El 23 de septiembre, la policía de Madrid desalojó a María del Carmen Abascal, conocida como Maricarmen, de 87 años, del piso en el distrito de Retiro de la ciudad donde había vivido desde 1956. La policía antidisturbios desalojó a cientos de simpatizantes del edificio, y los sanitarios sacaron a Maricarmen en una camilla mientras la multitud coreaba: “¡No estás sola!”

La empresa propietaria de su piso había exigido más del triple de su antiguo alquiler. Su desalojo desencadenó protestas en toda España. Millones de trabajadores en todo el mundo enfrentan la misma amenaza: alquileres que no pueden pagar y propietarios que tienen a los tribunales y a la policía de su lado.

Maricarmen pagaba su alquiler. Perdió su vivienda debido al contrato de arrendamiento que su padre firmó en 1956 bajo el antiguo sistema español de control de alquileres. Según una ley de 1994, un hijo que hereda un contrato de este tipo puede conservarlo solo durante dos años a menos que tenga una discapacidad del 65 por ciento o más, y la discapacidad de Maricarmen está valorada en un 50 por ciento. La familia propietaria del edificio lo vendió en 2018 y, en marzo de 2020, Urbagestión, el nuevo propietario del piso, demandó para poner fin a su arrendamiento.

Un tribunal de Madrid falló a su favor en enero de 2022. El tribunal provincial de apelaciones revocó esa decisión en junio de 2022 y, en diciembre de 2023, el Tribunal Supremo se negó a admitir su recurso. Urbagestión exigió 2.650 euros al mes, posteriormente 1.650 euros, a una mujer cuya pensión es de unos 1.450 euros. Rechazó una oferta de un donante anónimo para cubrir la diferencia.

En junio, un comité de las Naciones Unidas pidió a España que suspendiera el desalojo mientras examinaba su caso o, de lo contrario, que le proporcionara una vivienda alternativa adecuada. El tribunal lo ignoró.

Desde su cama de hospital, Maricarmen difundió un video desafiante. “No conseguí defender mi casa, pero sí luché para que otros aprendieran a luchar por la suya”, dijo. Al llamar a quienes la escuchaban a “luchar, por favor”, añadió: “Lo que quiero es que este problema que tenemos con todos los fondos buitre se elimine de una vez por todas”.

En respuesta, el 26 de septiembre, decenas de miles de personas marcharon en Madrid bajo el lema “Ni una Maricarmen más”, con protestas en Barcelona, Sevilla, Valencia, Málaga y otras ciudades. Luego, los inquilinos instalaron un campamento en la Puerta del Sol, la plaza ocupada en 2011 por el movimiento de masas contra la austeridad. Las protestas se producen después de dos años de manifestaciones de cientos de miles de personas en toda España contra el aumento vertiginoso de los alquileres.

El Sindicato de Inquilinas de Madrid, que convocó la marcha, calculó la multitud en 300.000 personas, mientras que la Delegación del Gobierno en Madrid afirmó que solo fueron 25.000. Ese día se convocaron protestas en 40 ciudades, después de concentraciones en 16 ciudades a comienzos de la semana. Para la noche del domingo había cerca de 200 tiendas de campaña en la Puerta del Sol, en un campamento compuesto mayoritariamente por jóvenes y en el que había muchas personas sin experiencia política previa, informó el periódico Público el domingo. El lunes, manifestantes bloquearon la Diagonal, una de las principales avenidas de Barcelona.

Ese mismo día, Urbagestión aceptó que Maricarmen regresara a su piso, después de más de cuatro horas de conversaciones mediadas por la empresa municipal de vivienda de Madrid. Firmaría un contrato de ocho años con el alquiler limitado al 30 por ciento de sus ingresos, aunque todavía debe aprobar el acuerdo desde su cama de hospital. La empresa cedió tras cinco días de protestas. El Sindicato de Inquilinas de Madrid mantuvo su campamento en la Puerta del Sol y su portavoz, Carolina Vilariño, declaró: “Esto va más allá de Maricarmen”.

La respuesta es una indicación de las enormes tensiones sociales que se acumulan en España y más allá. Durante la última década, los alquileres de los nuevos contratos en España han aumentado más rápido que los salarios. La vivienda social en alquiler representa menos del 2 por ciento del parque de viviendas de España, frente a un promedio de aproximadamente 8 por ciento en la Unión Europea. Según la oficina nacional de estadística, el 44,3 por ciento de los españoles de entre 26 y 34 años vivía con sus padres en 2025. Se han ejecutado unos 272.000 desahucios desde que Pedro Sánchez se convirtió en presidente del Gobierno en junio de 2018, es decir, aproximadamente 90 al día.

Los precios de la vivienda en toda la Unión Europea aumentaron más del 60 por ciento entre 2010 y 2025. En Portugal, donde los precios aumentaron un 16,5 por ciento en el año hasta junio, los manifestantes marcharon en 16 ciudades en marzo después de que el Gobierno aprobara medidas para acelerar los desalojos. En Irlanda, el sinhogarismo infantil se ha multiplicado por siete desde 2014.

La policía francesa llevó a cabo un récord de 24.556 desalojos en 2024, un año en el que murieron 912 personas sin hogar. En Inglaterra, más de 177.000 niños viven en alojamientos temporales, también un récord.

En Estados Unidos, 22,7 millones de hogares inquilinos, una cifra récord y casi la mitad de todos los inquilinos, gastaron más del 30 por ciento de sus ingresos en vivienda en 2024. Más de 12 millones gastaron más de la mitad. El recuento del Gobierno registró a más de 745.000 personas sin hogar en enero de 2025. En Ontario, Canadá, las solicitudes de los propietarios para desalojar a inquilinos con el fin de que ellos mismos o sus familiares pudieran mudarse aumentaron un 85 por ciento entre 2020 y 2023.

La firma estadounidense de capital privado Blackstone comenzó a comprar pisos en España en 2013 y, para 2019, se había convertido en el mayor propietario privado del país. Bancos como JP Morgan, Bank of America y Deutsche Bank proporcionaron el 80 por ciento del dinero a un interés de aproximadamente el 3 por ciento, mientras obtenían sus propios fondos del Banco Central Europeo y la Reserva Federal a interés cero, informó el sitio de noticias Infobae en mayo. Un estudio del Gobierno encontró que en 2023 solo alrededor del 39 por ciento de las viviendas alquiladas en España pertenecían a propietarios particulares que alquilaban una sola vivienda.

Para los fondos, la seguridad de la tenencia no es más que un costo que hay que eliminar. El caso de Maricarmen sigue el patrón: un piso con alquiler controlado pasa a manos de una empresa, y el nuevo propietario utiliza los tribunales y la policía para expulsar a un inquilino que paga un alquiler por debajo del precio de mercado.

La crisis de la vivienda no puede separarse de la guerra y la austeridad. Los Gobiernos de todo el mundo gastaron un récord de 2,9 billones de dólares en sus fuerzas armadas en 2025, “el undécimo año consecutivo de aumentos”, informó en abril el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI). En Europa Central y Occidental, el gasto creció más rápido que en cualquier año desde el final de la Guerra Fría. El de España aumentó un 50 por ciento en un año, hasta los 40.200 millones de dólares, en un país donde la vivienda social en alquiler representa menos del 2 por ciento del parque.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pedido al Congreso 1,5 billones de dólares para el ejército en el año fiscal que comienza el 1 de octubre, un aumento del 42 por ciento. La Casa Blanca presumió en abril de que la suma “supera incluso el rearme de Reagan al acercarse a los aumentos históricos registrados justo antes de la Segunda Guerra Mundial”. El mismo presupuesto recortaría el gasto no relacionado con la defensa en 73.000 millones de dólares.

Los Gobiernos están pidiendo préstamos para pagar el rearme y las tasas de interés están aumentando. El 16 de septiembre, la Reserva Federal subió las tasas de interés, su primer aumento desde 2023. El 24 de septiembre, la empresa de financiación hipotecaria Freddie Mac situó la tasa media de las hipotecas a 30 años en Estados Unidos en el 7,03 por ciento, y los inquilinos pagarán por ello mediante alquileres más altos.

En Alemania, en marzo de 2025, los socialdemócratas se unieron a los conservadores para levantar el límite constitucional al endeudamiento destinado al gasto militar por encima del 1 por ciento del PIB, y Los Verdes proporcionaron los votos que necesitaban para obtener una mayoría de dos tercios.

Josh Turek, candidato demócrata al Senado en Iowa, ha prometido “prohibir que las firmas de capital privado de Wall Street compren viviendas unifamiliares”, pero los demócratas en el Congreso han votado año tras año a favor del presupuesto del Pentágono. En España, fue el Gobierno de coalición del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Sumar el que elevó el gasto militar por encima del 2 por ciento del PIB por primera vez desde 1994, según el SIPRI.

El PSOE y sus socios de la pseudoizquierda, incluido Podemos, no resolverán la crisis de la vivienda, porque defienden las relaciones de propiedad capitalistas de las que esta crisis surge. Podemos, que surgió de las protestas de 2011, entró en el Gobierno con el PSOE en 2020, y su escisión Sumar permanece allí hoy. Estos Gobiernos han rescatado a corporaciones y bancos y respaldado la guerra de la OTAN contra Rusia en Ucrania, mientras los desahucios promediaban más de 80 al día. Su historial ha sido tan hostil a los trabajadores que la coalición podría perder las elecciones del próximo año frente a una alianza del Partido Popular de derecha y la extrema derecha de Vox.

La respuesta de masas al desalojo de Maricarmen expresa una profunda oposición en la clase trabajadora a todo este entramado político. “O cae el sistema rentista o cae el Gobierno”, declaró en televisión la portavoz del sindicato de inquilinos, Valeria Racu. Sin embargo, la demanda central del sindicato es que el mismo Gobierno que presidió la crisis emita un decreto de vivienda más ambicioso.

Hay que extraer las lecciones de las protestas de 2011 en España. La ocupación de la Puerta del Sol aquel año expresó la oposición de masas a la austeridad del Gobierno del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero. Su problema no fue la falta de combatividad. Las fuerzas que lo dominaban proclamaron que el movimiento era “no político” y “sin líderes”, dejando el campo libre a quienes canalizaron la oposición hacia Podemos y, en última instancia, hacia el Gobierno.

Las mismas cuestiones se plantean hoy, en España y a nivel internacional. La vivienda no puede estar garantizada mientras siga siendo una fuente de ganancias para Blackstone y sus equivalentes. Una vivienda digna para todos requiere poner a los fondos inmobiliarios y a los bancos bajo propiedad pública y control democrático, y destinar a las necesidades sociales los recursos que ahora se gastan en la guerra.

Los trabajadores no pueden librar esta lucha mediante apelaciones al PSOE, Sumar o Podemos. Los trabajadores estadounidenses tampoco pueden confiar más en los demócratas que en Trump. La lucha requiere la organización independiente de la clase trabajadora, en comités de base en los lugares de trabajo y los barrios, vinculados a través de las fronteras mediante la Alianza Internacional Obrera de Comités de Base (AIO-CB). Por encima de todo, requiere construir una dirección marxista-internacionalista, es decir, trotskista —el Comité Internacional de la Cuarta Internacional— en España y en todo el mundo.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 29/09/2026)