El 11 de septiembre, el gobierno de Bernardo Arévalo desplegó al Ejército de Guatemala junto con la Policía Nacional Civil para desmantelar los bloqueos contra el disparado precio de los combustibles, dándoles a los manifestantes 30 minutos para dispersarse.

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, declaró que las protestas habían “mutado de manifestaciones a actos delictivos”. Cualquiera que bloqueara una carretera sería “detenido y puesto a disposición de los tribunales”, con sus vehículos confiscados.

El ministro de Defensa, Henry Sáenz, fue más lejos. “No estamos hablando de manifestaciones”, dijo. “Estamos hablando de actividades coordinadas con intereses muy oscuros”. Se movilizaron tres fuerzas de tarea del ejército y 23 mandos operativos.

En su punto máximo ese día, se reportaron 14 bloqueos en 10 de los 22 departamentos de Guatemala. La Corte de Constitucionalidad ordenó despejar las carreteras en un plazo de seis horas, bajo amenaza de despedir a los funcionarios que no cumplieran.

Cerraron el Periférico en Bethania, en la capital, la carretera al Atlántico, la CA-2 Occidente en Cuyotenango, y la CA-9 Norte en Zacapa. Se suspendió la Línea 18 de Transmetro, cortando una ruta de autobús de la que dependen los trabajadores.

Nada se ha resuelto. Se reportó de nuevo un bloqueo el 16 de septiembre, en la CA-1 Occidente, cerca de Huehuetenango.

El consejo comunitario de La Bethania dijo el 13 de septiembre que quizás retomarían las manifestaciones o los bloqueos.

Al día siguiente, la asociación de comerciantes de mercado, grupos de transportistas y organizaciones indígenas (los 28 Cantones y la Alcaldía Indígena de Sololá) lanzaron una ocupación indefinida de la Plaza de la Constitución en Ciudad de Guatemala. “Este 15 de septiembre no hay independencia”, dijo Julio Rivas, de la Asociación de Comerciantes Unidos de Mercados, “porque nos tienen hundidos en una crisis económica y de combustibles”.

Un alza con origen en Washington

Entre el 1 de enero y el 20 de julio, el diésel subió de 24,92 a 39,54 quetzales por galón, un 58,7 por ciento. Para el 16 de septiembre había alcanzado los 50,89 quetzales (6,67 dólares), el precio más alto en la historia de Guatemala. La gasolina regular llegó a 44,09 quetzales (5,79 dólares).

Como resultado, los precios de los alimentos han registrado un aumento importante, con el maíz, el producto básico más importante, subiendo de 550 a 600 quetzales por quintal (100 libras) en apenas tres semanas.

Frente a los salarios, las cifras son devastadoras. El salario mínimo de 2026 es de 4.252 quetzales (557 dólares) al mes; el ingreso mensual promedio es de 2.748 quetzales, y el 65,9 por ciento de los empleados trabaja informalmente, sin contrato ni protección. Los actuales aumentos de precios están resultando en una gran privación.

Guatemala importa todo su combustible, y la causa principal de los aumentos de precios radica en la guerra de EE.UU.-Israel contra Irán, y el colapso del tráfico a través del estrecho de Ormuz, por el cual pasa, en tiempos de paz, una quinta parte del petróleo mundial.

En la primera semana de septiembre, solo diez buques de carga cruzaron el estrecho por día en promedio. El crudo Brent subió un 19 por ciento en un mes, y desde entonces ha superado los 102 dólares por barril.

A los trabajadores guatemaltecos se les está haciendo pagar por una guerra librada al otro lado del mundo por el control del petróleo. Lo mismo ocurre con los trabajadores en todas partes.

En las mismas semanas, los camioneros mexicanos bloquearon varios de los once cruces fronterizos comerciales del norte del país, después de que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EE.UU. les revocara sus visas de trabajo B1.

Los conductores están siendo arruinados por la misma administración cuya guerra contra Irán está elevando los costos de combustible en Guatemala. Estos no son agravios separados, sino una demostración clara del potencial para unir las luchas más allá de las fronteras.

Las protestas en Guatemala, sin embargo, no son socialmente homogéneas. Las cámaras empresariales del transporte exigen exenciones fiscales y subsidios directos: dinero público transferido a los importadores de combustible y a los dueños de autobuses, dejando intacto el mecanismo de precios.

Las dirigencias indígenas que se manifestaban junto a estos organismos exigían lo contrario: medidas contra la especulación con los combustibles, tarifas de transporte congeladas, acción estatal sobre los precios de los alimentos, y medidas contra el acaparamiento. Rechazaron explícitamente los subsidios.

Sectores significativos de la clase obrera se han movilizado a través de sus asociaciones vecinales, y detrás de los comerciantes de mercado y algunas comunidades rurales; sin embargo, la clase obrera todavía no ha intervenido masivamente en la lucha. De manera significativa, las federaciones sindicales no han emitido ningún llamado nacional a la acción, ni ningún llamado a huelga.

Las grandes cámaras empresariales, por su parte, que estiman pérdidas de unos 1.100 millones de quetzales (144 millones de dólares) al día, exigieron que el gobierno utilizara la fuerza y presentara cargos penales contra los organizadores.

El Congreso aprobó un decreto el 8 de septiembre que limitaba el precio del diésel a 39 quetzales. Diez días después, todavía no había entrado en vigor, retenido por objeciones de procedimiento. El debate se postergó al 22 de septiembre.

Arévalo, quien fue elegido postulándose como una respuesta democrática de izquierda a la extrema derecha que avanza por todo el hemisferio, dijo en un discurso televisado el 13 de septiembre que una convergencia de políticos locales, redes de narcotráfico y pandillas está detrás de los bloqueos: “Convergen los intereses electorales espurios de unos y los intereses criminales de otros”.

Alegó que, en Río Hondo, Zacapa, los políticos habían pagado a personas para atender los bloqueos, y describió arreglos similares en Cuyotenango y Villa Nueva. No nombró a nadie ni presentó ninguna evidencia.

La acusación no es un exceso retórico. Guatemala se ha sumado al “Escudo de las Américas” de la administración Trump, lanzado en marzo en torno a un compromiso de “usar fuerza militar letal” contra los cárteles.

Etiquetar a un movimiento de conductores de autobús, camioneros, comerciantes y consejos comunitarios como una operación financiada por el narcotráfico es colocarlo dentro de ese marco, y justificar su represión.

El 19 de mayo, Arévalo habló por teléfono con el secretario de Guerra, Pete Hegseth. El New York Times informó, citando a tres personas familiarizadas con las conversaciones, que había accedido a ataques aéreos estadounidenses y otras acciones militares en suelo guatemalteco. El gobierno lo negó, e insistió en que solo el Congreso guatemalteco puede autorizar tropas extranjeras. Sin embargo, confirmó que el ministro de Defensa, Henry Sáenz, había solicitado la “cooperación” estadounidense.

Ese es el mismo ministro que ahora llama a los trabajadores que bloquean carreteras por el precio del diésel “actividades coordinadas con intereses muy oscuros”. En agosto, Hegseth anunció que el gobierno de Guatemala, junto con los nuevos regímenes de extrema derecha en Colombia y Honduras, había acordado operaciones conjuntas con EE.UU. en sus respectivos territorios.

Los guatemaltecos saben, por experiencia histórica, cuál es el verdadero blanco de tales operaciones.

En 1952, el gobierno civil de Jacobo Árbenz expropió las fincas sin cultivar. United Fruit, que poseía 550.000 acres, de los cuales el 85 por ciento estaban ociosos, y cuyas ganancias anuales duplicaban los ingresos del Estado guatemalteco, perdió más de 400.000 acres.

Bajo la dirección del secretario de Estado, John Foster Dulles, y del director de la CIA, Allen Dulles, quienes tenían negocios con United Fruit, la administración de Dwight D. Eisenhower autorizó la Operación PBSuccess en agosto de 1953 para derrocar a Árbenz. Una invasión orquestada por la CIA, en junio de 1954, instaló al coronel Carlos Castillo Armas como dictador del país, respaldado por EE.UU.

Lo que siguió fueron 36 años de guerra civil y unos 200.000 muertos. La comisión de la verdad respaldada por la ONU le atribuyó al Estado el 93 por ciento de la carnicería, y determinó que había cometido actos de genocidio contra los mayas.

El aparato construido para defender los intereses de United Fruit fue utilizado, década tras década, contra las huelgas, las tomas de tierras y los pueblos del altiplano. Esa es la función histórica de la “cooperación” que sus ministros han solicitado.

La biografía de Arévalo atraviesa este historial. Hijo del presidente Juan José Arévalo (1945-1951), sirvió en la Embajada de Guatemala en Israel de 1984 a 1988, cuando Israel era un proveedor principal de armas para las fuerzas armadas en sus campañas de tierra arrasada contra la población indígena.

Su partido, Semilla, fundado en 2017 a partir de un entorno de ONG vinculadas a Washington, tiene su principal base entre la clase media-alta profesional. Arévalo entró a la segunda vuelta de 2023 con el 15,51 por ciento de los votos de la primera ronda —menos que el 18,17 por ciento de las papeletas anuladas—, y ganó con una participación de apenas el 44,98 por ciento.

Al asumir el cargo, le agradeció a Washington y al ejército por garantizar su investidura.

Los niveles de vida no pueden protegerse presionando al gobierno que ya ha desplegado al ejército contra la población, criminaliza sus protestas e invita al Pentágono a colaborar.

La clase obrera requiere una organización independiente —en Guatemala, México, Estados Unidos y a nivel internacional— contra la guerra y el sistema capitalista que la produce.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 18/09/2026).