La policía boliviana arrestó al fiscal general Roger Mariaca el miércoles por la noche en el Aeropuerto Internacional Viru Viru de Santa Cruz, menos de 48 horas después de que la administración Trump revocara su visa estadounidense y lo acusara de aceptar sobornos de narcotraficantes. Mariaca dirigía el caso contra Fernando Cerimedo, el operador político argentino vinculado al círculo íntimo de Donald Trump. Después de servir como principal asesor del presidente boliviano Rodrigo Paz, permanece encarcelado desde agosto, acusado de ordenar el asesinato de su expareja.

El fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, fue detenido junto con Mariaca. Esa misma noche, agentes policiales encapuchados allanaron la sede de la Fiscalía General en Sucre, interrumpiendo una conferencia de prensa que denunciaba su “secuestro”. El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, ha dicho que no descarta extraditar a Mariaca a Estados Unidos.

Washington ha respaldado públicamente la operación. El lunes 28 de septiembre, el Departamento de Estado anunció restricciones de visado contra 27 funcionarios y empresarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú “en apoyo de los participantes del Escudo de las Américas”. La lista incluía a Mariaca y a más de 20 fiscales y jueces bolivianos. Después del arresto, el secretario de Estado Marco Rubio escribió que la administración “apoya firmemente al presidente [Paz] y al Gobierno democráticamente elegido de Bolivia mientras adopta medidas audaces y decisivas”.

El arresto deja clara la subordinación abyecta de Paz y de los Gobiernos del Escudo de las Américas a Washington y confirma que el caso Cerimedo había abierto una caja de Pandora. Amenazaba con exponer el dinero, la maquinaria de desinformación y los presuntos vínculos con el narcotráfico detrás de los Gobiernos de extrema derecha que Washington ha ayudado a llevar al poder en toda la región.

Cierre del caso Cerimedo

Cerimedo fue acusado el 20 de agosto de intento de feminicidio después de que su pareja, la abogada y activista boliviana Nadia Beller, sobreviviera a un tiroteo en Santa Cruz de la Sierra. Posteriormente, los fiscales abrieron investigaciones por enriquecimiento ilícito, por proteger vuelos irregulares que supuestamente transportaban drogas desde Beni hacia Brasil y en el llamado caso de las “narcoencomiendas”.

Sus conexiones conducen directamente a Trump. Su socio comercial es Brad Parscale, el antiguo director de campaña de Trump. Ha sido vinculado con Roger Stone, el antiguo confidente de Trump que hizo gestiones a favor del indulto del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado por traficar cocaína hacia Estados Unidos.

En febrero, Cerimedo fue nombrado “Consultor Político Hispano del Año” en Mar-a-Lago, y Rubio apareció posteriormente junto a Paz y Cerimedo en la cumbre del Escudo de las Américas en Doral, Florida. Cerimedo dirigió las operaciones digitales de la campaña de Javier Milei en Argentina en 2023 y difundió acusaciones de fraude en las elecciones brasileñas de 2022 en apoyo a Jair Bolsonaro. Una investigación seria sobre quién financió sus granjas de bots y sus operaciones de microsegmentación expondría los esfuerzos para instalar Gobiernos que sirvan como instrumentos de la política estadounidense.

Diez días antes de su arresto, Mariaca advirtió a “altos funcionarios del Ejecutivo” que buscaban “bloquear” la investigación sobre Cerimedo que debían “estar preparados para enfrentar las consecuencias”.

El caso del Gobierno contra Mariaca se basa en gran medida en un video de Sebastián Marset, el narcotraficante uruguayo capturado en Bolivia en marzo y entregado a Estados Unidos, en el que supuestamente llama al fiscal “mi amigo” y afirma haberle pagado a él y a un exministro medio millón de dólares. El jueves, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, admitió que el Gobierno tenía el video desde marzo. No hizo nada durante seis meses y solo actuó después de que la oficina de Mariaca encarcelara al propio asesor del presidente y Washington impusiera sus sanciones. Oviedo ahora llama al fiscal general el “jefe de una estructura narcoterrorista”.

El World Socialist Web Site no avala a Mariaca, quien fue designado en 2024 por una legislatura controlada por el Movimiento al Socialismo (MAS) y dirigía la Fiscalía de Santa Cruz cuando Marset escapó de una operación policial en 2023. Pero su honestidad personal no es la cuestión. Un Gobierno extranjero señaló al funcionario que procesaba a uno de sus propios operadores y el Gobierno boliviano lo encarceló en dos días. El abogado de Cerimedo dice ahora que su cliente podría ser puesto en libertad en noviembre.

Austeridad del FMI bajo un estado de excepción

La ofensiva contra el Ministerio Público coincide con el programa de austeridad más severo que Bolivia ha visto en décadas. El 18 de septiembre, Paz abolió el subsidio al diésel, elevando el precio por litro en un 83 por ciento, de 9,80 a 17,95 bolivianos. Luego promulgó un acuerdo de 1.900 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional que compromete a Bolivia a eliminar todos los subsidios al combustible a partir de 2027, reducir el déficit fiscal y flexibilizar el régimen cambiario. El estado de excepción vigente desde junio, que restringe la libertad de circulación y de reunión, fue prorrogado por otros 90 días.

Esta es la segunda ofensiva de este tipo en menos de un año. Un decreto de diciembre de 2025 elevó los precios de la gasolina en un 86 por ciento y del diésel en más de un 160 por ciento, provocando un llamado a una huelga indefinida que la dirección de la Central Obrera Boliviana (COB) suspendió en enero.

En mayo, una huelga general de la COB y bloqueos campesinos e indígenas se convirtieron en un levantamiento de 51 días. El 18 de mayo, la policía y los soldados mataron al menos a cuatro manifestantes en La Paz, y se emitieron órdenes de detención por terrorismo contra el dirigente de la COB, Mario Argollo, y otros 24 dirigentes sindicales. Un audio filtrado muestra a Cerimedo y Paz discutiendo una “telenovela” que tildara a los manifestantes de “narcoterroristas” para justificar la represión.

El 19 de junio, Argollo firmó un acuerdo de “pacificación” con Paz y suspendió los bloqueos. Menos de 24 horas después, un decreto suspendió el derecho a manifestarse y autorizó a los militares a despejar las carreteras sin una orden judicial.

El componente militar del acuerdo con Estados Unidos es claro. En mayo, en el momento culminante del levantamiento, los Estados miembros del Escudo emitieron una declaración conjunta condenando los bloqueos de carreteras y respaldando a Paz. Del 22 al 24 de septiembre, días después de que se aboliera el subsidio al diésel, 70 soldados de Estados Unidos, Bolivia y otros cuatro países del Escudo entrenaron juntos en La Paz en control de multitudes. “Las Fuerzas Armadas estadounidenses están sobre el terreno en Bolivia”, se jactó Joseph Humire, subsecretario de Guerra de Estados Unidos para Asuntos de Seguridad de las Américas.

El dieselazo (las enormes alzas del precio del diésel y las medidas de austeridad desatadas por el Gobierno de Paz) ha provocado ahora la oposición de mineros, maestros, trabajadores del transporte y organizaciones indígenas, que amenazan con nuevos bloqueos y huelgas nacionales. El renovado estado de excepción que suspende los derechos democráticos, combinado con el caso de “narcoterrorismo” contra Mariaca, tiene como objetivo preparar una represión aún más brutal de la oposición social.

“Esto es solo el comienzo”, declaró el portavoz presidencial José Luis Gálvez. Las acusaciones de “narcoterrorismo”, los allanamientos sin orden judicial y un ejército entrenado por fuerzas estadounidenses en control de multitudes están listos para ser utilizados contra la clase trabajadora.

El expresidente Evo Morales, del MAS, ha denunciado el arresto como un esfuerzo “para salvar a Cerimedo”, pero su respuesta es llamar a las Fuerzas Armadas a defender la “soberanía de la patria”. El ejército es un instrumento de la clase dominante boliviana, independientemente de que esté el MAS en el poder o Paz. Dos décadas de Gobierno del MAS mantuvieron intacto al Estado capitalista y abrieron el camino a Paz.

Los trabajadores bolivianos no pueden derrotar la austeridad del FMI y la dominación estadounidense a través de la burocracia de la COB. La tarea tampoco consiste en “presionar” a la COB para “hacer efectiva la huelga general”. Esa es precisamente la línea de la pseudoizquierda morenista, tanto del MST boliviano como de la Liga Obrera Revolucionaria-Cuarta Internacional (LOR-CI), afiliada a la Corriente de Revolución Permanente, que con su retórica de “autoorganización” y “cabildos” (asambleas abiertas) encubre su rechazo a construir una dirección marxista independiente. Su función es administrar la revuelta y mantener a los trabajadores orientados a presionar al aparato podrido, en lugar de extraer las conclusiones políticas necesarias de sus traiciones.

La respuesta a una ofensiva internacional del capital solo puede ser una ofensiva de la clase trabajadora coordinada internacionalmente e independiente políticamente: en las minas, escuelas y barrios de Bolivia, en Argentina, Brasil y Colombia, y en los propios Estados Unidos, donde la misma oligarquía que impone austeridad y represión en el extranjero está desmantelando en el país todas las conquistas sociales y democráticas obtenidas por los trabajadores.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 03/10/2026)