El lunes, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, llegó a Nueva York para dirigirse a la Asamblea General de las Naciones Unidas y reunirse con Donald Trump el martes, en el primer encuentro entre un jefe de Estado estadounidense y uno venezolano en más de 11 años.

Se llevará a cabo a pocos kilómetros de la cárcel federal de Brooklyn donde el presidente Nicolás Maduro permanece detenido desde que las fuerzas estadounidenses lo capturaron durante una invasión no provocada de Venezuela el 3 de enero.

Fue recibida en la pista por John Barrett, el encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas, quien es el último funcionario asignado para actuar como su encargado.

La Casa Blanca anunció la reunión el viernes pasado. El embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, especificó que sería “informal” y no “bilateral formal”. Ese mismo día Trump pronunciará su discurso ante la Asamblea General, mantendrá una reunión bilateral formal con el primer ministro británico, presidirá una reunión de líderes del golfo Pérsico y regresará a Washington esa noche.

Mientras tanto, la presidenta interina de un país cuyo petróleo acaba de apoderarse recibe un “encuentro informal” en el pasillo. Esto es parte del mensaje: Washington ha establecido un protectorado, cuya administradora recibe un trato informal e irrespetuoso.

Es una demostración escenificada para todos los Gobiernos del hemisferio de los términos en los que Washington propone ahora hacer negocios. El Pentágono y los propios lacayos de Trump se han apoderado abiertamente del petróleo de Venezuela, al margen de cualquier marco constitucional o legal, y el Gobierno de Caracas ha accedido a todo.

Maduro y su esposa Cilia Flores permanecen detenidos en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn desde enero. Ambos se declararon inocentes de los cargos de tráfico de cocaína y han solicitado que se desestime la acusación alegando inmunidad de jefe de Estado, un argumento que Washington rechaza. El juicio está previsto para el 1 de junio de 2027.

A pesar de tener legitimidad legal para solicitar una visita, no hay indicios de que la haya solicitado. En ninguna reunión con funcionarios estadounidenses desde enero Rodríguez siquiera ha planteado la liberación del presidente secuestrado.

Al hablar en la misma sala de la ONU en 2019, cuando era vicepresidenta de Maduro, Rodríguez calificó las sanciones estadounidenses de “terrorismo de Estado” ejercido no con bombas sino con “bancos y aseguradoras”, y acusó a Trump de “extender sus garras imperiales”. Varias delegaciones abandonaron la sala. Regresa como jefa de un Gobierno que ha entregado a esas garras un control político y económico sin restricciones.

El contexto de la visita está marcado por el acuerdo anunciado el mes pasado que concede a Estados Unidos acceso privilegiado a más de 65.000 millones de barriles de reservas de petróleo venezolano, que Trump calificó de “un regalo de Venezuela al pueblo estadounidense”.

La Oficina de Capital Estratégico del Pentágono posee ahora una participación accionaria del 35 por ciento en North American Blue Energy Partners, la empresa privada a la que se otorgaron las concesiones. De este modo, las fuerzas armadas estadounidenses han adquirido un interés directo generador de ingresos en operaciones militares en el extranjero, al margen del requisito constitucional de que el Congreso asigne sus fondos.

En representación de los círculos financieros, Brian Sullivan, de CNBC, quien fue trasladado en avión a Caracas para presenciar la firma de los contratos, informó a su regreso:

No hace falta ser un científico espacial para saber que los más cínicos entre nosotros van a decir que Estados Unidos se está “apoderando” del petróleo o que esto es algún tipo de nueva forma de colonialismo estadounidense. Se equivocan en ambos casos... Yo elegiría a Estados Unidos, Italia y otros países occidentales antes que a Rusia y China cualquier día de la semana y dos veces el domingo.

Lo que está ocurriendo en la práctica es el reparto descarado de los recursos venezolanos entre los socios empresariales de Trump. Según informó El País, en abril, los herederos del magnate venezolano Oswaldo Cisneros encontraron a representantes de Pacific Coast Energy Company, una poco conocida empresa californiana propiedad del multimillonario belga Alshair Fiyaz, recorriendo sus campos petrolíferos del Orinoco. El 21 de mayo, el Ministerio de Hidrocarburos abrió un proceso contra su empresa por no cumplir sus compromisos de inversión. Cinco días después, antes de que este hubiera concluido, Pacific Coast firmó seis contratos que cubrían doce campos. El nuevo contrato entró en vigor el 1 de julio. Los derechos de Petrodelta se extendían hasta 2042.

“Simplemente nos quitaron los activos y desaparecieron. Nadie contesta el teléfono”, dijo Silvestre Tovar Leopardi, de DP Delta Finance, el socio de Cisneros.

Pacific Coast fue introducida por Alejandro Betancourt, el inversor sometido a una investigación penal por blanqueo de capitales en España y Suiza que negoció el marco petrolero estadounidense el mes pasado, y respaldada por Mauricio Claver-Carone, hasta hace poco el representante informal de Washington en Caracas.

El 16 de septiembre, Continental Resources, propiedad absoluta del donante de Trump Harold Hamm, se hizo con el bloque Ayacucho 2 y sus 30.000 millones de barriles estimados, asignados en 2025 a la empresa china Anhui Guangda y rescindidos sin justificación.

El secretario de Energía, Chris Wright, ha declarado que China no puede reclamar ingresos de la nueva producción contra deudas anteriores. En el Financial Times, Leo Lewis lo calificó como el fin de la era del “beneficio mutuo”.

El arreglo semicolonial y la corrupción han sido provistos de un certificado de derechos humanos. Días antes del viaje, Human Rights Watch se reunió con Rodríguez y declaró que ella “ha supervisado una pausa en las formas más abiertas de represión” y exhortó a que “Estados Unidos utilice su influencia para desempeñar un papel principal en impulsar un cambio significativo en materia de derechos humanos en Venezuela”.

Mientras tanto, dentro de Venezuela, cualquier oposición enfrenta amenazas inmediatas. En declaraciones a El País, un defensor de los derechos humanos exiliado dijo que la Embajada de Estados Unidos “está recopilando expedientes sobre personas que han criticado la tutela”. Cuando familiares de presos políticos planearon una vigilia frente a ella, los diplomáticos telefonearon a los comités para pedirles que no participaran. “Hemos cambiado el bozal de la arepa por el bozal de la hamburguesa”, dijo el activista, adaptando el nombre que los venezolanos dieron a la censura durante el chavismo. Un portavoz del Departamento de Estado respondió que “sus fuentes anónimas se equivocan”.

La oposición respaldada durante mucho tiempo por el Departamento de Estado se ha alineado en gran medida con la ocupación. La exlíder opositora María Corina Machado ha limitado sus críticas al acuerdo petrolero a la legitimidad del Gobierno de Rodríguez para firmarlo, sin decir nada contra Washington.

Rodríguez viaja a Nueva York tres meses después de los terremotos del 24 de junio. Hasta el 10 de septiembre, las autoridades informaban de al menos 7.422 muertos y más de 226.696 heridos. Las estimaciones de desaparecidos oscilan entre unos 18.000 y 50.000, y nadie puede decir cuál cifra se acerca más a la verdad. El Banco de Desarrollo de América Latina ha anunciado un fondo de múltiples donantes de hasta 200 millones de dólares para reconstruir el aeropuerto de Maiquetía, cerrado durante más de dos meses. En comparación, solo Chevron está invirtiendo unos 7.000 millones de dólares en tres proyectos petroleros venezolanos.

En este contexto, Venezuela sigue sometida a sanciones y figura en la lista estadounidense de países sujetos a restricciones de entrada. “Somos un apéndice de Estados Unidos con muchas obligaciones y pocos derechos”, dijo un ejecutivo petrolero.

La reunión en Nueva York es la culminación de la “revolución bolivariana”, en la que un régimen nominalmente nacionalista de izquierda ha entregado el país al imperialismo estadounidense y ha asumido, a cambio, el cargo de administrador colonial.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 22/09/2026)