Casi a la 1 a.m. del lunes, Bernardo Arévalo fue juramentado como presidente de Guatemala, luego de meses en los que sectores dominantes de la oligarquía capitalista guatemalteca intentaron anular su elección.
Una avalancha de casos legales que alegaban fraude electoral, financiamiento ilegal y otras irregularidades no había producido pruebas contra Arévalo ni su partido, el Movimiento Semilla. Sin embargo, un juez suspendió el registro del partido en noviembre.
El domingo, la inauguración del Congreso estaba programada a las 8 a.m., y su Junta Directiva debía ser seleccionada antes de juramentar al presidente, que estaba planeado para las 2 p.m. El plazo constitucional terminaba a la medianoche.
Esa mañana, la Corte Constitucional reafirmó la suspensión de Semilla, y la Comisión de Credenciales integrada por legisladores salientes retrasó el trámite nueve horas. Ante el temor de que se produjera un golpe de Estado, cientos de simpatizantes se enfrentaron a la policía antidisturbios fuera del Congreso, mientras había trifulcas entre legisladores dentro del edificio.
Después de haber advertido por meses de un “golpe de Estado” en marcha, Arévalo se negó a convocar una movilización popular el domingo y limitó sus llamamientos a que “los diputados” cumplan con su “responsabilidad”.
En la noche, tras contener el conflicto a negociaciones secretas, Semilla no solo logró que el Congreso —controlado por la oposición— reconociera a su facción legislativa, sino que su diputado Samuel Pérez Álvarez fue seleccionado como presidente de la legislatura.
Los conspiradores, respaldados por el Gobierno saliente de Alejandro Giammattei y algunos sectores de la clase dominante estadounidense (el Wall Street Journal promovió sus acusaciones), habían ejercido su control sobre el Estado para bloquear la inauguración de Semilla. Encabezados por la Fiscalía, allanaron el Tribunal Electoral, las oficinas del partido y los hogares de los líderes, secuestraron las urnas originales, emitieron amenazas de muerte, desplegaron pandillas fascistas e incluso arrestaron al ministro del Interior por no usar fuerza letal contra las manifestaciones en octubre.
En este contexto, solo garantías de que podrán controlar ciertas palancas del poder y de que se pasaran por alto al menos algunos esquemas de corrupción podrían haber producido un repliegue temporal como el del domingo por la noche.
Si bien los detalles de los acuerdos permanecen en secreto, no cabe duda de que los derechos democráticos, los millones de niños que pasan hambre y los intereses de la clase trabajadora no fueron tomados en consideración.
La ocasión fue aprovechada por Estados Unidos y otras delegaciones para afirmar que pasaron en velo toda la noche para salvaguardar la democracia en Guatemala. Después de tomarse selfies con funcionarios estadounidenses, Arévalo declaró en su discurso inaugural: “El respaldo de las naciones democráticas del mundo ha sido crucial permitiéndonos estar aquí hoy”.
Sin dormir, Arévalo y su vicepresidenta Karin Herrera asistieron a una inauguración aún más significativa como comandante en jefe del Ejército. En una decisión sin precedentes desde el final de la guerra civil, Arévalo celebró la ceremonia en un lugar abierto a civiles, la Plaza de la Constitución, para presentar a los militares como una fuerza democrática cercana al “pueblo”.
Allí, aplaudió “la actitud exhibida por ustedes y sus comandantes en este período sombrío”, es decir, no unirse al intento de anular la elección. “Quiero destacar que ustedes, como institución, desempeñarán un papel activo y esencial” en su Gobierno, añadió.
Lejos de representar la “democracia”, Arévalo y Semilla son títeres directos y comprados del imperialismo estadounidense, con su jefa directa, la directora de USAID, Samantha Power, encabezando la delegación estadounidense en la inauguración.
Además de amenazas de sanciones económicas, el Gobierno de Biden impuso restricciones de visa a más de 300 funcionarios y líderes empresariales guatemaltecos, incluidos 108 de los 160 congresistas que habían votado a favor de despojar a cuatro jueces del Tribunal Electoral de su inmunidad como parte de los esfuerzos para anular la elección.
Semilla no tiene apoyo de masas en la clase trabajadora. Solo una cuarta parte del electorado votó por Arévalo, y las manifestaciones en su defensa estuvieron dominadas por estudiantes, la pseudoizquierda y algunos grupos indígenas.
Semilla era un “lobby” que se convirtió en partido político en 2017 tras consultas en Washington, como reconocen sus propios líderes. Su papel era como brazo político de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un organismo patrocinado por Estados Unidos que utilizaba casos selectos de corrupción para presionar a la clase dominante para que se alineara. A pesar de los innumerables cables diplomáticos desclasificados a lo largo de las últimas décadas que muestran cómo Washington ignoró e incluso alentó la impunidad por abusos contra los derechos humanos y la corrupción en el Estado guatemalteco, la CICIG se creó sobre todo para detener la creciente influencia económica de China.
Sin embargo, la oligarquía local expulsó a la CICIG en 2019, y ahora teme que Semilla reanude los procesos sobre corrupción.
Por su parte, Arévalo ha exigido sanciones a Rusia en apoyo a la guerra entre Estados Unidos y la OTAN en Ucrania y ha prometido que Guatemala seguirá siendo parte del puñado de países que todavía reconoce a Taiwán.
Pero sus lazos con Israel eclipsan todas las demás credenciales ante los ojos del imperialismo estadounidense, particularmente porque demuestran su hostilidad a los derechos democráticos y a los oprimidos.
Como ha explicado el WSWS, el genocidio estadounidense-israelí en Palestina es parte de una contrarrevolución global de las potencias imperialistas para repartirse y recolonizar el mundo. Arévalo, el supuesto icono de la democracia, evitó el tema hasta un reciente llamado a la “comunidad internacional” para que desempeñe un papel más proactivo.
Arévalo es hijo del primer presidente electo del país, Juan José Arévalo (1945-1951), quien permaneció dentro del Gobierno nacionalista de izquierda de su sucesor Jacobo Árbenz cuando fue derrocado en un golpe militar orquestado por la CIA en 1954. Siguieron una serie de dictaduras militar-civiles, aplastando la oposición desde abajo para proteger los intereses de los capitalistas estadounidenses y sus socios nacionales.
En 1977, la Administración de Jimmy Carter se sintió obligada a poner fin a la ayuda militar a Guatemala debido a los informes generalizados de abusos contra los derechos humanos, pero Israel pronto continuó donde lo dejaron sus patrocinadores estadounidenses, proporcionando millones en armas, construyendo una fábrica de municiones y una escuela de inteligencia militar y convirtiéndose en los capacitadores y asesores clave del Ejército guatemalteco.
A principios de ese año, el dictador militar Kjell Laugerud García había nombrado a Juan José Arévalo embajador en Israel, donde presidió los primeros acuerdos de asistencia militar y numerosas reuniones de alto nivel entre funcionarios. El dictador Efraín Ríos Montt (1982-84) le otorgaría una pensión vitalicia por sus servicios.
En 1978, Bernardo Arévalo se mudó con su padre y entró en la Universidad Hebrea de Jerusalén, donde aprendió hebreo. Poco después, comenzó su carrera diplomática como cónsul y luego ministro consejero en la Embajada de Guatemala en Israel, entre 1984-88, cuando el dictador Óscar Mejía Víctores, ministro de Defensa bajo Ríos Montt, continuó la ofensiva fascista, torturando y masacrando a miles de izquierdistas y la población maya. Durante este período, los prisioneros eran arrojados al océano Pacífico desde aviones IAI-201 Aravas suministrados por Israel.
Esta asistencia israelí se llevó a cabo en un marco de “reasentamiento agrícola” mediante el cual fueron desplazados más de 1 millón de guatemaltecos, en su mayoría de comunidades indígenas, y que involucró el asesinato de 200.000 mayas. El coronel Eduardo Wohlers, director del programa conocido como “Frijoles y balas” bajo Ríos Montt, describió “el papel actual de Israel” como “un mosaico entrelazado de programas de asistencia: armas para ayudar al Ejército de Guatemala a aplastar a la oposición y arrasar el campo, seguridad e inteligencia para controlar a la población y los modelos de desarrollo agrario para construir sobre las cenizas del altiplano”.
Los cables muestran que el Departamento de Estado de Estados Unidos estaba al tanto de la “acusación bien fundada de una masacre a gran escala de hombres, mujeres y niños indios en una zona remota por parte del ejército guatemalteco” cuando la Administración de Reagan buscó “un gran avance en nuestras relaciones con Guatemala aprobando ventas militares en efectivo” bajo Ríos Montt, en el apogeo del genocidio.
En 1986, el presidente civil Vinicio Cerezo Arévalo fue instalado para dar la apariencia de una reforma democrática y una transición a la “paz”, que el propio Reagan y el Congreso de EE.UU. utilizaron para dar más ayuda militar mientras continuaba el terror fascista. Arévalo continuó ascendiendo en las filas diplomáticas durante la próxima década.
En 1996 se firmó un “acuerdo de paz”, que convirtió a los líderes guerrilleros estalinistas y maoístas restantes en legisladores burgueses, que procedieron a respaldar a diferentes facciones de la élite política, todos conectados en diferentes grados con los militares, incluyendo la derechista Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y luego el Movimiento Semilla.
(Artículo publicado originalmente en inglés el 17 de enero de 2024)
