólares en 2025, un segundo récord consecutivo, el 54,8 por ciento proveniente de Estados Unidos y el 66,4 por ciento destinado a zonas francas.

Los flujos de entrada elevaron el colón y mantuvieron la inflación cerca de cero, mientras convertían a Costa Rica en uno de los países más caros de la región. Este proceso está comenzando a revertirse, a medida que las empresas buscan mano de obra más barata en otros lugares. El fabricante de chips Intel cerró su planta en 2025. Viant Medical recortó 900 empleos en enero. En febrero, Amazon redujo a la mitad su fuerza laboral comprometida, de 16.450 a 8.225.

Mientras entran miles de millones, el Estado es hambreado por diseño. El gasto en educación cayó al 4,9 por ciento del PIB en 2025, frente al piso constitucional del 8 por ciento, la contracción más profunda en 40 años, mientras se alargan las listas de espera hospitalarias y las familias pagan de su bolsillo por salud y educación.

Además, el plan fiscal respaldado por el FMI elevaría el impuesto al valor agregado sobre la canasta básica de alimentos, del 1 al 13 por ciento. Las exenciones a las zonas francas —1.500 millones de dólares al año, más que los presupuestos combinados del poder judicial, obras públicas y seguridad pública— permanecen intocables. “No vamos a tocar las zonas francas”, declaró Chaves.

La misma lógica impulsa el proyecto de explotación de oro de Crucitas, que subastaría 84.800 hectáreas de tierra aurífera —283 veces el tamaño de un proyecto bloqueado tras una lucha de una década en 2010— a cambio de una regalía del 5 por ciento.

En este contexto, y ante la oposición popular de masas a las operaciones militares, los medios internacionales y locales han lanzado una andanada de reportajes que describen a un país arrasado por el crimen, para preparar el terreno. El 26 de agosto, el Wall Street Journal informó que los homicidios habían subido un 50 por ciento desde 2020. Desde su apertura en 2019, el puerto de contenedores de Moín, de APM Terminals, en Limón, Costa Rica, ha sido designado por el Departamento de Estado de EE.UU. como el “principal punto de trasbordo de cocaína” hacia EE.UU. y Europa.

Nada de esta propaganda se molesta en explicar el porqué. Con el empleo informal en el 37,7 por ciento y la inversión social en su nivel más bajo en 15 años, los cárteles reclutan del ejército de reserva laboral de jóvenes que las zonas francas y los servicios gubernamentales achicados no necesitan.

La respuesta de Fernández a la crisis que creó su clase es la dictadura. Ha acusado a la Sala Constitucional de un “golpe de Estado” por impedirle reemplazar jueces, y advirtió que desacataría futuros fallos. Su administración también presentó una denuncia penal contra ellos, y le recortó al poder judicial 35.330 millones de colones (78,5 millones de dólares), provocando protestas masivas el 6 de agosto.

El Decreto 45870, publicado sin anuncio el 10 de agosto, impone un “secreto de Estado” general sobre los archivos, contratos y operaciones de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) y la “Fuerza de Élite” policial, lo cual suscita temores bien fundados de compras encubiertas de programas espía como Pegasus. Chaves, ahora ministro de la Presidencia y jefe de la DIS, planea desplegar tecnología del Mosad israelí.

El ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, refiriéndose a reuniones de organizaciones de izquierda, advirtió: “Los tenemos identificados”.

El giro hacia la dictadura y la subordinación cada vez mayor a Trump han avanzado al mismo ritmo. En marzo, el gobierno acordó recibir a 25 deportados por semana desde Estados Unidos.

En abril designó a Hamás, Hezbolá, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Iraní y Ansar Alá como organizaciones terroristas, criminalizando la oposición a la guerra imperialista. El mes anterior, la policía detuvo a la coordinadora del Movimiento Costarricense de Solidaridad con Palestina, Tatiana Gamboa Freer, bajo acusaciones espurias de amenazar a Chaves y Fernández en redes sociales. En julio, Costa Rica deportó al trabajador palestino-español Nader Abuawad Abuadeh, sin ofrecer más evidencia de vínculos con Hamás que su origen nacional.

Ninguna sección de la oposición ofrece una defensa contra estos ataques. El Frente Amplio, históricamente vinculado a la estalinista Vanguardia Popular, entró a las elecciones de 2026 en un bloque de facto con el oligárquico Partido Liberación Nacional y Agenda Ciudadana —los partidos que impusieron la austeridad del FMI, construyeron el régimen de zonas francas y firmaron los acuerdos de seguridad que Fernández ahora extiende.

Tras pasar décadas suprimiendo la lucha de clases, denuncian la militarización que ellos mismos prepararon como un asalto a las “instituciones democráticas”, ofreciéndoles a los trabajadores solo apelaciones ante los tribunales.

El blanco no son los cárteles. Por un lado, Costa Rica fue el primer Estado centroamericano en reconocer a Beijing en lugar de a Taipéi, en 2007, abriendo una ola de reconocimientos que Washington ahora se propone revertir por la fuerza.

De manera más fundamental, la infraestructura que se está ensamblando en todo el hemisferio —fuerzas de tarea conjuntas, policía secreta, tropas extranjeras en suelo nacional— está dirigida, como en la era de la Operación Cóndor, contra una clase obrera mucho más grande, más urbana y más interconectada que aquella reprimida en la década de 1970.

Los trabajadores costarricenses solo pueden defenderse rompiendo con toda facción del establishment político capitalista, y uniéndose con los trabajadores de Estados Unidos y de las Américas sobre la base de un programa socialista, a través de la construcción de una sección del Comité Internacional de la Cuarta Internacional.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 14/09/2026).